México: Los defensores se mantienen firmes para defender los derechos de las personas migrantes detenidas

IDC se unió a más de 200 organizaciones pidiendo la revocación de la decisión del gobierno mexicano de negar el acceso de las organizaciones de la sociedad civil a los centros de detención migratoria en todo el país. La nueva decisión política, compartida por notificación pública del gobierno a finales de enero, se produjo inmediatamente después de que se publicara que defensores de personas migrantes habían reportado dificultades reiteradas para entrar a los centros de detención más poblados en la frontera sur del país y en la Ciudad de México y de una carta abierta de Amnistía Internacional instando a que el Instituto Nacional de Migración (INM) garantizase el acceso de las organizaciones de la sociedad civil a las personas migrantes y refugiadas en detención.

Este tema se ha vuelto más apremiante en las últimas semanas en el contexto del uso de la fuerza militarizada por parte de la Guardia Nacional Mexicana en los puntos de entrada en la frontera sur y la creciente preocupación por la expansión en el uso de la detención migratoria en un país con crecientes políticas de contención y control migratorio ante las personas centroamericanas que anhelan entrar y transitar por el territorio mexicano en caravanas. Para las personas viajando en la caravana este enero, todos los caminos llevaron a ser privados de su libertad; ya fuera por expresar su intención de solicitar asilo o una visa humanitaria o por aceptar la opción que el gobierno les ofrecía para quedarse y trabajar en los estados del sur de México, todos fueron colocados en detención.

Ser liberados de detención entre las políticas y los procedimientos de deportación acelerados depende casi siempre y principalmente del acceso a la asesoría legal, conocer sus derechos y tener a alguien abogando desde el exterior. Actualmente no existe información pública disponible acerca de cuántos de los detenidos han sido liberados o son capaces de continuar en libertad sus procedimientos migratorios para el asilo o las visas humanitarias o de visitante.

El 30 de enero, los defensores ofrecieron una rueda de prensa instando al gobierno mexicano a reiniciar las visitas programadas y eliminar los nuevos obstáculos que enfrentan las ONG que han solicitado permiso para entrar a los centros de detención. El mensaje que enviaron es que no es aceptable violar los derechos de acceso a la información, el acceso a la justicia y el debido proceso de personas migrantes y refugiadas sujetas a protección internacional ni un solo día. También instaron al gobierno a aceptar la solicitud presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para visitar los centros de detención migratoria que actualmente contienen a miles de personas en la frontera sur de México.

 

Defensores ofrecieron una rueda de prensa instando al gobierno mexicano a reiniciar las visitas programadas y eliminar los nuevos obstáculos que enfrentan las ONG que han solicitado permiso para entrar a los centros de detención.

Las declaraciones en los medios de comunicación hechas por miembros de IDC, Alejandra Macías Delgadillo, directora de Asylum Access México y Elba Coria Márquez, directora de la Clínica de Derecho de los Refugiados de la Universidad Iberoamericana, subrayan los riesgos asociados con prohibir que las personas detenidas tengan acceso a la defensa legal, ya sea en solicitudes de asilo o para monitorear el debido proceso en los procedimientos de deportación. Estos riesgos son aún mayores en ausencia de un registro adecuado, la detección y las entrevistas individualizadas y los procedimientos efectivos para identificar las necesidades de protección en los mecanismos actuales de detención y deportación.

 

Entrevista a Elba Coria Márquez, directora de la Clínica de Derecho de los Refugiados de la Universidad Iberoamericana

Finalmente, se alcanzaron varios acuerdos en una reunión sin precedentes celebrada con el comisionado del INM y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), incluyendo la revocación de la política formulada sólo días antes que suspende la supervisión de la sociedad civil en la detención migratoria.

La detención migratoria en México tiene varias similitudes con el modelo penitenciario y representa un gasto significativo de fondos públicos, como se describe en el análisis del sistema de detención migratoria de 2019 realizado por AsiLegal, Fundar y Sin Fronteras. La violación sistémica de los derechos de las personas detenidas ha sido documentado por la sociedad civil mexicana en más de 15 años de informes sobre el monitoreo de centros de detención migratoria. Al respecto, IDC apoya los esfuerzos para garantizar que la sociedad civil monitoree sistemáticamente las condiciones de detención y el ejercicio del derecho a la información y la defensa legal de las personas migrantes y refugiadas detenidas.

En este sentido, IDC ha hecho disponible un Manual para Monitorear, producido conjuntamente con el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT). Es una guía paso a paso para cualquier persona o institución que realice visitas a los centros de  detención migratoria. También se puede utilizar como una lista de verificación para las autoridades, el personal del centro de detención y los periodistas sobre las normas que deben aplicarse cuando se detiene a personas solicitantes de asilo y migrantes.


