Detención de inmigrantes como medida excepcional de último recurso

Desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, el derecho a la libertad personal ha sido recogido en diversos tratados internacionales. Este derecho es uno de los principales marcos para abordar la detención arbitraria de personas en movimiento.

Como parte de la gestión de la migración, los gobiernos de todo el mundo llevan a cabo diversas acciones como parte de la política estatal, una de las cuales es la detención.

IDC ha documentado los diversos efectos perjudiciales de la detención de inmigrantes, como la criminalización de los inmigrantes (incluidos los que necesitan protección internacional), los efectos psicosociales en las personas y sus comunidades, las violaciones de los derechos humanos, así como los elevados costes para los gobiernos.

"La migración irregular no es una elección de la gente, sino una consecuencia de las políticas y acciones del Estado".

Por lo tanto, las normas internacionales apoyan la eliminación de la detención de inmigrantes, y una de las estrategias para lograrlo es limitar su aplicación sólo como medida excepcional de último recurso. Este principio ha sido asumido en varios países y está consagrado en sus marcos jurídicos; sin embargo, existen varios retos en su aplicación.


¿Cómo aplicar el principio de último recurso para la detención de inmigrantes?

Para conseguir que los Estados eliminen gradualmente y pongan fin por completo al uso de la detención de inmigrantes, hay algunas acciones clave de defensa que pueden emprender los actores legislativos, los funcionarios públicos o las propias organizaciones de la sociedad civil.

Varios instrumentos internacionales prohíben la detención de inmigrantes de diversos grupos, como niños y adolescentes, solicitantes de asilo o personas en situación de vulnerabilidad, como embarazadas, madres lactantes, ancianos, personas con discapacidad, personas LGBTQI o supervivientes de trata de seres humanos, tortura y otros delitos violentos graves.

En el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, los Estados se han comprometido a dar prioridad a las alternativas no privativas de libertad acordes con el derecho internacional, y a adoptar un enfoque basado en los derechos humanos ante cualquier detención de migrantes, en el que la detención sólo se utilice como último recurso.

La excepcionalidad de la detención debe basarse en una evaluación individual y específica del contexto, en un análisis de todas las opciones, y la decisión de optar por la detención debe ser legal y demostrar un objetivo legítimo.

Basándose en las experiencias de sus miembros y socios, IDC se propuso recopilar prácticas prometedoras en la aplicación del principio de último recurso en todo el mundo, incluyendo ejemplos de legislación nacional y su posible efecto en el uso de la detención como medida de control de la inmigración.

Más información:

Le invitamos a leer nuestro documento informativo -La detención de inmigrantes como medida excepcional de último recurso- para conocer mejor las normas internacionales en las que se plantea el principio de último recurso, así como algunas prácticas prometedoras, con el fin de fomentar nuevos avances en esta cuestión.


Fortalecimiento de Capacidades para Proteger y Fomentar el Desarrollo de la Niñez y Adolescencia en Contextos de Movilidad

La movilidad de las personas de un territorio a otros es cada vez más frecuente, las formas en las que se mueven también se han transformado, en un pasado no muy lejano se trasladaban en pequeños grupos y de la manera más sigilosa posible; la mayoría de los integrantes eran hombres y la principal motivación era económica-laboral.

Ahora, las dinámicas migratorias son diversas, los factores de expulsión se han acrecentado y profundizado,  las personas se agrupan en caravanas y transitan así en las principales carreteras de los países hasta llegar a los puntos fronterizos; la migración tradicionalmente masculina ha ido perdiendo predominancia ante un incremento de mujeres en contexto de movilidad; y quizás estará de más decir que ha existido un incremento alarmante de niñez y adolescencia traspasando fronteras, sea como parte de un grupo familiar o en los peores casos solos o separados de su  madre, padre o tutores legales.

Este contexto demanda a los Estados y a los diferentes actores que los conforman, desarrollen mecanismos que permitan la atención y protección diferenciada a los diferentes perfiles que se encuentran inmersos en los “ires y venires” voluntarios o forzados que representan los procesos de movilidad; teniendo principal énfasis en aquellos que pueden ser mayormente vulnerables, como es el caso de la niñez y adolescencia, debiendo tener como fundamento de sus acciones el “interés superior” de esta población.

El interés superior de la niñez, de acuerdo al Comité de Derechos del Niño[1], es un derecho, un principio y una norma de procedimiento que exige adoptar un enfoque basado en los derechos, en el que colaboren todos los intervinientes, a fin de garantizar la integridad física, psicológica, moral y espiritual holísticas y promover la dignidad humana de la niñez, englobando dentro del término “niño” el carácter individual y general o como grupo, entendiéndose entonces el interés superior de la niñez como un derecho colectivo y como un derecho individual.

El Comité, también ha hecho alusión a la forma de aplicarse el interés superior de la niñez, refiriendo que la promulgación de disposiciones legislativas y de políticas públicas, así como la implementación de las mismas, requiere un proceso de valoración previa de los efectos sobre los derechos de la niñez, así como una evaluación posterior de las consecuencias reales de su aplicación[2].

En ese sentido, teniendo como base tanto el contexto de movilidad así como la doctrina y normativa internacional, se considera necesario dotar y fortalecer los conocimientos que posee el personal de las diferentes instituciones a nivel regional que intervienen en los procesos de atención y protección de la niñez y adolescencia en condiciones de movilidad, con el objetivo de realizar abordajes pertinentes, que respondan tanto a necesidades de índole humanitaria como también aquellas que inciden en el diseño intencionado de un proyecto de vida, con un enfoque de interés superior de la niñez y adolescencia.

