Plan Estratégico de IDC 2020-2022: Rights-based migration systems without immigration detention

Nuevo lanzamiento: Plan Estratégico de IDC. Durante los próximos dos años, apoyaremos a los miembros, socios y gobiernos para recuperar, reconstruir y volver a imaginar sistemas de migración basados en derechos sin detención migratoria.

 

Durante la última década, hemos visto a los gobiernos aumentar su uso de la detención migratoria en respuesta a las crecientes tasas de migración. La detención de niños, niñas y adolescentes también ha aumentado, así como las condiciones inhumanas en detención y se ha acrecentado el racismo y la xenofobia hacia las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas. En este entorno ya volátil, los efectos del Covid-19 en 2020 provocaron un choque sistémico mundial a los gobiernos, la sociedad civil y la experiencia humana. Al momento de esta redacción, los miembros de IDC compartían preocupaciones acerca de la coerción sobre los órganos de económicos, de salud, de vivienda y judiciales, lo que conduce a la pobreza, la falta de vivienda, enfermedades, escasez de alimentos, falta de documentación y un mayor riesgo de detención.

En los próximos meses y años, las acciones de las entidades mundiales, los gobiernos y la sociedad civil establecerán un rumbo para que el mundo pospandémico vuelva a expandir la detención o se comprometa a proteger los derechos y la dignidad en la experiencia migratoria. Durante los próximos dos años, apoyaremos a los miembros, socios y gobiernos para recuperar, reconstruir y volver a imaginar sistemas de migración basados en derechos sin detención migratoria.

Leer Plan Estratégico en español

Read Strategic Plan in English

Lire Plan Stratégique en français

اقرأ باللغة العربية

 


Brotes de Covid-19 en los centros de detención migratoria de Malasia

En mayo de 2020, Malasia se enfrentó a críticas nacionales e internacionales por llevar a cabo redadas migratorias en zonas en cuarentena donde habían surgido clústers de Covid-19. Durante esas redadas, más de 2,000 personas migrantes indocumentadas, incluidos algunos refugiados y solicitantes de asilo, fueron arrestados, entre ellos aproximadamente 100 niños, niñas y adolescentes.

A las pocas semanas de esas redadas, Malasia ha visto un aumento de los casos de Covid-19 (776 casos al 19 de junio de 2020) en sus hacinados centros de detención migratoria y ahora se han reportado infecciones en 5 distintos centros de detención. El 11 de junio, Malasia vio su primer fallecimiento por Covid-19 en detención migratoria, un hombre de 67 años de India, presuntamente un turista varado que falleció en el centro de detención migratoria de Bukit Jalil. Este centro de detención ha representado más del 80% de todos los casos de Covid-19 en centros de detención en Malasia. Además, el 17 de junio se reportó que un niño de 4 años de Myanmar y su madre, que también habían sido colocados en detención en Bukit Jalil, habían dado positivo por Covid-19.   

El gobierno de Malasia ha anunciado que las personas detenidas que den resultado negativo para Covid-19 serán deportadas, mientras que las que den resultado positivo serán enviadas a centros de cuarentena y tratados antes de la deportación. Sin embargo, dado el período de incubación del virus, sigue existiendo el riesgo de que las pruebas no detecten un diagnóstico positivo; consecuentemente, los nuevos brotes de Covid-19 en los centros de detención son una posibilidad clara, al igual que el riesgo de que las personas deportadas exporten el virus a otro país. Los grupos de derechos también han advertido sobre el riesgo de devolución, dado que las personas solicitantes de asilo se encuentran entre las arrestadas; a ACNUR se le ha negado el acceso a los centros de detención de Malasia desde agosto de 2019.

A pesar de estos brotes en los centros de detención, el gobierno se ha negado a imponer una moratoria sobre las actividades de aplicación de la ley migratoria.

Estos acontecimientos suceden en un momento de aumento significativo de la xenofobia contra personas refugiadas y migrantes en Malasia, junto con políticas gubernamentales cada vez más duras contra estos grupos.


Nueva iniciativa para apoyar la educación y el sustento de personas refugiadas

JRS Indonesia, uno de los miembros de IDC más activos en Asia Pacífico, recientemente lanzó una nueva iniciativa para apoyar la educación y el sustento de personas refugiadas en Indonesia. A través de una asociación con una iniciativa para una empresa emergente de TI dirigida por refugiados, SMART (Skilled Migrants And Refugee Technicians), JRS Indonesia ha brindado apoyo a SMART para organizar un seminario web gratuito para refugiados sobre cómo ganarse el sustento en línea. Este proyecto es particularmente relevante y oportuno en el contexto de Covid-19, ya que las opciones de sustento para personas refugiadas son cada vez más escasas. 

 

 

SMART y JRS también están explorando la posibilidad de desarrollar un programa de desarrollo de capacidades de subsistencia para personas refugiadas, brindando información en línea relacionada con Covid-19 y creando una plataforma de estudio electrónica en asociación con un centro de aprendizaje comunitario para niños, niñas y adolescentes refugiados. Esta plataforma permitirá a lxs maestrxs llevar a cabo sus clases en línea y ayudará a los niños, niñas y adolescentes refugiados a continuar su educación a pesar de los movimientos restringidos debido a Covid-19. v

Para más información, favor de comunicarse directamente:

Mr Gading Gumilang Putra (Jesuit Refugee Service Indonesia) en [email protected]


Oportunidades en medio de la pandemia

Coordinación local con miras a implementar una ruta nacional de protección como una forma de evitar la detención de la niñez y adolescencia migrante.