El Mecanismo de Detección Nacional allana el camino hacia una mayor protección de las personas refugiadas

El 24 de diciembre de 2019, el tan esperado Mecanismo de Detección Nacional (NSM, por sus siglas en inglés) para refugiados fue finalizado y aprobado por el Gabinete tailandés. El NSM siguió a la firma del memorando de entendimiento intergubernamental sobre la determinación de medidas y enfoques alternativos a la detención de niños, niñas y adolescentes en centros de detención migratoria en enero de 2019, lo que representó un primer paso hacia poner fin a la detención migratoria de la niñez en Tailandia.

 

El NSM construye sobre el continuo compromiso de Tailandia para mejorar la protección de refugiados en Tailandia en sintonía con la promesa hecha por el Primer Ministro Prayut Chan-o-cha en la Reunión de alto nivel sobre refugiados y migrantes de la ONU en septiembre de 2016. Junto con el memorando de entendimiento, brinda la oportunidad de fortalecer la protección de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Tailandia, particularmente evitando el arresto y la detención arbitrarios.

 

Tailandia ha brindado refugio para personas que huyen de la guerra y los conflictos en países vecinos, en particular a personas provenientes de Myanmar, desde 1984. Según el ACNUR, el país actualmente alberga a 93,333 refugiados en nueve campos de refugiados a lo largo de las fronteras entre Tailandia y Myanmar[1]. También hay aproximadamente 5,000 personas refugiadas y solicitantes de asilo de 40 países distintos residiendo en Tailandia[2].

 

A pesar de tener un gran número de solicitantes de asilo y refugiados en su territorio, Tailandia no ha ratificado la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967. La Ley de Inmigración de Tailandia, la única ley que supervisa la entrada de no ciudadanos en su territorio, no hace distinción entre las personas solicitantes de asilo y las personas migrantes indocumentadas, sino que define a todos los extranjeros sin documentación válida como extranjeros ilegales, lo que deja a los solicitantes de asilo y refugiados vulnerables al arresto y la detención indefinida.

 

Varios mecanismos de derechos humanos de la ONU han demostrado su preocupación por el enfoque ad hoc de Tailandia a la política de personas refugiadas y han alentado al país a desarrollar e implementar un marco legal e institucional nacional para la protección de la población en cuestión. Por ejemplo, las observaciones finales sobre el segundo informe periódico de Tailandia al Comité de Derechos Humanos sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señalaron la necesidad de “establecer rápidamente un mecanismo de detección para los solicitantes de asilo”[3] que solicitan protección internacional. Por lo tanto, la aprobación del NSM es un paso adelante y debe ser aplaudido.

 

Sin embargo, también existen preocupaciones sobre el contenido de este documento. Aunque establece un mapa del plan para establecer un comité de detección y procedimientos de detección para otorgar un Estatus de Persona Protegida a un “extranjero” elegible, no brinda criterios claros sobre las condiciones de la solicitud y aprobación de dicho Estatus, ni un procedimiento preciso de selección para los miembros expertos independientes del Comité de Detección. También prevalecen las preguntas sobre la ambigüedad de las “agencias relevantes” que brindarían la asistencia y el apoyo necesarios a las personas que tienen un Estatus de Persona Protegida.

 

Por ahora, se otorgaron 180 días para desarrollar un Procedimiento Operativo Estándar (POE) bajo el NSM antes de su implementación al día siguiente de su publicación oficial en la Gaceta del Gobierno el 25 de diciembre de 2019. Miembros y socios de IDC en Tailandia trabajan de manera colaborativa con las agencias gubernamentales relevantes para garantizar que el SOP atienda las preocupaciones identificadas y garantice las protecciones necesarias para las personas refugiadas.

 

 

[1]La población de personas refugiadas total verificada al 31 de diciembre de 2019. https://www.unhcr.or.th/sites/default/files/u11/Refugee%20Population%20Overview_December%202019_0.pdf. (Consultado el 3 de febrero de 2020)
[2] https://www.unhcr.or.th/en/about/thailand. (Consultado el 3 de febrero de 2020)
[3] Comité de Derechos Humanos (2017) Párrafo 28 de las observaciones finales. CCPR/C/THA/CO/2. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/THA/CO/2&Lang=En (Consultado el 3 de febrero de 2020)

Pasos prácticos que fomentan resultados efectivos: la orientación del Consejo de Europa sobre alternativas a la detención migratoria

El Consejo de Europa ha publicado un nuevo manual que define los principios y procesos clave para implementar las alternativas a la detención (ATD) en el contexto de la migración. ¿Qué aporta para la sociedad civil que trabaja en reducir la detención migratoria mediante las alternativas?

