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Entrevista al equipo de IDC Américas

Entrevista a Diana Martínez, Oficial de Programa para las Américas de IDC sobre la situación migratoria de la región

¿Cómo afrontáis desde IDC la securitización de las fronteras y el aumento de la detención migratoria en la región y qué elementos son los que más os preocupan?

Los Gobiernos de la región tienen una serie de compromisos internacionales en materia de derechos humanos que han ido adquiriendo a lo largo de los años, nosotrxs tratamos de promover que esos compromisos se cumplan, en específico el derecho a la libertad, observando los estándares internacionales que las mismas autoridades se han impuesto.  Los Gobiernos no deben olvidar la protección que deben garantizar a los grupos vulnerables en términos de no detención, tanto de niños, niñas y adolescentes como de personas refugiadas y otros grupos en situación de vulnerabilidad. 

¿Cómo ha cambiado la percepción sobre la región a raíz de la nueva situación?

Sin duda ha habido una variación importante de la situación que vivíamos hace algunos meses. Países como México iban avanzando en temas de protección y alternativas a la detención después de años de mucho desconocimiento acerca de lo que significaba una alternativas a la detención. Poco a poco el Gobierno mexicano lo había estado incluyendo dentro de su agenda y discurso, incluso inició algunos proyectos piloto de alternativas para niños, niñas y adolescentes y para solicitantes de la condición de refugiados. Durante meses, México fue considerado un referente de buenas prácticas a nivel internacional. 

Desde IDC, lo veíamos como un avance hacia lo que anhelamos, que toda detención por motivos migratorios sea acorde a principios de excepcionalidad, proporcionalidad y  necesidad. En otras palabras, que la detención migratorias sea utilizada solamente como excepción y nunca para grupos en situación de vulnerabilidad.

Desafortunadamente, después de los acuerdos con Estados Unidos, este avance entra en un impás y vemos que la detención migratoria vuelve a ser una de las principales herramientas de control migratorio, y que se empiezan a generar muchos más controles en la frontera y a lo largo de la ruta migratoria. No solamente en México, en los países centroamericanos están haciendo algo similar, tratando de cerrar las fronteras para evitar que la población salga. Con esta actuación, los Gobiernos olvidan el derecho que tiene la población de buscar una vida mejor y de solicitar asilo si están siendo perseguidos o su vida corre peligro. 

Los Gobiernos olvidan el derecho que tiene la población de buscar una vida mejor y de solicitar asilo si están siendo perseguidos o su vida corre peligro

¿Cuántos centros de detención hay en México en la actualidad y de qué tipo son?

En la actualidad hay aproximadamente unos 60 centros de detención formales repartidos a lo largo de todo el territorio mexicano. Hay diversas categorías de detención, la más conocida es la llamada estación migratoria, pero también existen las estancias provisionales  de tipo A y de tipo B*, cuya diferencia con las primeras es su posibilidad para recibir a personas por periodos cortos de tiempo. Por otro lado, tenemos los centros creados a raíz de de los acuerdos con Estados Unidos en junio de este año. Al parecer son 8 albergues temporales (o informales) que tienen una mayor capacidad que las estaciones migratorias y están también colocados estratégicamente en algunos estados de la ruta migratoria. Estos centros sirven para aumentar la capacidad del Gobierno mexicano para tener detenidas a las personas.

Esto nos preocupa, en primer lugar porque evidentemente las condiciones en detención no son las óptimas y, en segundo lugar, no tenemos la certeza de que en estos lugares estén entrando organizaciones internacionales, sociedad civil, y de que las personas detenidas estén recibiendo información sobre sus procedimientos migratorios o posibilidades de regularización y sobre la importancia de tener acceso a los procedimientos de asilo. Por otro lado, nos preocupa no saber cuándo estos albergues temporales van a ser cerrados.

¿Cuáles son las últimas cifras de detención migratoria? 

De acuerdo con estadísticas gubernamentales a través de la Unidad de Política Migratoria, entre enero y agosto de este año, se llevaron a cabo 144,591 eventos de detención en México, de los cuales 43,027 han sido de niños, niñas y adolescentes. 

¿En qué está trabajando IDC activamente para hacer frente al aumento de la detención de personas migrantes en la región?

