El uso de la detención como instrumento de control migratorio es común y 
extendido por toda Norteamérica, tras el razonamiento equivocado de disuadir la migración a través de la detención obligatoria. Pero más al sur del continente, el uso de la detención por motivos migratorios tradicionalmente se ha usado esporádicamente y en muchos casos como último recurso. Esta semana, organizaciones civiles de derechos humanos de la región expresaron su grave preocupación por los múltiples cierres de fronteras en Centro- y Suramérica como respuesta gubernamental, dirigida principalmente a la migración de personas cubanas quienes buscan llegar a Estados Unidos donde la legislación nacional actual les permite obtener la residencia. Dichos cierres han dado lugar a un incremento en detenciones y deportaciones sin precedente en varios países.
Ecuador, punto de entrada para muchos cubanos, ha sido el país más reciente de adoptar esta política alarmante con la detención de más de 149 cubanos el 6 de julio de 2016, incluyendo a personas refugiadas y otras con posibles necesidades de protección, algunas que ya han sido deportadas sin cumplimento con el debido proceso. Lamentablemente, Ecuador es sólo uno de varios países que han sido parte de esta reacción en cadena de cierre de fronteras. Desde finales del 2015, se han observado situaciones similares con detenciones y deportaciones violatorias a estándares regionales e internacionales de derechos humanos en Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia.
Así, miembros y socios de IDC se sumaron al llamado a los Estados a responder ante sus obligaciones de garantizar los derechos humanos de todas las personas en su territorio, y:
«Consolidar espacios fronterizos y de tránsito seguros por medio de acciones encaminadas a la identificación oportuna de solicitantes de asilo y otras personas con necesidades de protección, garantizar el derecho a la libertad personal, el respeto al principio de no devolución …» – Pronunciamiento del Grupo Articulador Regional del Plan de Acción de Brasil
Desde noviembre de 2015, Nicaragua cerró su frontera sur y mandó militares que utilizaron gases lacrimógenos y golpes para prevenir que migrantes cubanos que contaban con una ‘visa de tránsito’ por Costa Rica entraran al territorio nicaragüense. Un mes después, Costa Rica anunció el cierre de sus fronteras, junto con la suspensión de visas de tránsito y la deportación inmediata de personas cubanas. Por su parte, Panamá bloqueó el regreso de los cubanos desde Costa Rica; y en consecuencia, más de 2 mil personas quedaron varadas en Costa Rica y más de 4 mil en Panamá.
Para atender a este nuevo problema, los dos países abrieron nuevos «centros» y “albergues” para migrantes, unos que, de manera preocupante, funcionan a puertas cerradas. En Costa Rica, el centro en Buenos Aires es específicamente para mujeres, niños, niñas y adolescentes y otro en Río Claro es para hombres, en su mayoría de países africanos. Ambos centros funcionan a puertas cerradas. En Panamá, se abrieron centros en Los Planes, distrito de Gualaca, Chiriquí y Puerto Obaldía, algunos para detener a las personas antes de su remoción del país. 
Haciendo las cosas aún más complicadas, en mayo de 2016, Panamá cerró su frontera con Colombia. Asimismo, Colombia aumentó las detenciones y deportaciones, algunas personas a su país de origen y otras al último país de procedencia.
Como se evidencia en los medios de comunicación y como han declarado las mismas instituciones de derechos humanos de estos países, lejos de parar o disuadir la migración cubana, estas políticas han provocado una serie de violaciones a derechos humanos y situaciones donde miles de personas están varadas entre fronteras, incluyendo a niños, niñas y adolescentes. Entre ellos, se encuentran no solo personas cubanas, sino también haitianas, así como personas y familias provenientes de países africanos.
No es que los Estados no cuenten con las herramientas para desarrollar e implementar respuestas alternativas. Como se observó entre enero y mayo de 2016, entre las acciones equivocadas de cierre de fronteras y detenciones, los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá y México también se coordinaron para apoyar el paso a Estados Unidos de más de 6,000 cubanos. Esto muestra que sí es posible la cooperación regional. En una entrevista con Reforma en marzo de 2016, IDC felicitó la cooperación regional para implementar soluciones que no restringen la libertad personal y de movimiento:
«Este esfuerzo, que es increíble, demuestra que la detención no es el mecanismo; que es la gestión, la suma de capacidades para finalmente llegar a soluciones llevaderas» – Elba Coria, IDC
La complejidad de los movimientos migratorios que incluyen a personas solicitantes de asilo, refugiadas y víctimas de trata, entre otras hace cada vez más urgente la cooperación y coordinación regional, así como el desarrollo de políticas fundamentalmente distintas a las que se basan en el cierre de fronteras y la restricción. En todas partes del mundo y en este región se ha comprobado que el uso de la detención y deportación como primera y única respuesta ante la migración irregular no es la mejor opción.
Los gobiernos del continente americano ya han realizado compromisos específicos para garantizar la protección integral de los derechos de las personas migrantes, incluyendo la implementación de alternativas a la detención dentro de su plan para zonas fronterizas del Plan de Acción de Brasil (diciembre 2014). Es hora de explorar estas alternativas y cumplir con esos compromisos.