Por qué es un objetivo posible para el gobierno entrante

MÉXICO
México es un país con una histórica tradición de asilo. No obstante, en los últimos años, las políticas migratorias se han caracterizado por un enfoque de contención, más que de recepción humanitaria y de inclusión.
Resultado de la excesiva militarización y las acciones de revisión y verificación migratoria enfocadas en la detención de las personas en movilidad, se han documentado diversos efectos negativos, tales como la desinformación, dilación o falta de acceso a procedimientos para el reconocimiento de la condición de refugiadas y a una legítima defensa, además de privación de la libertad a personas en situación de vulnerabilidad.
A nivel psicosocial, las personas suelen sentir angustia, incertidumbre y miedo como resultado de la falta de información, la incomunicación con sus familias o redes de apoyo, así como desesperanza provocada por el encierro; además de otras afectaciones a su salud física.
La nueva administración federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene la oportunidad de construir un nuevo plan de política migratoria con enfoque de derechos, priorizando la seguridad humana.
“Yo no había hecho nada malo, veníamos huyendo, pero no hicimos nada malo, yo no merecía estar ahí en esa estación migratoria que era peor que cárcel. Cuando salí hasta volví a sonreír. Ahora mi esposo y yo somos refugiados, estamos más tranquilos y ya tenemos trabajo.”
“Rebeca”, mujer refugiada, México 2023
Algunas áreas de oportunidad son las relacionadas con la eliminación de la detención migratoria; prohibición de la privación de libertad para las personas con necesidades de protección internacional; y la creación de lineamientos institucionales para atender a personas solicitantes de la condición de refugiadas, niñez y adolescencia en movilidad, personas racializadas, población indígena, personas con alguna discapacidad, mujeres embarazadas, personas de la diversidad sexo-genérica, y otras poblaciones con mayor riesgo de vulnerabilidad.
Otra oportunidad clave es el fortalecimiento de instituciones garantistas de derechos, tales como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Secretaría de Educación, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Secretaría de Salud, entre otras.
El nuevo gobierno tiene en sus manos la posibilidad de consolidar pasos firmes hacia la eliminación de la detención migratoria para quienes solicitan asilo. Una manera de avanzar es impulsando el uso de medidas alternativas a la detención, transformando la respuesta a los flujos migratorios hacia una recepción humanitaria y la construcción de comunidades de acogida, por mencionar algunos caminos posibles.
Desde IDC, hemos trabajado en una serie de recomendaciones que ponemos a disposición del nuevo gobierno, con el fin de colaborar, de la mano de otras organizaciones y redes de sociedad civil, en la construcción de una política migratoria centrada en las personas migrantes y refugiadas, y para el desarrollo de políticas que prioricen los derechos humanos y las soluciones a largo plazo.