El 8 de diciembre de 2025, el Consejo de la UE adoptó su posición negociadora sobre la propuesta de Reglamento en materia de retorno. Esta medida supone un enfoque preocupante y aún más punitivo de la UE en materia de gestión de la migración.
En abril, IDC advirtió que la propuesta de la Comisión de sustituir la Directiva sobre retornos de 2008 corría el riesgo de ampliar la detención, reducir el retorno voluntario, introducir «centros de retorno» en terceros países, aumentar el uso de la vigilancia electrónica y debilitar las garantías procesales. Esas preocupaciones siguen siendo urgentes.
La posición del Consejo parece profundizar en los elementos más perjudiciales del borrador anterior. En particular, avanza hacia una ampliación importante del uso y la duración de la detención migratoria, ampliando, según se informa, los períodos máximos más allá de la propuesta de la Comisión de 24 a 30 meses, tanto para adultos como para niños.
El Consejo propone una detención aún más prolongada en los casos de «seguridad». También amplía los motivos de detención vinculados a un concepto expansivo de «riesgo de fuga», incluyendo factores que pueden penalizar la pobreza y la exclusión social, y corre el riesgo de normalizar aún más la detención de niños.
Al mismo tiempo, el Consejo sigue respaldando los retornos a terceros países mediante acuerdos de retorno, lo que plantea serias dudas sobre las garantías exigibles, la evaluación individualizada y el acceso efectivo a la reparación. La orientación general se centra en la externalización de las fronteras y refuerza la coacción por encima del debido proceso y la dignidad.
El IDC plantea las siguientes preocupaciones con respecto a la propuesta del Consejo:
- Más personas, incluidos niños y otras personas vulnerables, corren el riesgo de ser detenidas durante más tiempo; se promueven la vigilancia electrónica y otras medidas intrusivas como «alternativas», a pesar de que en la práctica funcionan como formas alternativas de detención;
- Los «centros de retorno» de terceros países se normalizan aún más sin garantías significativas de seguridad o rendición de cuentas; y
- El reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno entre los Estados miembros se promueve de una manera que corre el riesgo de pasar por alto los cambios en las circunstancias de las personas y socavar el acceso a recursos efectivos.
- Al mismo tiempo, las garantías procesales y las opciones de retorno verdaderamente voluntarias siguen siendo débiles, lo que aumenta la probabilidad de que las personas sean expulsadas antes de que se examinen de manera completa y justa sus derechos y necesidades de protección.
El IDC sigue profundamente preocupado por el hecho de que el Reglamento sobre el retorno propuesto, ahora reforzado por la posición del Consejo, impulse a la UE hacia un sistema migratorio más coercitivo y centrado en la detención, en lugar de uno basado en los derechos, la equidad y la protección.
El IDC reitera su llamamiento al Parlamento Europeo y al Consejo para que rechacen cualquier nueva ampliación de la detención, la externalización y los retornos forzosos. La UE debería, en cambio, invertir en alternativas basadas en los derechos y dirigidas por la comunidad que sean más humanas, eficaces y asequibles.