De 25 a 27 de enero de 2017, el Presidente de los EE.UU., Donald Trump, emitió tres Órdenes Ejecutivas relacionadas con la seguridad fronteriza, las admisiones de refugio y asilo y la aplicación de las leyes de inmigración. Estas Órdenes Ejecutivas han sido condenadas por organismos de derechos humanos, expertos en políticas migratorias, comunidades migrantes y la sociedad civil ya que tendrán implicaciones significativas, costosas y perjudiciales para los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular. En particular, se espera que las Órdenes aumenten drásticamente el uso de la detención migratoria en los Estados Unidos y a nivel mundial, incluso por:
1. Compromiso con la detención masiva como estrategia de gestión de fronteras
Las órdenes ejecutivas de la Administración Trump no sólo permiten la detención, sino que también la convierten en una prerrogativa nacional y cierran la puerta a la exploración de alternativas eficaces que tienen menores consecuencias humanas y financieras. Estas órdenes expanden una política que ha sido practicada durante ya mucho tiempo por los Estados Unidos, que es el país que realiza más detenciones del mundo. En palabras del Secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, “El Presidente ha determinado que la detención legal de extranjeros… es el medio más eficaz para hacer cumplir las leyes de inmigración en nuestras fronteras”.
2. La presunción de detención para prácticamente todos los inmigrantes irregulares.
La definición ampliada de la administración de Trump sobre las personas que son una “prioridad” para la aplicación de las leyes de inmigración (y, por ende, están sujetas a la detención migratoria) incluye prácticamente a toda persona actualmente en situación irregular en los Estados Unidos. Esto significa que un estimado de 11.1 millones de personas sin la adecuada documentación que habitan en los Estados Unidos se encuentran en riesgo de detención, muchas de ellas han vivido en los Estados Unidos durante la mayor parte de sus vidas y tienen familiares que son ciudadanos de los Estados Unidos. La eliminación de la discrecionalidad y criterios de prioridad conducirá a una mayor detención arbitraria o prolongada. Además, las recientes políticas de la administración de Trump serán dirigidas a todas las personas nuevas que lleguen a los Estados Unidos, independientemente de su situación vulnerabilidad o necesidad de protección. Esto incluye a solicitantes de asilo, niños, niñas y adolescentes no acompañados, familias, víctimas de la trata y a otras personas en situaciones de especial vulnerabilidad
3. Financiamiento y construcción de infraestructura adicional para la detención migratoria
Los Estados Unidos ya opera el sistema de detención migratoria más grande del mundo, pero las Órdenes Ejecutivas de Trump llaman a una expansión masiva de esta existente infraestructura de detención migratoria con el fin de satisfacer la nueva demanda resultante de la eliminación de la discrecionalidad y de los criterios de prioridad, así como del incremento de esfuerzos de deportación. La Casa Blanca ha dado instrucciones al Secretario de Seguridad Nacional para “asignar todos los recursos legalmente disponibles a la construcción, operación, control o establecimiento de… instalaciones para la detención de extranjeros en o cerca de la frontera terrestre con México” (EO13767, Sec. 5). Dicha expansión será costosa y perjudicial, sin lograr disuadir la migración futura.
4. Ampliar el número de guardias fronterizos federales para arrestar y detener a migrantes
El gobierno de Trump busca contratar a 5 mil nuevos Agentes de Patrulla Fronteriza, que tendrán la atribución de devolver a las personas inmediatamente en la frontera o entregarlas a las autoridades de ICE para su detención (EO13767, Sección 8). Dado que las autoridades de Protección Fronteriza han sido criticadas con respecto a las denuncias de maltrato y negligencia, la expansión de estás practicas plantea graves preocupaciones. La nueva administración también busca contratar a 10 mil oficiales adicionales de «ejecución y remoción» federales, quienes tendrán la tarea de arrestar, detener y deportar migrantes en situación irregular (EO13768, Sec. 7). Esta medida también es preocupante teniendo en cuenta la historia de abusos, e incluso muertes, dentro de lugares de detención de migrantes.
5. Alentar a la policía local y estatal a actuar como agentes de inmigración
Las Órdenes Ejecutivas de Trump solicitan expresamente al Secretario de Seguridad Nacional buscar mayor colaboración con los agentes de las fuerzas de seguridad estatales y locales conforme al Programa 287(g) de INA (un denominado “multiplicador de fuerzas”) que provee a agentes locales y estatales de las fuerzas de seguridad la autoridad legal para llevar a cabo funciones de agentes de inmigración habilitándoles para realizar interrogaciones, aprehensiones y detención de personas migrantes en situación irregular. Esto conducirá a un aumento exponencial en el número de agentes de inmigración y un subsecuente aumento en el número de arrestos y detenciones. Además, el Programa 287(g) tiene una amplia gama de críticos, desde agentes de las fuerzas de seguridad hasta asociaciones de alcaldes, debido a sus efectos perjudiciales sobre la confianza y seguridad de la comunidad. Según información disponible del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en 2012 hubo un total de 1,076,054 agentes de las fuerzas de seguridad federales, estatales, municipales y locales, aproximadamente 3.43 agentes de las fuerzas de seguridad por cada 1,000 residentes en los Estados Unidos. Solamente 32 agencias de las fuerzas del orden en 16 estados participan actualmente en el Programa 287(g), muchos de ellos se han excluido voluntariamente del Programa para evitar perjudicar a sus comunidades; pero esto pronto podría cambiar.