Con el objetivo de coadyuvar a suplir las necesidades de desarrollo y fortalecimiento de habilidades técnicas del personal supra referido, en el marco de la XXVI edición de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), se ha realizado el Diplomado de Niñez y Adolescencia en Contexto de Movilidad, el cual tiene por objetivo fortalecer las capacidades técnicas de atención y protección del personal de instituciones que intervienen en los procesos de niñez y adolescencia en condiciones de movilidad.

Para el diseño del diplomado se partió de una propuesta generada desde el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES), la cual se robusteció con un proceso participativo y consultivo con la Organización Internacional para las Migraciones, la Coalición Internacional contra la Detención (IDC), Organización Internacional del Trabajo y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, así como con la representación de la Presidencia Pro-Tempore (PPT), de la Conferencia Regional para las Migraciones; esto propició contar con una visión holística, especializada y consensada de los diferentes organismos que desde su propia naturaleza abordan una o más aristas de la movilidad humana.

El Diplomado ha beneficiado a 41 personas de instancias públicas y de organizaciones no gubernamentales de 10 países de la Región Mesoamericana, quienes al culminar su formación recibirán la certificación de sus conocimientos por el Instituto Especializado "Doctor José Gustavo Guerrero", el cual ha facilitado en su plataforma el espacio idóneo para la transmisión y afianzamiento de los conocimientos, como por ejemplo clases expositivas sincrónicas que promueven espacios para consulta y retroalimentación; clases pregrabadas que ofrecen la ventaja de consumir los contenidos en el horario que mejor les convenga a los participantes, habilitando foros para evacuar consultas.

El diplomado ha sido dividido en tres módulos, que van de lo general hasta lo especializado, proveyendo conocimientos de atención inmediata y también de otros que permitan el acompañamiento y orientación para la obtención de proyectos de vida que coadyuven a alcanzar niveles de vida digna. Para un mejor enfoque se presentan un breve resumen de los contenidos de cada uno de los módulos:

MÓDULO I.

ACERCAMIENTO A LA REALIDAD DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN CONDICIONES DE MOVILIDAD.

Aborda el contexto regional sobre la realidad de la niñez y adolescencia en condiciones de movilidad, haciendo principal énfasis en las causas estructurales en los países de origen que motivan las movilizaciones, así como las características de la niñez y adolescencia en condiciones de movilidad.

También analiza las situaciones de vulnerabilidad. Profundiza en situaciones de riesgo como la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, discriminación por identidad indígena, pertenencia a la comunidad LGBTTTIQA+, detención migratoria, violencia sexual basada en género, entre otros.

Facilita algunas herramientas para identificar vulnerabilidades, con especial énfasis en técnicas de entrevista.

MÓDULO II.

PROTECCIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN CONDICIONES DE MOVILIDAD.

Profundiza en el marco jurídico internacional, regional y estándares para la protección a derechos humanos de la niñez y adolescencia en condiciones de movilidad: Normas mínimas de protección, asilo y apatridia, trabajo infantil.

 

Fortalece capacidades técnicas en mecanismos integrales de asistencia y protección a niñez y adolescencia en condiciones de movilidad: Aplicación del interés superior, acción humanitaria, salud mental y cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes no acompañados y separados.

MÓDULO III.

ECOSISTEMAS IDÓNEOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE VIDA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN CONDICIONES DE MOVILIDAD.

Teniendo en cuenta las diferentes dinámicas migratorias y los efectos que pueden llegar a causar en la niñez y adolescencia en condiciones de movilidad, presenta mecanismos de reintegración en países de origen de la niñez migrante retornada, así como mecanismos de integración en países de destino de la niñez migrante.

El módulo finalizará con un intercambio de buenas prácticas en protección y desarrollo para la  niñez migrante, en el que se expondrán la respuesta estatal y de sociedad civil ante la realidad actual.

 

El Diplomado concluyó el 13 de octubre del 2022.

[1] Organización de las Naciones Unidas, Comité de los Derechos del Niño, Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). Aprobada por el Comité en su 62º período de sesiones, realizado del 14 de enero a 1 de febrero de 2013.

[2] Op. Cit.

 

Escrito por Pamela Anthuanee Franco, Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES)


3 Estados Mexicanos Intercambian Prácticas Prometedoras en la Implementación de la Ruta de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración

En agosto, la Coalición Internacional contra la Detención, Asylum Access México, Kids in Need of Defense (KIND) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) convocaron a actores involucrados en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en movilidad a un espacio de reflexión e intercambio en la Ciudad de México. El objetivo del evento fue generar un espacio de intercambio de prácticas prometedoras y experiencias de trabajo de las autoridades y sociedad civil en la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de migración.

Desde 2021, IDC y las organizaciones convocantes han trabajado con las autoridades de protección de Veracruz, Tabasco y Chiapas así como con los Centros de Asistencia Social públicos y privados y con las Organizaciones de la Sociedad Civil que se encuentran en esos estados. El  objetivo de este proyecto en conjunto es coadyuvar a la implementación de las leyes que prohíben la detención migratoria de niñas, niños y adolescentes y la adaptación de la Ruta de Protección Integral a nivel estatal.  Las acciones que se llevan a cabo con este objetivo incluyen la atención directa a casos, fortalecimiento de capacidades a los albergues así como a las autoridades de protección a la niñez y adolescencia y el apoyo técnico a los Sistemas de Protección locales para la conformación de las Comisiones de Protección para la adaptación e implementación local de la Ruta de Protección.

El evento de intercambio estuvo dirigido a autoridades de protección a niñas, niños y adolescentes en situación de migración, agencias internacionales y organizaciones de la sociedad civil para compartir aciertos y desafíos en la implementación de las leyes que prohíben la detención migratoria de niñez y adolescencia y de la Ruta de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración[1] en los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Ciudad de México.

