Bélgica prohíbe la detención de niños inmigrantes en medio de una legislación más amplia
La nueva legislación supone un paso adelante para la protección de los derechos de la infancia en Europa
BRUSELAS
Considerando que Bélgica ha promulgado una nueva ley que prohíbe la detención de menores por motivos de inmigración, se impide el internamiento de niños en centros cerrados. Esta medida positiva forma parte de un conjunto más amplio de reformas migratorias que también incluyen medidas más estrictas sobre devoluciones forzosas, reagrupación familiar y pruebas sanitarias obligatorias.
La prohibición de la detención de menores inmigrantes en Bélgica es un paso adelante muy positivo. La medida se ajusta al derecho internacional, que establece claramente que la detención de inmigrantes nunca responde al interés superior del menor y que es una forma de violencia contra los niños. La nueva ley garantiza ahora que los niños belgas, solos o acompañados, no serán sometidos a la experiencia perjudicial e innecesaria de la detención relacionada con su situación migratoria.
Pero aunque la nueva ley pone fin a la detención de niños en centros cerrados, sigue permitiendo que se les mantenga en las llamadas «casas de retorno», instalaciones semicerradas que albergan a familias migrantes que están a la espera de una decisión sobre su caso de asilo, su expulsión del país o su retorno voluntario.
Los cambios en la política migratoria belga también incluyen nuevas medidas problemáticas. Junto a la prohibición de la detención de menores, las reformas introducen políticas dirigidas a aumentar el índice de expulsiones forzosas, restringir la reunificación familiar e imponer pruebas sanitarias obligatorias.
Si bien la prohibición del internamiento de menores es un paso adelante muy positivo, estas nuevas medidas son preocupantes y corren el riesgo de vulnerar los derechos humanos de migrantes y refugiados. IDC y sus miembros en Bélgica seguirán colaborando con el gobierno belga para mejorar la protección de los menores y desarrollar alternativas a la detención que protejan a todos los migrantes y refugiados.
Un avance bienvenido
IDC celebra la prohibición de la detención de menores e insta a otros países a seguir el ejemplo de Bélgica. Su directora ejecutiva, Carolina Gottardo, elogió la medida como un paso crucial hacia la protección de los derechos de los niños.
«Bélgica ha dado un poderoso ejemplo a otros países de Europa y de otros continentes al garantizar que ningún niño se enfrentará al trauma de la detención debido a su condición de inmigrante. Se trata de un importante paso adelante en la protección de los derechos fundamentales de los niños. Es aún más importante en el contexto del nuevo Pacto de Migración y Asilo, que aumenta la probabilidad de detención de menores inmigrantes.»
«Bélgica va en la buena dirección mientras Europa retrocede. Instamos a otros países a que tomen medidas inmediatas para abolir la detención de niños inmigrantes y sigan el ejemplo de Bélgica en la defensa de las normas internacionales de derechos humanos.
«Todos los niños, en todas partes, deben ser tratados con dignidad y respeto.»
Una preocupación mundial
La cuestión de la detención de niños inmigrantes es una preocupación acuciante en todo el mundo, con cientos de miles de niños afectados por las prácticas de detención de inmigrantes cada año. A pesar de la condena internacional, muchos países siguen deteniendo a niños, solos o con sus familias, lo que provoca importantes daños psicológicos y de desarrollo, y esta práctica prevalece actualmente en Europa.
La decisión de Bélgica llega en un momento en que la Unión Europea se prepara para aplicar su nuevo Pacto de Migración y Asilo, un polémico marco político que probablemente aumentará el uso de la detención -incluida la detención de menores- en toda Europa.
IDC y otras organizaciones de derechos humanos piden a la UE que garantice que los derechos de los niños estén en primera línea de sus políticas migratorias y que se respeten las leyes y normas internacionales de derechos humanos. El derecho internacional establece claramente que nunca está justificada la detención de menores inmigrantes. La medida de Bélgica de prohibir la detención de menores es un avance positivo en la protección de los derechos de los niños y sienta un precedente para otras naciones.
Mientras países de todo el mundo lidian con la política migratoria, sigue siendo urgente la necesidad de políticas humanas y basadas en los derechos. El ejemplo de Bélgica demuestra que es posible avanzar, pero también pone de relieve la necesidad de vigilar para garantizar que se respetan los derechos humanos fundamentales de todas las personas, independientemente de su situación migratoria.
Combatir la xenofobia y crear cohesión social
Explorar la influencia de los medios de comunicación y las narrativas públicas en la xenofobia, y el papel de las autoridades locales y la educación en la lucha contra la xenofobia y el fomento de la cohesión social.
En todas las regiones en las que el IDC está presente, observamos el papel crucial que desempeñan las narrativas públicas en la formación de actitudes hacia las personas que se desplazan. Por desgracia, en la mayoría de los casos, vemos cómo los medios de comunicación y las plataformas en línea se utilizan como armas para promover la xenofobia y socavar la cohesión. A menudo se politizan los relatos sobre la migración y se utiliza a las personas desplazadas como chivos expiatorios.
IDC, junto con nuestros miembros y socios en Malasia y Tailandia, ha identificado colectivamente que la percepción pública negativa, a menudo amplificada o moldeada por la información negativa de los medios de comunicación, es un impedimento crítico para el cambio transformador, ya que esto puede incentivar o desalentar a los gobiernos en el progreso de las reformas. Por ejemplo, durante el COVID-19, el aumento del sentimiento antirrefugiados e inmigrantes permitió al gobierno malasio tomar duras medidas contra estas comunidades. En medio de una oleada de xenofobia contra los refugiados y los migrantes, se produjeron detenciones de inmigrantes a gran escala, incluso de mujeres y niños. Las imágenes de las redadas de inmigración en Malasia en 2021 han suscitado críticas públicas por la falta de cumplimiento de los procedimientos normalizados de trabajo de distanciamiento social y el riesgo de que se creen más conglomerados de COVID-19. Poco después, el gobierno introdujo políticas discriminatorias que prohíben a los refugiados trabajar en áreas específicas o imponen sanciones penales y financieras a los propietarios que alquilan propiedades a personas indocumentadas. En Tailandia, la incitación al odio en Internet contra los refugiados y migrantes de Myanmar se intensificó a medida que aumentaban los casos de COVID-19, con llamamientos para que el gobierno reforzara la aplicación de las normas de inmigración y castigara a quienes se encontraran en situación irregular en Tailandia.
El sentimiento público negativo también tiene el potencial de poner en peligro las recientes victorias políticas en Tailandia y Malasia (por ejemplo, el Memorando de Entendimiento intergubernamental tailandés de 2019 sobre TCA para niños, el Mecanismo Nacional de Detección tailandés y la aprobación del Gabinete malasio de un piloto de TCA); estos no están integrados en la legislación y pueden revertirse si se debilitan los incentivos políticos para avanzar en ellos. Hemos visto el impacto que el sentimiento público y la información de los medios de comunicación pueden tener en las decisiones del gobierno en Tailandia y Malasia, por ejemplo, la campaña #SaveHakeem en Tailandia, y el creciente llamamiento para poner fin a la detención de niños inmigrantes en Malasia. También hemos visto surgir fuertes movimientos de base como la campaña #migranjugamanusia en Malasia. Esto ofrece una oportunidad importante para consolidar los aprendizajes y probar nuevas estrategias que vayan más allá de las cámaras de eco tradicionales en las que muchas ONG y organizaciones lideradas por refugiados operan actualmente en Malasia y Tailandia.
IDC y Sidekick publicaron un estudio sobre la percepción pública de los refugiados y los migrantes en Tailandia, titulado The Study of Thai Public Perceptions towards Migrants and Refugees (Estudio sobre la percepción pública tailandesa de los migrantes y los refugiados), con resultados interesantes sobre qué sectores de la población tienen una opinión positiva o negativa de los migrantes y los refugiados. El estudio reveló que la mayoría de la población tailandesa desconoce los problemas de los refugiados y los migrantes. Sin embargo, muchos, especialmente los consumidores de los medios de comunicación, encuentran consuelo en las experiencias compartidas, especialmente en las penurias compartidas. A pesar de no saber mucho sobre estos temas, las historias de refugiados y migrantes inspiraron a estos grupos de consumidores no sólo a aprender más, sino también a querer compartir y comprometer a otros con la causa. Mientras tanto, para los que representan a la clase media y a los consumidores urbanos (consumidores de medios de noticias de calidad y de revistas de noticias en línea), saber más sobre el tema provoca un resentimiento aún mayor. La negatividad rodea el tema y la existencia de cualquier forma de migración les preocupa personal, física y económicamente. Sin embargo, la condición de la clase media urbana importa más que su tamaño. Su proximidad a los responsables de la toma de decisiones nos obliga a seguir buscando formas de comprometernos y comunicarnos con ellos. Los actuales métodos de comunicación y compromiso utilizados por grupos de defensa, instituciones y organizaciones sólo han conseguido llegar a un puñado de personas a lo largo de los años en Tailandia, y no resuenan ni entre el público masivo ni entre la audiencia de clase media urbana. Por lo tanto, si se quiere lograr un cambio de percepción y actitud hacia los migrantes y refugiados, es necesario desarrollar enfoques nuevos y creativos para acercar a todos los grupos y demografías a la difícil situación de los refugiados y migrantes. IDC está trabajando actualmente con los medios de comunicación y otros medios y con el gobierno tailandés para abordar estas percepciones.
Observamos tendencias interesantes en México. El trabajo pionero de las organizaciones y colectivos de la sociedad civil mexicana, incluidos los miembros y socios de IDC, ha puesto de relieve la discriminación y el racismo institucionales que también han influido en la percepción pública en muchos aspectos. Durante varios años, la elaboración de perfiles raciales estuvo permitida y documentada en la aprehensión, detención y aplicación de la ley en materia de inmigración, hasta que defensores de la sociedad civil expusieron el abuso y la deportación de mexicanos por parte de agentes de inmigración, y una campaña liderada por IMUMI en 2019 contribuyó a una sentencia de la Suprema Corte que declaró inconstitucionales las disposiciones permisivas.