 

De la teoría a la práctica

La Guía Práctica sobre Alternativas a la Detención Migratoria: Fomentar Resultados Efectivos (disponible en inglés) está basada en el Análisis de los aspectos legales y prácticos sobre las alternativas efectivas a la detención en el contexto migratorio (disponible en inglés) a profundidad del Consejo de Europa adoptado en 2018. Sin embargo, se enfoca principalmente en la implementación práctica. El manual tiene como objetivo ayudar a llenar el vacío de implementación en relación con alternativas a la detención, proporcionando a los gobiernos una orientación “concisa y visual” fácil de usar sobre cómo desarrollar alternativas que permitan a los estados gestionar la migración sin depender en exceso de la detención.

 

Un enfoque en el proceso

Dentro de este enfoque práctico, una innovación clave de la nueva orientación es que analiza los procesos para desarrollar alternativas a la detención. Reconociendo la necesidad de acciones específicas al contexto y enfoques personalizados, establece preguntas y pasos clave que están al centro de las ATD exitosas en desarrollo. Esto incluye preguntas para determinar el contexto nacional y los pasos prácticos para que los gobiernos planifiquen y pongan a prueba programas nuevos; pasos manejables que los gobiernos podrían tomar para comenzar a alejarse de la detención. Éste es un cambio bienvenido del enfoque común en “ejemplos” de ATD, dado que no hay una talla única para todos los modelos transferibles en este ámbito.

   Imagen del manual del Consejo de Europa en 2019

 

Reforzando la necesidad de confianza y apoyo

La Guía Práctica refuerza la necesidad de confianza y apoyo en las alternativas a la detención que garantizan la dignidad y los derechos, a la vez que logra mejor los objetivos de gestión de la migración de los gobiernos. Utiliza los seis elementos esenciales de la efectividad identificados por el Análisis y subraya que un “elemento transversal central para la implementación efectiva de alternativas a la detención es generar confianza [...] a través de un espíritu de equidad y cooperación mutua”. Como paso práctico, el manual sugiere una consulta significativa con diversos interesados, en particular con las comunidades de personas migrantes que pueden ayudar a las personas a participar en los procesos de inmigración.

 

Impulso creciente

Como tal, contribuye al creciente énfasis regional en las alternativas basadas en la participación. Esto se hizo evidente, por ejemplo, en la conferencia sobre Alternativas a la Detención Migratoria Efectivas (disponible en inglés) celebrada en Estrasburgo en abril de 2019. Más de 200 participantes asistieron a la conferencia, principalmente representantes de gobiernos nacionales, con una participación de alto nivel de los organizadores de la Comisión Europea y el Consejo de Europa.

Este evento marcó un hito en términos de las ATD, los “mensajes clave” de la conferencia incluyen que “para ser eficaces, las alternativas a la detención deben adoptar un enfoque holístico y centrado en las personas con base en la responsabilidad y confianza” y que “hay espacio para adoptar métodos basados en la participación en mayor medida, incluyendo una gestión de casos dedicada que puede mejorar la eficacia.”

 

Contribuciones y el camino a seguir

La Guía Práctica fue adoptada por los gobiernos para los gobiernos, a través del principal órgano de derechos humanos del Consejo de Europa; el Comité Directivo de Derechos Humanos. Con su enfoque en abordajes y procesos basados en la confianza para la implementación práctica, podría resultar ser una herramienta útil para las ONG que abogan por alternativas basadas en la participación como parte de una estrategia para cambios a la detención.

 

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Abogando por las alternativas a la detención en Europa


Exitoso evento paralelo sobre Alternativas a la Detención Migratoria de Niños, Niñas y Adolescentes durante la FMMD en Quito

Durante la última cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD), que tuvo lugar en Quito del 20 al 24 de enero de 2020, IDC y UNICEF organizaron un evento paralelo bajo el paraguas de la Plataforma Interregional de Intercambio y Aprendizaje sobre Alternativas a la Detención Migratoria de Niños, Niñas y Adolescentes no acompañados (NNA).

Este evento convocó a más de 60 representantes de Estados, gobiernos locales, organizaciones de sociedad civil, sindicatos, organizaciones de jóvenes y agencias de la ONU para compartir los avances y analizar los retos asociados al desarrollo de alternativas a la detención de NNA.

Las intervenciones de los participantes en la mesa redonda demostraron como el aprendizaje entre pares, la colaboración entre las diversas instancias de gobierno y la participación de todos los actores relevantes puede apoyar de manera efectiva los esfuerzos de los Estados en avanzar y superar los retos asociados a la implementación de alternativas a la detención migratoria de niños, niñas y adolescentes. Los ponentes compartieron prácticas existentes, analizaron retos e identificaron oportunidades de cooperación a nivel local, nacional, regional e interregional.