A través de dos paneles y tres mesas de trabajo, las personas asistentes compartieron conocimientos y experiencias sobre diversos temas, entre los cuales estuvo uno relacionado a la instalación de Comisiones de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o Grupos de Trabajo a nivel local, también sobre herramientas prácticas para la protección de niñas, niños y adolescentes así como una interacción sobre Modelos de Cuidados Alternativos.

El objetivo del evento fue generar un espacio en el cual pudieran convenir las autoridades de protección así como los Sistemas de Protección de los estados para conocerse, dialogar sobre las acciones que realizan para la protección de la niñez migrante y generar acuerdos de trabajo conjunto. Los logros más destacados de este espacio fueron:

  1. Avances en la articulación de autoridades a nivel municipal-estatal-federal para la coordinación en la atención y protección de niñez y adolescencia migrante, incluyendo el establecimiento de diálogos y mecanismos de coordinación que no estaban presentes. 
  2. Reconocimiento del apoyo técnico y del acompañamiento a los municipios/estados por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil para la implementación de la Ruta de Protección a nivel estatal.
  3. Ampliar conocimiento sobre las prácticas prometedoras que se están implementando entre las personas participantes.  Por ejemplo, la Procuraduría de Protección de Tenosique compartió prácticas prometedoras en la atención a niñez y adolescencia migrante así como Aldeas Infantiles Comitán, quien compartió sobre el modelo de cuidados alternativos que implementa y que demuestra la efectividad de un espacio de puertas abiertas.

La percepción del evento de intercambio por parte de las personas participantes fue muy positiva. Se señaló la necesidad de generar espacios como este donde puedan conocer el trabajo de autoridades homólogas en otros estados así como la línea de trabajo desde las instituciones federales y  estatales  y cómo articular acciones en conjunto.

Como parte del seguimiento, desde el consorcio de organizaciones seguiremos trabajando en el fortalecimiento de capacidades y apoyo técnico a los Sistemas de Protección de los tres estados del proyecto para la implementación de la no detención de niñez y adolescencia en situación de movilidad y de la Ruta de Protección y  planteamos   tener un segundo espacio de intercambio de experiencias en el año 2023.

 

[1] La Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes de la Condición de Refugiado en el marco del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), acordó la elaboración de la Ruta de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración en 2019. El objetivo de la Ruta es garantizar los derechos de la niñez y adolescencia en situación de migración, a través de la articulación y colaboración de las instituciones encargadas de su protección identificando los trechos de responsabilidad y acordando la forma en que deben coordinarse para lograrlo.

 

Escrito por Elizabeth Alvarez Asistente de Programa para las Américas


Monitoreo sobre la situación de la niñez y adolescencia migrante en Chiapas, Tabasco y Veracruz, México

La oficina de IDC regional de las Américas se encuentra elaborando una investigación sobre la situación de la niñez y adolescencia migrante en la frontera sur de México, uno de  los objetivos de dicha investigación es confirmar si después de la reforma de 2020 que prohibió la detención de menores de 18 años en las estaciones migratorias, ya las niñas, niños y adolescentes no son privados de su libertad por su condición migratoria.

Hace unos días fueron presentados en la Ciudad de México los primeros avances del monitoreo, cuyas dos premisas de investigación son:

Saber si las autoridades locales conocen la Ruta de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes migrantes que fue creada en 2019 por una comisión federal.

Verificar si se está aplicando la Reforma a la Ley de Migración, que establece la prohibición de ingresar a las estaciones migratorias a niñas, niños y adolescentes, acompañados y no acompañados.

La metodología de la investigación planteó como primer paso realizar solicitudes de información pública y así tener respuestas oficiales con datos e insumos de las autoridades que participan de la ruta y la atención a esta población. 

Como segundo paso se realizaron visitas in situ a tres estados del sur de México para llevar a cabo entrevistas con autoridades y conocer en la práctica la manera y procedimientos de trabajo, así como sus fortalezas y debilidades, pero sobre todo cotejar los datos oficiales con la realidad.

Hallazgos

En las visitas se ha corroborado el poco conocimiento de la Ruta entre las autoridades estatales y municipales, aunque vale la pena señalar que todos tienen un procedimiento de atención, pero alejado de lo que la Ruta federal pretende, sobre todo en el tema de comunicación y coordinación interinstitucional, por ello se advierte la importancia de implementar rutas estatales.

Se advierte la urgente necesidad de fortalecer a las Procuradurías Estatales y Municipales de Protección, quienes cuentan con muy pocos recursos humanos y materiales para atender las obligaciones que la ley les mandata, prueba de ello es que agencias internacionales como UNICEF y ACNUR se encuentran pagando salarios de quienes integran equipos multidisciplinarios para realizar atenciones y diagnósticos para determinar el interés superior de la niñez.

No existe capacidad suficiente en los Centros de Asistencia Social (albergues) para recibir a la niñez y adolescencia que canaliza el Instituto Nacional de Migración, esto no permite que se cumpla cabalmente con la reforma y aunque a finales del año pasado y principios de este se abrieron posibilidades de financiamiento, no ha sido suficiente y lo que se ha habilitado es bajo la perspectiva de recibir a la niñez y de forma muy inmediata retornarlos a su país de origen, sin perspectiva de protección de derechos.  