Además, las fronteras sur y norte de México se han convertido en puntos donde comunidades como migrantes y refugiados haitianos y venezolanos, en particular, a menudo han quedado varados o más visibles debido a las dificultades para acceder a los procedimientos de protección e integrarse en las comunidades locales. En este sentido, vemos organizaciones y colectivos de la sociedad civil que han documentado la discriminación y xenofobia que viven los migrantes haitianos, la población más alta de solicitantes de asilo en México -desde hace varios años- y en particular las mujeres haitianas, y el impacto desproporcionado que esto tiene en su capacidad de acceder a protección y ejercer sus derechos.
Un informe de 2021 elaborado por IMUMI (Institute for Women in Migration) y la Alianza Negra para una Inmigración Justa muestra historias de resiliencia frente a la discriminación racial y la violencia del racismo contra los migrantes afrodescendientes en la frontera sur de México. También destaca cómo los prejuicios raciales generan discriminación generalizada, violencia racial y un menor acceso a los recursos que sí existen para migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, así como la falta de recursos de las autoridades estatales ante la violencia racial de actores no estatales.
En 2022, un colectivo que incluía a Racismo Mx, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Haitian Bridge Alliance y otras organizaciones, publicó un informe sobre la migración haitiana estudiada en las ciudades fronterizas de Tapachula y Tijuana con conclusiones que exponen el grado de racismo y violencia contra esta población y las prácticas de elaboración de perfiles raciales que conducen a la destrucción de documentos y la deportación. El informe pide más apoyo a la integración en servicios locales como la educación y la sanidad, y muestra los vínculos entre la xenofobia y la marginación extrema de esta población migrante.
Los defensores también han identificado evidencias de que los medios de comunicación y el discurso público que tiende hacia las narrativas anti-inmigrantes tienen un impacto en la implementación de políticas y prácticas que respetan y protegen los derechos de los migrantes y refugiados. En 2023, 3 medios de comunicación en Tapachula, Chiapas fueron monitoreados como parte de una visita a un sitio de detención fronteriza con legisladores organizada por el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, el Grupo de Acción Por la No Detención de Personas Refugiadas y el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano. Los resultados mostraron no sólo la discrepancia en la narrativa dependiendo de las perspectivas consideradas por los medios de comunicación, sino que también destacaron la importancia crítica de escuchar directamente las voces de la experiencia vivida para fomentar una información más equilibrada y objetiva en contextos complejos de inmigración fronteriza.
En Europa, en las últimas décadas, la migración se ha convertido en uno de los temas clave de las campañas de la derecha y los conservadores, creando una narrativa que enmarca la migración como un problema de seguridad. La forma en que se representa la migración en el discurso público contribuye a la polarización de las sociedades.
Un reciente estudio del MIDEM mostraba que los encuestados de toda Europa elegían la «inmigración» como la cuestión que más dividía a su sociedad. Mientras algunos argumentan que la inmigración promueve la diversidad y la tolerancia, facilita la innovación y compensa la escasez de mano de obra, otros sostienen que produce efectos como una creciente competencia social, un aumento de los índices de delincuencia y una erosión de los valores compartidos. Los conflictos que acompañan a estas diferencias de opinión parecen tener un impacto directo en la cohesión social y en la estabilidad política y el futuro de la Unión Europea. Por ejemplo, el auge de los movimientos populistas de extrema derecha y de derechas en varios países europeos se ha visto alimentado en gran medida por el sentimiento antimigración.
Las tensiones en torno a la migración también han tensado las relaciones entre los Estados miembros de la UE en los últimos años. El politólogo Cas Mudde señala que este cambio de narrativa es bastante reciente. Señala que en los años 90, el discurso sobre los migrantes balcánicos se centraba sobre todo en la logística: cómo acoger a mucha gente que llegaba en poco tiempo. En general, los europeos veían a los refugiados como vulnerables y necesitados de protección. Señala que desde entonces, y especialmente a raíz de la llegada de refugiados en 2015, los medios de comunicación han adoptado narrativas que favorecen a la extrema derecha, lo que ha llevado a que estas narrativas se impongan y se conviertan en la corriente dominante. La migración masiva de ucranianos a la UE dio lugar inicialmente a discursos de solidaridad y apoyo, pero con el paso del tiempo surgieron discursos divisivos en las sociedades de acogida que destacaban el coste en dinero público de acoger a refugiados y les culpaban de problemas estructurales locales o incluso de problemas imaginarios. Por ejemplo, estudios realizados en Polonia descubrieron una serie de campañas en las redes sociales financiadas por representantes de Rusia en las que se acusaba falsamente a los refugiados ucranianos de robos, agresiones y violaciones. En Alemania se observaron casos similares. Los discursos divisivos que alimentan el odio e impiden la cohesión social no siempre proceden de agentes externos. Por ejemplo, en Rumanía, el partido nacional de derechas AUR está detrás de campañas xenófobas e incitadoras al odio contra los refugiados ucranianos. A pesar de estas campañas, parece que las actitudes hacia los refugiados ucranianos en Europa siguen siendo mucho más positivas que hacia otros grupos de refugiados. Una encuesta realizada por ECFR en 12 países de la UE mostró que mientras que sólo el 9% de los encuestados ve a los ucranianos como una amenaza importante, los refugiados de Oriente Medio son vistos como una amenaza importante por el 34%, y los refugiados de África son vistos como una amenaza importante por el 27% de la población.
La sociedad civil y la comunidad de donantes han identificado las intervenciones de la derecha en el espacio narrativo como un problema y han realizado varios esfuerzos para abordarlo mediante la formación en desinformación, la comprobación de hechos, el desarrollo de kits de herramientas para debatir sobre migración, proyectos de investigación e intervenciones artísticas y culturales. No parece, sin embargo, que estos esfuerzos hayan tenido un impacto significativo en el espacio narrativo, donde las voces conservadoras que ven la migración como una amenaza dominan y dan forma a las políticas nacionales y de la UE. Sabemos, sin embargo, que los esfuerzos de la sociedad civil para cambiar las narrativas pueden ser eficaces. Por ejemplo, America’s Voice, una coalición de movimientos proinmigrantes de EE.UU., afirma que 14 años de trabajo dieron lugar a un aumento del 25% en el apoyo público a la migración.
La Base de Datos de Campañas de Comunicación sobre Migración del Centro de Política Migratoria del EUI incluye 300 campañas realizadas en los últimos 10 años en Europa y muestra que el número de campañas ha crecido sustancialmente en los últimos tres años. La mayoría de las campañas (un tercio) son llevadas a cabo por la sociedad civil. Sin embargo, parece que la mayoría de las campañas son demasiado pequeñas en escala, o demasiado cortas en duración (o ambas cosas) para tener un impacto real. Otro factor limitante es que las campañas no parecen basarse en los resultados de la investigación. Aunque las pruebas demuestran que la tristeza no es la emoción a la que hay que apelar cuando se habla de migración, la mayoría de las campañas se centran exactamente en eso.
Una comparación entre la eficaz campaña de America’s Voice y las campañas de menor impacto en Europa muestra las siguientes diferencias:
– La duración de la campaña (más de 14 años en EE.UU. frente a campañas de entre 6 meses y 1 año en la UE).
– La naturaleza integral de la campaña, en la que la estrategia de comunicación pública se alinea con la organización de la comunidad y la construcción del movimiento.
Otra conclusión que se puede extraer del análisis de las comunicaciones públicas relacionadas con la migración es que, cuando la sociedad civil o los agentes estatales diseñan estrategias para luchar contra la xenofobia y luchar de forma proactiva por narrativas positivas sobre la migración, a menudo carecen de los recursos necesarios para abordar la cuestión de forma integral. Mientras que muchos actores gubernamentales en Europa optan por utilizar un lenguaje xenófobo hacia los migrantes con la esperanza de atraer votantes, los que deciden hacer lo contrario se ven desbordados por la tarea. Los contactos de IDC con el gobierno de Rumanía, al tiempo que reflexionaban sobre la complejidad de la percepción de la inmigración ucraniana en el país, mencionaron que el gobierno pensaba que la cuestión era tan peligrosa y explosiva que se tomó la decisión de no hacer comentarios y no informar al público sobre los detalles de la política. Los miembros de IDC en Italia también han observado que la oposición al gobierno de Meloni, a pesar de ser favorable a los inmigrantes y estar dispuesta a combatir la xenofobia y el racismo, se comunica sobre el tema de una manera que aleja a los simpatizantes. Además, los contactos de IDC con otros gobiernos a través de los esfuerzos de promoción muestran que en algunos casos los gobiernos han perdido el control sobre las narrativas públicas sobre temas específicos relacionados con la migración (por ejemplo, vínculos no deseados entre la migración y la delincuencia) y han tendido a responder con políticas más hostiles, incluso sabiendo que éstas son ineficaces. Disponemos de más información al respecto.
Papel de los gobiernos locales
Como nivel más cercano a los ciudadanos, el gobierno local está, en principio, en una posición mucho mejor que el gobierno central para ocuparse de asuntos que requieren conocimientos locales y una regulación basada en las necesidades y prioridades locales, como los programas que integran a migrantes y comunidades de acogida. En Kenia, el gobierno del condado de Turkana (gobierno local), el gobierno nacional y entidades de la ONU elaboraron el Plan de Desarrollo Socioeconómico Integrado de Kalobeyei (KISDEP), un marco y una herramienta para gestionar a más de 180.000 refugiados (el 40% de la población de Turkana Occidental) de forma que beneficie a los refugiados y a la comunidad de acogida.
Los gobiernos locales pueden adoptar leyes y políticas dentro de su mandato para prevenir y erradicar la xenofobia. Las capacidades especializadas pueden desarrollarse a través de programas específicos, que pueden incluir actividades de formación, sensibilización y aprendizaje, y la provisión de herramientas de orientación para los funcionarios del Estado sobre cómo abordar y erradicar la xenofobia y su impacto en los derechos de los migrantes y sus familias, y otros no ciudadanos afectados por la discriminación racial. En Zimbabue, el Departamento de Estudios de Gobernanza Local de la Universidad Estatal de Midland ha introducido en su plan de estudios un nuevo curso sobre derechos humanos y gobernanza local con el apoyo del Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. A través de su mandato de asistencia técnica y creación de capacidad, la OACDH ha apoyado el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios del gobierno local, incluso en Madagascar, Túnez y Uganda.