 

Evento paralelo bajo el paraguas de la Plataforma Interregional de Intercambio y Aprendizaje sobre Alternativas a la Detención Migratoria de NNA

Poner fin a la detención de niños, niñas y adolescentes es posible. Las alternativas existen y este evento paralelo demostró la existencia de un sólido interés en transformar el consenso global sobre la necesidad de trabajar para poner un fin a la detención migratoria de NNA y sus familias en una realidad en la práctica.

Tras el intercambio en la mesa redonda se generó un fructífero dialogo sobre oportunidades de aprendizaje e intercambio, de apoyo focalizado, cooperación internacional y trabajo colaborativo bajo el paraguas de la Plataforma Interregional, una iniciativa global pionera facilitada por IDC con la colaboración de UNICEF. En 2020 tendrá lugar la primera Reunión Global de Aprendizaje e Intercambio entre pares sobre Alternativas a la Detención Migratoria de NNA convocada por los facilitadores de la Plataforma junto con la Red de Migración de la ONU.

Si te interesa conocer más sobre el desarrollo de la Plataforma, haz click aquí  y/o ponte en contacto con nuestra Coordinadora de Incidencia Global, Silvia Gómez: [email protected]


Como sucedió el cambio en Tailandia

Entrevista recopilada por  Vivienne Chew 

Coordinadora Regional Asia Pacífico, Coalición Internacional contra la Detención

El 21 de enero de 2019, tras añas de defensa sostenida y estratégica por parte de IDC, sus miembros y otras partes interesadas, el gobierno tailandés anunció que había establecido nuevos procedimientos internos del gobierno para liberar a la niñez y sus madres de la detención migratoria a alternativas comunitarias. Este notable progreso ahora posiciona a Tailandia como líder en la región en este tema. Después de la firma del MOU, Puttanee Kangkun, Especialista Senior de Derechos Humanos de la organización miembro de IDC, Fortify Rights, reflexiona sobre lo que significa el cambio y cómo sucedió.

¿Cuánta importancia tiene el acontecimiento del MOU para los niños migrantes y refugiados en Tailandia?

Es realmente significativo porque es concreto y sólido. Antes había muy poca protección para las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Pero el Primer Ministro dio un discurso en la Cumbre de Nueva York en 2016 y públicamente declaró la necesidad de poner fin a la detención de niñas, niños, niñas y adolescentes. Lo vimos como un gran paso en ese entonces, ahora éste es un paso aún mayor.

¿Cuáles crees que son algunos de los factores y eventos clave que condujeron a que el gobierno decidiera redactar y firmar el MOU?

Esto es muy significativo para lxs tailandeses y para quienes trabajamos aquí en el tema de las personas refugiadas. Sucedió a través de una conjunción de esfuerzos a lo largo de años de labor de promoción. El trabajo de la campaña mundial sobre la detención de niñez ayudó a construir una tendencia y una norma mundiales que influyeron al gobierno tailandés.

Especialmente en el último par de años, ha habido un cambio de perspectiva dentro del gobierno sobre estos asuntos, así como un cambio de políticas hacia los refugiados. Se desarrolló una mayor conciencia en el gobierno acerca de los tratados de la ONU, los temas de detención y la necesidad de informar sobre los estándares y los reglamentos mundiales. Esto fue una presión internacional, porque Tailandia quiere ser un buen miembro de la comunidad internacional y la economía global.

 

Foto de la reunión más reciente de la coalición de la sociedad civil en Tailandia.

 

Al mismo tiempo, dentro del país, ha habido un movimiento de organizaciones de la sociedad civil, personas y activistas locales. Hacen eco de las voces de las personas refugiadas y las comunidades de refugiados. Algunas veces criticaron al gobierno por sus políticas, lo cual presionó a los funcionaros. La crisis de Rohinyá también atrajo más atención al tema y una necesidad urgente de abordar públicamente estos asuntos. La sociedad y el gobierno tailandeses llegaron a comprender que ya no podemos hacer un lado e ignorar a las personas. Ser mejores depende de nuestra sociedad.

¿Crees que la sociedad civil desempeñó un papel importante? ¿Cómo? ¿Cuáles fueron algunas de las cosas clave que hizo la sociedad civil?

