Hacia el fin de la detención migratoria de personas refugiadas en México
Por qué es un objetivo posible para el gobierno entrante
MÉXICO
México es un país con una histórica tradición de asilo. No obstante, en los últimos años, las políticas migratorias se han caracterizado por un enfoque de contención, más que de recepción humanitaria y de inclusión.
Resultado de la excesiva militarización y las acciones de revisión y verificación migratoria enfocadas en la detención de las personas en movilidad, se han documentado diversos efectos negativos, tales como la desinformación, dilación o falta de acceso a procedimientos para el reconocimiento de la condición de refugiadas y a una legítima defensa, además de privación de la libertad a personas en situación de vulnerabilidad.
A nivel psicosocial, las personas suelen sentir angustia, incertidumbre y miedo como resultado de la falta de información, la incomunicación con sus familias o redes de apoyo, así como desesperanza provocada por el encierro; además de otras afectaciones a su salud física.
La nueva administración federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene la oportunidad de construir un nuevo plan de política migratoria con enfoque de derechos, priorizando la seguridad humana.
“Yo no había hecho nada malo, veníamos huyendo, pero no hicimos nada malo, yo no merecía estar ahí en esa estación migratoria que era peor que cárcel. Cuando salí hasta volví a sonreír. Ahora mi esposo y yo somos refugiados, estamos más tranquilos y ya tenemos trabajo.”
“Rebeca”, mujer refugiada, México 2023
Algunas áreas de oportunidad son las relacionadas con la eliminación de la detención migratoria; prohibición de la privación de libertad para las personas con necesidades de protección internacional; y la creación de lineamientos institucionales para atender a personas solicitantes de la condición de refugiadas, niñez y adolescencia en movilidad, personas racializadas, población indígena, personas con alguna discapacidad, mujeres embarazadas, personas de la diversidad sexo-genérica, y otras poblaciones con mayor riesgo de vulnerabilidad.
Otra oportunidad clave es el fortalecimiento de instituciones garantistas de derechos, tales como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Secretaría de Educación, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Secretaría de Salud, entre otras.
El nuevo gobierno tiene en sus manos la posibilidad de consolidar pasos firmes hacia la eliminación de la detención migratoria para quienes solicitan asilo. Una manera de avanzar es impulsando el uso de medidas alternativas a la detención, transformando la respuesta a los flujos migratorios hacia una recepción humanitaria y la construcción de comunidades de acogida, por mencionar algunos caminos posibles.
Desde IDC, hemos trabajado en una serie de recomendaciones que ponemos a disposición del nuevo gobierno, con el fin de colaborar, de la mano de otras organizaciones y redes de sociedad civil, en la construcción de una política migratoria centrada en las personas migrantes y refugiadas, y para el desarrollo de políticas que prioricen los derechos humanos y las soluciones a largo plazo.
Bélgica prohíbe la detención de niños inmigrantes en medio de una legislación más amplia
La nueva legislación supone un paso adelante para la protección de los derechos de la infancia en Europa
BRUSELAS
Considerando que Bélgica ha promulgado una nueva ley que prohíbe la detención de menores por motivos de inmigración, se impide el internamiento de niños en centros cerrados. Esta medida positiva forma parte de un conjunto más amplio de reformas migratorias que también incluyen medidas más estrictas sobre devoluciones forzosas, reagrupación familiar y pruebas sanitarias obligatorias.
La prohibición de la detención de menores inmigrantes en Bélgica es un paso adelante muy positivo. La medida se ajusta al derecho internacional, que establece claramente que la detención de inmigrantes nunca responde al interés superior del menor y que es una forma de violencia contra los niños. La nueva ley garantiza ahora que los niños belgas, solos o acompañados, no serán sometidos a la experiencia perjudicial e innecesaria de la detención relacionada con su situación migratoria.
Pero aunque la nueva ley pone fin a la detención de niños en centros cerrados, sigue permitiendo que se les mantenga en las llamadas «casas de retorno», instalaciones semicerradas que albergan a familias migrantes que están a la espera de una decisión sobre su caso de asilo, su expulsión del país o su retorno voluntario.
Los cambios en la política migratoria belga también incluyen nuevas medidas problemáticas. Junto a la prohibición de la detención de menores, las reformas introducen políticas dirigidas a aumentar el índice de expulsiones forzosas, restringir la reunificación familiar e imponer pruebas sanitarias obligatorias.
Si bien la prohibición del internamiento de menores es un paso adelante muy positivo, estas nuevas medidas son preocupantes y corren el riesgo de vulnerar los derechos humanos de migrantes y refugiados. IDC y sus miembros en Bélgica seguirán colaborando con el gobierno belga para mejorar la protección de los menores y desarrollar alternativas a la detención que protejan a todos los migrantes y refugiados.
Un avance bienvenido
IDC celebra la prohibición de la detención de menores e insta a otros países a seguir el ejemplo de Bélgica. Su directora ejecutiva, Carolina Gottardo, elogió la medida como un paso crucial hacia la protección de los derechos de los niños.
«Bélgica ha dado un poderoso ejemplo a otros países de Europa y de otros continentes al garantizar que ningún niño se enfrentará al trauma de la detención debido a su condición de inmigrante. Se trata de un importante paso adelante en la protección de los derechos fundamentales de los niños. Es aún más importante en el contexto del nuevo Pacto de Migración y Asilo, que aumenta la probabilidad de detención de menores inmigrantes.»
«Bélgica va en la buena dirección mientras Europa retrocede. Instamos a otros países a que tomen medidas inmediatas para abolir la detención de niños inmigrantes y sigan el ejemplo de Bélgica en la defensa de las normas internacionales de derechos humanos.
«Todos los niños, en todas partes, deben ser tratados con dignidad y respeto.»
Una preocupación mundial
La cuestión de la detención de niños inmigrantes es una preocupación acuciante en todo el mundo, con cientos de miles de niños afectados por las prácticas de detención de inmigrantes cada año. A pesar de la condena internacional, muchos países siguen deteniendo a niños, solos o con sus familias, lo que provoca importantes daños psicológicos y de desarrollo, y esta práctica prevalece actualmente en Europa.
La decisión de Bélgica llega en un momento en que la Unión Europea se prepara para aplicar su nuevo Pacto de Migración y Asilo, un polémico marco político que probablemente aumentará el uso de la detención -incluida la detención de menores- en toda Europa.
IDC y otras organizaciones de derechos humanos piden a la UE que garantice que los derechos de los niños estén en primera línea de sus políticas migratorias y que se respeten las leyes y normas internacionales de derechos humanos. El derecho internacional establece claramente que nunca está justificada la detención de menores inmigrantes. La medida de Bélgica de prohibir la detención de menores es un avance positivo en la protección de los derechos de los niños y sienta un precedente para otras naciones.
Mientras países de todo el mundo lidian con la política migratoria, sigue siendo urgente la necesidad de políticas humanas y basadas en los derechos. El ejemplo de Bélgica demuestra que es posible avanzar, pero también pone de relieve la necesidad de vigilar para garantizar que se respetan los derechos humanos fundamentales de todas las personas, independientemente de su situación migratoria.
Combatir la xenofobia y crear cohesión social
Explorar la influencia de los medios de comunicación y las narrativas públicas en la xenofobia, y el papel de las autoridades locales y la educación en la lucha contra la xenofobia y el fomento de la cohesión social.
En todas las regiones en las que el IDC está presente, observamos el papel crucial que desempeñan las narrativas públicas en la formación de actitudes hacia las personas que se desplazan. Por desgracia, en la mayoría de los casos, vemos cómo los medios de comunicación y las plataformas en línea se utilizan como armas para promover la xenofobia y socavar la cohesión. A menudo se politizan los relatos sobre la migración y se utiliza a las personas desplazadas como chivos expiatorios.
IDC, junto con nuestros miembros y socios en Malasia y Tailandia, ha identificado colectivamente que la percepción pública negativa, a menudo amplificada o moldeada por la información negativa de los medios de comunicación, es un impedimento crítico para el cambio transformador, ya que esto puede incentivar o desalentar a los gobiernos en el progreso de las reformas. Por ejemplo, durante el COVID-19, el aumento del sentimiento antirrefugiados e inmigrantes permitió al gobierno malasio tomar duras medidas contra estas comunidades. En medio de una oleada de xenofobia contra los refugiados y los migrantes, se produjeron detenciones de inmigrantes a gran escala, incluso de mujeres y niños. Las imágenes de las redadas de inmigración en Malasia en 2021 han suscitado críticas públicas por la falta de cumplimiento de los procedimientos normalizados de trabajo de distanciamiento social y el riesgo de que se creen más conglomerados de COVID-19. Poco después, el gobierno introdujo políticas discriminatorias que prohíben a los refugiados trabajar en áreas específicas o imponen sanciones penales y financieras a los propietarios que alquilan propiedades a personas indocumentadas. En Tailandia, la incitación al odio en Internet contra los refugiados y migrantes de Myanmar se intensificó a medida que aumentaban los casos de COVID-19, con llamamientos para que el gobierno reforzara la aplicación de las normas de inmigración y castigara a quienes se encontraran en situación irregular en Tailandia.