Uno de los principales y sorprendentes hallazgos es que al no tener capacidad para recibir a los niños, niñas y adolescentes la pregunta es ¿dónde permanecen estos? Y la respuesta es en las llamadas “oficinas de canalización” que el INM creo para este efecto, lugar en donde las niñas, niños y adolescentes pueden permanecer durante todo el tiempo que tarde en resolverse su procedimiento administrativo migratorio, o bien hasta que sean canalizados a las autoridades de protección y en gran parte de los casos sin que se realice un diagnóstico de su situación y por ende se determine su interés superior. Esto incumple flagrantemente con la reforma a la ley de migración pues en los estados de la investigación estos espacios están junto a las estaciones migratorias y dependen del mismo Instituto Nacional de Migración. Esto teniendo en cuenta que la reforma prohíbe habilitar espacios para que se detenga a la niñez y adolescencia, justificando entonces bajo un argumento gramatical que la niñez y adolescencia no permanece en las estaciones.

Por último, vale la pena señalar que de las entrevistas con los Consulados de Guatemala y Honduras en la región, reconocen la importancia de la reforma pero tienen preocupación que en la aplicación no se tenga la capacidad institucional para atender el total de niñez y adolescencia asegurada.

En terreno todas las autoridades son conscientes de las prácticas y de las grandes carencias para la atención, esperando apoyo y acompañamiento. En este tema se advierte que en las autoridades que se han acompañado de organizaciones como IDC, el trabajo y avance es muy considerable comparado con el resto de autoridades que tiene mayores resistencias y no han abierto esta colaboración. 

Estos hallazgos servirán para realizar una segunda etapa de incidencia en los tres Estados y aspirar a lograr mejores prácticas.

 

Escrito por Pablo Loredo IDC Americas Monitoring & Evaluation Officer


Congresistas y Sociedad Civil Visitan Chiapas, México

El Estado de Chiapas se encuentra en el sureste de México y comparte frontera con Guatemala. La Ciudad de Tapachula es uno de los 118 municipios del estado, y cobija una dinámica migratoria principalmente de tránsito, pero también de destino temporal o permanente para quienes buscan mejores oportunidades y salvaguardar su vida. 

Esta ciudad fue la sede que el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, el Grupo de Acción para la No Detención de Personas Refugiadas y el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria eligieron para visibilizar ante personas congresistas de México, el estado que guardan los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, a partir de cuatro ejes: 

  1. la militarización de las fronteras y de los controles migratorios,
  2. el acceso irrestricto de derechos humanos,
  3. la situación de niñas, niños y adolescentes, y 
  4. la privación de libertad por razones migratorias.

Tres días de reuniones con actores gubernamentales, agencias de Naciones Unidas, academia y sociedad civil, así como visitas a centros de detención (Estaciones migratorias o estancias provisionales), albergues, estaciones migratorias y entidades de gobierno, bastaron para confirmar la necesidad de que el gobierno de México, a través de reformas legislativas aprobadas por el Poder Legislativo a nivel federal y estatal, realice reformas a los marcos normativos para tener una política migratoria y de asilo, de inclusión y de respeto a los derechos humanos. 

Entre las principales preocupaciones de la visita destacan:

  1. La situación de vulnerabilidad de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, sobre todo niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas de la comunidad LGBTTTIQA+
  2. El impacto de la militarización y la presencia de la Guardia Nacional en acciones de control migratorio
  3. La ausencia de instituciones responsables de la garantía de derechos en los espacios de control y verificación migratoria como la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
  4. La poca disponibilidad de información y los obstáculos para acceder a procesos de regularización migratoria y de reconocimiento de la condición de refugiadas

La situación de los centros de detención sigue siendo de gran preocupación ya que las condiciones de vida de las personas migrantes y sujetas de protección internacional se mira deteriorada por la falta de condiciones dignas, la falta de información, pero sobre todo por el aislamiento y la falta de respuesta expedita sobre sus procedimientos. Asimismo, fueron evidentes las dificultades a las que se enfrentan las organizaciones de la sociedad civil para realizar su labor de acompañamiento y monitoreo en centros de detención. 

Los temas a los que se dará seguimiento con las personas congresistas en el próximo periodo de sesiones serán:

  • Armonización legislativa bajo los más altos estándares de protección a los derechos humanos. 
  • Eliminación de las facultades de la Guardia Nacional en materia de control y vigilancia migratoria.
  • Garantizar que personas solicitantes de protección internacional no tengan que estar privadas de libertad esperando la resolución de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. 
  • Fortalecer presupuestalmente al sistema de protección de niñas, niños y adolescentes para garantizar la evaluación y la determinación del interés superior de la niñez y la elaboración de planes de restitución de derechos individualizados y bajo los más altos estándares de protección.
  • Robustecer la capacidad de respuesta de entidades como salud, trabajo, educación, justicia, registro civil, entre otras, para incluir a la población migrante y sujeta de protección internacional en las acciones de gobierno estatal y municipal.
  • Establecer mecanismos eficientes de colaboración y canalización interinstitucional y trasnacional entre autoridades, agencias de naciones unidas y sociedad civil a nivel regional.
  • Promoción y/o fortalecimiento de controles parlamentarios que permitan a las personas congresistas conocer el nivel de cumplimiento de los marcos normativos aprobados en el Congreso, particularmente lo relacionado a niñez y adolescencia migrante

En el mes de septiembre 2022 se llevará una visita similar en el Estado de Chihuahua, concretamente en Ciudad Juárez con cuatro ejes de reflexión y observación: 

Política binacional México-Estados Unidos.

Seguridad Nacional y Pública versus Seguridad Humana.

Infancia y adolescencia migrante y sujeta de protección internacional.

Espacios de alojamiento. 

En el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria estamos convencidas que el Congreso mexicano a nivel federal y estatal, tienen una responsabilidad, para que a partir de modificaciones a marcos normativos se garanticen medidas de no repetición de violaciones a derechos humanos, como las acontecidas recientemente en el Estado de Chiapas y Texas, en donde personas migrantes al buscar alternativas para evadir los controles migratorios, encontraron la muerte y la desolación.