Las niñas, niños y adolescentes son siempre una preocupación clave para la sociedad tailandesa. La gente apoya el trabajo para ayudar a la niñez, es un tema muy delicado para la gente y la cultura tailandesas. Las organizaciones de la sociedad civil en Tailandia trabajaron para desarrollar el entendimiento de que este tema trata sobre la protección de toda la niñez, no sólo de las niñas, niños y adolescentes tailandeses. Fue útil resaltar este fuerte valor subyacente, porque anula los problemas de la condición migratoria. La sociedad tailandesa aprecia las políticas que protegen a la niñez y este apoyo es bueno para el gobierno. Eventualmente, los funcionarios dijeron que sus leyes de protección infantil deberían abarcar a toda la niñez, no sólo a niñas, niños y adolescentes tailandeses. Y luego, desde mediados de 2017, han estado retirando a la niñez de la detención y colocándolos en hogares de acogida.

El índice global* también nos ayudó a involucrarnos con agencias gubernamentales como parte de un proceso. Formamos un grupo de organizaciones para trabajar en este tema juntos en Tailandia, incluyendo a Coalition for the Rights of Stateless Persons and Refugees (CRSP)Asylum Access Thailand (AAT)Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN)Save the Children ThailandFortify Rights y otros. El índice global también se ha convertido en una herramienta educativa. Ayuda a las organizaciones de la sociedad civil a revelar los elementos que necesitamos analizar a mayor detalle. No lo usamos para criticar, sino para elaborar estrategias en conjunto. Incluso con el valor y los principios de los derechos de la niñez, el gobierno aún necesitaba educación y creación de capacidades para apoyar a las niñas, niños y adolescentes fuera de la detención y elaborar alternativas. Antes no había gestión de cuidado infantil para niñez migrante y refugiada en entornos urbanos.

 

Foto de la reunión más reciente de la coalición de la sociedad civil en Tailandia.

 

Esta intersección de los derechos de la niñez y los derechos de las personas refugiadas es muy nueva en Tailandia. Ahora hemos involucrado a organizaciones que trabajan en temas de derechos de niñez de manera más amplia y hemos influido para incluir a los niñez refugiada en su labor. También nos han enseñado a incluir los derechos de niñas, niños y adolescentes con mayor claridad en nuestro trabajo general sobre los derechos de las personas refugiadas. El intercambio entre expertos dentro de nuestras redes fue muy importante para desarrollar el conocimiento y abordar este asunto específico de la detención migratoria de niños, niñas y adolescentes. Nuestra coalición se ha estado reuniendo casi una vez al mes para crear estrategias al respecto y tenemos la suerte de tener a un grupo muy comprometido y colaborativo de organizaciones involucradas.

Hay tanto organizaciones basadas en Tailandia como organizaciones externas mundiales y regionales involucradas. Creo que necesitas a ambas. Las organizaciones externas pueden ejercer presión y proporcionar marcos mundiales que pueden influir a nuestros gobiernos, pero necesitas grupos locales para materializar y contextualizar las políticas, así como para supervisar la implementación de las políticas. Necesitas actores locales para hacer que el cambio suceda y continuar la participación a largo plazo con su propio gobierno. Es muy importante que las personas y sus propios gobiernos sean capaces de trabajar juntos con el apoyo de la comunidad internacional.

¿Qué sigue?

Necesitamos más modelos de alternativas a la detención. Ahora estamos desarrollando más modelos de colocación comunitaria. Este conocimiento es nuevo y necesitamos continuar en su construcción y sustento. También necesitamos supervisar atentamente la implementación de este MOU y asegurar que la unión y reunificación familiar sean parte de ello.

 

Foto grupal de organizaciones que trabajan en el progreso de los derechos de niños y refugiados en Tailandia.

 

*El índice global es parte del NextGen, un proyecto de la Coalición Internacional contra la Detención. El scorecard es una herramienta comparativa utilizada para evaluar a los Estados en su progreso hacia poner fin a la detención migratoria de niños, niñas y adolescentes. El índice utiliza un marco de puntaje estándar para identificar los factores clave que garantizan que los sistemas nacionales de gestión migratoria sean sensibles a las necesidades de la niñez y eviten la detención. Aquí hay más información sobre la versión 2018 del índice.


Modelos de cuidados alternativos para niñez en situación de movilidad

En la frontera sur de México, IDC apoya modelos y estrategias de cuidados alternativos con el fin de fortalecer la implementación local de la Ruta Integral para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Movilidad.

IDC Americas cerró este 2019 con un tercer Foro regional de intercambio y fortalecimiento con autoridades locales, federales, organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales que trabajan a favor de la infancia y adolescencia migrante. Esta vez el Foro tuvo como sede un estado fronterizo en el sur de México, el estado de Chiapas. El objetivo fue identificar los obstáculos y oportunidades que presenta la implementación de la ruta de atención para niñas, niños y adolescentes en situación de movibilidad en México, siempre evitando la detención migratoria para esta población.