El sentimiento público negativo también tiene el potencial de poner en peligro las recientes victorias políticas en Tailandia y Malasia (por ejemplo, el Memorando de Entendimiento intergubernamental tailandés de 2019 sobre TCA para niños, el Mecanismo Nacional de Detección tailandés y la aprobación del Gabinete malasio de un piloto de TCA); estos no están integrados en la legislación y pueden revertirse si se debilitan los incentivos políticos para avanzar en ellos. Hemos visto el impacto que el sentimiento público y la información de los medios de comunicación pueden tener en las decisiones del gobierno en Tailandia y Malasia, por ejemplo, la campaña #SaveHakeem en Tailandia, y el creciente llamamiento para poner fin a la detención de niños inmigrantes en Malasia. También hemos visto surgir fuertes movimientos de base como la campaña #migranjugamanusia en Malasia. Esto ofrece una oportunidad importante para consolidar los aprendizajes y probar nuevas estrategias que vayan más allá de las cámaras de eco tradicionales en las que muchas ONG y organizaciones lideradas por refugiados operan actualmente en Malasia y Tailandia.
IDC y Sidekick publicaron un estudio sobre la percepción pública de los refugiados y los migrantes en Tailandia, titulado The Study of Thai Public Perceptions towards Migrants and Refugees (Estudio sobre la percepción pública tailandesa de los migrantes y los refugiados), con resultados interesantes sobre qué sectores de la población tienen una opinión positiva o negativa de los migrantes y los refugiados. El estudio reveló que la mayoría de la población tailandesa desconoce los problemas de los refugiados y los migrantes. Sin embargo, muchos, especialmente los consumidores de los medios de comunicación, encuentran consuelo en las experiencias compartidas, especialmente en las penurias compartidas. A pesar de no saber mucho sobre estos temas, las historias de refugiados y migrantes inspiraron a estos grupos de consumidores no sólo a aprender más, sino también a querer compartir y comprometer a otros con la causa. Mientras tanto, para los que representan a la clase media y a los consumidores urbanos (consumidores de medios de noticias de calidad y de revistas de noticias en línea), saber más sobre el tema provoca un resentimiento aún mayor. La negatividad rodea el tema y la existencia de cualquier forma de migración les preocupa personal, física y económicamente. Sin embargo, la condición de la clase media urbana importa más que su tamaño. Su proximidad a los responsables de la toma de decisiones nos obliga a seguir buscando formas de comprometernos y comunicarnos con ellos. Los actuales métodos de comunicación y compromiso utilizados por grupos de defensa, instituciones y organizaciones sólo han conseguido llegar a un puñado de personas a lo largo de los años en Tailandia, y no resuenan ni entre el público masivo ni entre la audiencia de clase media urbana. Por lo tanto, si se quiere lograr un cambio de percepción y actitud hacia los migrantes y refugiados, es necesario desarrollar enfoques nuevos y creativos para acercar a todos los grupos y demografías a la difícil situación de los refugiados y migrantes. IDC está trabajando actualmente con los medios de comunicación y otros medios y con el gobierno tailandés para abordar estas percepciones.
Observamos tendencias interesantes en México. El trabajo pionero de las organizaciones y colectivos de la sociedad civil mexicana, incluidos los miembros y socios de IDC, ha puesto de relieve la discriminación y el racismo institucionales que también han influido en la percepción pública en muchos aspectos. Durante varios años, la elaboración de perfiles raciales estuvo permitida y documentada en la aprehensión, detención y aplicación de la ley en materia de inmigración, hasta que defensores de la sociedad civil expusieron el abuso y la deportación de mexicanos por parte de agentes de inmigración, y una campaña liderada por IMUMI en 2019 contribuyó a una sentencia de la Suprema Corte que declaró inconstitucionales las disposiciones permisivas.
Además, las fronteras sur y norte de México se han convertido en puntos donde comunidades como migrantes y refugiados haitianos y venezolanos, en particular, a menudo han quedado varados o más visibles debido a las dificultades para acceder a los procedimientos de protección e integrarse en las comunidades locales. En este sentido, vemos organizaciones y colectivos de la sociedad civil que han documentado la discriminación y xenofobia que viven los migrantes haitianos, la población más alta de solicitantes de asilo en México -desde hace varios años- y en particular las mujeres haitianas, y el impacto desproporcionado que esto tiene en su capacidad de acceder a protección y ejercer sus derechos.
Un informe de 2021 elaborado por IMUMI (Institute for Women in Migration) y la Alianza Negra para una Inmigración Justa muestra historias de resiliencia frente a la discriminación racial y la violencia del racismo contra los migrantes afrodescendientes en la frontera sur de México. También destaca cómo los prejuicios raciales generan discriminación generalizada, violencia racial y un menor acceso a los recursos que sí existen para migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, así como la falta de recursos de las autoridades estatales ante la violencia racial de actores no estatales.
En 2022, un colectivo que incluía a Racismo Mx, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Haitian Bridge Alliance y otras organizaciones, publicó un informe sobre la migración haitiana estudiada en las ciudades fronterizas de Tapachula y Tijuana con conclusiones que exponen el grado de racismo y violencia contra esta población y las prácticas de elaboración de perfiles raciales que conducen a la destrucción de documentos y la deportación. El informe pide más apoyo a la integración en servicios locales como la educación y la sanidad, y muestra los vínculos entre la xenofobia y la marginación extrema de esta población migrante.
Los defensores también han identificado evidencias de que los medios de comunicación y el discurso público que tiende hacia las narrativas anti-inmigrantes tienen un impacto en la implementación de políticas y prácticas que respetan y protegen los derechos de los migrantes y refugiados. En 2023, 3 medios de comunicación en Tapachula, Chiapas fueron monitoreados como parte de una visita a un sitio de detención fronteriza con legisladores organizada por el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, el Grupo de Acción Por la No Detención de Personas Refugiadas y el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano. Los resultados mostraron no sólo la discrepancia en la narrativa dependiendo de las perspectivas consideradas por los medios de comunicación, sino que también destacaron la importancia crítica de escuchar directamente las voces de la experiencia vivida para fomentar una información más equilibrada y objetiva en contextos complejos de inmigración fronteriza.
En Europa, en las últimas décadas, la migración se ha convertido en uno de los temas clave de las campañas de la derecha y los conservadores, creando una narrativa que enmarca la migración como un problema de seguridad. La forma en que se representa la migración en el discurso público contribuye a la polarización de las sociedades.
Un reciente estudio del MIDEM mostraba que los encuestados de toda Europa elegían la «inmigración» como la cuestión que más dividía a su sociedad. Mientras algunos argumentan que la inmigración promueve la diversidad y la tolerancia, facilita la innovación y compensa la escasez de mano de obra, otros sostienen que produce efectos como una creciente competencia social, un aumento de los índices de delincuencia y una erosión de los valores compartidos. Los conflictos que acompañan a estas diferencias de opinión parecen tener un impacto directo en la cohesión social y en la estabilidad política y el futuro de la Unión Europea. Por ejemplo, el auge de los movimientos populistas de extrema derecha y de derechas en varios países europeos se ha visto alimentado en gran medida por el sentimiento antimigración.
Las tensiones en torno a la migración también han tensado las relaciones entre los Estados miembros de la UE en los últimos años. El politólogo Cas Mudde señala que este cambio de narrativa es bastante reciente. Señala que en los años 90, el discurso sobre los migrantes balcánicos se centraba sobre todo en la logística: cómo acoger a mucha gente que llegaba en poco tiempo. En general, los europeos veían a los refugiados como vulnerables y necesitados de protección. Señala que desde entonces, y especialmente a raíz de la llegada de refugiados en 2015, los medios de comunicación han adoptado narrativas que favorecen a la extrema derecha, lo que ha llevado a que estas narrativas se impongan y se conviertan en la corriente dominante. La migración masiva de ucranianos a la UE dio lugar inicialmente a discursos de solidaridad y apoyo, pero con el paso del tiempo surgieron discursos divisivos en las sociedades de acogida que destacaban el coste en dinero público de acoger a refugiados y les culpaban de problemas estructurales locales o incluso de problemas imaginarios. Por ejemplo, estudios realizados en Polonia descubrieron una serie de campañas en las redes sociales financiadas por representantes de Rusia en las que se acusaba falsamente a los refugiados ucranianos de robos, agresiones y violaciones. En Alemania se observaron casos similares. Los discursos divisivos que alimentan el odio e impiden la cohesión social no siempre proceden de agentes externos. Por ejemplo, en Rumanía, el partido nacional de derechas AUR está detrás de campañas xenófobas e incitadoras al odio contra los refugiados ucranianos. A pesar de estas campañas, parece que las actitudes hacia los refugiados ucranianos en Europa siguen siendo mucho más positivas que hacia otros grupos de refugiados. Una encuesta realizada por ECFR en 12 países de la UE mostró que mientras que sólo el 9% de los encuestados ve a los ucranianos como una amenaza importante, los refugiados de Oriente Medio son vistos como una amenaza importante por el 34%, y los refugiados de África son vistos como una amenaza importante por el 27% de la población.
La sociedad civil y la comunidad de donantes han identificado las intervenciones de la derecha en el espacio narrativo como un problema y han realizado varios esfuerzos para abordarlo mediante la formación en desinformación, la comprobación de hechos, el desarrollo de kits de herramientas para debatir sobre migración, proyectos de investigación e intervenciones artísticas y culturales. No parece, sin embargo, que estos esfuerzos hayan tenido un impacto significativo en el espacio narrativo, donde las voces conservadoras que ven la migración como una amenaza dominan y dan forma a las políticas nacionales y de la UE. Sabemos, sin embargo, que los esfuerzos de la sociedad civil para cambiar las narrativas pueden ser eficaces. Por ejemplo, America’s Voice, una coalición de movimientos proinmigrantes de EE.UU., afirma que 14 años de trabajo dieron lugar a un aumento del 25% en el apoyo público a la migración.