Desde IDC estamos apostando mucho a los esfuerzos locales, sobre todo en México y en los Estados Unidos. Pensamos que las respuestas locales pueden llevarnos a un cambio global. Estamos impulsando la coordinación entre diversos actores, apoyando el fortalecimiento de distintas autoridades de protección, migratorias  y organizaciones de la sociedad civil para avanzar en la implementación de alternativas a la detención, principalmente de niñas, niños y adolescentes pero también de sus familias. 

El tema de los niños, niñas y adolescentes acompañados nos preocupa especialmente y tememos que quede relegado por el hecho de encontrarse con algún miembro familiar. El Gobierno está haciendo algunos esfuerzos para que los niños, niñas y adolescentes que viajan no acompañados puedan ser puestos en libertad de manera rápida (aunque lo ideal sería que no pasaran ni un solo día en detención), en cambio a los niños acompañados se les está dejando en estaciones migratorias por periodos indefinidos con la excusa de que están con familiares. La detención sigue siendo perjudicial para aquellos niños, niñas o adolescentes. En ese sentido estamos tratando de colaborar con nuestrxs miembros y aliadxs, así como autoridades para impulsar (a través de alianzas, eventos, capacitación) que estas alternativas se cumplan en la implementación de una ruta de atención a niños, niñas y adolescentes migrantes y que lo que dice la ley en México de que ningún menor de 18 años  debe ser detenido por motivos migratorios sea una realidad. 

Desde IDC estamos apostando mucho a los esfuerzos locales, pensamos que las respuestas locales pueden llevarnos a un cambio global

¿Cuáles son las oportunidades que tienen los Gobiernos de la región? 

Tienen una gran oportunidad de cumplir los compromisos adquiridos y la observación de los derechos humanos de la población que habita su territorio, observar los estándares internacionales y, sobre todo, hacer posible la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana. Podrían incluso elevar los estándares y, sobre todo, dar marcha atrás a esta securitización que se está produciendo de nuevo en la región y que está afectando a las personas más desfavorecidas que no pueden acceder a un documento migratorio para llegar a México o a Estados Unidos.

Está en manos de los Gobiernos cambiar la situación de mayor desprotección de estos grupos en situación de vulnerabilidad que salen de su país para salvaguardar la vida, la libertad y que están viendo imposible el tener acceso a procedimientos migratorios, de protección internacional o están siendo detenidos por largos periodos en los centros de detención tanto en México como Estados Unidos. 

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*De acuerdo con las Normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración, las Estancias provisionales “A” permiten una estancia máxima de 48 horas, y las Estancias provisionales “B” permiten una estancia máxima de 7 días.

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Argentina: Restitución de derechos de una familia

En septiembre del 2019, el Gobierno argentino anunció su decisión de levantar la prohibición de reingreso al país de Vanessa Gómez Cueva, permitiéndola reunirse con sus hijos de 6 y 14 años.

Por más de 7 meses, Vanessa y su familia, apoyados por organizaciones de la sociedad civil, lucharon contra la prohibición de reingreso después de un procedimiento de expulsión que no había respetado los derechos a la libertad personal y la unidad familiar, ni el interés superior del niño.

Lamentablemente, la situación de Vanessa es caso testigo de la vigente política migratoria de Argentina centrada en la restricción y el control. Por eso, IDC acompañó a otras organizaciones nacionales e internacionales en expresar nuestra inquietud por el caso y destacar la necesidad de anular la medida de prohibición de reingreso.

En una carta dirigida al Ministro del Interior, Consejero Ministerio de Relaciones Exteriores y el Director Nacional de Migraciones, IDC destacó el preocupante retroceso en la política migratoria manifiesto en el caso:

Hoy, en el Día de las personas Migrantes en la Argentina, festejamos porque #VanessaVuelve.

Exigimos la derogación del DNU 70/2017 y la suspensión de todas las prácticas y normativas que criminalizan y estigmatizan a la población migrante.#MigrarEsUnDerecho#DiaDelInmigrante pic.twitter.com/G03NqL2eum

— Centro de Estudios Legales y Sociales (@CELS_Argentina) September 4, 2019

El anuncio del gobierno argentina de levantar la prohibición de reingreso se hizo en el 31º Período de Sesiones del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, realizado en Ginebra. Este mismo órgano de las Naciones Unidas ha instado al Estado argentino a derogar y suspender la aplicación del DNU 70/2017que modifica la ley de migraciones, así como a revisar los demás casos de expulsión que derivan del DNU. IDC urge al gobierno argentino a aplicar estas recomendaciones de manera prioritaria, ya que la resolución del caso de Vanessa muestra el camino que se debe tomar para modificar la política migratoria actual.

