Escrito por Barbara Pilz y Jem Stevens

Las ciudades europeas participan cada vez más en los debates sobre la gobernanza de la migración. ¿Qué papel podrían desempeñar en la construcción de sistemas basados en el compromiso con las personas, y no en la aplicación de la ley y la detención de inmigrantes?

No sólo para los gobiernos nacionales

A menudo se considera que la gestión de la migración es competencia de los gobiernos nacionales. Pero un grupo de ciudades europeas está destacando su papel en el trabajo con inmigrantes irregulares, elaborando orientaciones y llevando sus voces a la elaboración de políticas a escala europea a través del intercambio C-MISE.

Algo destaca de su trabajo: estas autoridades de ámbito local se centran en el apoyo y los servicios a las personas sin papeles. Un marcado contraste con el enfoque de aplicación de la ley, disuasión y detención, cada vez más popular entre los gobiernos nacionales de Europa.

Más cerca de la realidad de la migración irregular

Tal vez esto no sea sorprendente, ya que las ciudades tienen competencias para garantizar el bienestar de los residentes y están más cerca de las realidades de la inmigración irregular. Son testigos de primera mano de las experiencias de los indocumentados, que a menudo no pueden acceder a los servicios básicos, y de los retos que esto supone para las personas, las comunidades locales y las autoridades.

En Atenas, Eleni Takou, de Human Rights 360, comparte: «La mayoría de los sin papeles acaban en el centro de Atenas, bien pasando desapercibidos o buscando rutas de salida. Esto ha hecho que la ciudad de Atenas tenga que ser proactiva: tiene un centro de coordinación para ONG y otras partes interesadas, y se ha mostrado activa en la prestación de servicios y el apoyo a las derivaciones a viviendas y asistencia sanitaria.»

 

Abordar los problemas locales: enfoques que funcionan mejor

El empobrecimiento, la falta de vivienda, la indigencia y las barreras a la cohesión social son algunos de los retos a los que se enfrentan las ciudades, relacionados con la irregularidad. A menudo se detiene a las personas repetidamente y a veces durante periodos prolongados, en violación de la legislación de la UE. Y cuando son puestos en libertad, con todos los problemas que ello conlleva, las ciudades tienen que recoger los pedazos.

Así pues, ¿podría la colaboración entre las ciudades y las ONG ofrecer otra vía, abordando las preocupaciones locales al tiempo que se garantizan mejor los derechos y se resuelven los casos en la comunidad, sin detención de inmigrantes?

Jan Braat, de la ciudad de Utrecht, que preside el intercambio C-MISE, opina lo mismo: «En Holanda, el 50% de las personas [in an irregular situation] acaban en la calle: el planteamiento del gobierno nacional no ha funcionado. Hemos demostrado que es mejor generar confianza y trabajar con la gente».

Crear confianza, resolver casos en Utrecht

La ciudad de Utrecht se asocia con ONG para ofrecer orientación profesional y apoyo a las personas sin papeles, con el fin de reducir la irregularidad en la ciudad. El programa ha logrado la resolución de los casos de la mayoría de sus clientes: desde 2002, el 59% de los participantes obtuvieron el estatuto jurídico, el 19% regresaron a sus países de origen, el 13% volvieron a ingresar en los centros nacionales de acogida para solicitantes de asilo y sólo el 8% se desvincularon.

Rana van den Burg, de SNDVU, una ONG ejecutora, nos habla de su enfoque:

«La clave de nuestro apoyo es que se basa en la confianza entre la persona de contacto y el cliente. La gente suele creer que su caso no ha sido examinado adecuadamente por las autoridades de inmigración, lo que aumenta la desconfianza en el sistema y facilita la desvinculación de los procedimientos».

En el SNDVU, una persona de contacto acompaña a cada persona durante todo el procedimiento de migración y se asegura de que tengan acceso a información clara y accesible para tomar decisiones difíciles. Junto con esta orientación profesional, el programa proporciona alojamiento, dinero de bolsillo, asistencia jurídica y apoyo social para que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas y participar activamente.