La Base de Datos de Campañas de Comunicación sobre Migración del Centro de Política Migratoria del EUI incluye 300 campañas realizadas en los últimos 10 años en Europa y muestra que el número de campañas ha crecido sustancialmente en los últimos tres años. La mayoría de las campañas (un tercio) son llevadas a cabo por la sociedad civil. Sin embargo, parece que la mayoría de las campañas son demasiado pequeñas en escala, o demasiado cortas en duración (o ambas cosas) para tener un impacto real. Otro factor limitante es que las campañas no parecen basarse en los resultados de la investigación. Aunque las pruebas demuestran que la tristeza no es la emoción a la que hay que apelar cuando se habla de migración, la mayoría de las campañas se centran exactamente en eso.
Una comparación entre la eficaz campaña de America’s Voice y las campañas de menor impacto en Europa muestra las siguientes diferencias:
– La duración de la campaña (más de 14 años en EE.UU. frente a campañas de entre 6 meses y 1 año en la UE).
– La naturaleza integral de la campaña, en la que la estrategia de comunicación pública se alinea con la organización de la comunidad y la construcción del movimiento.
Otra conclusión que se puede extraer del análisis de las comunicaciones públicas relacionadas con la migración es que, cuando la sociedad civil o los agentes estatales diseñan estrategias para luchar contra la xenofobia y luchar de forma proactiva por narrativas positivas sobre la migración, a menudo carecen de los recursos necesarios para abordar la cuestión de forma integral. Mientras que muchos actores gubernamentales en Europa optan por utilizar un lenguaje xenófobo hacia los migrantes con la esperanza de atraer votantes, los que deciden hacer lo contrario se ven desbordados por la tarea. Los contactos de IDC con el gobierno de Rumanía, al tiempo que reflexionaban sobre la complejidad de la percepción de la inmigración ucraniana en el país, mencionaron que el gobierno pensaba que la cuestión era tan peligrosa y explosiva que se tomó la decisión de no hacer comentarios y no informar al público sobre los detalles de la política. Los miembros de IDC en Italia también han observado que la oposición al gobierno de Meloni, a pesar de ser favorable a los inmigrantes y estar dispuesta a combatir la xenofobia y el racismo, se comunica sobre el tema de una manera que aleja a los simpatizantes. Además, los contactos de IDC con otros gobiernos a través de los esfuerzos de promoción muestran que en algunos casos los gobiernos han perdido el control sobre las narrativas públicas sobre temas específicos relacionados con la migración (por ejemplo, vínculos no deseados entre la migración y la delincuencia) y han tendido a responder con políticas más hostiles, incluso sabiendo que éstas son ineficaces. Disponemos de más información al respecto.
Papel de los gobiernos locales
Como nivel más cercano a los ciudadanos, el gobierno local está, en principio, en una posición mucho mejor que el gobierno central para ocuparse de asuntos que requieren conocimientos locales y una regulación basada en las necesidades y prioridades locales, como los programas que integran a migrantes y comunidades de acogida. En Kenia, el gobierno del condado de Turkana (gobierno local), el gobierno nacional y entidades de la ONU elaboraron el Plan de Desarrollo Socioeconómico Integrado de Kalobeyei (KISDEP), un marco y una herramienta para gestionar a más de 180.000 refugiados (el 40% de la población de Turkana Occidental) de forma que beneficie a los refugiados y a la comunidad de acogida.
Los gobiernos locales pueden adoptar leyes y políticas dentro de su mandato para prevenir y erradicar la xenofobia. Las capacidades especializadas pueden desarrollarse a través de programas específicos, que pueden incluir actividades de formación, sensibilización y aprendizaje, y la provisión de herramientas de orientación para los funcionarios del Estado sobre cómo abordar y erradicar la xenofobia y su impacto en los derechos de los migrantes y sus familias, y otros no ciudadanos afectados por la discriminación racial. En Zimbabue, el Departamento de Estudios de Gobernanza Local de la Universidad Estatal de Midland ha introducido en su plan de estudios un nuevo curso sobre derechos humanos y gobernanza local con el apoyo del Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. A través de su mandato de asistencia técnica y creación de capacidad, la OACDH ha apoyado el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios del gobierno local, incluso en Madagascar, Túnez y Uganda.
Otro ejemplo interesante son las iniciativas holísticas desarrolladas por las autoridades locales en Colombia ante la creciente xenofobia contra los venezolanos. Dos esfuerzos que pueden destacarse son las campañas de inclusión y los mensajes de comunicación desarrollados en las ciudades de Bogotá y Barranquilla.
Dentro de sus competencias locales, los gobiernos locales deben garantizar la participación significativa e inclusiva de los migrantes en los procesos locales de toma de decisiones, asegurar que el derecho a votar y a ser elegido pueda disfrutarse sin discriminación y garantizar la igualdad de acceso a la función pública, de modo que las instituciones puedan ser inclusivas y representativas de la diversidad de la población local. Esto es fundamental para garantizar que se tienen en cuenta las necesidades de quienes corren el riesgo de quedarse atrás. En este contexto, los gobiernos locales han desarrollado numerosas prácticas innovadoras, como en Mauricio y Sudáfrica, donde la legislación que regula las elecciones locales establece cuotas para garantizar la representación de las mujeres.
Abordar la xenofobia en el ámbito de la educación
Abordar la xenofobia en la educación es esencial para cultivar sociedades integradoras y cohesionadas. Las instituciones educativas desempeñan un papel fundamental, que requiere un enfoque polifacético tanto para erradicar las actitudes xenófobas existentes como para prevenirlas en las generaciones futuras. Los distintos materiales educativos y planes de estudio adoptados en los sistemas escolares nacionales siguen difundiendo conocimientos racistas que normalizan indirectamente los comportamientos y actitudes xenófobos en la mente de los niños.
Para erradicar la xenofobia en las escuelas, es crucial revisar los planes de estudio actuales y desarrollar un currículo integrador que refleje la historia, las contribuciones y las experiencias de diversas culturas y grupos étnicos. Esta integración ayuda a los alumnos a apreciar el valor de la diversidad. Además, es vital fomentar el pensamiento crítico y la alfabetización mediática, capacitando a los estudiantes para evaluar la información de forma crítica y resistirse a la retórica xenófoba. Añadir contenidos sobre la importancia y el impacto positivo de la migración y la realidad histórica de la sociedad migratoria a lo largo de la civilización humana, podría ser una de las herramientas fundamentales para cambiar las percepciones negativas de los migrantes y limitar el alcance de las actitudes xenófobas hacia los migrantes y los refugiados.
El desarrollo profesional de los educadores también es clave. Las escuelas deberían ofrecer formación periódica en competencia cultural, resolución de conflictos y métodos de enseñanza antiprejuicios. Apoyar a los educadores con recursos y oportunidades de creación de comunidades mejora su capacidad para abordar la xenofobia con eficacia. Las políticas escolares deben apoyar firmemente la lucha contra la discriminación, con normas claras y bien comunicadas que protejan a todos los alumnos. De hecho, incluir a los niños migrantes en los sistemas escolares públicos nacionales y proporcionar un espacio para que los niños de la mayoría nacional y los migrantes interactúen debería adoptarse como forma de reforzar la riqueza cultural y promover la coexistencia social, al tiempo que se apoya la presencia de las comunidades migrantes en el entorno comunitario.
Tecnología digital, detención y alternativas
El uso de la tecnología en la detención de inmigrantes y en las alternativas a la detención de inmigrantes podría conducir a la erosión de los derechos humanos de los inmigrantes y refugiados, o podría permitir una mayor libertad y dignidad. Publicado originalmente en Forced Migration Review, este artículo explora las complejidades de esta cuestión.
El uso de la tecnología en la detención de inmigrantes y en las alternativas a la detención de inmigrantes podría conducir a la erosión de los derechos humanos de los inmigrantes y refugiados, o podría permitir una mayor libertad y dignidad. Este artículo explora las complejidades de esta cuestión.
Nos guste o no, en lo que respecta a la gobernanza de la inmigración, la tecnología digital ha llegado para quedarse. De los portales de atención al cliente a la recogida de datos biométricos, de los modelos de previsión a las herramientas de reconocimiento facial, del uso de algoritmos para la toma de decisiones al uso de tecnologías en la gestión de fronteras, en las últimas dos décadas los gobiernos de todo el mundo han utilizado cada vez más estas tecnologías en la concepción y el diseño de sus sistemas de migración y como herramienta de gobernanza de la migración. La pandemia del COVID-19 aceleró aún más esta tendencia.
Sin embargo, este tipo de tecnologías nunca son neutrales. No existen soluciones técnicas a problemas complejos y polifacéticos, y los esfuerzos de algunos por presentar la tecnología digital como la solución a los prejuicios humanos son, en el mejor de los casos, ingenuos y, en el peor, peligrosos. El empleo de la Inteligencia Artificial (IA) y la tecnología digital es una opción política. Pero las personas que toman decisiones sobre estas tecnologías rara vez experimentan ellas mismas sus repercusiones. Las personas que se desplazan, así como sus familias y comunidades, a menudo en situación de vulnerabilidad, se encuentran en el «filo de la navaja» de políticas y prácticas sobre las que no tienen ningún control y en las que apenas pueden influir.