Escrito por Melissa Vertiz, Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria y Socia de IDC


En México se Inician Esfuerzos para Terminar con la Detención Migratoria de Personas Solicitantes de Asilo

Escrito por Diana Martinez Oficial de Programa para las Américas; Carolina Carreño Oficial de Proyecto para las Américas; Elizabeth Alvares Oficial de Apoyo al Proyecto para las Américas

En México, una parte de las personas extranjeras que solicitan asilo llevan su procedimiento en condiciones de privación de la libertad. Es decir, si una persona solicita asilo mientras se encuentra en detención migratoria, esto implica que deberá permanecer en una estación migratoria durante todo su procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.

Por otro lado, si una persona solicita asilo mientras se encuentra en libertad, esta no será detenida durante el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, siempre que siga dos condiciones que son, permanecer en la entidad federativa en la que tramitó su solicitud y comparecer semanalmente ante la autoridad correspondiente para declarar mediante una firma que desea seguir con su procedimiento hasta que se obtenga la resolución. 

Derivado de lo anterior, desde hace varios años IDC junto con varias organizaciones, como Asylum Access México y redes de trabajo como el Grupo Articulador México del Plan de Acción Brasil (GAM-PAB) y el Grupo de Trabajo de Política Migratoria (GTPM) han impulsado acciones, iniciativas y programas pilotos para niñas, niños y adolescentes que promueven las alternativas a la detención (ATD).

A partir de esta experiencia, a mediados del año 2021 se impulsó un Grupo de Acción contra la Detención que agrupa a varias organizaciones y redes que luchan por el fin de la detención migratoria de personas solicitantes de asilo. 

Durante este tiempo, el Grupo de Acción ha trabajado principalmente en dos ejes. En primer lugar, una campaña para sensibilizar sobre los efectos  de la detención migratoria en las personas refugiadas y eliminar la detención migratoria de personas solicitantes de asilo, que busca crear conciencia y promover la prevención y eliminación de su detención en México. Y en segundo lugar, una propuesta de reforma a varias normativas para poner fin a esta práctica.

Si bien, desde 2016, en el país se implementó un programa de “Salidas de Estaciones Migratorias (como se les conoce a los centros de detención migratoria)” implementado por el Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), lo cierto es que se trata de un práctica informal que funciona de manera discrecional, sin criterios claros y públicos la cual fue limitada para ciertos perfiles a finales de 2020. Todo lo anterior pone en duda que se trate de un programa de ATD.

En este sentido, todas las personas solicitantes de asilo están en riesgo de ser detenidas en las estaciones migratorias, salvo el caso de niñas, niños y adolescentes, que debido a reformas a la Ley de Migración y a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en 2020 quedó prohibida aunque no del todo erradicada.

La propuesta de reformas legislativas que el Grupo de Acción contra la Detención está planteando, es muy ambiciosa y va desde hacer adiciones a la Constitución hasta modificaciones a la Ley de Migración, a la Ley sobre Refugiados Protección Complementaria y Asilo Político entre otras.  Esto es con el fin de garantizar que las personas solicitantes de la condición de refugiado no  padezcan la privación de su libertad.

Durante 2022, este Grupo de Acción contra la Detención continuará con la campaña de sensibilización ya iniciada e impulsará las reformas mencionadas anteriormente. Además, planeamos realizar una serie de acciones enfocadas a impulsar la adopción de ATD de personas solicitantes de asilo en la política y la práctica, así como influir en las decisiones judiciales para prevenir la detención y garantizar su acceso a un debido proceso.


Procedimiento para el Reconocimiento de la Condición de Refugiado en México Bajo el Programa de Salidas de Estaciones Migratorias

Escrito por Alejandra Macías Delgadillo, Directora Ejecutiva, Asylum Access México y Miembra del Comité Internacional de Asesoria de IDC

En México, además de la falta de claridad sobre el Programa de Salidas de Estaciones Migratorias (SEM) dirigido a las personas solicitantes de asilo, la falta de políticas públicas que garanticen sus derechos sigue siendo un desafío para que puedan concluir sus procedimientos de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). 

Las autoridades migratorias siguen deteniendo con mayor frecuencia y de manera automática a las personas migrantes y solicitantes de asilo. Durante el año 2021 detuvieron a 307,679 personas y en el año 2020 detuvieron a 82,379 personas. Esto a pesar de que, debido al SARS-COVID-19, el 30 de marzo de 2020 el gobierno federal había declarado emergencia sanitaria a nivel nacional y las organizaciones de la sociedad civil ejercieron presión a través de diversas acciones legales y de incidencia para liberar a personas migrantes y solicitantes de asilo en situación de vulnerabilidad de las estaciones migratorias (centros de detención). Durante el año 2020, las detenciones por motivos migratorios se siguieron realizando y pocas personas tuvieron acceso al Programa SEM. Este Programa, que al inicio de su implementación se veía como un programa próspero y como una buena práctica, poco a poco se fue desvaneciendo y terminó con muchas restricciones para que las personas solicitantes de asilo en detención pudieran acceder él.

El Programa SEM consiste en un mecanismo tripartita entre el Instituto Nacional de Migración (INM), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la COMAR. Se empezó a implementar desde julio de 2016, con la finalidad de brindar una alternativa a la detención para las personas que solicitan la condición de refugiado dentro de una estación migratoria.