Leer el el comunicado del CELS sobre el caso de Vanessa

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Foro Regional de Intercambio y fortalecimiento institucional

Autoridades federales, locales, organismos internacionales, y representantes de la sociedad civil se reunieron en la frontera norte de México los días 3 y 4 de septiembre para compartir retos en la identificación, canalización y atención de niñez, además de buenas prácticas observadas en la ruta de atención a niña, niños y adolescentes migrantes y refugiados.

En fechas recientes el contexto migratorio en Norte y Centroamérica ha cambiado drásticamente y sigue cambiando, las detenciones de personas migrantes, incluyendo niñas, niños y adolescentes aumentan de manera preocupante. Además, se han habilitado nuevos centros de detención a lo largo de la ruta migratoria (Chiapas, Coahuila, Tabasco, entre otros) que han duplicado la capacidad que tiene el gobierno mexicano para tener detenidas a personas migrantes. Del mes de enero al mes de junio de 2019, fueron presentados en estaciones migratorias aproximadamente 32,507 niñas, niños y adolescentes de los cuales 19,620 eran menores de 12 años.

Ante esta nueva realidad, existen oportunidades en leyes y en políticas públicas que deben ser aprovechadas por los actores que se encargan de las protección de niñas, niños y adolescentes, para garantizar que estos sean protegidos por el gobierno mexicano y que sus derechos, incluyendo el de libertad, sean garantizados.

Además de una ley que prohíbe la detención migratoria de niñas, niños y adolescentes desde hace 4 años, México cuenta con un sistema de protección y con autoridades facultadas para evaluar el interés superior de niños y niñas (acompañados y no acompañados) y remitirlos a un lugar de primera acogida mientras esta evaluación se lleva a cabo. Para que este sistema funcione, es necesaria una coordinación constante entre autoridades federales, locales, municipales, organismos internacionales y sociedad civil en la implementación de una ruta de atención que ponga en el centro al menor de edad y no a su situación migratoria.

Esta necesidad de coordinación e intercambio de retos y buenas prácticas fue el principal impulso para realizar este Foro que tuvo como antecedente un diagnóstico participativo facilitado por IMUMI, Psicólogos Sin Fronteras y el albergue Madre Asunta, que entre otras cosas sirvió para conocer la experiencia y necesidades de los niños y niñas al enfrentarse a la detención migratoria.

El Foro contó con un espacio para escuchar las buenas prácticas de la Procuraduría de Sonora, Baja California, el Albergue para niñez migrante “Tin Otoch”, Aldeas Infantiles Tijuana, Psicologos Sin Fronteras, en un segundo momento los participantes recibieron charlas de Unicef y Acnur sobre el Modelo de cuidados alternativos y la protección internacional respectivamente.

El segundo día los participantes discutieron en mesas de trabajo su intervención en las fases de la ruta de atención y entre las propuestas más destacadas tenemos: la homologación de procedimientos y criterios del Instituto Nacional de Migración en todas sus Representaciones; la sistematización de buenas prácticas en materia de protección de niñez y adolescencia migrante; contar con más opciones de acogida cuando los niños, niñas y adolescentes acceden a alternativas en México; que las opciones de acogida se realicen en coordinación con sociedad civil, entre otros.

Las organizaciones convocantes junto con Unicef confían en que estos esfuerzos abonaran a una mejor coordinación a favor de las alternativas a la detención de NNA y la implementación de una ruta de atención que logre el objetivo de no contar con menores de 18 años en las estaciones migratorias.

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Acto solidario para poner alto a la detención

Unidos en la certeza de que la detención migratoria no es una solución y que tenemos que crear nuevas perspectivas, el IDC y la Campaña ¡Alto a la Detención de Niñxs Migrantes! este mes unieron fuerzas con un movimiento translocal de migrantes Florece Aquí y Allá. El 6 de julio, la histórica plaza principal de la Ciudad de México, el Zócalo, se llenó de arte, música y las voces de aquellos que por algún motivo tuvieron que dejar su país, en un acto solidario a favor del bienestar local que atraviesa fronteras: personas migrantes, refugiadas, deportadas, retornadas, detenidas, desplazadas, indocumentadas, ciudadanas, familias, vecinas, y comunidades.