Otro ejemplo interesante son las iniciativas holísticas desarrolladas por las autoridades locales en Colombia ante la creciente xenofobia contra los venezolanos. Dos esfuerzos que pueden destacarse son las campañas de inclusión y los mensajes de comunicación desarrollados en las ciudades de Bogotá y Barranquilla.
Dentro de sus competencias locales, los gobiernos locales deben garantizar la participación significativa e inclusiva de los migrantes en los procesos locales de toma de decisiones, asegurar que el derecho a votar y a ser elegido pueda disfrutarse sin discriminación y garantizar la igualdad de acceso a la función pública, de modo que las instituciones puedan ser inclusivas y representativas de la diversidad de la población local. Esto es fundamental para garantizar que se tienen en cuenta las necesidades de quienes corren el riesgo de quedarse atrás. En este contexto, los gobiernos locales han desarrollado numerosas prácticas innovadoras, como en Mauricio y Sudáfrica, donde la legislación que regula las elecciones locales establece cuotas para garantizar la representación de las mujeres.
Abordar la xenofobia en el ámbito de la educación
Abordar la xenofobia en la educación es esencial para cultivar sociedades integradoras y cohesionadas. Las instituciones educativas desempeñan un papel fundamental, que requiere un enfoque polifacético tanto para erradicar las actitudes xenófobas existentes como para prevenirlas en las generaciones futuras. Los distintos materiales educativos y planes de estudio adoptados en los sistemas escolares nacionales siguen difundiendo conocimientos racistas que normalizan indirectamente los comportamientos y actitudes xenófobos en la mente de los niños.
Para erradicar la xenofobia en las escuelas, es crucial revisar los planes de estudio actuales y desarrollar un currículo integrador que refleje la historia, las contribuciones y las experiencias de diversas culturas y grupos étnicos. Esta integración ayuda a los alumnos a apreciar el valor de la diversidad. Además, es vital fomentar el pensamiento crítico y la alfabetización mediática, capacitando a los estudiantes para evaluar la información de forma crítica y resistirse a la retórica xenófoba. Añadir contenidos sobre la importancia y el impacto positivo de la migración y la realidad histórica de la sociedad migratoria a lo largo de la civilización humana, podría ser una de las herramientas fundamentales para cambiar las percepciones negativas de los migrantes y limitar el alcance de las actitudes xenófobas hacia los migrantes y los refugiados.
El desarrollo profesional de los educadores también es clave. Las escuelas deberían ofrecer formación periódica en competencia cultural, resolución de conflictos y métodos de enseñanza antiprejuicios. Apoyar a los educadores con recursos y oportunidades de creación de comunidades mejora su capacidad para abordar la xenofobia con eficacia. Las políticas escolares deben apoyar firmemente la lucha contra la discriminación, con normas claras y bien comunicadas que protejan a todos los alumnos. De hecho, incluir a los niños migrantes en los sistemas escolares públicos nacionales y proporcionar un espacio para que los niños de la mayoría nacional y los migrantes interactúen debería adoptarse como forma de reforzar la riqueza cultural y promover la coexistencia social, al tiempo que se apoya la presencia de las comunidades migrantes en el entorno comunitario.
Tecnología digital, detención y alternativas
El uso de la tecnología en la detención de inmigrantes y en las alternativas a la detención de inmigrantes podría conducir a la erosión de los derechos humanos de los inmigrantes y refugiados, o podría permitir una mayor libertad y dignidad. Publicado originalmente en Forced Migration Review, este artículo explora las complejidades de esta cuestión.
El uso de la tecnología en la detención de inmigrantes y en las alternativas a la detención de inmigrantes podría conducir a la erosión de los derechos humanos de los inmigrantes y refugiados, o podría permitir una mayor libertad y dignidad. Este artículo explora las complejidades de esta cuestión.
Nos guste o no, en lo que respecta a la gobernanza de la inmigración, la tecnología digital ha llegado para quedarse. De los portales de atención al cliente a la recogida de datos biométricos, de los modelos de previsión a las herramientas de reconocimiento facial, del uso de algoritmos para la toma de decisiones al uso de tecnologías en la gestión de fronteras, en las últimas dos décadas los gobiernos de todo el mundo han utilizado cada vez más estas tecnologías en la concepción y el diseño de sus sistemas de migración y como herramienta de gobernanza de la migración. La pandemia del COVID-19 aceleró aún más esta tendencia.
Sin embargo, este tipo de tecnologías nunca son neutrales. No existen soluciones técnicas a problemas complejos y polifacéticos, y los esfuerzos de algunos por presentar la tecnología digital como la solución a los prejuicios humanos son, en el mejor de los casos, ingenuos y, en el peor, peligrosos. El empleo de la Inteligencia Artificial (IA) y la tecnología digital es una opción política. Pero las personas que toman decisiones sobre estas tecnologías rara vez experimentan ellas mismas sus repercusiones. Las personas que se desplazan, así como sus familias y comunidades, a menudo en situación de vulnerabilidad, se encuentran en el «filo de la navaja» de políticas y prácticas sobre las que no tienen ningún control y en las que apenas pueden influir.
Tecnología y (alternativas a) la detención de inmigrantes
El uso de la tecnología en la detención de inmigrantes y las alternativas a la detención de inmigrantes (ATD) se ha explorado menos que el uso de tecnologías en situaciones de gestión de fronteras, pero hay muchos ejemplos de tecnologías que se están introduciendo. Por ejemplo, las «prisiones inteligentes» se están adoptando ahora en el contexto de la detención de inmigrantes en distintas regiones del mundo. Mientras tanto, tecnologías como el etiquetado electrónico y la vigilancia, y el reconocimiento facial y de voz, están siendo utilizadas o exploradas por un número creciente de gobiernos, aparentemente como parte de sus esfuerzos por alejarse del uso generalizado de la detención de inmigrantes. Aunque esto pueda parecer un avance, estas tendencias plantean serias preocupaciones a la Coalición Internacional contra la Detención (IDC) y a otras organizaciones que abogan por el fin de la detención de inmigrantes.
La información sobre el uso de la tecnología en los TCA -y su impacto en las personas- se limita en gran medida a los datos de unos pocos países clave (Canadá, Reino Unido y Estados Unidos). Sin embargo, sabemos que cada vez son más los gobiernos que se plantean emplear este tipo de tecnología, si es que no la utilizan ya activamente. En la Unión Europea, por ejemplo, Dinamarca, Hungría, Luxemburgo y Portugal han establecido el uso del etiquetado electrónico en leyes o reglamentos administrativos. Türkiye, por su parte, ha incluido la vigilancia electrónica en una lista de ATD autorizadas dentro de las enmiendas a la Ley de Extranjería y Protección Internacional realizadas en 2019 (pero aún no aplicadas). A finales de 2023, Australia aprobó leyes que impondrán toques de queda estrictos y dispositivos de vigilancia en el tobillo a decenas de solicitantes de asilo que fueron puestos en libertad tras una sentencia del Tribunal Superior que declaró ilegal la detención indefinida.
Los miembros de IDC de todo el mundo, que trabajan con comunidades y personas afectadas por la detención o en riesgo de serlo, expresan cada vez más su preocupación por el uso de estas tecnologías en el espacio de detención de inmigrantes. Las personas en riesgo de detención por motivos de inmigración son especialmente vulnerables al uso indebido de la tecnología digital, y tienen poca capacidad para hacer valer sus derechos o acceder a la justicia si se abusa de la tecnología.
En respuesta a estas crecientes preocupaciones y tendencias, International Detention Coalition (IDC) ha lanzado una nueva línea de trabajo centrada específicamente en el uso de la tecnología digital en la detención de inmigrantes y los TCA. En la actualidad, nuestro objetivo es examinar el impacto multifacético de estas tecnologías en la vida, el bienestar y el futuro de las personas para garantizar que nuestra labor de incidencia se vea impulsada por las experiencias y los puntos de vista de los miembros de la IDC, en particular los líderes con experiencia vivida de la detención y los organizadores de la comunidad. A través de esta línea de trabajo, aspiramos a identificar cómo el uso indiscriminado de la tecnología puede perjudicar potencialmente a las personas que se desplazan, y a explorar si puede contribuir a un compromiso positivo y significativo, y de qué manera. Este artículo resume los componentes de este trabajo y los temas que han surgido.
Formas alternativas de detención y detención de facto
Hasta la fecha, la investigación se ha centrado en cómo los Estados han utilizado la tecnología digital para restringir aún más las libertades de las personas, socavar sus derechos humanos y aumentar la vigilancia y la represión. Esto se ha denominado «tecno-carcelación» en el contexto del programa ATD del gobierno canadiense, y representa «el paso de los modos tradicionales de reclusión a otros menos tradicionales, basados en la tecnología móvil, electrónica y digital». Un informe sobre el Programa de Comparecencia Bajo Supervisión Intensiva (ISAP) de EE.UU. afirmaba que sus componentes de vigilancia electrónica equivalen a una «detención digital».
El IDC considera el uso del marcaje y la vigilancia electrónicos como una forma alternativa de detención y no como una alternativa a la detención (ATD). Las formas alternativas de detención -que son privaciones de libertad de facto- no son más que detenciones con otro nombre; existe la posibilidad de que el término DTA sea cooptado y utilizado como cortina de humo para este tipo de iniciativas. En cuanto al etiquetado electrónico, un reciente informe del IDC afirma:
«[el etiquetado electrónico] restringe sustancialmente (y a veces niega por completo) la libertad y la libertad de movimiento, lo que conduce a una detención de facto. A menudo se utiliza en el contexto del derecho penal y se ha demostrado que tiene considerables repercusiones negativas en la salud mental y física de las personas, lo que conduce a la discriminación y la estigmatización».