El SEM logró beneficiar a 18,064 personas durante el periodo entre enero de 2017 y octubre de 2020. Sin embargo, durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, únicamente 145 personas pudieron acceder a esta medida. Esto debido a una instrucción mediante un oficio emitido por el Instituto Nacional de Migración (INM) a todas las autoridades de las estaciones migratorias. Dicha instrucción consiste básicamente en excluir del Programa a personas que hayan ingresado a territorio mexicano de manera irregular; o que estén viajando solas, es decir, sin familia, y de manera irregular; o personas menores de edad y que también entraron al país de manera irregular. Esto viola evidentemente la ley mexicana y los convenios internacionales que establecen el principio internacional de no sanción por ingreso irregular para las personas solicitantes de asilo.

Hallazgos de la investigación sobre alternativas a la detención para personas solicitantes de la condición de refugiado en México  

En 2020, Asylum Access México publicó un Informe de investigación sobre los retos y obstáculos que enfrentan las personas solicitantes de asilo para acceder al Programa SEM, así como para iniciar sus procedimientos de solicitud de la condición de refugiado al encontrarse en detención migratoria. De manera concreta, los resultados de ese Informe arrojan que la detención migratoria implica en sí un obstáculo para poder solicitar la condición de refugiado en México. Además de que las personas que solicitaron asilo en detención tuvieron que permanecer privadas de libertad alrededor de 40 días en promedio. Una persona en particular fue incluso detenida dos veces distintas, permaneciendo en detención poco más de 40 días en la primera ocasión, y posteriormente fue detenida en otra ciudad, donde permaneció detenida poco más de dos meses, aun cuando ya había salido anteriormente de la estación migratoria bajo el Programa SEM. 

Por otra parte, el Programa SEM carece de criterios claros y transparentes. Al no ser un programa institucionalizado o regulado, genera discrecionalidad en su implementación y prácticamente depende de los funcionarios públicos en turno para que se otorgue la salida, lo cual desincentiva el acceso efectivo al asilo. El hecho de no saber cómo opera este Programa les genera incertidumbre a las personas detenidas. Por ello, muchas optan por no solicitar asilo dentro de las estaciones migratorias, ya que la información que reciben es que serán obligadas a permanecer en detención por tiempos prolongados. En ese sentido, las personas prefieren aceptar su deportación a pesar de que su vida esté en riesgo al ser devueltas a su país del cual huyeron precisamente para salvaguardar su vida. 

Lo anterior refleja la urgencia de reformar las leyes en materia de refugiados y de migración en México, a fin de garantizar que la detención migratoria para personas que requieren protección internacional deje de ser una práctica automática y arbitraria y que sea utilizada solamente como un último recurso en casos excepcionales, cuando se cumpla estrictamente con los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de tal detención.


Lanzamiento de Nueva Campaña para Poner Fin a la Detención de Solicitantes de Asilo en México

IDC y Asylum Access México, junto con los socios FM4 Paso Libre, Casa Refugiados, IMUMI, Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, Sin Fronteras, CMDPDH y otros, lanzaron una campaña en noviembre con el objetivo de eliminar la detención de personas solicitantes de asilo en México.

Esta campaña servirá para crear conciencia e incidir a favor de prevenir y eliminar la detención de personas solicitantes de asilo en México y trabajará para construir un movimiento de incidencia de la sociedad civil para promover el tema de la no detención y la adopción de alternativas a la detención (ATD). Los objetivos de la incidencia incluirán cambiar las leyes, políticas y prácticas en todos los niveles de gobierno para hacer espacio donde la sociedad civil pueda monitorear y mejorar el acceso a la dignidad, la libertad y los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas en México.

Sigue @idcamericas y @idcmonitor en Twitter para más información sobre la campaña, ¡ve nuestros materiales de lanzamiento de la campaña y utilízalos también en tu propio contexto!


Detención Migratoria en Trinidad y Tobago

Escrito por Denise Pitcher del Caribbean Centre for Human Rights (CCHR) y Gisele Bonnici, Coordinadora Regional para las Américas de IDC

Las políticas y prácticas de la detención migratoria continúan siendo un problema grave de derechos humanos en Trinidad y Tobago (TT). Trinidad ha experimentado una afluencia de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas debido a la actual crisis humanitaria en la vecina Venezuela. Además de la población de personas migrantes y solicitantes de asilo de origen venezolano, más de 40 otras nacionalidades buscan protección internacional en TT.

Trinidad y Tobago es parte de la Convención de Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, sin embargo, las protecciones no se han incluido en la ley nacional y el país continúa tratando los arribos de personas migrantes y solicitantes de asilo en virtud de la Ley de Inmigración de 1976. Esta ley carece de disposiciones para tratar las vulnerabilidades y necesidades particulares de quienes necesitan protección internacional y para garantizar los derechos de las personas migrantes. En consecuencia, las personas que se encuentran ingresando de manera irregular son acusadas de entrada ilegal sin una evaluación individualizada de sus casos, criminalizando así el proceso de asilo. 

Es en este contexto ocurren casos graves de violaciones de derechos humanos con respecto a la detención migratoria en TT. La aplicación estricta de la Ley de Inmigración resulta en depender de la detención para regular la migración en TT, lo que conduce a casos de detención arbitraria e indefinida. Esta dependencia de la detención migratoria coloca a las personas legítimas que necesitan protección en mayor riesgo y exacerba la vulnerabilidad de su situación. La Ley de Inmigración necesita una actualización urgente para adaptarse al contexto actual de la migración en TT y, de manera más crítica, para garantizar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.  

Las personas detenidas son colocadas en uno de los dos centros de detención migratoria. El centro de detención migratoria original en Aripo ha sido descrito por los detenidos como severamente insalubre e inhumano. Los detenidos a menudo se ven obligados a vivir en estas condiciones durante meses e incluso años. Un detenido, originario de un país africano, cuya nacionalidad exacta se desconoce, lleva más de ocho años en este centro y padece graves problemas de salud. Es difícil determinar la calidad de la atención que está recibiendo o el apoyo legal al que tiene acceso dada la falta de acceso de la sociedad civil a los centros de detención migratoria y la falta de monitoreo independiente.  

