El 30 de enero se cumplió un año desde que el presidente argentino, Mauricio Macri, decidió modificar a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2017 la Ley de Migraciones.

El Decreto endureció significativamente la política migratoria y representó un enorme retroceso en términos de compromisos regionales e internacionales de derechos humanos, incluyendo en la garantía del derecho a la libertad personal.

A un año del Decreto, varias organizaciones de la sociedad civil, junto con otros expertos y expertas en derechos humanos se levantaron la voz en repudio al DNU 70/2017.

 

En períodos democráticos, este DNU ha sido la reforma más anti-democrática de una normativa migratoria argentina en toda su historia. Hubo 0 debate social y político, nadie (fuera de ciertas áreas del gobierno) tuvo siquiera la posibilidad de ver el borrador previamente.

— Pablo Ceriani (@Pabloceriani_) January 28, 2018

Imagen de la campaña nacional Migrar No Es Delito, impulsada por diferentes organizaciones y con el fin de impulsar la derogación del Decreto N.º 70/2017 

 

El DNU fue anunciado como una medida para hacer frente a un supuesto incremento en conductas criminales asociadas a personas migrantes. Sin embargo, diversas organizaciones de la sociedad civil, así como especialistas en la materia, señalaron que estas afirmaciones se basaban en información imprecisa y tergiversada, y que la Ley de Migraciones ya contemplaba elementos razonables de seguridad nacional antes de la modificación.

“El decreto está siendo estudiado desde febrero de 2017 por la Comisión Bicameral Permanente de Control de los DNU, sin una fecha para el tratamiento en el Congreso. En este contexto, todas las decisiones administrativas que se adopten desde la firma del DNU tienen validez.” – Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

El resultado es que la detención migratoria en Argentina ya no es una medida excepcional, como se establece el derecho internacional de derechos humanos y en la práctica, más personas corren el riesgo de ser privadas su libertad por motivos migratorios.

El decreto 70/2017 entre otros cambios:

  • Aumenta el plazo de detención máxima de 30 a 60 días
  • Sanciona con la retención indefinida a aquellos migrantes que anteponen recursos para evitar su expulsión
  • Permite que la persona sea detenida al iniciarse un procedimiento migratorio, incluso antes que se dicte una expulsión administrativa
  • Deja que la reunificación familiar sea un criterio para limitar la detención innecesaria

En el año de los Pactos Mundiales, Argentina aún tiene una oportunidad para volver a ser un referente para la política migratoria de la región y del mundo como lo fue durante más de 10 años por abordar las migraciones desde una perspectiva de derechos humanos, incluyendo la garantía del derecho a la libertad personal.