En términos más generales, los dispositivos de control electrónico suponen una amenaza para la libertad personal debido al aumento de la vigilancia y la recopilación indiscriminada de datos. Tienen connotaciones de criminalización, tanto para el individuo obligado a llevar el dispositivo como para la comunidad que lo ve. También sabemos, por investigaciones y testimonios de nuestros miembros, que las tecnologías de reconocimiento facial y de voz tienen una precisión cuestionable, especialmente para las comunidades que sufren discriminación racial. Esto puede dar lugar a errores con consecuencias graves e irreversibles, como la detención, la deportación y la separación de familias y seres queridos.
Las aplicaciones de las nuevas tecnologías están surgiendo a un ritmo alarmante, con escasos análisis disponibles sobre las repercusiones éticas, logísticas y sociales e individuales más amplias. Para gestionar los riesgos potenciales, es necesario abordar las cuestiones relativas a la privacidad, los derechos humanos, la dignidad, la parcialidad y si los marcos jurídicos existentes se aplican a las decisiones tomadas por la IA. Junto a los riesgos, también puede haber oportunidades para que los inmigrantes utilicen la tecnología digital de forma que les beneficie o para que la utilicen para promover sus derechos.
¿La tecnología como forma de mejorar el compromiso?
IDC ha observado informes anecdóticos que indican que el uso de la tecnología digital en los TCA puede tener algunas ventajas para las personas que se desplazan. Un ejemplo es el cambio en el Reino Unido de la notificación en persona a la notificación telefónica. Este enfoque se probó originalmente durante la pandemia de COVID 19 y luego se adoptó de forma más permanente tras la defensa sostenida de los grupos de campaña. Los afectados han dicho a IDC que este cambio ha ayudado a aliviar los requisitos de notificación en persona que eran onerosos, caros y perturbadores para sus medios de subsistencia y escolarización. Además, lugares como las comisarías de policía y los centros de presentación de informes suelen provocar en las personas una mayor ansiedad ante la posibilidad de que vuelvan a ser detenidas. Es probable que un contacto físico limitado con estos lugares tenga un impacto positivo en la salud mental y el bienestar.
Por supuesto, como afirmó uno de los grupos que hacen campaña a favor de este cambio, «la propia denuncia telefónica podría ser igualmente gravosa si se aplica sin cuidado». Es esencial que las personas dispongan de los medios para denunciar de esta forma (por ejemplo, con ayudas para comprar un teléfono y crédito), y que las consecuencias por perder una llamada no sean duras. De lo contrario, este tipo de denuncia puede tener repercusiones negativas en las personas. Además, aunque el uso de teléfonos es una forma relativamente rudimentaria de tecnología, es importante que se eviten herramientas como el reconocimiento de voz o facial por las razones de fiabilidad antes mencionadas.
La experiencia vivida de los TCA basados en la tecnología
El principal impulso de IDC para poner en marcha su nueva línea de trabajo sobre tecnología, detención de inmigrantes y TCA ha venido de nuestros miembros de todo el mundo y, en particular, de las experiencias y puntos de vista de los líderes con experiencia vivida de desplazamiento y organizadores de la comunidad sobre el terreno. A través de esta línea de trabajo, esperamos explorar el impacto que esta tecnología está teniendo en la vida, el bienestar y el futuro de las personas. Desde su fundación hace casi 15 años, IDC ha abogado por alternativas a la detención basadas en los derechos. Queremos asegurarnos de que las personas que se desplazan tengan la capacidad de participar de forma significativa en los sistemas de gobernanza de la migración y de que se respeten sus derechos y su dignidad.
Esperamos entender no sólo cómo la tecnología puede ser perjudicial para las personas en movimiento, sino también si puede ayudar a aumentar la participación positiva, digna y significativa. Esto ayudará a IDC a evaluar mejor cómo asociarse con otros para hacer frente a ciertos tipos de tecnologías y también dónde las innovaciones podrían abrir oportunidades para las personas con experiencia de detención, o en riesgo de detención, en términos de mejoras en los servicios, suministro de información, comunicación y una aplicación más eficaz de los TCA basados en la comunidad. Esto incluirá examinar el impacto de la tecnología digital a través de una lente interseccional y de una manera sensible al género, entendiendo que las identidades diversas e interseccionales de las personas significan que sus experiencias con tales tecnologías varían enormemente.
Rendición de cuentas y garantías procesales
La cuestión de la rendición de cuentas -y la cuestión distinta pero relacionada del debido proceso- es una cuestión que esperamos explorar a través de este programa de trabajo. Cuando se imponen restricciones, incluidas las relacionadas con la tecnología digital, éstas deben someterse a una revisión rigurosa e incluir el derecho de apelación.
Cuando la tecnología se utiliza para aumentar la libertad de movimiento y la capacidad de acceso a la información de las personas, así como para aumentar su capacidad de acción y apoyar su empoderamiento, tiene el potencial de defender derechos humanos y normas fundamentales y de aumentar el bienestar. Sin embargo, cuando el objetivo principal de la tecnología digital es ampliar la vigilancia y el control basado en la aplicación de la ley, tiene el efecto contrario y conduce al recorte de derechos y libertades. Por desgracia, dada la creciente tendencia de muchos Estados de todo el mundo a adoptar sistemas de gobernanza de la migración basados en la criminalización, la coerción, el control y la disuasión, su creciente uso de tecnologías sin una evaluación de riesgos basada en los derechos podría exacerbar la naturaleza ya restrictiva, perjudicial y opaca de estos sistemas.
Conclusión y próximos pasos
Mientras navegamos por el intrincado panorama del papel de la tecnología en la detención de inmigrantes y las Alternativas a la Detención (ATD), las oportunidades para un cambio positivo y una toma de decisiones informada son evidentes y apremiantes. Estamos estudiando la posibilidad de llevar a cabo nuevas investigaciones en colaboración con socios como el Centro Kaldor de la Universidad de Nueva Gales del Sur. Oportunidades como ésta permitirán examinar nuevas perspectivas y estudios de casos, garantizando una base empírica de recomendaciones políticas de mejores prácticas prometedoras. Nuestra ambición es que, al abordar esta cuestión, podamos apoyar el creciente movimiento para garantizar que el uso de la tecnología en la detención de inmigrantes y en el espacio de los TCA no conduzca a una mayor criminalización y a la erosión de los derechos humanos y la dignidad de las comunidades de inmigrantes, refugiados y personas que buscan asilo.
Es necesario seguir investigando para comprender mejor el impacto de la tecnología digital en la gobernanza de la inmigración. Si exploramos las experiencias y perspectivas de personas de distintas regiones, podremos asegurarnos de que nuestras percepciones son matizadas y reflejan las diversas intersecciones de identidad que dan forma a estas experiencias.
Aunque los marcos jurídicos y las salvaguardias internacionales y regionales son imprescindibles, los cambios más significativos e impactantes suelen producirse a nivel nacional. Establecer marcos jurídicos nacionales sólidos es, por tanto, esencial para salvaguardar los derechos de las personas afectadas y en riesgo de detención y garantizar la rendición de cuentas en la aplicación de la tecnología en la detención de inmigrantes y los TCA.
De cara al futuro, los posibles resultados positivos de la tecnología digital en los TCA pueden materializarse mediante un enfoque concienzudo y centrado en los derechos. Al incorporar la tecnología a los sistemas de gobernanza de la migración con un firme compromiso con la justicia, la equidad, los enfoques interseccionales y la protección de los derechos humanos, podemos allanar el camino hacia prácticas más compasivas y eficaces[1].
Publicado originalmente en Forced Migration Review, número 73, mayo de 2024
Alternativas a la detención en contextos de migración de tránsito
En México, justo un año después de la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2014), IDC impulsó un programa piloto que contempló la liberación de niñas, niños y adolescentes no acompañados que se encontraban privados de su libertad en centros de detención migratoria y su recepción y atención en programas comunitarios de la sociedad civil. En colaboración con el Instituto Nacional de Migración y las organizaciones Casa Alianza y Aldeas Infantiles, esta experiencia fue pionera como estrategia para cambiar perspectivas y abrir posibilidades de cambio estructural. Aportó pruebas para reforzar la labor de promoción que más tarde, en 2020, permitió la reforma legislativa de la Ley de Migración para prohibir la detención de niños y adolescentes por motivos relacionados con la migración. Esto es especialmente importante si se tiene en cuenta que México es un país que tradicionalmente recibe migración de tránsito.
IDC ha constatado que existen evidencias de otros países del mundo en los que se han implementado medidas alternativas a la detención (ATD) dirigidas a diversas poblaciones -como mujeres, familias o refugiados-, en contextos migratorios comúnmente denominados de "tránsito" o que podrían aplicarse en contextos con estas características. Independientemente de la categoría política asignada al contexto migratorio (tránsito o destino), IDC promueve la adopción del TCA en respuesta a los compromisos internacionales de avanzar hacia el fin de la detención de inmigrantes. Con este fin, IDC reconoce y promueve los esfuerzos de los gobiernos y la sociedad civil para construir sistemas de gobernanza de la migración que garanticen la dignidad y los derechos humanos.
"Lo más grave es que la detención de inmigrantes tiene efectos perjudiciales para las personas, las comunidades y sociedades enteras".
¿Por qué es importante sistematizar y compartir buenas prácticas de TCA en todo el mundo?
Aunque se ha avanzado en la adopción del TCA en todo el mundo, la detención de inmigrantes sigue siendo una respuesta generalizada a la migración internacional, no sólo en México, sino también en otros países. Difundir las acciones que los gobiernos pueden emprender de forma que se respeten los derechos humanos, al tiempo que se refuerza la participación de la comunidad y se contribuye a la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, es una tarea que pretende inspirar a las partes interesadas encargadas de proteger los derechos de las personas que se desplazan.
Aunque existen retos específicos y preguntas comunes sobre la aplicación de los TCA en contextos con "migración de tránsito", IDC ha trabajado en investigaciones que ayudan a clarificar conceptos, mitos, argumentos y experiencias con el fin de aportar elementos útiles para avanzar en su aplicación en estos contextos. Por un lado, nos permite desglosar algunos conceptos clave (como la propia "migración de tránsito"), así como los factores que fomentan el uso de la detención de inmigrantes. Además, ofrece respuestas a las principales preguntas relacionadas con la aplicación de los TCA en contextos con "migración de tránsito" y algunas consideraciones sobre cómo y cuándo los TCA pueden ser útiles como estrategia para quienes trabajan en la defensa y el diseño u operación de políticas públicas que prioricen la libertad.