La importancia de escuchar las voces de quienes cruzan fronteras, muchos de ellos con la experiencia de ser privados de la libertad y deportados, no puede ser sobreestimado en este momento crítico ante la aguda criminalización de la movilidad humana. La llamada “crisis” en la que nos encontramos como sociedad hoy en día es la de normalizar la discriminación y hacer aceptable la xenofobia. Celebrar a través de música, baile, arte, libros y actividades infantiles, las realidades de la migración y la esperanza que la caracteriza, es sin duda parte de la solución.

El espíritu de inclusion y solidaridad reunió a artistas que colaboraron pro bono, incluyendo tres sonideras, la rapera Dayra Fyah, el ensamble de migrantes Latido Nómada, the Mexican Standoff de Los Ángeles y el coro Singing City de Filadelfia, la editorial ateconqueso, Activate Labs, muchos muchos voluntaries, junto con grupos de personas migrantes y organizaciones aliadas en México, Centroamérica y Estados Unidos.

Convocados por la organización civil Otros Dreams en Acción (ODA) se presentaron 6 propuestas compartidas, simbólicamente representadas (por la artista binacional Emily C-D) por un tapete en forma de mandala hecha de semillas, granos y flores que nos recuerde la movilidad humana, la libertad de movimiento, la alimentación, la capacidad de crecer y florecer en distintos lugares, y mantas pintadas en manos de una brújula que nos guíe.

1. No Encarcelar Migrantes: Las detenciones y deportaciones no son una solución.
2. Mantener Familias Unidas: Separar a las familias migrantes es un crimen contra la humanidad.
3. Comunidades Diversas: Los ecosistemas naturales florecen cuando haya diversidad y la cultura humana no es excepción. La discriminación es deshumanización, hay vidas en juego.
4. Seguridad e Inclusión: Seguridad e inclusión para migrantes resultan en comunidades más seguras para todxs.
5. Educación y Trabajo: La educación y el trabajo son claves para construir economías translocales sólidas.
6. Personas No Papeles: Los documentos deben ser empleados para facilitar acceso en vez de desigualdad.

La solidaridad tiene eco y tuvieron lugar eventos paralelos en otras ciudades: San Pedro Sula, San Salvador, Ciudad de Guatemala, Tapachula, Ixtepec, Querétaro, Tijuana, Phoenix, Los Ángeles, Seattle, Chicago, Atlanta, Staten Island, y Brooklyn.

Para mayor información, unirte a la campaña o hacer una donación visita Florecer aquí y allá.

Si quieres aprender más sobre las alternativas a la detención migratoria puedes leer la definición de IDC aquí.

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IDC define las alternativas a la detención

A pesar de tener un lugar en varios instrumentos de derecho internacional, el término ‘alternativas a la detención’ no tiene una definición legal establecida ni constituye un concepto prescriptivo. De hecho, varios actores manejan definiciones diferentes del término. Como definición práctica, IDC entiende las alternativas a la detención como: ‘Cualquier ley, política o práctica por la que las personas no son detenidas por motivos relacionados con su condición migratoria.’

Para IDC, las alternativas son parte clave de una estrategia para reducir y eliminar el uso de la detención por motivos migratorios. Es por ello que utilizamos esta definición tan amplia: Con el objetivo de ofrecer a los gobiernos toda la gama de opciones de gestión migratoria disponibles, sin recurrir a la detención. A través de recopilar ejemplos de alternativas en la ley, las políticas públicas y la práctica, se ofrece ideas y un punto de partida para cada país a seguir reduciendo el uso de la detención migratoria y garantizar que no sea implementada de manera ilegal o innecesaria.

Alternativas en la ley

Por ejemplo, cuando hablamos de alternativas en la ley, tenemos los ejemplos de Costa Rica, República Dominicana y Nicaragua, entre otros. Muchas veces las alternativas en la ley limitan el uso de la detención a través de su prohibición para ciertas personas, principalmente para grupos en situación de vulnerabilidad. Desde IDC, recomendamos que las leyes incluyan un mandato para explorar primero la implementación de alternativas, antes de recurrir a la detención, así como para la revisión judicial de todas la decisiones que priven de la libertad a alguien.