La falta de monitoreo independiente en todos los lugares de detención es otro tema crítico, ya que los informes surgen regularmente, citando agresiones, falta de atención adecuada y otros abusos, y es imposible verificar de forma independiente la situación de los derechos humanos de los detenidos en centros de detención migratoria y responsabilizar a los funcionarios. El Centro Caribeño de Derechos Humanos (CCHR) recibió recientemente un informe de una refugiada reconocida a la que un funcionario del centro de detención le confiscó su tarjeta de registro del gobierno (esta tarjeta permite que los venezolanos que han sido registrados con el gobierno vivan y trabajen en TT) antes de ser retornada a Venezuela. Fue detenida por la policía junto con su hermana bajo sospecha de estar involucrada en la trata de personas. No se le permitió impugnar su deportación, ya que fue deportada tres días después de ser detenida. Desafortunadamente, este no es un evento único, sino indicativo de la práctica y el trato estándar por parte del estado hacia las personas migrantes y refugiadas. Otra práctica inquietante que se ha informado es que antes de que las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas sean deportadas, se les obliga a firmar formularios en inglés sin el apoyo de intérpretes. Algunos detenidos pueden hablar inglés y entender lo que están firmando, sin embargo, la gran mayoría de las personas migrantes que son deportadas son de nacionalidad venezolana, por lo que el inglés no es su lengua materna y necesitan apoyo de interpretación.

Particularmente preocupante es la detención continua de niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados que a menudo son detenidos durante varios meses. Aunque las normas y prácticas internacionales de derechos humanos enfatizan que los niños no deben ser detenidos por su estatus migratorio, esta es una práctica continua del gobierno de TT. En particular, TT ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y ha promulgado leyes para asegurar la promoción y protección de los derechos del niño en la Ley del Niño. Actualmente, hay alrededor de diez niños en detención migratoria y un niño detenido de tan solo dos años. También es motivo de preocupación que las mujeres y los niños no sean separados de los hombres sin parentesco en el centro de detención migratoria en Chaguaramas.

Las políticas y prácticas de detención migratoria en TT, en particular la ausencia de un marco legal para guiar el tratamiento de las personas migrantes y solicitantes de asilo, requieren un mayor escrutinio por parte de la comunidad internacional. Sin mecanismos de rendición de cuentas, persistirán las violaciones de los derechos humanos. El CCHR hace las siguientes recomendaciones clave con respecto a la detención migratoria y el uso de las ATD:

  • La necesidad de una política o legislación para refugiados o la implementación de la Convención para los Refugiados, lo cual reducirá las instancias de detención migratoria porque una política/ley establecerá mecanismos para las evaluaciones individualizadas para identificar a las personas en necesidad de protección.
  • El gobierno debe dejar de detener a los niños y niñas y adoptar alternativas a la detención sin custodia y basadas en la comunidad, confiando en la sociedad civil y los miembros de la comunidad migrante para apoyar en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes migrantes.
  • Cumplir con las disposiciones de la Ley de Inmigración, particularmente para garantizar que se lleven a cabo investigaciones especiales después de cada arresto para determinar si la persona debe ser sometida a la detención.
  • Aumentar el uso de Órdenes de Supervisión para mitigar la dependencia de la detención migratoria, permitiendo así que las personas sean liberadas bajo una orden de supervisión en virtud de la cual se les exigiría que se reportaran a la división de inmigración de manera regular.
  • Incrementar el involucramiento de las partes interesadas locales e internacionales para desarrollar un enfoque coordinado y holístico de la detención migratoria que dé prioridad a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.
  • Capacitar a los funcionarios estatales de primera línea, la policía, el magistrado y la guardia costera sobre las obligaciones de derechos humanos con respecto a las personas migrantes y refugiadas.

IDC respalda a nuestro socio CCHR en sus recomendaciones, así como en su incidencia continua para proteger los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en Trinidad y Tobago.


Poner Fin a la Detención Migratoria y La OG5

El 23 de septiembre de 2021, el Comité para los Trabajadores Migratorios (CMW, por sus siglas en inglés) publicó su Observación General No.5 (OG5) de 20 páginas sobre los derechos de las personas migrantes a la libertad y a no ser detenidas arbitrariamente. Esto siguió a un extenso proceso de consulta que incluyó docenas de presentaciones de gobiernos y organizaciones no gubernamentales, incluida IDC.

 A medida que los Estados alrededor del mundo aumentan el uso de la detención y criminalizan aún más a las comunidades de personas migrantes, la OG5 llega en un momento crucial y brinda una oportunidad para que el movimiento mundial para poner fin a la detención migratoria esté alineado en valores, principios y la incidencia basada en derechos. Particularmente, el párrafo 47 de la OG5 "considera que los Estados deben tomar medidas para abolir la detención migratoria." IDC cree que ésta es una declaración clave de la OG5 y aprecia su alineación con nuestra visión de un mundo donde la detención migratoria ya no existe y las personas que migran viven con derechos y dignidad.    

 Además, la OG5 pide a los gobiernos que amplíen el uso de alternativas a la detención (AD) y den prioridad a las medidas comunitarias no privativas de la libertad que permitan a las personas vivir libremente. También reitera el derecho internacional a pedir el fin de la detención migratoria de niños, niñas y adolescentes y otras personas que viven en situación de vulnerabilidad. Además, la OG5 se aplica más allá de los trabajadores migratorios e incluye a todas las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas y otras personas en movimiento. Mientras IDC consideraba las implicaciones de la OG5, conectamos con parte de nuestra membresía y asociadas en todas las regiones para conocer las realidades en el terreno, así como sus perspectivas sobre la OG5 y cómo podría apoyar sus esfuerzos de incidencia. 