Tecnología y (alternativas a) la detención de inmigrantes
El uso de la tecnología en la detención de inmigrantes y las alternativas a la detención de inmigrantes (ATD) se ha explorado menos que el uso de tecnologías en situaciones de gestión de fronteras, pero hay muchos ejemplos de tecnologías que se están introduciendo. Por ejemplo, las «prisiones inteligentes» se están adoptando ahora en el contexto de la detención de inmigrantes en distintas regiones del mundo. Mientras tanto, tecnologías como el etiquetado electrónico y la vigilancia, y el reconocimiento facial y de voz, están siendo utilizadas o exploradas por un número creciente de gobiernos, aparentemente como parte de sus esfuerzos por alejarse del uso generalizado de la detención de inmigrantes. Aunque esto pueda parecer un avance, estas tendencias plantean serias preocupaciones a la Coalición Internacional contra la Detención (IDC) y a otras organizaciones que abogan por el fin de la detención de inmigrantes.
La información sobre el uso de la tecnología en los TCA -y su impacto en las personas- se limita en gran medida a los datos de unos pocos países clave (Canadá, Reino Unido y Estados Unidos). Sin embargo, sabemos que cada vez son más los gobiernos que se plantean emplear este tipo de tecnología, si es que no la utilizan ya activamente. En la Unión Europea, por ejemplo, Dinamarca, Hungría, Luxemburgo y Portugal han establecido el uso del etiquetado electrónico en leyes o reglamentos administrativos. Türkiye, por su parte, ha incluido la vigilancia electrónica en una lista de ATD autorizadas dentro de las enmiendas a la Ley de Extranjería y Protección Internacional realizadas en 2019 (pero aún no aplicadas). A finales de 2023, Australia aprobó leyes que impondrán toques de queda estrictos y dispositivos de vigilancia en el tobillo a decenas de solicitantes de asilo que fueron puestos en libertad tras una sentencia del Tribunal Superior que declaró ilegal la detención indefinida.
Los miembros de IDC de todo el mundo, que trabajan con comunidades y personas afectadas por la detención o en riesgo de serlo, expresan cada vez más su preocupación por el uso de estas tecnologías en el espacio de detención de inmigrantes. Las personas en riesgo de detención por motivos de inmigración son especialmente vulnerables al uso indebido de la tecnología digital, y tienen poca capacidad para hacer valer sus derechos o acceder a la justicia si se abusa de la tecnología.
En respuesta a estas crecientes preocupaciones y tendencias, International Detention Coalition (IDC) ha lanzado una nueva línea de trabajo centrada específicamente en el uso de la tecnología digital en la detención de inmigrantes y los TCA. En la actualidad, nuestro objetivo es examinar el impacto multifacético de estas tecnologías en la vida, el bienestar y el futuro de las personas para garantizar que nuestra labor de incidencia se vea impulsada por las experiencias y los puntos de vista de los miembros de la IDC, en particular los líderes con experiencia vivida de la detención y los organizadores de la comunidad. A través de esta línea de trabajo, aspiramos a identificar cómo el uso indiscriminado de la tecnología puede perjudicar potencialmente a las personas que se desplazan, y a explorar si puede contribuir a un compromiso positivo y significativo, y de qué manera. Este artículo resume los componentes de este trabajo y los temas que han surgido.
Formas alternativas de detención y detención de facto
Hasta la fecha, la investigación se ha centrado en cómo los Estados han utilizado la tecnología digital para restringir aún más las libertades de las personas, socavar sus derechos humanos y aumentar la vigilancia y la represión. Esto se ha denominado «tecno-carcelación» en el contexto del programa ATD del gobierno canadiense, y representa «el paso de los modos tradicionales de reclusión a otros menos tradicionales, basados en la tecnología móvil, electrónica y digital». Un informe sobre el Programa de Comparecencia Bajo Supervisión Intensiva (ISAP) de EE.UU. afirmaba que sus componentes de vigilancia electrónica equivalen a una «detención digital».
El IDC considera el uso del marcaje y la vigilancia electrónicos como una forma alternativa de detención y no como una alternativa a la detención (ATD). Las formas alternativas de detención -que son privaciones de libertad de facto- no son más que detenciones con otro nombre; existe la posibilidad de que el término DTA sea cooptado y utilizado como cortina de humo para este tipo de iniciativas. En cuanto al etiquetado electrónico, un reciente informe del IDC afirma:
«[el etiquetado electrónico] restringe sustancialmente (y a veces niega por completo) la libertad y la libertad de movimiento, lo que conduce a una detención de facto. A menudo se utiliza en el contexto del derecho penal y se ha demostrado que tiene considerables repercusiones negativas en la salud mental y física de las personas, lo que conduce a la discriminación y la estigmatización».
En términos más generales, los dispositivos de control electrónico suponen una amenaza para la libertad personal debido al aumento de la vigilancia y la recopilación indiscriminada de datos. Tienen connotaciones de criminalización, tanto para el individuo obligado a llevar el dispositivo como para la comunidad que lo ve. También sabemos, por investigaciones y testimonios de nuestros miembros, que las tecnologías de reconocimiento facial y de voz tienen una precisión cuestionable, especialmente para las comunidades que sufren discriminación racial. Esto puede dar lugar a errores con consecuencias graves e irreversibles, como la detención, la deportación y la separación de familias y seres queridos.
Las aplicaciones de las nuevas tecnologías están surgiendo a un ritmo alarmante, con escasos análisis disponibles sobre las repercusiones éticas, logísticas y sociales e individuales más amplias. Para gestionar los riesgos potenciales, es necesario abordar las cuestiones relativas a la privacidad, los derechos humanos, la dignidad, la parcialidad y si los marcos jurídicos existentes se aplican a las decisiones tomadas por la IA. Junto a los riesgos, también puede haber oportunidades para que los inmigrantes utilicen la tecnología digital de forma que les beneficie o para que la utilicen para promover sus derechos.
¿La tecnología como forma de mejorar el compromiso?
IDC ha observado informes anecdóticos que indican que el uso de la tecnología digital en los TCA puede tener algunas ventajas para las personas que se desplazan. Un ejemplo es el cambio en el Reino Unido de la notificación en persona a la notificación telefónica. Este enfoque se probó originalmente durante la pandemia de COVID 19 y luego se adoptó de forma más permanente tras la defensa sostenida de los grupos de campaña. Los afectados han dicho a IDC que este cambio ha ayudado a aliviar los requisitos de notificación en persona que eran onerosos, caros y perturbadores para sus medios de subsistencia y escolarización. Además, lugares como las comisarías de policía y los centros de presentación de informes suelen provocar en las personas una mayor ansiedad ante la posibilidad de que vuelvan a ser detenidas. Es probable que un contacto físico limitado con estos lugares tenga un impacto positivo en la salud mental y el bienestar.
Por supuesto, como afirmó uno de los grupos que hacen campaña a favor de este cambio, «la propia denuncia telefónica podría ser igualmente gravosa si se aplica sin cuidado». Es esencial que las personas dispongan de los medios para denunciar de esta forma (por ejemplo, con ayudas para comprar un teléfono y crédito), y que las consecuencias por perder una llamada no sean duras. De lo contrario, este tipo de denuncia puede tener repercusiones negativas en las personas. Además, aunque el uso de teléfonos es una forma relativamente rudimentaria de tecnología, es importante que se eviten herramientas como el reconocimiento de voz o facial por las razones de fiabilidad antes mencionadas.
La experiencia vivida de los TCA basados en la tecnología
El principal impulso de IDC para poner en marcha su nueva línea de trabajo sobre tecnología, detención de inmigrantes y TCA ha venido de nuestros miembros de todo el mundo y, en particular, de las experiencias y puntos de vista de los líderes con experiencia vivida de desplazamiento y organizadores de la comunidad sobre el terreno. A través de esta línea de trabajo, esperamos explorar el impacto que esta tecnología está teniendo en la vida, el bienestar y el futuro de las personas. Desde su fundación hace casi 15 años, IDC ha abogado por alternativas a la detención basadas en los derechos. Queremos asegurarnos de que las personas que se desplazan tengan la capacidad de participar de forma significativa en los sistemas de gobernanza de la migración y de que se respeten sus derechos y su dignidad.
Esperamos entender no sólo cómo la tecnología puede ser perjudicial para las personas en movimiento, sino también si puede ayudar a aumentar la participación positiva, digna y significativa. Esto ayudará a IDC a evaluar mejor cómo asociarse con otros para hacer frente a ciertos tipos de tecnologías y también dónde las innovaciones podrían abrir oportunidades para las personas con experiencia de detención, o en riesgo de detención, en términos de mejoras en los servicios, suministro de información, comunicación y una aplicación más eficaz de los TCA basados en la comunidad. Esto incluirá examinar el impacto de la tecnología digital a través de una lente interseccional y de una manera sensible al género, entendiendo que las identidades diversas e interseccionales de las personas significan que sus experiencias con tales tecnologías varían enormemente.
Rendición de cuentas y garantías procesales
La cuestión de la rendición de cuentas -y la cuestión distinta pero relacionada del debido proceso- es una cuestión que esperamos explorar a través de este programa de trabajo. Cuando se imponen restricciones, incluidas las relacionadas con la tecnología digital, éstas deben someterse a una revisión rigurosa e incluir el derecho de apelación.
Cuando la tecnología se utiliza para aumentar la libertad de movimiento y la capacidad de acceso a la información de las personas, así como para aumentar su capacidad de acción y apoyar su empoderamiento, tiene el potencial de defender derechos humanos y normas fundamentales y de aumentar el bienestar. Sin embargo, cuando el objetivo principal de la tecnología digital es ampliar la vigilancia y el control basado en la aplicación de la ley, tiene el efecto contrario y conduce al recorte de derechos y libertades. Por desgracia, dada la creciente tendencia de muchos Estados de todo el mundo a adoptar sistemas de gobernanza de la migración basados en la criminalización, la coerción, el control y la disuasión, su creciente uso de tecnologías sin una evaluación de riesgos basada en los derechos podría exacerbar la naturaleza ya restrictiva, perjudicial y opaca de estos sistemas.