Alternativas como política pública

Una distinción importante entre implementar las alternativas en la ley y como política pública es que por lo general, realizar cambios en lo segundo es a veces más accesible a los gobiernos ya que no se requiere pasar por un proceso legislativo. Por ejemplo, en México, las autoridades migratorias y de asilo coordinan con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y organizaciones de la sociedad civil un programa de salidas de detención para personas solicitantes de la condición de refugiado. Las personas solicitantes pueden salir de la estación migratoria (centro de detención) para vivir en la comunidad en casa propia o en un albergue, y son obligadas a presentarse periódicamente ante las autoridades durante su procedimiento de asilo, mientras el ACNUR y organizaciones de la sociedad civil les brindan apoyo para satisfacer sus necesidades básicas.

Alternativas en la práctica

Las alternativas en la práctica frecuentemente dependen de la participación de organizaciones de la sociedad civil para su operación, y en algunas circunstancias, sin el apoyo del gobierno. Se encuentra un ejemplo en los EEUU donde la organización Interfaith Committee for Detained Immigrants opera una casa para hombres para que puedan dar seguimiento a su procedimiento migratorio o de asilo mientras viven en la comunidad. Esta casa funciona como una alternativa en la práctica, después de que las personas hayan sido liberadas del centro de detención, aunque no recibe ningún apoyo del gobierno estadounidense.

En países donde el uso de la detención es la excepción en lugar de la regla, las alternativas en la práctica son altamente diversas y frecuentemente son integradas con los servicios sociales y sistemas de protección nacional y apoyo público disponibles para todas las personas de la comunidad local, tanto migrantes como nacionales.

Las alternativas existen y son efectivas

El programa de investigación de IDC demuestra que las alternativas más eficaces en términos de los fines legítimos de los gobiernos y la garantía de los derechos humanos son las que involucran actores del gobierno y de la sociedad civil en su desarrollo, implementación y evaluación.

Mientras ninguno de estos ejemplos de alternativas son perfectos, muestran la variedad de opciones disponibles a los gobiernos para llevar a cabo la gestión migratoria sin utilizar la detención.

Desafortunadamente, se nota que el enfoque principal de la implementación de las alternativas a la detención sigue siendo los mecanismos de control migratorio, como son las restricciones al movimiento de las personas, el pago de fianzas, y las condiciones de reportarse ante las autoridades migratorias. Estos mecanismos buscan lograr un mayor cumplimiento con los procedimientos migratorios pero existe poca evidencia de su efectividad.

Más bien, un creciente número de estudios e investigaciones demuestran que las alternativas más eficaces son las que promuevan la participación de la persona en su procedimiento migratorio o de asilo, en particular a través de un programa de gestión de casos. Implementada desde una perspectiva de trabajo social, la gestión de casos se trata de una estrategia de intervención integral que tiene el objetivo de brindar acompañamiento especializado a las personas y apoyar la toma de decisiones participativa durante las vicisitudes que enfrentan en sus procesos jurídicos y administrativos migratorios.

Aprende más:

Preguntas frecuentes sobre las alternativas

Más ejemplos de alternativas de la región de las Américas y de todo el mundo

Los elementos de las alternativas más eficaces y el Modelo de Evaluación y Colocación Comunitaria, de nuestro manual práctico: Existen Alternativas 

Cursos gratuitos en línea sobre las alternativas a la detención

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Evidencia reciente para erradicar la detención de familias

Escrito por Dra. Robyn Sampson

Asesora Senior, Coalición Internacional contra la Detención

El programa demuestra que la gestión de casos funciona para lograr el cumplimiento con los procedimientos migratorios a una pequeña fracción del costo fiscal de la detención y sin el costo humano y la crueldad de separar o detener a las familias.

La Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC por sus siglas en inglés) ha publicado una nueva evaluación del Programa de Gestión de Casos para Familias (FCMP por sus siglas en inglés) que operó en los Estados Unidos entre enero de 2016 y junio de 2017. Este programa financiado por el gobierno fue diseñado para probar la efectividad de la supervisión personalizada con familias en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres embarazadas, madres lactantes y familias con niños con necesidades especiales en espera de una audiencia en los tribunales de migración.