Rana explica que «trabajar junto a las personas y tener una actitud libre de juicios, facilitando al mismo tiempo su agencia y su toma de decisiones, es la clave para resolver los casos». El programa no impone un límite de tiempo para la participación, con el fin de dar a los participantes tiempo para explorar todas las opciones de resolución del caso. Un acuerdo con la policía significa que los clientes no pueden ser detenidos.

 

Pruebas crecientes

Aunque este enfoque sigue siendo innovador en Europa, cada vez hay más pruebas de que funciona. El año pasado, un análisis en profundidad del Consejo de Europa concluyó que la confianza y el apoyo, incluida la gestión individualizada de los casos, son fundamentales para que las alternativas a la detención de inmigrantes (ATD) sean eficaces. Las pruebas de tres proyectos piloto de gestión de casos gestionados por ONG en Bulgaria, Chipre y Polonia, respaldan esta afirmación.

Las ONG suelen estar bien situadas para poner en marcha programas de TCA de gestión de casos, con experiencia en el trabajo individual con inmigrantes y en la creación de la relación necesaria para fomentar el compromiso. Y a medida que las organizaciones de la sociedad civil consideran cómo pueden ampliarse los proyectos piloto hacia el cambio de los sistemas, las ciudades destacan como partes interesadas potencialmente importantes.

Partes interesadas influyentes

Las ciudades no sólo tienen capacidad para movilizar los servicios y las redes de apoyo disponibles en su comunidad, como primeros intervinientes, sino que pueden actuar como puntos de entrada a los gobiernos regionales y nacionales. Sus voces podrían influir en el cambio de las narrativas en torno a la migración y la detención.

A partir de este año, por ejemplo, el programa de orientación profesional de Utrecht recibe financiación del gobierno nacional holandés. Esto forma parte de un acuerdo con cinco municipios que aportarán 59 millones de euros para financiar proyectos piloto durante tres años (en Utrecht, Rotterdam, Ámsterdam, Eindhoven y Groningen), y ha permitido a Utrecht ampliar su programa.

Es significativo que, con este acuerdo, el gobierno nacional holandés haya dejado de centrarse exclusivamente en los rendimientos, que mantuvo tenazmente durante años. ¿Podría esta colaboración a varios niveles suponer un paso hacia el cambio sistémico? Para las ONG locales, será clave mantener una gestión de casos independiente y de calidad, que apoye realmente a las personas para que exploren todas las opciones (en lugar de centrarse en el retorno) y tomen decisiones de forma informada y digna.

Mientras tanto, la Comisión Europea está implicando a las ciudades en la inmigración irregular, reconociendo con razón que los gobiernos nacionales no pueden hacerlo solos. Las ciudades C-MISE tienen un mensaje refrescante en este debate: quieren iniciar una conversación en la que se reconozca que las políticas de la UE no deben ignorar las dificultades sociales que viven los inmigrantes en situación irregular y que se necesitan respuestas más integradoras.

La colaboración multinivel como vía para el cambio

La política de la UE y los gobiernos nacionales recurren cada vez más a la represión y la detención para intentar alcanzar los objetivos de la gestión de la inmigración. Pero es bien sabido que la detención no sólo es perjudicial y costosa, sino que no favorece la resolución de los casos.

En este difícil contexto, la colaboración entre las ciudades y las ONG podría desarrollar enfoques que traten a las personas como seres humanos, apoyando a los individuos para que resuelvan sus casos en la comunidad sin detención.

Para las ciudades, esto podría suponer una forma de abordar los retos locales, al tiempo que informan e influyen en la política nacional y europea. Para la sociedad civil, podría proporcionar los cimientos de sistemas basados en la humanidad y la dignidad que funcionen mejor para todos.

Cambiar la narrativa y la práctica de la gestión de la migración -de la imposición al compromiso- es una tarea a varios niveles que requiere una acción colectiva.