La Unión Europea se encamina potencialmente hacia una alarmante expansión de la detención migratoria y los retornos forzosos.
Unión Europea
El Reglamento sobre el retorno de la UE, actualmente en fase de examen por el Parlamento Europeo y el Consejo, sustituiría a la Directiva sobre el retorno de 2008. Si se aprueba, aumentaría considerablemente el uso de la detención, limitaría las opciones de retorno voluntario e introduciría acuerdos de retorno con terceros países, lo que podría tener consecuencias devastadoras para las personas migrantes y refugiadas en toda Europa.
Entre las disposiciones más preocupantes se encuentra la ampliación de los períodos máximos de detención de 18 a 24 meses, con posibilidades adicionales de detención indefinida en los denominados «casos de seguridad». La propuesta también supondría un aumento del número de niñas y niños detenidos y de la duración de su detención. A pesar de que la detención nunca redunda en el interés superior del niño, los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados podrían ser detenidos durante un máximo de dos años.
La normativa ampliaría los motivos de detención, facilitando a las autoridades la detención de personas basándose en justificaciones muy generales. Además, la propuesta permite el uso de tecnologías de localización y vigilancia electrónicas. Las investigaciones demuestran que estas tecnologías constituyen formas alternativas de detención y no alternativas a la detención. Como se afirma en el informe del IDC, el etiquetado electrónico «restringe sustancialmente (y a veces niega por completo) la libertad y la libertad de circulación, lo que conduce a una detención de facto… y se ha demostrado que tiene efectos negativos considerables en la salud mental y física de las personas, lo que da lugar a la discriminación y la estigmatización».
Estas tecnologías suponen una amenaza para la libertad personal al aumentar la vigilancia y la recopilación indiscriminada de datos, al tiempo que crean connotaciones de criminalización tanto para las personas que llevan los dispositivos como para las comunidades que los ven. Existen serias preocupaciones sobre la posibilidad de que estas tecnologías restrinjan aún más las libertades de las personas, socaven los derechos humanos y aumenten la vigilancia sin las garantías adecuadas, los mecanismos de rendición de cuentas o las protecciones del debido proceso.
Igual de preocupante es la propuesta de devolver a las personas no a su país de origen, sino a terceros países con los que la UE tiene acuerdos de retorno («centros de retorno»). No hay garantías significativas de que las personas sean enviadas a un lugar seguro o de que se respeten sus derechos. Aunque el reglamento afirma incluir salvaguardias de los derechos humanos, éstas son difíciles de aplicar y dejarán a muchas personas en situación de riesgo.
Para quienes reciban la orden de abandonar la UE, las opciones de retorno voluntario se verán severamente restringidas. A muchos se les dará solo 30 días para marcharse antes de enfrentarse a la deportación forzosa. El reglamento también introduce medidas punitivas, como sanciones económicas y la retirada de la asistencia al retorno para quienes se consideren poco cooperativos. Este enfoque ignora la realidad de que las personas tienen vidas, familias y relaciones, y necesitan tiempo para hacer los trámites necesarios, recurrir las decisiones o prepararse para marcharse con dignidad.
En otro cambio profundamente preocupante, la propuesta permite —y, en última instancia, exigirá— que un Estado miembro de la UE ejecute una orden de devolución emitida por otro. En los casos en que una persona abandone un país de la UE y solicite asilo en otro, esto facilitará la expulsión de personas sin tener plenamente en cuenta los cambios en sus circunstancias o los nuevos riesgos a los que podrían enfrentarse si son devueltas. Al mismo tiempo, se están erosionando las garantías procesales, lo que aumenta el riesgo de que las personas sean deportadas antes de que se hayan examinado sus recursos.
Las medidas propuestas suponen un cambio fundamental hacia un sistema de migración más duro y punitivo, que favorece la detención migratoria y la expulsión por encima de los derechos, la equidad y la protección.
IDC teme que los cambios propuestos den lugar a que más personas, incluidos niñas, niños y muchos adultos vulnerables, sean detenidos durante más tiempo, sometidos a expulsiones injustas y se les niegue el acceso a un proceso justo.
Hacemos un llamamiento al Parlamento Europeo y al Consejo para que rechacen esta propuesta de ampliación de la detención y los retornos forzosos. La detención nunca debe ser el enfoque por defecto de la gestión migratoria. Existen alternativas que son eficaces, respetan los derechos y la dignidad de las personas y suponen una fracción del coste de la detención migratoria.
La UE debe cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, proteger a las personas de cualquier daño y garantizar que el debido proceso y la dignidad sigan siendo el centro de la política migratoria.
Puede consultar el análisis más detallado de IDC sobre la propuesta de reglamento de la UE sobre devoluciones aquí.