La gestión de casos con enfoque integral

El programa fue diseñado sobre la base de que satisfacer las necesidades básicas, explorar todas las opciones por caso individual y generar confianza daría como resultado participantes más preparados, dispuestos y capaces de cumplir con todos los aspectos del procedimiento migratorio. El marco de servicio FCMP involucró tres componentes principales:

1. Monitoreo: el monitoreo de cumplimiento individualizado e interactivo con funcionarios dedicados de migración (ICE por sus siglas en inglés)
   • Una baja cantidad de casos garantiza la supervisión continua de los casos y genera una relación con los participantes
2. Acceso: el acceso a servicios comunitarios
   • Facilita los servicios sociales y de apoyo disponibles en la comunidad, y de manera personalizada según las necesidades de los participantes mediante una relación de confianza profesional
3. Orientación: programa obligatorio de orientación e inducción para los participantes
   • El personal de FCMP y los funcionarios operan como “navegadores del sistema”

Juntos, los tres componentes sirvieron como un método para fomentar el cumplimiento, al tiempo que permitían a los participantes permanecer en el entorno comunitario a medida que avanzaban en el proceso de migración. El programa fue contratado por el gobierno para que GEO Care brindara servicios integrales de gestión de casos en una proporción estimada de 20:1 por unidad familiar y gestor de casos. Esta empresa luego se asoció con servicios sociales y organizaciones religiosas en la comunidad para brindar servicios adicionales de apoyo. Además, GEO Care se asoció con programas de asesoría legal para garantizar el acceso de los clientes a presentaciones de ‘Conozca sus derechos’ y otras formas de intercambio de información legal básica. Se solicitó que cada cabeza de familia asistiera a un programa de orientación leal que brinda información con respecto a sus obligaciones legales, procedimientos migratorios y las leyes básicas de los Estados Unidos.

Los gestores de casos trabajaron con cada familia para desarrollar un plan de servicios familiares y facilitar el acceso a los servicios comunitarios. Esto incluyó el apoyo para la participación en los procedimientos migratorios, tales como la programación de salidas y el apoyo en la preparación, así como referencias y canalización para los asuntos legales, médicos, alimentarios, educativos y otras necesidades básicas.

El programa se ofreció en Baltimore/Washington, D.C.; Los Ángeles; Ciudad de Nueva York/Newark; Miami; y Chicago. Cada uno de los cinco lugares tenía capacidad para gestionar hasta 160 casos de unidades familiares, dando una capacidad total de 800 unidades familiares a lo largo del programa.

Resultados

Un total de 2,163 personas, integrado por 952 cabezas de familia y 1,211 dependientes, participaron en el programa. Una evaluación interna por el proveedor principal encontró que el enfoque integral en la gestión de casos produjo resultados firmes. El programa registró 93% de asistencia a la orientación legal, 99% de asistencia a los procedimientos judiciales, 97% de cumplimiento en el programa de registro y una tasa favorable de 87% cuando un participante era dado de baja del programa. El programa también produjo salidas independientes y mejores resultados de afrontamiento y bienestar para los niños, niñas, adolescentes y sus familias. El programa costó US$36 por día por familia, en comparación con US$140 por persona por día en centros de detención migratoria de adultos y $798 por familia en la detención familiar. Las mejoras adicionales identificadas durante la evaluación de WRC, así como un período de operación del programa más largo, probablemente habrían generado resultados aún mejores.

Conclusión

El cuerpo de investigación de IDC muestra que Existen Alternativas que son efectivas, económicas y humanas. El Programa de Gestión de Casos para Familias de los Estados Unidos brinda aún más evidencia de que la gestión de casos centrada en satisfacer las necesidades básicas y brindar asesoría confiable dará como resultado altas tasas de cumplimiento, costos bajos y alternativas a la detención menos perjudiciales.

Lectura adicional

• Women’s Refugee Commission. The Family Case Management Program: Why Case Management Can and Must Be Part of the US Approach to Immigration. Nueva York: WRC.
• GEO Care. 2017. Programa de gestión de casos familiares: informe sumario. GEO Care (archivo de IDC)
• Loiselle, Mary F. 2016. “Geo Care’s new family case management program.” GEO World, 2-3. Accessed 23.03.2017 athttp://www.geogroup.com/userfiles/1de79aa6-2ff2-4615-a997-7869142237bd.pdf
• Sampson, R., Chew, V., Mitchell, G., & Bowring, L. (2015). There are alternatives: A handbook for preventing unnecessary immigration detention (Revised). Melbourne: IDC.

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