Al inicio del evento fue presentado un video con opiniones y reflexiones de varios jóvenes migrantes que se encuentran en un lugar de segunda acogida. En dicho video expresaron sus experiencias, la mayoría traumáticas, al haber estado dentro de un centro de detención, encerrados por diversos periodos de tiempo. Dicho ejercicio sirvió para guiar los trabajos y para que los participantes tuvieran en mente las razones por las cuales no es compatible con el interés superior de la niñez que se encuentren privados de su libertad por motivos migratorios.


En un primer panel sobre buenas prácticas, la Procuraduría Federal de Protección compartió el trabajo llevado a cabo en Tapachula (ciudad fronteriza con Guatemala) a raíz de los movimientos masivos de personas que entraron por esa ciudad el año pasado, donde hubo una presencia importante de niñez y adolescencia migrante. La Procuraduría regional de Comitán, por su parte, resaltó un caso de éxito de un grupo de niños que fueron sacados de la estación migratoria y colocados en un lugar de segunda acogida. Finalmente, Aldeas Infantiles habló de cómo la organización tuvo que adaptar su modelo de atención a las nuevas necesidades, que en este caso incluye el funcionar como un Centro de Asistencia para niñas, niños y adolescencia migrante de primera y segunda acogida.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) compartió el proceso de la creación de la Comisión de Protección de niñas, niños y adolescentes del Sistema y la adopción en dicha Comisión de la Ruta Integral de Atención como parte de un esfuerzo por evitar que los NNA permanezcan en detención.

Finalmente, la organización estadounidense KIND presentó el sistema de protección para niñez y adolescencia en Estados Unidos para que las autoridades y sociedad civil conozcan las opciones para aquellos NNA que tienen familia en ese país.

El segundo día de trabajo estuvo destinado a discusiones en mesas de trabajo donde se trataron las diversas fases de la ruta de atención, como la identificación y evaluación, la determinación del interés superior, planes de restitución de derechos, implementación de los planes y el seguimiento de los planes de vida. En las mesas de trabajo hubo coincidencia en temas como la falta de recursos para las autoridades de protección y la falta de espacios disponibles para recibir a niñez y adolescencia migrante. La atención especializada para los diferentes tipos de perfiles se planteó como un reto y como la necesidad de generar inercias con aquellas personas o instancias que apoyen en las fases de la ruta.

Entre las buenas prácticas destacan los esfuerzos de las procuradurías por trabajar de manera conjunta con sociedad civil en la representación legal y en la implementación de los planes de restitución de derechos, además de la coordinación entre autoridades. Los esfuerzos por contar con estadísticas de la atención a NNA migrantes y por enviarlos a lugares de primera y segunda acogida destacan en esta parte.

Sin lugar a dudas estos espacios sirven para crear redes de apoyo entre actores encargados de la protección, para conocer los procesos y oportunidades de incidencia, así como para asumir ciertos compromisos que resulten en la implementación a nivel local de la ruta de atención, que privilegie la salida de las estaciones migratorias en el marco de una estrategia de cuidados alternativos.


Interview to the new Africa Programme Officer

In September 2019, we welcomed Florence Situmbeko to the African team, she is based in Windhoek, Namibia. Florence, will bring her long experience as a frontline Social Worker for government, as well as anti-trafficking and project management expertise to support the IDC’s work. We asked her some questions:

 

The IDC has found that the most successful “alternatives to immigration detention” use individualised case management across all stages of the migration process, to ensure a coordinated approach to each case. Florence - what is your case management/social work experience and what do you see as the value of case work for individuals?

All social workers are trained to be case managers - whether you’re working with individuals, families or groups. My role as a social worker has typically involved listening to my client’s story - why they came to see me or why they were referred to me, following a case through from the beginning until the end. One recent case was a boy whose mother was a Namibian national living in Namibia his father was a citizen of another country. When the father passed away, the boy moved to Namibia to live with his mother. When the boy came to see me, we figured out together what their immediate needs and priorities were. From assessing if he needed a place to stay, something to eat, to see a doctor? We realised he only needed help with acquiring documents so he could reside regularly in Namibia with his mother. I accompanied him to the Ministry of Home Affairs, explained his case, and followed up with the case until he received the documents. I also made sure he was administered an interim receipt that would ensure he was immune to arrest or questioning by the police while his case was being resolved.

Here, you can see that case management can range from more intensive for complex cases, and less-intensive such as administrative support for more self-sufficient migrants who already have their basic needs attended to, like the young boy.

We keep comprehensive, confidential case files on everyone who we assist. Protecting our client’s privacy is paramount, and this also links to our credibility as an Agency. We are able to discuss cases during our monthly reports in which we anonymise cases and share our challenges and shed light on systemic issues and recurring problematic or productive trends.

