Desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, el derecho a la libertad personal ha sido recogido en diversos tratados internacionales. Este derecho es uno de los principales marcos para abordar la detención arbitraria de personas en movimiento.
Como parte de la gestión de la migración, los gobiernos de todo el mundo llevan a cabo diversas acciones como parte de la política estatal, una de las cuales es la detención.
IDC ha documentado los diversos efectos perjudiciales de la detención de inmigrantes, como la criminalización de los inmigrantes (incluidos los que necesitan protección internacional), los efectos psicosociales en las personas y sus comunidades, las violaciones de los derechos humanos, así como los elevados costes para los gobiernos.
«La migración irregular no es una elección de la gente, sino una consecuencia de las políticas y acciones del Estado».
Por lo tanto, las normas internacionales apoyan la eliminación de la detención de inmigrantes, y una de las estrategias para lograrlo es limitar su aplicación sólo como medida excepcional de último recurso. Este principio ha sido asumido en varios países y está consagrado en sus marcos jurídicos; sin embargo, existen varios retos en su aplicación.
¿Cómo aplicar el principio de último recurso para la detención de inmigrantes?
Para conseguir que los Estados eliminen gradualmente y pongan fin por completo al uso de la detención de inmigrantes, hay algunas acciones clave de defensa que pueden emprender los actores legislativos, los funcionarios públicos o las propias organizaciones de la sociedad civil.
Varios instrumentos internacionales prohíben la detención de inmigrantes de diversos grupos, como niños y adolescentes, solicitantes de asilo o personas en situación de vulnerabilidad, como embarazadas, madres lactantes, ancianos, personas con discapacidad, personas LGBTQI o supervivientes de trata de seres humanos, tortura y otros delitos violentos graves.
En el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, los Estados se han comprometido a dar prioridad a las alternativas no privativas de libertad acordes con el derecho internacional, y a adoptar un enfoque basado en los derechos humanos ante cualquier detención de migrantes, en el que la detención sólo se utilice como último recurso.
La excepcionalidad de la detención debe basarse en una evaluación individual y específica del contexto, en un análisis de todas las opciones, y la decisión de optar por la detención debe ser legal y demostrar un objetivo legítimo.
Basándose en las experiencias de sus miembros y socios, IDC se propuso recopilar prácticas prometedoras en la aplicación del principio de último recurso en todo el mundo, incluyendo ejemplos de legislación nacional y su posible efecto en el uso de la detención como medida de control de la inmigración.
Más información:
Le invitamos a leer nuestro documento informativo -La detención de inmigrantes como medida excepcional de último recurso- para conocer mejor las normas internacionales en las que se plantea el principio de último recurso, así como algunas prácticas prometedoras, con el fin de fomentar nuevos avances en esta cuestión.