Para ello, IDC ha explorado experiencias en Australia, Bulgaria, Chipre, Egipto, Francia, Grecia, Jordania, Libia, Malasia, México, Polonia, Suiza y Tailandia y ha sistematizado las más relevantes.
Para saber más:
Le invitamos a leer nuestra publicación Alternatives to Immigration Detention in Transit Migration Contexts (Alternativas a la detención por motivos de inmigración en contextos de migración en tránsito) para conocer más ejemplos prácticos y la evolución reciente en el ámbito de la TTI, con el fin de poner de relieve las prácticas prometedoras y fomentar nuevos avances en este ámbito.
Detención de inmigrantes como medida excepcional de último recurso
Desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, el derecho a la libertad personal ha sido recogido en diversos tratados internacionales. Este derecho es uno de los principales marcos para abordar la detención arbitraria de personas en movimiento.
Como parte de la gestión de la migración, los gobiernos de todo el mundo llevan a cabo diversas acciones como parte de la política estatal, una de las cuales es la detención.
IDC ha documentado los diversos efectos perjudiciales de la detención de inmigrantes, como la criminalización de los inmigrantes (incluidos los que necesitan protección internacional), los efectos psicosociales en las personas y sus comunidades, las violaciones de los derechos humanos, así como los elevados costes para los gobiernos.
"La migración irregular no es una elección de la gente, sino una consecuencia de las políticas y acciones del Estado".
Por lo tanto, las normas internacionales apoyan la eliminación de la detención de inmigrantes, y una de las estrategias para lograrlo es limitar su aplicación sólo como medida excepcional de último recurso. Este principio ha sido asumido en varios países y está consagrado en sus marcos jurídicos; sin embargo, existen varios retos en su aplicación.
¿Cómo aplicar el principio de último recurso para la detención de inmigrantes?
Para conseguir que los Estados eliminen gradualmente y pongan fin por completo al uso de la detención de inmigrantes, hay algunas acciones clave de defensa que pueden emprender los actores legislativos, los funcionarios públicos o las propias organizaciones de la sociedad civil.
Varios instrumentos internacionales prohíben la detención de inmigrantes de diversos grupos, como niños y adolescentes, solicitantes de asilo o personas en situación de vulnerabilidad, como embarazadas, madres lactantes, ancianos, personas con discapacidad, personas LGBTQI o supervivientes de trata de seres humanos, tortura y otros delitos violentos graves.
En el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, los Estados se han comprometido a dar prioridad a las alternativas no privativas de libertad acordes con el derecho internacional, y a adoptar un enfoque basado en los derechos humanos ante cualquier detención de migrantes, en el que la detención sólo se utilice como último recurso.
La excepcionalidad de la detención debe basarse en una evaluación individual y específica del contexto, en un análisis de todas las opciones, y la decisión de optar por la detención debe ser legal y demostrar un objetivo legítimo.
Basándose en las experiencias de sus miembros y socios, IDC se propuso recopilar prácticas prometedoras en la aplicación del principio de último recurso en todo el mundo, incluyendo ejemplos de legislación nacional y su posible efecto en el uso de la detención como medida de control de la inmigración.
Más información:
Le invitamos a leer nuestro documento informativo -La detención de inmigrantes como medida excepcional de último recurso- para conocer mejor las normas internacionales en las que se plantea el principio de último recurso, así como algunas prácticas prometedoras, con el fin de fomentar nuevos avances en esta cuestión.
Entrevista con Carolina Gottardo, de IDC
Esta entrevista fue publicada por primera vez por el Programa Europeo para la Integración y la Migración (EPIM)
Carolina Gottardo, directora ejecutiva de International Detention Coalition (IDC), nos habla en esta entrevista. Carolina guía a la red mundial de más de 275 organizaciones, individuos y miembros de comunidades de todo el mundo para defender los derechos humanos de las personas afectadas por la detención de inmigrantes. A través de la colaboración estratégica con la sociedad civil, las agencias de la ONU y los gobiernos de todo el mundo, IDC trabaja para crear movimientos y dar forma a cambios legales, políticos y de procedimiento destinados a reducir y, en última instancia, poner fin a la detención de inmigrantes y promover alternativas basadas en los derechos en todo el mundo.
Carolina es abogada y economista especializada en migración, asilo y género, con más de 20 años de experiencia en derechos humanos. Carolina ha desempeñado anteriormente funciones directivas en el Servicio Jesuita a Refugiados de Australia y el Servicio de Derechos de la Mujer Latinoamericana, entre otros.
EPIM ha apoyado el trabajo de IDC con la Red Europea de Alternativas a la Detención (ATD), que reúne a ONG que llevan a cabo proyectos piloto de alternativas a la detención basadas en la gestión de casos en siete países europeos (Bélgica, Bulgaria, Chipre, Grecia, Italia, Polonia y Reino Unido) con organizaciones regionales e internacionales.
1. ¿Puede hablarnos del ámbito de trabajo de IDC y de cómo ha evolucionado desde que empezó a trabajar en la organización en 2020?
IDC es una red mundial con miembros en más de 75 países que defiende los derechos de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, con el objetivo de reducir y, en última instancia, poner fin a la detención de inmigrantes y aplicar alternativas a la detención basadas en los derechos y sin privación de libertad.
El IDC enfoca el TCA como una estrategia de cambio de sistemas que trabaja para poner fin a la detención de inmigrantes, al tiempo que construye sistemas de gobernanza de la migración que garanticen la dignidad y los derechos humanos de las personas que se desplazan en la comunidad y fuera de los centros de detención de inmigrantes. En colaboración con la sociedad civil, organismos de la ONU y múltiples niveles de gobierno, construimos estratégicamente movimientos e influimos en leyes, políticas y prácticas, poniendo en el centro la voz de las personas con experiencias vividas.
En los últimos años, la misión de IDC ha evolucionado desde su objetivo inicial de reducir la detención de inmigrantes hasta el de acabar con ella. También hemos afinado nuestro enfoque de las alternativas a la detención como estrategia de cambio de los sistemas de gobernanza de la migración que no implican el uso de la detención de inmigrantes.
2. En los últimos años al frente de la red europea ATD, ¿puede hablarnos de algunos de los principales logros de la red?
Los proyectos piloto y las iniciativas de ATD, junto con la defensa de los mismos a escala nacional y regional, han dado lugar a varios avances de gran repercusión.
Entre otras cosas, se han establecido asociaciones formales entre el gobierno y la sociedad civil para ofrecer TCA basado en la gestión de casos; se ha desarrollado la capacidad institucional para el TCA en los departamentos gubernamentales; se han establecido relaciones de trabajo con los departamentos gubernamentales y las autoridades locales; se han desarrollado evaluaciones basadas en pruebas sobre el impacto de los proyectos piloto de TCA, así como una mayor concienciación y experiencia entre las instituciones gubernamentales, los parlamentarios y un mayor interés y comprensión del TCA entre las ONG locales, el mundo académico y los medios de comunicación.
Por ejemplo, la Asociación para la Intervención Legal (SIP) de Polonia firmó un memorando de entendimiento con las autoridades en virtud del cual las personas con vulnerabilidades específicas que corren riesgo de ser detenidas serían remitidas a su piloto en lugar de ser internadas.
En Chipre, el Consejo Chipriota para los Refugiados estableció una asociación no oficial con el departamento nacional de migración que permitía liberar a personas en su programa piloto de TCA. Esto también condujo más tarde al nombramiento de un funcionario especializado en TCA.
En Bélgica, el departamento de Inmigración empezó a desplegar entrenadores de Gestión Individual de Casos para ayudar a los indocumentados a resolver sus casos en la comunidad con el JRS Bélgica.
En Bulgaria, CLA colabora con el gobierno nacional en programas de TCA, y las autoridades locales italianas, incluidas las de Roma y Turín, colaboran estrechamente con CILD, Progetto Diritti y Mosaico en la aplicación del TCA.
3. Una de las críticas que oímos sobre los TCA es que el ambiente político actual no les favorece, ¿es cierto? ¿Qué ha conseguido entonces el trabajo? ¿Hay futuro para los TCA en Europa?
Si bien es cierto que el clima político plantea retos para el TCA, no es nuevo, y nunca ha sido fácil navegar por él.
Además de las recientes políticas restrictivas y tendencias a la criminalización a escala nacional, es probable que el Pacto de la UE sobre Migración y Asilo provoque un preocupante aumento de la detención de migrantes, incluidos niños y familias.
Algunos gobiernos de todo el espectro político reconocen que la detención de inmigrantes no es una solución eficaz para la gestión de la migración y no contribuye a resolver los casos ni a disuadir a quienes esperan emprender el viaje a Europa. El entusiasmo de algunos Estados por el TCA es evidente, como se desprende del aumento de prácticas prometedoras en los países europeos y de la mayor visibilidad de la detención y el TCA en diversos foros internacionales. También hay un impulso global para poner fin a la detención de niños inmigrantes que debe avanzar, y oportunidades potenciales para la implementación del TCA a nivel nacional a pesar del próximo Pacto. Los enfoques de aprendizaje entre iguales y el intercambio de prácticas prometedoras también han atraído la atención de los Estados, algunos de los cuales, como Portugal, están dispuestos a actuar como "campeones" del TCA y conectar los esfuerzos nacionales, regionales y mundiales.
4. ¿Qué han aprendido IDC y los socios piloto sobre el establecimiento de relaciones en estos últimos años? ¿Cómo apoya esto la defensa del fin de la detención a largo plazo?
El establecimiento de relaciones ha sido un componente esencial del éxito de los proyectos piloto y de la promoción eficaz de la red.
El desarrollo de relaciones de trabajo y de acuerdos informales con las autoridades nacionales y locales competentes ha sido un éxito por sí mismo y también ha propiciado una mayor concienciación, conocimiento y comprensión del TCA, y algunas autoridades han incorporado y aplicado el concepto a nivel gubernamental.