Conclusión y próximos pasos
Mientras navegamos por el intrincado panorama del papel de la tecnología en la detención de inmigrantes y las Alternativas a la Detención (ATD), las oportunidades para un cambio positivo y una toma de decisiones informada son evidentes y apremiantes. Estamos estudiando la posibilidad de llevar a cabo nuevas investigaciones en colaboración con socios como el Centro Kaldor de la Universidad de Nueva Gales del Sur. Oportunidades como ésta permitirán examinar nuevas perspectivas y estudios de casos, garantizando una base empírica de recomendaciones políticas de mejores prácticas prometedoras. Nuestra ambición es que, al abordar esta cuestión, podamos apoyar el creciente movimiento para garantizar que el uso de la tecnología en la detención de inmigrantes y en el espacio de los TCA no conduzca a una mayor criminalización y a la erosión de los derechos humanos y la dignidad de las comunidades de inmigrantes, refugiados y personas que buscan asilo.
Es necesario seguir investigando para comprender mejor el impacto de la tecnología digital en la gobernanza de la inmigración. Si exploramos las experiencias y perspectivas de personas de distintas regiones, podremos asegurarnos de que nuestras percepciones son matizadas y reflejan las diversas intersecciones de identidad que dan forma a estas experiencias.
Aunque los marcos jurídicos y las salvaguardias internacionales y regionales son imprescindibles, los cambios más significativos e impactantes suelen producirse a nivel nacional. Establecer marcos jurídicos nacionales sólidos es, por tanto, esencial para salvaguardar los derechos de las personas afectadas y en riesgo de detención y garantizar la rendición de cuentas en la aplicación de la tecnología en la detención de inmigrantes y los TCA.
De cara al futuro, los posibles resultados positivos de la tecnología digital en los TCA pueden materializarse mediante un enfoque concienzudo y centrado en los derechos. Al incorporar la tecnología a los sistemas de gobernanza de la migración con un firme compromiso con la justicia, la equidad, los enfoques interseccionales y la protección de los derechos humanos, podemos allanar el camino hacia prácticas más compasivas y eficaces[1].
Publicado originalmente en Forced Migration Review, número 73, mayo de 2024
Se necesitan protecciones urgentes para evitar la detención de menores en Europa
IDC pide a los Estados que introduzcan salvaguardias antes del nuevo Pacto de Migración de la UE
UNIÓN EUROPEA
Con los preparativos en marcha para la introducción del nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE, IDC condena la falta de salvaguardias para los derechos humanos en el nuevo marco legal. IDC se une a los expertos de la ONU en el llamamiento a los Estados para que implementen protecciones críticas para los migrantes y refugiados, – y en particular para los niños – en preparación para la aplicación del Pacto de la UE sobre Migración y Asilo.
El nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE es un polémico nuevo marco político que establece un plan para gestionar la migración en los países de la UE. En opinión de IDC, el Pacto socava los derechos fundamentales de refugiados y migrantes.
Introduce procedimientos fronterizos acelerados y amplias medidas de detención, lo que podría dar lugar a una tramitación inadecuada de las solicitudes de asilo y aumentar el riesgo de abusos contra los derechos humanos, como detenciones arbitrarias y devoluciones forzosas. Además, el hecho de que el pacto se centre en externalizar los controles fronterizos mediante asociaciones con países no pertenecientes a la UE también suscita preocupación por la posibilidad de que se reduzca el acceso al asilo y aumenten las devoluciones forzosas, lo que podría poner en peligro vidas humanas y los derechos humanos.
Una reciente investigación de IDC realizada con Linklaters revela que, a pesar de la afirmación del pacto de que la detención debe ser una medida de último recurso, cambios estructurales como la política de «ficción de no entrada» podrían hacer menos viables las alternativas a la detención (ATD) y aumentar la probabilidad de detención en toda la Unión Europea.
La «ficción de la no entrada» permite a los inmigrantes estar físicamente presentes en un Estado de la UE sin estar legalmente reconocidos, lo que restringe significativamente su libertad y su acceso a los servicios. Este enfoque puede ser especialmente perjudicial, ya que es probable que aumente la detención de inmigrantes en la Unión Europea y también afectará a los niños, a los que también se aplicarán procedimientos fronterizos obligatorios, lo que podría dar lugar a una detención generalizada. Esto entra en conflicto directo con el derecho internacional, que señala claramente que la detención de inmigrantes nunca responde al interés superior del niño y que es una forma de violencia contra los niños.
A IDC le preocupa que el Pacto implique un grave deterioro de los estándares de protección de la infancia y una violación de los derechos de los niños. La investigación de IDC subraya los efectos profundamente negativos de la detención en los niños, incluyendo graves daños a su salud mental y emocional y la interrupción de su vida familiar y su desarrollo.
En palabras de Carolina Gottardo, Directora Ejecutiva de IDC:
«Es probable que el nuevo pacto amplíe la detención de inmigrantes a través de las fronteras europeas y tendrá consecuencias devastadoras para los inmigrantes y refugiados, especialmente para los niños. El Pacto nos hace retroceder mucho en materia de derechos y protección en Europa.
«Debemos proteger la dignidad y los derechos inherentes a todos los niños y cumplir nuestras obligaciones internacionales. Los Estados miembros de Europa deben garantizar que no detienen a menores. Simplemente no hay excusa para detener a niños por motivos relacionados con la inmigración».
Sobre la base de nuestro análisis, la posición de IDC es que el Pacto de la UE puede conducir a un uso prolongado y extenso de la detención con menores garantías, especialmente para los grupos vulnerables.
Sin embargo, IDC hace hincapié en que existen alternativas viables. Desde 2017, la Red Europea de Alternativas a la Detención trabaja con migrantes y personas solicitantes de asilo para que puedan vivir libremente en la comunidad mientras se tramita su caso, en lugar de en centros de detención de inmigrantes.
Una evaluación de los programas piloto llevada a cabo por la Red Europea de Alternativas a la Detención en Bulgaria, Polonia y Chipre en 2020 mostró tasas muy altas de compromiso, mayor resolución de casos, mejora de la salud mental y tasas muy bajas de fuga. Las evaluaciones independientes de programas piloto comunitarios en el Reino Unido -dirigidos por la Action Foundation (2022) y el King’s Arms Project (2023)- mostraron resultados positivos similares. El éxito de estos programas comunitarios demuestra que existen alternativas a la detención más amables, seguras y rentables, que benefician a las comunidades de acogida, a los gobiernos y a las personas.
IDC hace un llamamiento a los Estados miembros de la UE para que reformen sus políticas en consonancia con estas conclusiones y garanticen la plena protección de los derechos de los niños, los migrantes y los refugiados en sus procedimientos de migración. Estamos dispuestos a ayudar en el desarrollo y la aplicación de políticas que den prioridad a los derechos humanos y al bienestar de todos los migrantes.
Guía práctica para la coproducción de investigaciones con personas que sufren la vulnerabilidad de la migración, incluidos refugiados y apátridas.
En todo el mundo, académicos, defensores de la causa, organizaciones comunitarias, gobiernos y grupos de reflexión buscan nuevas formas de permitir a los ciudadanos participar en las decisiones colectivas que determinan sus vidas.
Tras muchos años de pérdida de confianza en las instituciones creadas para "arreglar" la privación de derechos, esta oleada de compromiso con asociaciones deliberativas, participativas y significativas entre organizaciones y personas con experiencias vividas renueva la esperanza de que las sociedades puedan desarrollar soluciones consensuadas e innovadoras a retos complejos y a largo plazo.
Esto es especialmente cierto en el ámbito de la migración, donde las conversaciones giran cada vez más en torno a cómo devolver el poder a las personas que tienen experiencia de la migración, en particular las que se encuentran en situaciones vulnerables.
Uno de estos ejemplos de enfoques innovadores y colaborativos es el lanzamiento de las "Directrices para la investigación coproducida con refugiados y otras personas con experiencia vivida de desplazamiento".
Estas directrices, elaboradas con aportaciones de personas que han vivido la experiencia de ser refugiado, académicos y representantes de ONG y organizaciones intergubernamentales, ofrecen estrategias claras para las personas y organizaciones que desean emprender, apoyar o aprender más sobre la investigación coproducida con refugiados y otras personas que han vivido la experiencia del desplazamiento.
En la International Detention Coalition (IDC), consideramos que esta investigación es una herramienta importante que ofrece una orientación pragmática basada en la realidad y la experiencia cotidianas. En nuestro plan estratégico, IDC destaca la necesidad de que las personas que han vivido la experiencia de la detención tengan más poder, influencia y liderazgo en el movimiento para poner fin a la detención de inmigrantes.
Ponemos en práctica esta visión. En colaboración con la Sociedad Akar Umbi de Malasia, el IDC puso en marcha el programa de autodefensa de los refugiados Iniciativa Azalea, un programa de desarrollo del liderazgo femenino cuyo objetivo es capacitar a las jóvenes refugiadas para que se conviertan en agentes de cambio dentro de sus comunidades. En Europa, estamos estudiando la creación de un comité consultivo formado por personas con experiencias vividas. En las Américas, estamos poniendo a prueba un programa de liderazgo basado en la experiencia vivida por los jóvenes. En Oriente Medio y Norte de África, este plan de estudios se está mejorando y adaptando a las realidades contextuales de Oriente Medio y Norte de África, y se está traduciendo al francés y al árabe.
