Durante décadas, las organizaciones de sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos han denunciado las malas condiciones de los espacios de detención migratoria y cómo éstas favorecen las violaciones a derechos humanos hacia las personas en contextos de movilidad en México y en los Estados Unidos.

En los últimos años, se ha reconocido cada vez más la importancia de enfocar las conversaciones respecto al tema en las personas mismas, en especial sobre las consecuencias que tiene la privación de la libertad en su bienestar y en las diversas formas en que afecta su salud mental y la relación con su entorno.

Por ello, IDC desde su oficina de las Américas impulsó una investigación sobre los impactos psicosociales de la detención migratoria en las personas que han sido detenidas o que han estado en riesgo de ser privadas de libertad por razones migratorias en México y/o en los Estados Unidos. El objetivo de esos esfuerzos ha sido poner información relevante al alcance de los gobiernos para avanzar hacia el diseño e implementación de programas y/o políticas públicas encaminadas al cuidado de la salud mental y la promoción de alternativas a la detención.

Este trabajo consideró la revisión documental de otras investigaciones o informes relacionados, además de la realización de grupos focales con personas en contextos de movilidad en México.

¿Cuáles son los impactos psicosociales de la detención migratoria?

La detención migratoria como medida generalizada en México y Estados Unidos es utilizada para privar de la libertad a las personas mientras se resuelve su caso migratorio, lo cual por sí mismo tiene un impacto negativo, y suele invisibilizarse cuando se escuda con el uso de eufemismos, como “presentación” o “alojamiento”. Esta privación de la libertad va acompañada de otras medidas de contención migratoria, tales como controles carreteros, mayores restricciones o requisitos para el ingreso, respuesta militarizada, criminalización, entre otras.

Se ha identificado que tanto las personas que han sido detenidas como aquéllas que están o estuvieron en riesgo de serlo, pueden tener secuelas similares. Lo anterior dado que la posibilidad de ser detenidas por las autoridades genera que las personas se vean obligadas a tomar rutas más peligrosas, se expongan a conductas de riesgo que faciliten su ingreso por las fronteras y estén en mayores condiciones de vulnerabilidad ante actores criminales.

Los impactos psicosociales tienen dos dimensiones, una individual y otra comunitaria. En un nivel individual, las personas pueden experimentar miedo, angustia, incertidumbre y preocupación, que se expresa en dificultades para dormir, tristeza y desesperanza. Cabe mencionar que, incluso después de la liberación, el temor persiste ante la posibilidad de ser detenidas nuevamente.

Por otro lado, en el nivel comunitario, las consecuencias de la detención tienen un impacto en las familias y en las comunidades, tanto las de origen como las de destino. La angustia y la incertidumbre son efectos que también pueden presentar las familias de las personas detenidas, en especial cuando tienen información limitada sobre la situación de su familiar o poca certeza respecto a lo que va a suceder.

A partir de los grupos focales, se supo de casos en los que las afectaciones y daños a la salud mental y emocional se mantuvieron después de que las personas fueran puestas en libertad, además de que el factor tiempo no necesariamente fue proporcional a la afectación, es decir, una persona que estuvo en detención por una semana puede presentar los mismos efectos de quien lo estuvo por meses.

Finalmente, se detectó también que el daño puede presentarse en adolescentes que permanecieron en un albergue o centro de asistencia social cuando los modelos de estos espacios no permiten las salidas (modelos de puertas cerradas), y en efecto, las y los adolescentes se ven privadas de libertad.

“No dimensioné lo que pasé, hasta que salí de ahí.”
“Mi cuerpo ya no resistía, me puse con ansiedad.”
“Tengo tanto miedo de que me vuelvan a agarrar.”
– Frases de personas participantes en los grupos focales.

¿Qué papel tienen las Alternativas a la Detención (ATD) para contrarrestar éstas afectaciones?

Las alternativas a la detención son sinónimo de libertad. De acuerdo con los tratados internacionales en la materia, la detención migratoria debería ser excepcional y ser utilizada como medida de último recurso, por lo que se hace un llamado a los Estados a la aplicación de medidas alternativas que garanticen la libertad de las personas en contextos de movilidad.

Cuando las personas acceden a alguna medida alternativa en la comunidad, no solo evitan las afectaciones de la privación de libertad, también se libran de las violaciones de derechos humanos que suelen ocurrir en los espacios destinados a la detención. A su vez, la evidencia con la que cuenta IDC a través de su trabajo con ATD, muestra que estas medidas abonan a la confianza de las personas hacia sus procesos administrativos y/o legales, se traducen en el seguimiento de sus gestiones (es decir, que no abandonan sus trámites) y facilitan su integración en las comunidades de acogida, pues tienen certeza de sus opciones y lo que pueden esperar para sí mismas y sus familias.

Para saber más:

Te invitamos a leer nuestra publicación Alternativas a la detención migratoria en contextos de migración de tránsito para conocer más ejemplos prácticos y desarrollos recientes en el campo de las ATD, con el fin de resaltar prácticas prometedoras y alentar mayores avances en esta área.