El establecimiento de acuerdos formales con los gobiernos ha sido especialmente importante a la hora de ampliar los enfoques basados en la gestión de casos. Los recursos necesarios para lograr un cambio significativo y a largo plazo en los sistemas de gobernanza de la migración son muy superiores a los que puede aportar la sociedad civil por sí sola, y las asociaciones y la gobernanza multilateral de la migración son fundamentales para colmar esta laguna.
Además de la importancia de colaborar con las autoridades, y de ver el impacto más significativo que puede tener, hemos aprendido que mediante la formación de asociaciones con organizaciones afines, la Red puede ampliar sus esfuerzos de defensa y facilitar el cambio a mayor escala. Es importante ampliar las asociaciones más allá de las organizaciones de la sociedad civil orientadas a la migración y más allá de la sociedad civil, como la colaboración con las autoridades locales. Esto puede dar lugar a un diálogo con los responsables políticos y permitir que surjan enfoques basados en la gestión de casos en otros contextos.
5. En términos de migración e integración en la Europa actual, ¿qué cambio ve que le haga albergar más esperanzas?
Resulta difícil mantener la esperanza cuando se observa el aumento de la criminalización de la migración y el nuevo Pacto de Asilo y Migración.
Dicho esto, los recientes programas de regularización, como el de Irlanda, o el encuadramiento de la migración y la regularización en Portugal, han supuesto un avance positivo, y son interesantes los recientes progresos en materia de TCA centrados en las soluciones, incluida la colaboración entre el gobierno y la sociedad civil.
La respuesta a la situación en Ucrania ha sido esperanzadora, ilustrando claramente que las respuestas coordinadas, no basadas en la criminalización, pueden funcionar cuando existe voluntad política. Además, la labor de las autoridades locales de distintas ciudades de Europa, que abogan por la acogida y la integración de las personas que se desplazan, también nos da esperanzas. Otro ámbito prometedor es la unión de esfuerzos nacionales, regionales y mundiales y el aumento de las oportunidades de aprendizaje entre iguales para compartir prácticas prometedoras.
Otras novedades interesantes son el mayor impulso dado al liderazgo basado en la experiencia vivida y la mayor solidaridad de la sociedad civil mundial que trabaja sobre la migración de una manera más interseccional.
6. Sabiendo lo que sabe ahora, ¿qué aconsejaría a los profesionales que se inician hoy en este campo?
Tras más de dos décadas trabajando en temas de defensa de los derechos humanos, migración y género, y siendo una persona muy motivada e idealista para empezar, estas son mis conclusiones:
Estás ahí a largo plazo. El cambio sistémico no se produce de la noche a la mañana y requiere tiempo, planteamientos tácticos y diferentes actores. El cambio sistémico tampoco es lineal.
No pierda la esperanza. A veces, la labor de defensa puede ser un esfuerzo ingrato, sobre todo en una cuestión tan politizada como la migración. Sin embargo, los profesionales y defensores de los derechos de los inmigrantes tienen un papel clave que desempeñar.
El cambio social es un esfuerzo colectivo que requiere múltiples actores que trabajen a varios niveles y cambien de táctica según los distintos contextos. No puedes lograr el cambio por ti mismo, pero puedes poner tu granito de arena hacia el cambio social y los enfoques basados en los derechos, y tus esfuerzos sin duda importan.
La labor de la sociedad civil es crucial para lograr el cambio a través de la defensa de la migración. Sin embargo, la limitada financiación es uno de los principales retos que limitan los esfuerzos y el impacto de la sociedad civil. Los recursos adicionales para este trabajo son esenciales y tenemos que ser creativos a la hora de recaudar fondos.
Céntrese en las soluciones y no sólo en los problemas. Se trata de una forma eficaz de interactuar con los responsables de la toma de decisiones y presentarles formas aceptables de avanzar. Me ha resultado útil ir más allá de la crítica, aunque la denuncia y la crítica también tienen un papel esencial que desempeñar.
-Los esfuerzos de defensa eficaces requieren diferentes tácticas, y hay espacio para la defensa desde dentro y desde fuera, los grupos de presión, las campañas, el litigio estratégico y la creación de movimientos. Los retos a los que nos enfrentamos con la criminalización de la migración son importantes, y estos enfoques se complementan entre sí. Cada organización puede aprovechar sus puntos fuertes y colaborar estrechamente con otras.
7. ¿Qué ha desaprendido desde que trabaja con IDC?
Pensar de otro modo sobre el compromiso y dejar atrás los estereotipos.
Llevo más de dos décadas trabajando con la sociedad civil en distintos países y contextos. El trabajo con IDC ha sido uno de los más impactantes en los que he participado porque se centra en enfoques basados en soluciones.
Esto implica salir de las formas tradicionales de pensar y de los estereotipos y trabajar codo con codo con los demás, incluidos los funcionarios públicos a distintos niveles y otras partes interesadas.
Los gobiernos son entidades complejas compuestas por distintos niveles y departamentos. No todos piensan igual, por lo que es fundamental comprender de cerca cómo funcionan. A menudo, como parte de la sociedad civil, simplificamos en exceso a los gobiernos. Sin embargo, muchos campeones dentro de los gobiernos podrían ser aliados para el cambio que queremos realizar. Aunque las aspiraciones sean diferentes, podrían buscarse puntos en común. Tenemos que intensificar nuestros esfuerzos y aumentar nuestro impacto. Los estereotipos negativos o fijos no nos ayudan a conseguirlo.
Uno de los aspectos más importantes de trabajar con IDC ha sido explorar diversas formas de trabajar y pensar de manera innovadora. Colaborar con los aliados adecuados, tanto dentro como fuera de los gobiernos, podría ayudarnos a avanzar en nuestra causa, por supuesto garantizando siempre que no haya riesgo de cooptación y que la promoción de los derechos de los migrantes esté siempre en el centro mismo de todos nuestros esfuerzos.
¿Las alternativas como ficción? What the EU Pact on Migration and Asylum means for Alternatives to Detention
En junio, los ministros de la UE responsables de Justicia e Interior se reunieron en Luxemburgo para debatir, entre otras cuestiones, la reforma del planteamiento de la UE en materia de asilo y migración. Sus discusiones desembocaron en un acuerdo sobre dos expedientes clave: el Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración y el Reglamento sobre el procedimiento de asilo. Casi tres años después de que la Comisión Europea publicara su propuesta de Nuevo Pacto sobre Inmigración y Asilo, los avances para sacar adelante las propuestas contenidas en él han sido desiguales. Tras largos debates en el Parlamento Europeo, los colegisladores publicaron en septiembre de 2022 una Hoja de Ruta en la que establecían su compromiso conjunto de adoptar las propuestas legislativas del Pacto antes de que finalizara la legislatura 2019-2024. Suecia, que ocupó la Presidencia del Consejo de la Unión Europea de enero a junio de 2023, expresó su intención de "avanzar en las negociaciones sobre un Pacto sobre Migración y Asilo". Ahora parece que se vislumbra un acuerdo.
En los últimos meses, Linklaters LLP e International Detention Coalition (IDC) han llevado a cabo un análisis de las disposiciones establecidas en el Pacto, con el fin de que IDC comprenda mejor las implicaciones en lo que respecta a la viabilidad de las alternativas a la detención de inmigrantes (ATD), en caso de que se acuerden y apliquen las disposiciones esbozadas. Dado el reciente movimiento realizado sobre el Pacto, exponemos a continuación el resumen de las conclusiones de IDC basadas en ese análisis jurídico, con el fin de arrojar luz sobre las consecuencias del Pacto para la viabilidad continuada de los TCA en la UE. Puedes acceder al informe de investigación original realizado por Linklaters LLP para IDC aquí.
Detención en las propuestas del Pacto
El efecto que el Pacto puede tener en el uso de la detención en la UE ya está bien documentado. La Comisión Internacional de Juristas ha señalado que "ladetención prolongada de inmigrantes se convertirá inevitablemente en una práctica", y la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Inmigrantes Indocumentados ha concluido que las propuestas recogidas en el Pacto darán lugar a "más detenciones, menos garantías".
La detención en el marco del Pacto se establece en gran medida en el Reglamento de selección y en el Reglamento modificado sobre procedimientos de asilo. Estos dos instrumentos esbozan un nuevo proceso de control de las personas en las fronteras exteriores y establecen procedimientos fronterizos para tramitar las solicitudes de asilo y facilitar el retorno.
La propia Comisión Europea ha afirmado que los procedimientos fronterizos "implican detención". Por tanto, las nuevas propuestas del Pacto socavan el principio de que la detención sólo debe aplicarse como medida de último recurso; en su lugar, privar a las personas de su libertad en las fronteras está llamado a convertirse en el planteamiento por defecto.
Para las personas a las que se deniega el asilo, el procedimiento fronterizo puede suponer la detención durante un máximo de 6 meses en las fronteras de la UE y, en situaciones excepcionales, los procedimientos pueden ampliarse, lo que significa que las personas pueden pasar hasta 10 meses detenidas en la frontera.
Los cambios propuestos sirven para negar a las personas el pleno acceso a sus derechos al crear una situación en la que no se considera que hayan "llegado" legalmente a un Estado miembro de la UE a pesar de estar físicamente presentes en el territorio, una práctica denominada "ficción de no entrada". Además, los procedimientos fronterizos propuestos se aplicarán probablemente a los menores de entre 12 y 18 años, lo que significa que también se detendrá a menores. Esto entra en conflicto directo con el compromiso establecido en el Pacto Mundial para la Migración (PMM) -firmado por la mayoría de los Estados miembros de la UE- de trabajar para poner fin a la detención de menores por motivos de inmigración.
Estas propuestas no están exentas de críticas, y de hecho han sido puntos conflictivos durante las largas negociaciones en el Parlamento Europeo. Durante un primer debate en el Parlamento, los eurodiputados expresaron su preocupación por los procedimientos fronterizos y, en particular, señalaron la probabilidad de que éstos se asemejaran a las políticas aplicadas en Grecia, que han conducido a la privación de libertad generalizada o a la detención de facto.