La publicación de estas directrices proporcionará más apoyo y herramientas prácticas para garantizar que se incluye a las personas con experiencias vividas no sólo en la investigación, sino también en las decisiones sobre prioridades de defensa y programación de alternativas a la detención.
Principios clave de la colaboración auténtica
Las directrices introducen una serie de principios clave que deben sustentar la investigación coproducida, allanando el camino hacia prácticas más integradoras y respetuosas.
Apropiación conjunta: Este principio aboga por el debate abierto de las relaciones de poder dentro de los equipos de investigación y por métodos que permitan el control colectivo de las decisiones clave, garantizando que las personas con experiencias vividas tengan una voz significativa en el proceso de investigación.
Inclusión y respeto: La investigación coproducida rompe con la concepción convencional de la experiencia académica y reconoce y valora diversas formas de conocimiento, como el experiencial, el relacional y el local.
Beneficios para todos los implicados: Las directrices subrayan que todos los participantes en la investigación deben beneficiarse de algún modo. Esto puede manifestarse como acceso al capital social, financiero o intelectual. Además, se extiende a las comunidades que participan en la investigación. Garantizar que todos se beneficien crea un entorno mutuamente gratificante, en el que los participantes sienten que sus contribuciones son valoradas.
Seguridad: Todos los investigadores deben reflexionar sobre las posibles consecuencias de la investigación y diseñar estrategias adecuadas para salvaguardarse de los efectos nocivos.
Transparencia y confianza: Se anima a los investigadores a hablar abiertamente de sus sentimientos y a desarrollar la confianza durante el proceso de investigación. Esto incluye ser sensible a las distintas formas de trabajar y a la comprensión cultural.
Problemas comunes de la coproducción
La investigación coproducida, a la vez que empodera y transforma, también presenta varios retos y problemas comunes que los investigadores deben abordar, y las directrices ofrecen consejos prácticos sobre cómo sortearlos con eficacia. Estos consejos abarcan cuestiones como la definición del programa de investigación, el momento de elegir esta metodología, los procesos de selección y la gestión de datos.
Las directrices no son sólo teóricas; también incluyen ejercicios prácticos de formación. Estos ejercicios pueden ayudar a los equipos de investigación a aplicar los principios y recomendaciones en un entorno real, fomentando una comprensión más profunda de las prácticas de investigación coproducida.
Impactos psicosociales de la detención migratoria
Durante décadas, las organizaciones de sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos han denunciado las malas condiciones de los espacios de detención migratoria y cómo éstas favorecen las violaciones a derechos humanos hacia las personas en contextos de movilidad en México y en los Estados Unidos.
En los últimos años, se ha reconocido cada vez más la importancia de enfocar las conversaciones respecto al tema en las personas mismas, en especial sobre las consecuencias que tiene la privación de la libertad en su bienestar y en las diversas formas en que afecta su salud mental y la relación con su entorno.
Por ello, IDC desde su oficina de las Américas impulsó una investigación sobre los impactos psicosociales de la detención migratoria en las personas que han sido detenidas o que han estado en riesgo de ser privadas de libertad por razones migratorias en México y/o en los Estados Unidos. El objetivo de esos esfuerzos ha sido poner información relevante al alcance de los gobiernos para avanzar hacia el diseño e implementación de programas y/o políticas públicas encaminadas al cuidado de la salud mental y la promoción de alternativas a la detención.
Este trabajo consideró la revisión documental de otras investigaciones o informes relacionados, además de la realización de grupos focales con personas en contextos de movilidad en México.
¿Cuáles son los impactos psicosociales de la detención migratoria?
La detención migratoria como medida generalizada en México y Estados Unidos es utilizada para privar de la libertad a las personas mientras se resuelve su caso migratorio, lo cual por sí mismo tiene un impacto negativo, y suele invisibilizarse cuando se escuda con el uso de eufemismos, como “presentación” o “alojamiento”. Esta privación de la libertad va acompañada de otras medidas de contención migratoria, tales como controles carreteros, mayores restricciones o requisitos para el ingreso, respuesta militarizada, criminalización, entre otras.
Se ha identificado que tanto las personas que han sido detenidas como aquéllas que están o estuvieron en riesgo de serlo, pueden tener secuelas similares. Lo anterior dado que la posibilidad de ser detenidas por las autoridades genera que las personas se vean obligadas a tomar rutas más peligrosas, se expongan a conductas de riesgo que faciliten su ingreso por las fronteras y estén en mayores condiciones de vulnerabilidad ante actores criminales.
Los impactos psicosociales tienen dos dimensiones, una individual y otra comunitaria. En un nivel individual, las personas pueden experimentar miedo, angustia, incertidumbre y preocupación, que se expresa en dificultades para dormir, tristeza y desesperanza. Cabe mencionar que, incluso después de la liberación, el temor persiste ante la posibilidad de ser detenidas nuevamente.
Por otro lado, en el nivel comunitario, las consecuencias de la detención tienen un impacto en las familias y en las comunidades, tanto las de origen como las de destino. La angustia y la incertidumbre son efectos que también pueden presentar las familias de las personas detenidas, en especial cuando tienen información limitada sobre la situación de su familiar o poca certeza respecto a lo que va a suceder.
A partir de los grupos focales, se supo de casos en los que las afectaciones y daños a la salud mental y emocional se mantuvieron después de que las personas fueran puestas en libertad, además de que el factor tiempo no necesariamente fue proporcional a la afectación, es decir, una persona que estuvo en detención por una semana puede presentar los mismos efectos de quien lo estuvo por meses.
Finalmente, se detectó también que el daño puede presentarse en adolescentes que permanecieron en un albergue o centro de asistencia social cuando los modelos de estos espacios no permiten las salidas (modelos de puertas cerradas), y en efecto, las y los adolescentes se ven privadas de libertad.
“No dimensioné lo que pasé, hasta que salí de ahí.”
“Mi cuerpo ya no resistía, me puse con ansiedad.”
“Tengo tanto miedo de que me vuelvan a agarrar.”
– Frases de personas participantes en los grupos focales.
¿Qué papel tienen las Alternativas a la Detención (ATD) para contrarrestar éstas afectaciones?
Las alternativas a la detención son sinónimo de libertad. De acuerdo con los tratados internacionales en la materia, la detención migratoria debería ser excepcional y ser utilizada como medida de último recurso, por lo que se hace un llamado a los Estados a la aplicación de medidas alternativas que garanticen la libertad de las personas en contextos de movilidad.
Cuando las personas acceden a alguna medida alternativa en la comunidad, no solo evitan las afectaciones de la privación de libertad, también se libran de las violaciones de derechos humanos que suelen ocurrir en los espacios destinados a la detención. A su vez, la evidencia con la que cuenta IDC a través de su trabajo con ATD, muestra que estas medidas abonan a la confianza de las personas hacia sus procesos administrativos y/o legales, se traducen en el seguimiento de sus gestiones (es decir, que no abandonan sus trámites) y facilitan su integración en las comunidades de acogida, pues tienen certeza de sus opciones y lo que pueden esperar para sí mismas y sus familias.
Para saber más:
Te invitamos a leer nuestra publicación Alternativas a la detención migratoria en contextos de migración de tránsito para conocer más ejemplos prácticos y desarrollos recientes en el campo de las ATD, con el fin de resaltar prácticas prometedoras y alentar mayores avances en esta área.
¿Las alternativas como ficción? What the EU Pact on Migration and Asylum means for Alternatives to Detention
En junio, los ministros de la UE responsables de Justicia e Interior se reunieron en Luxemburgo para debatir, entre otras cuestiones, la reforma del planteamiento de la UE en materia de asilo y migración. Sus discusiones desembocaron en un acuerdo sobre dos expedientes clave: el Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración y el Reglamento sobre el procedimiento de asilo. Casi tres años después de que la Comisión Europea publicara su propuesta de Nuevo Pacto sobre Inmigración y Asilo, los avances para sacar adelante las propuestas contenidas en él han sido desiguales. Tras largos debates en el Parlamento Europeo, los colegisladores publicaron en septiembre de 2022 una Hoja de Ruta en la que establecían su compromiso conjunto de adoptar las propuestas legislativas del Pacto antes de que finalizara la legislatura 2019-2024. Suecia, que ocupó la Presidencia del Consejo de la Unión Europea de enero a junio de 2023, expresó su intención de "avanzar en las negociaciones sobre un Pacto sobre Migración y Asilo". Ahora parece que se vislumbra un acuerdo.
En los últimos meses, Linklaters LLP e International Detention Coalition (IDC) han llevado a cabo un análisis de las disposiciones establecidas en el Pacto, con el fin de que IDC comprenda mejor las implicaciones en lo que respecta a la viabilidad de las alternativas a la detención de inmigrantes (ATD), en caso de que se acuerden y apliquen las disposiciones esbozadas. Dado el reciente movimiento realizado sobre el Pacto, exponemos a continuación el resumen de las conclusiones de IDC basadas en ese análisis jurídico, con el fin de arrojar luz sobre las consecuencias del Pacto para la viabilidad continuada de los TCA en la UE. Puedes acceder al informe de investigación original realizado por Linklaters LLP para IDC aquí.