 

You mention systemic issues - as a case-worker, have you been involved in policy or advocacy work based on evidence gained through social work practice? In turn, how can evidence-based practice be used to create systemic change?

Yes, as a caseworker, it is worth being engaged with stakeholders who are drafting policies and maintaining good relationships with them - as, afterall, their work directly informs what happens on the ground. Social workers have a unique vantage point as they can feed information from the ground level upwards, illuminating gaps, what is working or what is not to better influence systemic change. If not, such policies are not based on context specific evidence, and we end up assuming.

Social workers have a unique vantage point as they can feed information from the ground level upwards

As a social worker with the Ministry of Gender, the Ministry of Health in Namibia, and then working with IOM, I  provided input into legislations or policies. For example, with IOM, I gave inputs on what needs to be taken into consideration when dealing with victims of trafficking, including children,  for the development of the Combating of Trafficking in Persons (TIP) Act, no. 1 of 2018 - to ensure the rights of people who might be more vulnerable than others. I was also part of a team that contributed towards the  formulation of the Regulations on Human Trafficking and the National Action Plan on Gender Based Violence in Namibia.

IDC's Africa Regional Team: Tiffany Shakespeare, Florence Situmbeko & Junita Calder

How have you worked with other stakeholders as a social worker to bring change and or support the people/”clients” you were working with?

Beyond the policy arena, we work with many other stakeholders to develop support systems for the people we work with. There is no way one institution can fully assist a person as the person has different needs. Therefore, networking is an important part of the social worker’s day to day tasks.

It is worth getting to know the services and organisations around you so you know exactly who to reach out to: “the Red Cross can help me with that”, “my contact at the Home Affairs head office will be able to help me with this”. As well as proving beneficial to the “client”, networking is also useful when it comes to advocating for specific policies/legislation. 

Case conferencing is one useful way to maintain your networks and delegate responsibilities to different stakeholders. One case involved several young women who had been trafficked, and who wanted to return to their home country in Zambia. We called a meeting with a shelter manager, IOM, the police, Home Affairs, the  social workers from the Ministry of Gender and Office of the Prosecutor General. Through individualised assessment of their cases, we assigned different responsibilities. We were also in contact with social workers in Zambia to ensure that it is safe for the girls to return back home and also ensured that their families were being prepared to receive them. The girls  were reintegrated into their communities, after a number of counsellings sessions in order to minimise their vulnerability, for example, one family, based on what they requested received livestock, basic training on how to take care of the livestock and also basic training on financial management. Since the girls were minors arrangements were made for them to return back to school. 

Thank you Florence, we are looking forward to working with you.


Turning the tide of detention: what role could European cities play?

Written by Barbara Pilz and Jem Stevens

European cities are increasingly involved in debates around migration governance. What role could they play in building systems based on engagement with people, not enforcement and immigration detention?

Not just for national governments

Migration management is often thought of as the domain of national governments. But a group of European cities is highlighting their role in working with irregular migrants, producing guidance and bringing their voices to European-level policy making through the C-MISE exchange.

Something stands out about their work: these local level authorities focus on support and services for people without documents. A stark contrast to the enforcement, deterrence and detention approach increasingly popular among national governments in Europe.

Closer to the realities of irregular migration

Perhaps this isn’t surprising, as cities have competence in ensuring the welfare of residents and are closer to the realities of irregular migration. They witness first-hand the experiences of people without documents who often can’t access basic services and the challenges this brings for individuals, local communities and authorities.

In Athens, Eleni Takou of Human Rights 360 shares “Most people without documents end up in Central Athens, either under the radar or seeking onwards routes. This has meant Athens city has to be proactive – it has a coordination centre for NGOs and other stakeholders, and has been active in providing services and supporting referrals to housing and healthcare.”

 

Addressing local concerns: approaches that work better

Impoverishment, homelessness, destitution and barriers to social cohesion are some of the challenges cities face, linked with irregularity. People are often detained repeatedly and sometimes for prolonged periods, in violation of EU legislation. And when they are released from detention, with all the problems this brings, cities have to pick up the pieces.

So could collaboration among cities and NGOs provide another way, addressing local concerns while better ensuring rights and resolving cases in the community, without immigration detention?

Jan Braat of the City of Utrecht, who chairs the C-MISE exchange, thinks so: “In the Netherlands, 50% of people [in an irregular situation]  end up on the streets – the national government’s approach hasn’t worked. We’ve shown that it’s better to build trust and work with people”.

Building trust, solving cases in Utrecht

Utrecht City partners with NGOs to provide professional guidance and support to people without documents, to reduce irregularity in the city. The programme has achieved case resolution for most its clients: since 2002, 59% of participants received legal status, 19% returned to their countries of origin, 13% re-entered national asylum shelters, and only 8% disengaged.