6. Detención obligatoria de los solicitantes de asilo
La administración de Trump también está emprendiendo medidas para asegurar que las personas solicitantes de asilo permanezcan en detención durante todo su procedimiento de asilo, conduciendo a una política de detención obligatoria de facto y bloqueando el acceso al asilo a muchas personas en necesidad de seguridad. Las Órdenes Ejecutivas instruyen al Secretario de Seguridad Nacional el asignar inmediatamente a funcionarios de asilo a los centros de detención de inmigrantes con el fin de realizar determinaciones de la condición de refugiados dentro de los sitios de detención; el Procurador General ha recibido instrucciones similares para asignar jueces de inmigración a los centros de detención de inmigrantes con el fin de realizar audiencias de inmigración. Ya que los tribunales de asilo continúan atrasados, esto podría significar la detención prolongada de miles de solicitantes de asilo. (EO2, Sec. 5
7. Poner fin a la libertad condicional y a otras oportunidades de alternativas a la detención
El compromiso con la detención de la administración de Trump significa que las oportunidades para las alternativas a la detención también se reducirán significativamente. Por ejemplo, las Órdenes Ejecutivas específicamente ponen fin a la práctica de larga data de “libertad condicional”, por medio de la cual las personas son rutinariamente liberadas en los Estados Unidos poco después de haber sido aprehendidas por entrada irregular, hasta que sea posible fijar una fecha en los tribunales de inmigración. Existen alternativas exitosas a la detención. Las alternativas comunitarias operadas por organizaciones sin fines de lucro brindan servicios de asistencia y garantizan el cumplimiento de los procedimientos judiciales de inmigración. Sin embargo, dado el actual enfoque sobre la detención, tales oportunidades se limitan ahora a casos particulares y excepcionales, únicamente en relación con circunstancias extremas, como emergencias médicas. Las Órdenes también amenazan con multas y sanciones civiles para cualquier persona que “facilite” la presencia de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Esto teóricamente podría poner en riesgo a las ONG y organizaciones religiosas que brindan servicios críticos a los migrantes en situación irregular, y que brindan múltiples alternativas informales a la detención migratoria, como los albergues. Dichas sanciones reducirán la disponibilidad de servicios que fomenten el cumplimiento de las órdenes judiciales y fomentaran que poblaciones vulnerables busquen mantener un bajo perfil, y comprometerá aún las el control de la inmigración y de la seguridad pública.
8. Vinculando falsamente a la inmigración irregular con el terrorismo y la seguridad nacional
No existe una correlación estadística entre la migración irregular y el terrorismo o mayores tasas de delincuencia. No obstante, la administración de Trump continúa viendo a la inmigración a través de la lente de la seguridad nacional. Esto alienta a los estadounidenses a ver la detención migratoria como una medida necesaria para mantener seguras sus comunidades, a pesar de que la evidencia demuestra que las alternativas a la detención son seguras, efectivas y menos costosas, a la vez que defienden los derechos, la dignidad y el bienestar de los propios migrantes.
9. La prohibición temporal o indefinida de entrada a los Estados Unidos, incrementa la detención en los aeropuertos
La prohibición temporal de la administración de Trump sobre el reasentamiento de refugiados sirios en los Estados Unidos y del ingreso de refugiados y migrantes de países de mayoría musulmana, busca vincular falsamente a solicitantes de asilo musulmanes con el terrorismo. Cuando fue inicialmente anunciada, ésta prohibición condujo a un aumento en la detención en aeropuertos y el riesgo de que las personas sean detenidas en otros países en su intento por llegar a los Estados Unidos. Los efectos alarmantes de las órdenes se hicieron visibles casi inmediatamente, como cuando un niño de 5 años de edad fue detenido y esposado en un aeropuerto de los Estados Unidos porque supuestamente “podría haber representado una amenaza a la seguridad”.
10. Retirar los compromisos de reasentamiento de refugiados, resultando en la detención continua de refugiados en otros países
Al retirar los compromisos previos de la administración de Obama con el reasentamiento de refugiados, la administración de Trump cierra la puerta de los Estados Unidos para quienes más lo necesitan y está deja a decenas de miles de refugiados en condiciones precarias, con incertidumbre sobre si o cuándo serán reubicados. Algunos de estos refugiados están actualmente detenidos en otros países, mientras que muchos otros seguirán enfrentándose a la perspectiva de la detención en terceros países sin que se busque una solución duradera para ellos.
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Vanessa Martínez, Coordinadora Regional para las Américas, [email protected]