Detención en las propuestas del Pacto
El efecto que el Pacto puede tener en el uso de la detención en la UE ya está bien documentado. La Comisión Internacional de Juristas ha señalado que "ladetención prolongada de inmigrantes se convertirá inevitablemente en una práctica", y la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Inmigrantes Indocumentados ha concluido que las propuestas recogidas en el Pacto darán lugar a "más detenciones, menos garantías".
La detención en el marco del Pacto se establece en gran medida en el Reglamento de selección y en el Reglamento modificado sobre procedimientos de asilo. Estos dos instrumentos esbozan un nuevo proceso de control de las personas en las fronteras exteriores y establecen procedimientos fronterizos para tramitar las solicitudes de asilo y facilitar el retorno.
La propia Comisión Europea ha afirmado que los procedimientos fronterizos "implican detención". Por tanto, las nuevas propuestas del Pacto socavan el principio de que la detención sólo debe aplicarse como medida de último recurso; en su lugar, privar a las personas de su libertad en las fronteras está llamado a convertirse en el planteamiento por defecto.
Para las personas a las que se deniega el asilo, el procedimiento fronterizo puede suponer la detención durante un máximo de 6 meses en las fronteras de la UE y, en situaciones excepcionales, los procedimientos pueden ampliarse, lo que significa que las personas pueden pasar hasta 10 meses detenidas en la frontera.
Los cambios propuestos sirven para negar a las personas el pleno acceso a sus derechos al crear una situación en la que no se considera que hayan "llegado" legalmente a un Estado miembro de la UE a pesar de estar físicamente presentes en el territorio, una práctica denominada "ficción de no entrada". Además, los procedimientos fronterizos propuestos se aplicarán probablemente a los menores de entre 12 y 18 años, lo que significa que también se detendrá a menores. Esto entra en conflicto directo con el compromiso establecido en el Pacto Mundial para la Migración (PMM) -firmado por la mayoría de los Estados miembros de la UE- de trabajar para poner fin a la detención de menores por motivos de inmigración.
Estas propuestas no están exentas de críticas, y de hecho han sido puntos conflictivos durante las largas negociaciones en el Parlamento Europeo. Durante un primer debate en el Parlamento, los eurodiputados expresaron su preocupación por los procedimientos fronterizos y, en particular, señalaron la probabilidad de que éstos se asemejaran a las políticas aplicadas en Grecia, que han conducido a la privación de libertad generalizada o a la detención de facto.
Viabilidad del DTA dentro de las propuestas del Pacto
El cuadro siguiente resume los aspectos clave de los instrumentos legislativos propuestos en el Pacto (a partir de junio de 2023) que son relevantes para la viabilidad de ATD.
Aunque los instrumentos legislativos del Pacto no se refieren expresamente a "alternativas a la detención", se hacen algunas referencias a medidas "menos coercitivas" y "alternativas menos coercitivas ". Esto refleja el lenguaje existente en la Directiva de Retorno y la Directiva de Condiciones de Acogida. Además, se da a entender que la detención de inmigrantes seguirá utilizándose sólo como último recurso, de acuerdo con las normas jurídicas regionales e internacionales, y que se considerarán alternativas antes de la detención.
Sin embargo, a pesar de esta intención, es difícil ver cómo las disposiciones del Pacto -tal como están redactadas actualmente- permitirían en la práctica el TCA comunitario.
Resulta especialmente difícil prever cómo podrán los Estados miembros aplicar el TCA garantizando al mismo tiempo el mantenimiento de la "ficción de no entrada"; después de todo, ¿cómo pueden los Estados colocar a los inmigrantes en la comunidad si no reconocen su presencia legal en el país? La DTA será especialmente difícil si otros Estados miembros siguen los planteamientos que ya se están adoptando en Grecia (dadas las aparentes similitudes entre la legislación nacional griega y el Pacto), Italia y España, donde los procedimientos fronterizos han dado lugar a la detención de facto como norma. De hecho, según el Estudio de los Servicios de Investigación del Parlamento Europeo sobre el Pacto:
"el políticas generales de no entrada para todos los inmigrantes (durante el control, incluyendo por tanto a los refugiados), o categorías concretas de inmigrantes (en caso de procedimiento fronterizo obligatorio o para solicitantes de asilo rechazados en el procedimiento fronterizo de retorno), hace imposible asegurar el cumplimiento de las garantías en la Directiva sobre las condiciones de acogida y en la Directiva sobre el retorno."
En pocas palabras, el hecho de que una persona pueda llegar físicamente a un país sin que se considere que ha llegado legalmente, dará lugar inevitablemente a restricciones considerables de la libertad de circulación y del acceso a los servicios, y esta privación de libertad es contraria a la idea del TCA.
Garantizar alternativas significativas a la detención de inmigrantes
La consagración de la DTA en la legislación y la política constituye una importante salvaguardia contra el recurso a la detención. En la actualidad, los Estados miembros de la UE sólo pueden detener a inmigrantes si no disponen de alternativas efectivas, lo que sirve para garantizar que los gobiernos no detienen a las personas de forma arbitraria, innecesaria y desproporcionada.
Sin embargo, en el marco actual del Pacto de la UE sobre Migración y Asilo, que por su propia naturaleza es probable que introduzca la detención generalizada e indiscriminada de personas en el contexto de la ampliación de los procedimientos fronterizos, es difícil ver cómo funcionarán dichos procedimientos sin recurrir al de facto detención. En este contexto, es poco probable que los requisitos legales para utilizar la ATD funcionen en la práctica.
Con la posición del Consejo sobre el Pacto ya clara, las negociaciones a tres bandas están empezando en serio, ya que los colegisladores pretenden llegar a una conclusión a principios de 2024. Es vital que las negociaciones mantengan en primer plano las normas jurídicas regionales e internacionales existentes, especialmente en lo que se refiere al derecho a la libertad. Para ello, el TCA debe incluirse como una forma significativa de garantizar que la detención de inmigrantes sea sólo el último recurso, identificando posibilidades concretas de TCA basado en la comunidad.
Nuestro análisis muestra que esto será difícil, pero la alternativa -detención a gran escala y de facto en las fronteras durante largos periodos de tiempo- es impensable.
La OCC y ECDN piden al gobierno de Malasia que libere a los niños detenidos por los servicios de inmigración y aplique el ATD
Versión en malayo
COMUNICADO DE PRENSA
Sídney, 20 de junio de 2023En el Día Mundial del Refugiado, la Oficina del Comisionado para la Infancia (OCC) y la Red para Acabar con la Detención Infantil (ECDN) se unen para instar al gobierno de Malasia a tomar medidas inmediatas para poner fin a la detención de niños en centros de inmigración e implementar Alternativas a la Detención (ATD) eficaces.
Es muy preocupante que, a 15 de mayo, 11.068 personas, entre ellas 969 niños, incluidos niños refugiados, estén recluidas en centros de detención de inmigrantes en Malaisia. Estos niños han huido de la violencia, los conflictos y la persecución en sus países de origen, buscando seguridad y protección en nuestra nación. Es nuestra obligación moral garantizar su bienestar y salvaguardar sus derechos.
Hacemos un llamamiento al gobierno malasio para que emprenda las siguientes medidas cruciales:
- Comenzar a liberar a los niños de los centros de detención de inmigrantes en un programa Alternativo a la Detención (ATD), y garantizar la inclusión de todos los niños, independientemente de su situación migratoria;
- Garantizar que los proyectos ATD se ejecutan de buena fe para lograr su objetivo principal, que es resolver el problema de la detención y el encarcelamiento de menores.
- Presentar urgentemente en el Consejo de Ministros el documento de trabajo sobre el traslado de niños fuera de los centros de detención de inmigrantes, un documento vital que está elaborando actualmente el Ministerio del Interior.
- Desarrollar un marco jurídico integral para los refugiados que les conceda estatus legal y acceso al empleo, los servicios sanitarios, la educación y las prestaciones sociales y públicas. Este marco es crucial para proteger a los niños refugiados y crear un entorno propicio para su desarrollo saludable.
- Conceder al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) acceso sin restricciones a los centros de detención de inmigrantes. Esto permitirá seguir registrando a las personas de interés y liberar posteriormente a todas las personas registradas en el ACNUR, facilitando su integración en la comunidad.
- Adoptar medidas inmediatas para promulgar cambios jurídicos y políticos que pongan fin a la detención de menores por motivos de inmigración, incluidos todos los niños refugiados y solicitantes de asilo;
- Llevar a cabo una revisión exhaustiva de las políticas y prácticas de detención de inmigrantes para garantizar que se ajustan a las normas internacionales jurídicas y de derechos humanos. Esta revisión es imprescindible para salvaguardar los derechos y el bienestar de todas las personas en riesgo de ser detenidas por motivos de inmigración, especialmente los niños.
Al adoptar estas importantes medidas, Malasia no sólo cumplirá sus obligaciones internacionales, sino que demostrará su compromiso con la protección de los derechos y la dignidad de todos los niños, independientemente de su situación migratoria. Creemos firmemente que estas medidas nos acercarán a una sociedad que respete los derechos humanos, acoja la diversidad y defienda los principios de compasión y justicia.
Como OCC y ECDN, estamos dispuestos a colaborar con el gobierno malasio y otras partes interesadas para desarrollar y aplicar soluciones eficaces de TCA que den prioridad al interés superior de todos los niños de Malasia, incluidos los niños refugiados y solicitantes de asilo.
Juntos, trabajemos por un futuro en el que ningún niño se vea sometido a los efectos nocivos de la detención de inmigrantes, y en el que todos los niños puedan prosperar y desarrollar plenamente su potencial.