Rana van den Burg at SNDVU, an implementing NGO, tells us about their approach:

“The key to our support is that it’s based on trust between the contact person and the client. People often believe that their case hasn’t been looked at properly by immigration authorities, increasing distrust in the system and facilitating disengagement from the procedures”.

At SNDVU, a contact person accompanies each individual throughout the migration procedure and ensures they have access to clear and accessible information in order to make difficult decisions. Along with this professional guidance, the programme provides accommodation, pocket money, legal aid and social support so that people can meet their basic needs and actively participate.

Rana explains that “working together with people and having a judgement free attitude, while facilitating their agency and decision-making is the key to resolving cases”. The programme does not impose a time limit for participation, in order to give participants time to explore all options for case resolution. An agreement with the police means clients can’t be detained.

 

Growing evidence

While this approach is still innovative in Europe, there’s growing evidence that it works. Last year, an in-depth Council of Europe analysis found that trust and support, including individualised case management, are key to effective alternatives to immigration detention (ATD). Evidence from three NGO-run case management pilot projects in Bulgaria, Cyprus, Poland, backs this up.

NGOs are often well placed to implement case management ATD programmes, with expertise in working with one to one migrants and building the rapport necessary foster engagement. And as civil society organisations consider how pilot projects can be scaled up towards systems change, cities stand out as potentially important stakeholders.

Influential stakeholders

Not only do cities have the ability to mobilise services and support networks available in their community, as first responders, they can act as entry points to regional and national governments. Their voices could be influential in changing narratives around migration and detention.

From this year, for example, Utrecht’s professional guidance programme is receiving funding from the Dutch national government. This is part of an agreement with five municipalities which will provide 59 million EUR funding for pilots over three years (in Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven and Groningen) - and has enabled Utrecht to expand its programme.

It’s significant that with this agreement, the Dutch national government has shifted away from an exclusive focus on returns which it doggedly maintained for years. Could this multi-level collaboration provide a step towards systemic change? For local NGOs, maintaining independent quality case management - which genuinely supports people to explore all options (rather than focusing on return) and make decisions in an informed and dignified way – will be key.

Meanwhile, the European Commission is engaging cities on irregular migration, rightly recognising that national governments can’t do this alone. The C-MISE cities have a refreshing message in this debate: they want to start a conversation acknowledging that EU policies should not disregard the social hardships lived by irregularly staying migrants and that more inclusive responses are needed.

Multi-level collaboration as a route to change

EU policy and national governments are increasingly relying on enforcement and detention to try to achieve migration management goals. But it’s well known that detention is not only harmful and costly, it does not promote case resolution.

In this challenging context, collaboration between cities and NGOs could develop approaches that treat people as human beings, supporting individuals to resolve cases in the community without detention.

For cities, this could provide a way to address local challenges, while informing and influencing national and European policy. For civil society, it could provide the building blocks for systems based on humanity and dignity that work better for everyone.

Shifting the narrative and practice on migration management - from enforcement to engagement - is a multi-level task that requires collective action.

 

 


Regional Roundtable on ATD held in Bangkok

International Detention Coalition (IDC) recently co-hosted a closed-door roundtable on alternative care arrangements for children in the context of international migration in the Asia Pacific with the Department of Children and Youth under the Thai Ministry of Social Development and Human Security and Asia Dialogue on Forced Migration (ADFM). The roundtable took place on 22 November 2019 in Centra by Centara Government Complex Hotel and Convention Centre, Bangkok, Thailand.

The roundtable brought together representatives from implementing and policy agencies within government from Australia, Indonesia, Malaysia and Thailand, as well as non-governmental agencies and international organizations in the region for constructive discussion on developing alternative care mechanisms for children and their families in the context of migration. Participants exchanged positive practices and latest developments in alternative care arrangements for children in their national contexts, while identifying common challenges and opportunities that can support the development of an ongoing regional program of engagement, learning and action towards ending child immigration detention in the region.

More information about the roundtable, including the agenda, participant list and background paper can be found here.

The ADFM Secretariat also recently posted about the event, including a brief summary of ideas that emerged from the roundtable. The post can be found here.


New video: Community Placement and Case Management programme by SUKA Society

SUKA Society, IDC member organisation in Malaysia, is implementing a holistic Community Placement and Case Management (CPCM) programme that specifically looks into the protection concerns of unaccompanied and separated children in the country. This programme is a part of their initiative to advocate for alternatives to detention of children.

The video provides a brief introduction to who is an unaccompanied and separated child and the case management process undertaken by SUKA.

 

Watch here: