IDC se unió a más de 200 organizaciones para pedir que se revoque la decisión del gobierno mexicano de negar a las organizaciones de la sociedad civil el acceso a los centros de detención de inmigrantes de todo el país. La nueva decisión política, comunicada en una notificación pública del gobierno a finales de enero, se produjo poco después de que se diera publicidad a la misma. informes de los defensores de los inmigrantes sobre repetidas dificultades en el ingreso a los centros de detención más poblados en la frontera sur del país y en la Ciudad de México, y una carta abierta de Amnistía Internacional instando a que el Instituto Nacional de Migración (INM) garantizar el acceso de las organizaciones de la sociedad civil a los inmigrantes y refugiados detenidos.
Esta cuestión se ha vuelto más apremiante en las últimas semanas en el contexto del uso militarizado de la fuerza por parte de la Guardia Nacional Mexicana en los puntos de entrada de la frontera sur y de la creciente preocupación por la expansión del uso de la detención de inmigrantes en la política reforzada de contención y control migratorio de México hacia los centroamericanos que esperan entrar y transitar por territorio mexicano en caravanas masivas. Para las personas que se desplazaron en la caravana este enero, todos los caminos conducían a la privación de libertad: tanto si expresaban su intención de solicitar asilo o un visado humanitario, como si aceptaban la oferta del gobierno de permanecer y trabajar en los estados del sur de México, eran llevados a detención.
La puesta en libertad en medio de políticas y procedimientos de deportación por la vía rápida, depende casi siempre y principalmente del acceso a asesoramiento jurídico, de conocer tus derechos y de tener a alguien en el exterior que abogue por ti. Actualmente no hay información pública disponible sobre cuántos de los detenidos han sido puestos en libertad o han podido continuar sus trámites de inmigración para obtener asilo o visados humanitarios o de visita en libertad.
El30 de enero, los defensores celebraron una conferencia de prensa en la que instaron al gobierno mexicano a reanudar las visitas programadas y a eliminar los nuevos obstáculos a los que se enfrentan las ONG que han solicitado permiso para entrar en los centros dedetención. El mensaje que enviaron es que no es aceptable violar ni un solo día los derechos de acceso a la información, acceso a la justicia y garantías procesales de los migrantes y refugiados sujetos a protección internacional. También instaron al gobierno a aceptar la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de visitar los centros de detención de inmigrantes que actualmente retienen a miles de personas en la frontera sur de México.
Organizaciones de la sociedad civil celebraron una conferencia de prensa en la que instaron al gobierno mexicano a reanudar las visitas programadas y a eliminar los nuevos obstáculos a los que se enfrentan las ONG que han solicitado permiso para entrar en los centros de detención.
Las declaraciones a los medios de comunicación de los miembros del IDC Alejandra Macías Delgadillo, directora de Asylum Access México y Elba Coria Márquez, directora de la Clínica Jurídica para Refugiados de la Universidad Ibero, destacan la riesgos asociados a prohibir a las personas detenidas el acceso a la defensa jurídicaya sea en las solicitudes de asilo o para controlar las garantías procesales en los procedimientos de detención y deportación. Estos riesgos son aún mayores en ausencia de un registro adecuado, de una selección y entrevistas individualizadas, y de procedimientos eficaces para identificar las necesidades de protección en los actuales mecanismos de detención y deportación.
Entrevista a Elba Coria Márquez, Directora de la Clínica de Derecho de Refugiados de la Universidad Ibero, sobre la situación (español).
Finalmente, se alcanzaron varios acuerdos en una reunión sin precedentes celebrada con el comisionado del INM y la Comisión Nacional contra la Discriminación (CONAPRED), incluida la revocación de la política adoptada sólo unos días antes de suspender la vigilancia de la sociedad civil sobre la detención de inmigrantes.
La detención de inmigrantes en México se asemeja en muchos aspectos al modelo penitenciario y representa un gasto significativo de fondos públicos, como se señala en un análisis del sistema de detención de inmigrantes realizado en 2019 por AsiLegal, Fundar y Sin Fronteras. La violación sistemática de los derechos de las personas detenidas ha sido documentada en más de 15 años de informes de monitoreo de centros de detención de inmigrantes realizados por la sociedad civil mexicana. En este sentido, IDC apoya los esfuerzos para garantizar la vigilancia sistemática por parte de la sociedad civil de las condiciones de detención y el ejercicio del derecho a la información y a la defensa legal de los migrantes y refugiados detenidos.
A este respecto, IDC ha puesto a disposición un Manual de Seguimiento, elaborado conjuntamente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT). Es una guía paso a paso para cualquier persona o institución que realice visitas de detención de inmigrantes. También puede utilizarse como lista de comprobación para las autoridades, el personal de los centros de detención y los periodistas sobre las normas que deben aplicarse cuando se detiene a solicitantes de asilo y migrantes.