Sobre OCC: La Oficina del Comisionado de la Infancia (OCC) es una oficina independiente dentro de la Comisión de Derechos Humanos de Malasia, encargada de promover y proteger los derechos humanos de todos los niños de Malasia..
Acerca de ECDN: La Red para Acabar con la Detención Infantil es una coalición de 21 organizaciones de la sociedad civil y particulares que trabajan para garantizar que ningún niño sea detenido en Malasia debido a su situación migratoria..
Para más información, póngase en contacto con: Hannah Jambunathan - End Child Detention Network (ECDN) Coordinator & Asia Pacific Programme Officer, International Detention Coalition, [email protected]
REALIDAD MEDIÁTICA
La OCC y la ECDN piden a Malasia que libere a los niños de la detención de inmigrantes y aplique alternativas a la detención
Sídney, 20 Jun 2023- En el Día Mundial del Niño Fugado, Pejabat Pesuruhjaya Kanakkanak (OCC) y Rangkaian Penghapusan Tahanan Kanak-Kanak Malaysia (End Child Detention Network - ECDN) se unen para instar al gobierno de Malasia a tomar medidas inmediatas para poner fin a la detención de niños en los depósitos de inmigrantes y aplicar alternativas eficaces a la detención (ATD).
La cifra a 15 de mayo de 2023 era de 11.068 personas, entre ellas 969 niños, incluidos niños huidos, recluidos en centros de detención de inmigrantes en Malasia. Estos niños han huido de la violencia, los conflictos y la opresión en sus países de origen, y buscan seguridad y protección en nuestro país. Es nuestra obligación moral garantizar su bienestar y salvaguardar sus derechos;
Pedimos al Reino de Malasia que tome las siguientes medidas importantes:
- Iniciar un proceso para poner en libertad a los menores que se encuentran en centros de detención de inmigrantes y aplicarles el programa de Medidas Alternativas a la Detención (ATD, por sus siglas en inglés), y garantizar que todos los menores, independientemente de su situación migratoria, están incluidos en el programa.
- Garantizar que el programa ATD se aplica con seriedad para lograr su objetivo principal, que es resolver el problema de la detención y el encarcelamiento de menores.
- Exponer urgentemente en el Consejo de Ministros un documento de trabajo sobre el traslado de niños de los depósitos de detención de inmigrantes, que es un documento importante que está elaborando el Ministerio del Interior.
- Desarrollar un marco legal integral para los niños fugados de casa que les otorgue un estatus legal y acceso al empleo, los servicios sanitarios, la educación y las prestaciones sociales y públicas. Este marco es esencial para proteger a los niños fugados y fomentar un entorno que favorezca su desarrollo saludable.
- Proporcionar acceso sin restricciones al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para la entrada en los centros de detención de inmigrantes. Esto permitirá el registro continuo de las personas impresionadas y la posterior puesta en libertad de todas las personas registradas en el ACNUR, lo que facilitará su integración en la comunidad.
- Adoptar medidas inmediatas para impulsar a las fuerzas del orden y a la policía a poner fin a la detención de menores inmigrantes, incluidos todos los menores fugados y solicitantes de asilo;
- Llevar a cabo una revisión exhaustiva de las prácticas policiales y de detención de inmigrantes para garantizar que se ajustan a las normas jurídicas y de derechos humanos internacionales. Esta revisión es esencial para proteger los derechos y el bienestar de todas las personas en riesgo de detención de inmigrantes, especialmente los niños.
Al dar este importante paso, Malasia no sólo cumplirá con sus obligaciones internacionales, sino que también demostrará su compromiso de proteger los derechos y la dignidad de todos los niños, independientemente de su situación migratoria. Creemos firmemente que estos pasos pueden llevarnos a convertirnos en una nación que respete los derechos humanos, acepte la diversidad y defienda los principios de misericordia y justicia;
La OCC y la ECDN están dispuestas a colaborar con el gobierno malasio y otras partes interesadas para desarrollar y aplicar un acuerdo ATD eficaz, que dé prioridad al interés superior de todos los niños de Malasia, incluidos los niños huidos y los solicitantes de asilo;
Luchemos juntos por un futuro en el que ningún niño esté expuesto a los efectos adversos de la detención de inmigrantes, y en el que todos los niños puedan prosperar y desarrollar todo su potencial.
Sobre OCC: Pejabat Pesuruhjaya Kanak-kanak es un funcionario independiente de Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia que se encarga de promover y proteger los derechos humanos de los niños en Malasia.<nbsp;< span="">.</nbsp;<>
Acerca de ECDN: Rangkaian Penghapusan Tahanan Kanak-Kanak Malaysia (ECDN) es un colectivo de 21 organizaciones de la sociedad civil e individuos que trabajan colectivamente para garantizar que ningún niño sea detenido en Malasia debido a su condición de inmigrante.<nbsp;< span="">.</nbsp;<>
Para más información, póngase en contacto con: Hannah Jambunathan - Coordinadora, Elimination of Malaysian Child Detention (ECDN) & Asia Pacific Programme Officer, International Detention Coalition, [email protected]
Creación de un Movimiento para Poner Fin a la Detención Migratoria: Estrategia, Proceso y Aprendizajes de Tailandia
Escrito por Chawaratt (Mic) Chawarangkul, Manager del Programa para Asia Pacífico
El 6 de febrero de 2023, la Coalición Internacional contra la Detención (IDC), HOST International, y Fletcher School of Global Affairs International Law Practicum, en Tufts University, convocaron un seminario web sobre Creación de un movimiento para poner fin a la detención migratoria: estrategia, proceso y aprendizajes de Tailandia.
El uso de la detención migratoria sigue siendo frecuente en la región de Asia Pacífico. Se utiliza en muchos países de manera arbitraria y discriminatoria y sin las garantías necesarias, como los límites legales del período de detención y la garantía del derecho procesal de una persona a impugnar las decisiones de detención migratoria. Niñas, niños y adolescentes migrantes y otras personas migrantes en situaciones de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas, personas mayores, personas con discapacidad, personas LGBTQI+ y personas apátridas, continúan en detención migratoria en toda la región. Al mismo tiempo, están surgiendo en la región prácticas prometedoras, como las alternativas a la detención (ATD), especialmente para niñas, niños y adolescentes, y existe impulso en algunos países para reducir y tomar medidas para poner fin a la detención migratoria de la niñez y adolescencia específicamente.
Tailandia es uno de esos países donde las ATD han surgido como una práctica prometedora. Tailandia está situada en el centro del sudeste asiático continental y tiene una larga historia como centro regional para la migración y como anfitrión de comunidades de personas refugiadas. Debido en parte a la solidez de su economía, Tailandia ha sido históricamente un destino importante para las personas migrantes, albergando a un estimado de 4.9 millones de personas residentes no tailandesas en 2018, mayor a las 3.7 millones en 2014.
Antes de 2016, Tailandia tenía antecedentes de detener a miles de niñas, niños y adolescentes refugiados y migrantes cada año. Sin embargo, desde entonces, Tailandia ha emergido como un campeón regional y mundial en ATD para niñas, niños y adolescentes, Ha tomado medidas importantes y concretas para poner fin a la detención migratoria de niñas, niños y adolescentes y ha ampliado ATD a otras personas migrantes en situaciones de vulnerabilidad.
El seminario web permitió a los profesionales y socios de ATD en la región explorar algunos de los factores clave que condujeron a estos cambios en Tailandia. Brindamos una descripción general de los eventos históricos y detallamos algunas de las estrategias y formas en que la sociedad civil, los representantes de Tailandia ante la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de Asia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia, agencias de la ONU, académicos, comunidad diplomática y otras partes interesadas colaboraron para colocar la detención migratoria de niñas, niños y adolescentes y las ATD en la agenda de reformas.
El seminario web también buscó identificar algunos de los elementos que hacen que este movimiento sea efectivo, extrayendo lecciones de la amplia experiencia de la sociedad civil en Tailandia brindando a los participantes un espacio para buscar ideas de la sociedad civil en el país y reflexionar sobre cómo es posible aplicar los aprendizajes de Tailandia en otros contextos dentro de la región Asia Pacífico.
El seminario web se basó en gran medida en un informe preparado por Fletcher School of Global Affairs International Law Practicum, titulado ‘Best Interest of the Child: Ending Immigration Detention of Children in Thailand’, que se presentó al Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños. El informe, completado en mayo de 2022, documentó cómo las partes interesadas dentro de Tailandia y a nivel mundial, colaboraron para construir un movimiento para poner fin a la detención migratoria comenzando con niñas, niños y adolescentes como una puerta de entrada para expandir ATD para otras personas migrantes en situaciones vulnerables.
Aprendizajes clave del seminario web
- El cambio toma tiempo, pero es posible y requiere una estrategia y una inversión a largo plazo;
- Si bien el movimiento es a nivel nacional, es fundamental conectar los esfuerzos nacionales, regionales y globales. Con base en el caso de Tailandia, esta colaboración multinivel mejoró el cambio en el terreno;
- Los enfoques de múltiples partes interesadas requieren una coordinación experta, una agenda y una teoría del cambio conjuntas y claras;
- Los tomadores de decisiones pueden estar más abiertos a la participación cuando la incidencia se centra en las soluciones;
- Un enfoque de todo el gobierno y toda la sociedad puede allanar el camino hacia resoluciones colaborativas.
- Los actores locales son clave para promover el cambio y deben ser los líderes de la incidencia.
- "Una talla no sirve para todos"; sin embargo, es importante encontrar ejemplos que puedan inspirar lecciones sobre cómo se pueden localizar las iniciativas.