Viabilidad del DTA dentro de las propuestas del Pacto
El cuadro siguiente resume los aspectos clave de los instrumentos legislativos propuestos en el Pacto (a partir de junio de 2023) que son relevantes para la viabilidad de ATD.
Aunque los instrumentos legislativos del Pacto no se refieren expresamente a "alternativas a la detención", se hacen algunas referencias a medidas "menos coercitivas" y "alternativas menos coercitivas ". Esto refleja el lenguaje existente en la Directiva de Retorno y la Directiva de Condiciones de Acogida. Además, se da a entender que la detención de inmigrantes seguirá utilizándose sólo como último recurso, de acuerdo con las normas jurídicas regionales e internacionales, y que se considerarán alternativas antes de la detención.
Sin embargo, a pesar de esta intención, es difícil ver cómo las disposiciones del Pacto -tal como están redactadas actualmente- permitirían en la práctica el TCA comunitario.
Resulta especialmente difícil prever cómo podrán los Estados miembros aplicar el TCA garantizando al mismo tiempo el mantenimiento de la "ficción de no entrada"; después de todo, ¿cómo pueden los Estados colocar a los inmigrantes en la comunidad si no reconocen su presencia legal en el país? La DTA será especialmente difícil si otros Estados miembros siguen los planteamientos que ya se están adoptando en Grecia (dadas las aparentes similitudes entre la legislación nacional griega y el Pacto), Italia y España, donde los procedimientos fronterizos han dado lugar a la detención de facto como norma. De hecho, según el Estudio de los Servicios de Investigación del Parlamento Europeo sobre el Pacto:
"el políticas generales de no entrada para todos los inmigrantes (durante el control, incluyendo por tanto a los refugiados), o categorías concretas de inmigrantes (en caso de procedimiento fronterizo obligatorio o para solicitantes de asilo rechazados en el procedimiento fronterizo de retorno), hace imposible asegurar el cumplimiento de las garantías en la Directiva sobre las condiciones de acogida y en la Directiva sobre el retorno."
En pocas palabras, el hecho de que una persona pueda llegar físicamente a un país sin que se considere que ha llegado legalmente, dará lugar inevitablemente a restricciones considerables de la libertad de circulación y del acceso a los servicios, y esta privación de libertad es contraria a la idea del TCA.
Garantizar alternativas significativas a la detención de inmigrantes
La consagración de la DTA en la legislación y la política constituye una importante salvaguardia contra el recurso a la detención. En la actualidad, los Estados miembros de la UE sólo pueden detener a inmigrantes si no disponen de alternativas efectivas, lo que sirve para garantizar que los gobiernos no detienen a las personas de forma arbitraria, innecesaria y desproporcionada.
Sin embargo, en el marco actual del Pacto de la UE sobre Migración y Asilo, que por su propia naturaleza es probable que introduzca la detención generalizada e indiscriminada de personas en el contexto de la ampliación de los procedimientos fronterizos, es difícil ver cómo funcionarán dichos procedimientos sin recurrir al de facto detención. En este contexto, es poco probable que los requisitos legales para utilizar la ATD funcionen en la práctica.
Con la posición del Consejo sobre el Pacto ya clara, las negociaciones a tres bandas están empezando en serio, ya que los colegisladores pretenden llegar a una conclusión a principios de 2024. Es vital que las negociaciones mantengan en primer plano las normas jurídicas regionales e internacionales existentes, especialmente en lo que se refiere al derecho a la libertad. Para ello, el TCA debe incluirse como una forma significativa de garantizar que la detención de inmigrantes sea sólo el último recurso, identificando posibilidades concretas de TCA basado en la comunidad.
Nuestro análisis muestra que esto será difícil, pero la alternativa -detención a gran escala y de facto en las fronteras durante largos periodos de tiempo- es impensable.
La OCC y ECDN piden al gobierno de Malasia que libere a los niños detenidos por los servicios de inmigración y aplique el ATD
Versión en malayo
COMUNICADO DE PRENSA
Sídney, 20 de junio de 2023En el Día Mundial del Refugiado, la Oficina del Comisionado para la Infancia (OCC) y la Red para Acabar con la Detención Infantil (ECDN) se unen para instar al gobierno de Malasia a tomar medidas inmediatas para poner fin a la detención de niños en centros de inmigración e implementar Alternativas a la Detención (ATD) eficaces.
Es muy preocupante que, a 15 de mayo, 11.068 personas, entre ellas 969 niños, incluidos niños refugiados, estén recluidas en centros de detención de inmigrantes en Malaisia. Estos niños han huido de la violencia, los conflictos y la persecución en sus países de origen, buscando seguridad y protección en nuestra nación. Es nuestra obligación moral garantizar su bienestar y salvaguardar sus derechos.
Hacemos un llamamiento al gobierno malasio para que emprenda las siguientes medidas cruciales:
- Comenzar a liberar a los niños de los centros de detención de inmigrantes en un programa Alternativo a la Detención (ATD), y garantizar la inclusión de todos los niños, independientemente de su situación migratoria;
- Garantizar que los proyectos ATD se ejecutan de buena fe para lograr su objetivo principal, que es resolver el problema de la detención y el encarcelamiento de menores.
- Presentar urgentemente en el Consejo de Ministros el documento de trabajo sobre el traslado de niños fuera de los centros de detención de inmigrantes, un documento vital que está elaborando actualmente el Ministerio del Interior.
- Desarrollar un marco jurídico integral para los refugiados que les conceda estatus legal y acceso al empleo, los servicios sanitarios, la educación y las prestaciones sociales y públicas. Este marco es crucial para proteger a los niños refugiados y crear un entorno propicio para su desarrollo saludable.
- Conceder al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) acceso sin restricciones a los centros de detención de inmigrantes. Esto permitirá seguir registrando a las personas de interés y liberar posteriormente a todas las personas registradas en el ACNUR, facilitando su integración en la comunidad.
- Adoptar medidas inmediatas para promulgar cambios jurídicos y políticos que pongan fin a la detención de menores por motivos de inmigración, incluidos todos los niños refugiados y solicitantes de asilo;
- Llevar a cabo una revisión exhaustiva de las políticas y prácticas de detención de inmigrantes para garantizar que se ajustan a las normas internacionales jurídicas y de derechos humanos. Esta revisión es imprescindible para salvaguardar los derechos y el bienestar de todas las personas en riesgo de ser detenidas por motivos de inmigración, especialmente los niños.
Al adoptar estas importantes medidas, Malasia no sólo cumplirá sus obligaciones internacionales, sino que demostrará su compromiso con la protección de los derechos y la dignidad de todos los niños, independientemente de su situación migratoria. Creemos firmemente que estas medidas nos acercarán a una sociedad que respete los derechos humanos, acoja la diversidad y defienda los principios de compasión y justicia.
Como OCC y ECDN, estamos dispuestos a colaborar con el gobierno malasio y otras partes interesadas para desarrollar y aplicar soluciones eficaces de TCA que den prioridad al interés superior de todos los niños de Malasia, incluidos los niños refugiados y solicitantes de asilo.
Juntos, trabajemos por un futuro en el que ningún niño se vea sometido a los efectos nocivos de la detención de inmigrantes, y en el que todos los niños puedan prosperar y desarrollar plenamente su potencial.
Sobre OCC: La Oficina del Comisionado de la Infancia (OCC) es una oficina independiente dentro de la Comisión de Derechos Humanos de Malasia, encargada de promover y proteger los derechos humanos de todos los niños de Malasia..
Acerca de ECDN: La Red para Acabar con la Detención Infantil es una coalición de 21 organizaciones de la sociedad civil y particulares que trabajan para garantizar que ningún niño sea detenido en Malasia debido a su situación migratoria..
Para más información, póngase en contacto con: Hannah Jambunathan - End Child Detention Network (ECDN) Coordinator & Asia Pacific Programme Officer, International Detention Coalition, [email protected]
REALIDAD MEDIÁTICA
La OCC y la ECDN piden a Malasia que libere a los niños de la detención de inmigrantes y aplique alternativas a la detención
Sídney, 20 Jun 2023- En el Día Mundial del Niño Fugado, Pejabat Pesuruhjaya Kanakkanak (OCC) y Rangkaian Penghapusan Tahanan Kanak-Kanak Malaysia (End Child Detention Network - ECDN) se unen para instar al gobierno de Malasia a tomar medidas inmediatas para poner fin a la detención de niños en los depósitos de inmigrantes y aplicar alternativas eficaces a la detención (ATD).
La cifra a 15 de mayo de 2023 era de 11.068 personas, entre ellas 969 niños, incluidos niños huidos, recluidos en centros de detención de inmigrantes en Malasia. Estos niños han huido de la violencia, los conflictos y la opresión en sus países de origen, y buscan seguridad y protección en nuestro país. Es nuestra obligación moral garantizar su bienestar y salvaguardar sus derechos;
Pedimos al Reino de Malasia que tome las siguientes medidas importantes:
- Iniciar un proceso para poner en libertad a los menores que se encuentran en centros de detención de inmigrantes y aplicarles el programa de Medidas Alternativas a la Detención (ATD, por sus siglas en inglés), y garantizar que todos los menores, independientemente de su situación migratoria, están incluidos en el programa.
- Garantizar que el programa ATD se aplica con seriedad para lograr su objetivo principal, que es resolver el problema de la detención y el encarcelamiento de menores.
- Exponer urgentemente en el Consejo de Ministros un documento de trabajo sobre el traslado de niños de los depósitos de detención de inmigrantes, que es un documento importante que está elaborando el Ministerio del Interior.
- Desarrollar un marco legal integral para los niños fugados de casa que les otorgue un estatus legal y acceso al empleo, los servicios sanitarios, la educación y las prestaciones sociales y públicas. Este marco es esencial para proteger a los niños fugados y fomentar un entorno que favorezca su desarrollo saludable.
- Proporcionar acceso sin restricciones al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para la entrada en los centros de detención de inmigrantes. Esto permitirá el registro continuo de las personas impresionadas y la posterior puesta en libertad de todas las personas registradas en el ACNUR, lo que facilitará su integración en la comunidad.