El derecho a la libertad y la protección contra la detención arbitraria

La OG5 da prioridad a poner fin a la detención arbitraria, que está prohibida por el derecho internacional. Enfatiza que la detención obligatoria es arbitraria, requiere una evaluación individualizada y debe garantizar que las personas sean detenidas por el menor tiempo posible.

 A quienes consultamos reflejaron que algunos países requieren una evaluación individualizada por ley, sin embargo, esto no suele ocurrir en la práctica. Por otro lado, algunos países no tienen principios de protección bajo la ley migratoria, ni tampoco estándares para la duración de la detención. Como resultado, el tiempo de detención a menudo está directamente relacionado con la velocidad de los procesos de deportación. Además, en algunos países con detención obligatoria, no hay base para una revisión individualizada. Es preocupante que muchos países continúen utilizando la detención como un mecanismo de disuasión para crear miedo en las comunidades de personas migrantes, a pesar de que no hay evidencia que demuestre que la detención tiene un efecto de disuasión. 

No detención de niños, niñas y adolescentes

La OG5 reafirma el derecho internacional y establece que la detención de niños, niñas y adolescentes, ya sea que viajen solos o con sus familias, nunca redunda en su interés superior y siempre es innecesaria y desproporcionada. La OG5 insta a los Estados a prohibir la detención migratoria de niños, niñas y adolescentes por ley y a erradicarla por completo en la práctica.   

La membresía y asociadas con las que hablamos reflejaron que algunos países tienen procesos gubernamentales internos para liberar a los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, debido a que estos procesos no son ley, la niñez todavía es detenida en la práctica. En muchos casos, incluso si el gobierno tiene la prerrogativa de poner fin a la detención migratoria de niños, niñas y adolescentes, las agencias de migración y protección a la infancia u otras instituciones encargadas de implementar procesos sostenibles de detección y apoyo a menudo carecen de fondos suficientes.

Obligación de implementar Alternativas a la Detención (AD)

La OG5 afirma que los Estados tienen la obligación de implementar todas las medidas alternativas no privativas de libertad disponibles en cada caso, de conformidad con el derecho a la libertad y los principios de necesidad y proporcionalidad. Esto incluye garantizar que se asignen recursos suficientes para implementar AD. 

Los miembros y socios con los que hablamos reflejaron que a menudo se confía en la sociedad civil para obtener recursos de AD. Aunque puede haber fondos del gobierno para algunos esquemas relacionados con la migración, en muchos países los programas comunitarios que brindan atención y gestión integral de casos son operados en gran parte por grupos religiosos, ONG y agencias de la ONU. Para que las AD sean eficaces, se deben dedicar recursos suficientes para respaldar las diversas necesidades y se deben establecer estándares mínimos, incluido el acceso a la documentación, los servicios básicos, el apoyo a la gestión de casos y la asistencia legal independiente. Sin embargo, la dotación de recursos del gobierno para ATD basadas en la comunidad sigue sin tener prioridad en muchos casos. 

Avanzando: el uso de la OG5 en la incidencia

Aunque no es legalmente vinculante, IDC cree que la OG5 es una declaración política y progresiva significativa del liderazgo mundial sobre temas que impactan directamente a las comunidades en el terreno todos los días. Ofrece a las organizaciones y grupos una herramienta adicional para aprovechar su incidencia continúa. La membresía y asociadas con quienes hablamos compartieron algunos ejemplos de cómo será útil la OG5:

 De cara al futuro, la OG5 debe llevarse al terreno, a las comunidades. Debemos asegurarnos de que los estándares mundiales se traduzcan en formas inclusivas y accesibles, como resúmenes breves, materiales para redes sociales y videos. Por ejemplo, en conjunto con la membresía y asociadas en México, IDC ha iniciado una campaña para poner fin a la detención migratoria de los solicitantes de asilo. Los materiales para esta campaña incluyen extractos de la OG5 con el objetivo de conectar los estándares mundiales con las realidades de la detención, así como crear conciencia sobre este nuevo recurso para el movimiento. ¡Sigue a @idcmonitor en Twitter y no dudes en utilizar los materiales!

Finalmente, y de manera más crítica, debemos asegurarnos de que los estándares globales estén respaldados por la experiencia vivida y debemos guiarnos por el liderazgo de las personas y comunidades directamente afectadas por la detención migratoria, en toda su diversidad. 

IDC aplaude enérgicamente al CMW por su increíble liderazgo en este esfuerzo y por brindarnos este nuevo y útil recurso a todos los que somos parte del movimiento mundial para poner fin a la detención migratoria. IDC está actualmente involucrado en la investigación para identificar prácticas prometedoras de ATD en todas las regiones y compartirá estos hallazgos a principios de 2022. Antes de esto, IDC también publicará un documento de posición sobre cómo usar las ATD como estrategia para reducir y poner fin a la detención migratoria; ¡por favor mantente al tanto!

 

Queremos expresar nuestra gratitud a los siguientes miembros y socios de IDC por compartir su tiempo y opiniones sobre la OG5 con nosotros durante las últimas semanas: Oktay Durukan, Refugee Rights Turkey; Adisorn Kerdmongkol, Grupo de Trabajo sobre Migrantes, Tailandia; Puttanee Kangkun, Fortify Rights & Coalition for the Rights of Refugees and Stateless Persons, Tailandia; Pinar Aksu, Refugees for Justice & Maryhill Integration Network; Miska Pillay, Lived Experience Campaigner; Alejandra Macias, Asylum Access Mexico; Elba Coria, Kids in Need of Defense.