- Adoptar medidas inmediatas para impulsar a las fuerzas del orden y a la policía a poner fin a la detención de menores inmigrantes, incluidos todos los menores fugados y solicitantes de asilo;
- Llevar a cabo una revisión exhaustiva de las prácticas policiales y de detención de inmigrantes para garantizar que se ajustan a las normas jurídicas y de derechos humanos internacionales. Esta revisión es esencial para proteger los derechos y el bienestar de todas las personas en riesgo de detención de inmigrantes, especialmente los niños.
Al dar este importante paso, Malasia no sólo cumplirá con sus obligaciones internacionales, sino que también demostrará su compromiso de proteger los derechos y la dignidad de todos los niños, independientemente de su situación migratoria. Creemos firmemente que estos pasos pueden llevarnos a convertirnos en una nación que respete los derechos humanos, acepte la diversidad y defienda los principios de misericordia y justicia;
La OCC y la ECDN están dispuestas a colaborar con el gobierno malasio y otras partes interesadas para desarrollar y aplicar un acuerdo ATD eficaz, que dé prioridad al interés superior de todos los niños de Malasia, incluidos los niños huidos y los solicitantes de asilo;
Luchemos juntos por un futuro en el que ningún niño esté expuesto a los efectos adversos de la detención de inmigrantes, y en el que todos los niños puedan prosperar y desarrollar todo su potencial.
Sobre OCC: Pejabat Pesuruhjaya Kanak-kanak es un funcionario independiente de Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia que se encarga de promover y proteger los derechos humanos de los niños en Malasia.<nbsp;< span="">.</nbsp;<>
Acerca de ECDN: Rangkaian Penghapusan Tahanan Kanak-Kanak Malaysia (ECDN) es un colectivo de 21 organizaciones de la sociedad civil e individuos que trabajan colectivamente para garantizar que ningún niño sea detenido en Malasia debido a su condición de inmigrante.<nbsp;< span="">.</nbsp;<>
Para más información, póngase en contacto con: Hannah Jambunathan - Coordinadora, Elimination of Malaysian Child Detention (ECDN) & Asia Pacific Programme Officer, International Detention Coalition, [email protected]
Liderazgo Comunitario para Jóvenes en Situación de Migración en México
Currícula implementada en Aldeas Infantiles SOS Comitán, México
Escrito por Olga Carolina Abarca Alfaro, Psicóloga, AISOS Comitán
IDC y Aldeas Infantiles SOS en México (AISOS), volvieron a unir esfuerzos en un proyecto conjunto para asegurarse de dar voz a niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad que han experimentado o que se encuentran en riesgo de ser detenidas por su situación migratoria compartiendo sus historias de vida y fortaleciéndose como líderes. Este esfuerzo ayuda no solo a sensibilizar sobre el impacto psicosocial que la detención tiene en sus vidas, sino además les permita a niñas, niños y adolescentes recuperar su capacidad de agencia, participando en la construcción de propuestas encaminadas a un cambio normativo y de política pública, contribuyendo al cambio sistémico a largo plazo.
AISOS es una organización internacional, no gubernamental, que tiene como objetivo trabajar para restituir el derecho a vivir en familia de los niños y niñas que por diversas razones han perdido el cuidado de sus familias o están en riesgo de perderla. AlSOS en la ciudad de Comitán, Chiapas, al extremo sur de México, a partir del 2018 y derivado de la primera caravana que ingresa a México a finales de octubre, comenzò a trabajar en la recepción de acogimientos de población en contexto de movilidad, brindando atención a niños, niñas, adolescentes y jóvenes no acompañados.
De esta experiencia, en los últimos siete años se ha logrado una colaboración cercana entre AISOS y IDC relacionada a los cuidados alternativos como una opción para la no detención de la niñez y adolescencia en contextos de movilidad. Particularmente, surgió un proyecto de trabajo que se realizó en el periodo de Agosto – Septiembre 2022 en la implementación de una currícula, bajo el nombre de “Liderazgo Comunitario para Jóvenes en Situación de Migración”, con el objetivo de conocer la experiencia de los y las adolescentes y jóvenes en contextos de movilidad que han experimentado o estuvieron en riesgo de vivir la detención migratoria, apoyando su crecimiento y liderazgo.
Se contó con la participación de 11 adolescentes - 7 mujeres y 4 hombres, en situación de migración, originarios de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Haití y Ecuador, quienes fueron canalizados por la autoridad migratoria al Programa de Aldeas Infantiles SOS Comitán para continuar sus procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado y que al momento de iniciar el proyecto ya contaban con un promedio de un año de estancia en el Programa.
Las y los jóvenes participaron en once sesiones que se llevaron a cabo como parte del currículum, identificando los siguientes resultados:
En la sesión sobre “Derechos Humanos”, en la que se les brindó información necesaria para que las y los adolescentes cuenten con herramientas para que sus derechos no sean vulnerados, fue el espacio donde se obtuvo mayor participación de opiniones, compartiendo sus perspectivas y haciendo propuestas para que más adolescentes y jóvenes conozcan esta información.
Se identificó el desconocimiento de derechos universales y sus propios derechos como personas en situación de migración, lo cual funcionaba como factor de vulneración de los mismos.
Al compartir sus experiencias, las y los adolescentes hicieron énfasis en la forma en que fueron tratados después de ser “resguardados” por autoridades migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM) además de la poca información que les brindaron.
Compartir sus experiencias sobre los factores que detonaron la salida de sus países de origen fue altamente significativo. Por un lado, hay una mayoría que viaja con el sueño de llegar a Estados Unidos, ya que cuentan con familiares que residen en ese lugar: papás, hermanos o tíos, y otra parte se vieron en la necesidad de salir de su hogar, por ser hostigados, amenazados por parte de pandillas delictivas que residen en su lugar de origen.
Otro tema de importancia entre las y los adolescentes fue el relacionado con las emociones, ya que en el currículum hay una sesión sobre “Curación y Bienestar”, en donde cada una de las personas participantes se dio la oportunidad de hablar y exponer sus emociones, su sentir de estar lejos de casa, de familiares, amigos, dejar atrás sueños, objetivos, y encontrarse con obstáculos durante su tránsito, en donde experimentaron frustración, estrés, ansiedad, tristeza y enojo. Fue un espacio de mucha reflexión y escucha, en donde aprendieron que hablar de sus emociones, les puede ayudar a mejorar su estado de ánimo, ofreciéndoles herramientas para el buen manejo de las mismas y puedan llevar una salud emocional de la mejor manera.
Es importante mencionar que cada uno de los temas planteados fueron de interés para las y los adolescentes, quienes agradecieron que organizaciones como Aldeas Infantiles SOS Comitán, en coordinación con IDC, les brinden este tipo de información además de los espacios seguros de escucha y participación.
Se espera que esta currícula de trabajo se siga implementando y más adolescentes y jóvenes en contexto de movilidad puedan obtener información y mejores herramientas.
Taller conjunto IDC-UNICEF: Niños en movimiento - Continuidad transfronteriza de protección y atención
A finales de noviembre de 2022, IDC y UNİCEF organizaron conjuntamente un taller de tres días titulado "MENA Regional Children on the Move Cross Border Continuum of Protection and Care" en Ammán, Jordania. El taller reunió a 8 delegaciones gubernamentales de toda la región de Oriente Medio y Norte de África, en representación de instituciones y responsables políticos clave, que compartieron prácticas prometedoras de protección y organización de la atención a los niños desplazados. IDC y UNICEF, así como representantes regionales de la OIM y el ACNUR, presentaron los marcos y mecanismos para garantizar la protección de los niños desplazados, y facilitaron los intercambios y diálogos gubernamentales sobre estas cuestiones. Además, se invitó a representantes de dos gobiernos nacionales y regionales vecinos de la región, Turquía y Cataluña, para que presentaran sus perspectivas y la aplicación de la Coordinación Transfronteriza y el Continuo de Protección y Atención.
Este taller se celebró tras más de un año de colaboración entre UNICEF e IDC para poner en marcha un proyecto regional destinado a explorar más a fondo las experiencias de los niños refugiados y migrantes en la región, y evaluar las políticas relacionadas con su protección, así como las mejores prácticas de atención en los distintos países. Dos informes políticos desarrolladas a partir de esta investigación se presentaron en el taller. Un resumen se centra en los resultados relacionados con las prácticas regionales prometedoras de Enfoques Integrales del Gobierno y de la Sociedad, y el otro resumen destaca las prácticas relativas a las Iniciativas de Cuidados Alternativos Comunitarios y Familiares en la Región.
El taller incluyó diversas presentaciones sobre la protección de los niños en movimiento. El equipo del Programa Regional MENA de IDC, Amera Markous y Asma Nairi, se propuso elevar los enfoques basados en los derechos humanos detallando modelos de alternativas a la detención, gestión de casos y mecanismos de derivación.
La Directora Ejecutiva de IDC, Carolina Gottardo, presentó una ponencia sobre la gestión de casos y cómo puede utilizarse como herramienta de protección para los niños que se desplazan. Carolina aportó tanto aspectos técnicos como ejemplos de aplicación práctica de distintas regiones. También expuso la importancia de los enfoques de todo el gobierno y de toda la sociedad para la región.
La Coordinadora Regional de IDC MENA, Amera Markous, compartió el concepto y la implementación de las Alternativas a la Detención (ATD) destacando la importancia de la atención alternativa basada en la comunidad y la familia para los niños migrantes y refugiados. A lo largo del taller, los gobiernos pudieron participar en actividades de grupo a nivel nacional para explorar nuevas soluciones e iniciativas políticas basadas en las herramientas presentadas y en los resultados de los intercambios intergubernamentales.
Este taller constituyó un hito exitoso en la región de Oriente Medio y Norte de África para mejorar la sensibilización y el trabajo conjunto con UNICEF y con los gobiernos de la región. De cara al futuro, IDC seguirá trabajando conjuntamente con los actores relevantes para implementar mejores soluciones que garanticen la protección de los niños en movimiento en la región MENA.