El gobierno de México cerró el 2019 con la inmensa deuda de haber privado de su libertad a 51,999 niños, niñas y adolescentes migrantes, un incremento de 77.7% comparado al año previo. Atendiendo a la prohibición contenida en el Reglamento de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que ningún menor de 18 años debe ser detenido por motivos migratorios, la Comisión de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes (Comisión de Protección) arrancó el 2020 con un plan para implementar la recién elaborada Ruta de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Movilidad apoyado por las organizaciones civiles integrantes de esa comisión.

Si bien la emergencia sanitaria llegó a interrumpir avances en coordinación y prioridades, como en muchos países, el uso de tecnologías ha permitido continuar el trabajo coordinado de atención e incidencia de las organizaciones civiles junto con las autoridades a favor del derecho a la libertad personal de los niños, niñas y adolescentes migrantes. La Comisión de Protección ha tenido que ajustar y reorganizar sus labores considerando la emergencia sanitaria, pero al mismo tiempo la urgencia de implementar en los 32 estados de la República Mexicana la Ruta de Protección que tiene como ejes centrales la no detención migratoria y la canalización a distintos modelos de cuidados alternativos con un enfoque de gestión de casos.

El Covid 19 sorprendió a México con las estaciones migratorias llenas, inclusive con presencia de niños, niñas y adolescentes migrantes. Desafortunadamente, su liberación por parte de las autoridades migratorias no respondió a un programa emergente de alternativas a la detención sino que muchos fueron trasladados a sus países de origen, siempre que las restricciones en las fronteras lo permitieron. Ante este preocupante panorama, la Comisión de Protección inició un programa de conversatorios virtuales que tienen como objetivo escuchar las necesidades de autoridades estatales y organizaciones de la sociedad civil locales para generar una respuesta nacional ante la pandemia. Asimismo, la intención final es asegurarse de que cada estado establezca una comisión similar que tenga como actividad principal la implementación de la Ruta de Protección y la promoción de modelos de cuidados alternativos para niñez y adolescencia migrante.

El primer conversatorio tuvo un alcance nacional con más de 140 participantes, en su mayoría autoridades de protección de infancia, migratorias y de asilo,  donde se habló de las recomendaciones emitidas por organismos internacionales en materia migratoria para la protección efectiva de la niñez y adolescencia migrante ante el context del Covid. IDC compartió las Recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre alternativas a la detención de migrantes de la Red de Migración de Naciones Unidas, que buscan garantizar la salud de las personas en situación de movilidad humana que se encuentran detenidas o en riesgo de detención. Dichas recomendaciones incluyen: poner fin a la detención migratoria, adoptar moratorias al uso de la detención migratoria e incrementar las alternativas a la detención migratoria no privativas de la libertad.

A este conversatorio le han seguido otros con autoridades locales de los estados de Chiapas, Baja California y Coahuila, que han enfatizado en la necesidad de una mejor coordinación entre autoridades de protección de infancia y autoridades migratorias y de asilo para garantizar que las niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad no estén privados de la libertad en estaciones migratorias. Se han presentado algunos modelos de cuidados alternativos y se han compartido obstáculos por parte de la sociedad civil para adoptar la Ruta de Protección con un énfasis en la gestión de casos. Seguirán conversatorios con los estados de Tlaxcala, Sonora entre otros.

México sigue enfrentando retos importantes en la protección de niñez y adolescencia en situación de movilidad, como la dificultad de coordinación entre autoridades (existen más de mil autoridades de protección en el país con facultades para atender a niñez y adolescencia migrante), la falta de recursos, sin olvidar la facultad que tiene por ley la autoridad migratoria a ingresar a los niños, niñas y adolescentes a las estaciones migratorias previa a su canalización a las procuradurías de protección.

Los esfuerzos que realiza la Comisión de Protección, apoyada por IDC y sus organizaciones miembros y aliados, abren la posibilidad de desarrollar modelos efectivos, establecer mecanismos de coordinación y generar datos y evidencias sobre una mejor atención de niñez y adolescentes. Al centro, garantizar la libertad de esta población y su canalización a modelos de cuidados alternativos que les permita vivir en comunidad y con el acompañamiento de diversas instancias que permitan la restitución de todos sus derechos.


IDC Asia-Pacífico coorganiza un webinar regional con APRRN sobre un tema oportuno: El impacto de Covid-19 en la detención migratoria

A la luz de las graves consecuencias de amplio alcance de la pandemia de Covid-19 para las poblaciones afectadas por la detención migratoria, reconocemos que éste es un momento importante para el intercambio colectivo y la sinergia. Como tal, la International Detention Coalition y la Red de Derechos de los Refugiados de Asia y el Pacífico organizaron conjuntamente un seminario web sobre el impacto de Covid-19 en la detención migratoria en la región el lunes 6 de abril de 2020. Más de 20 miembros de IDC y APRRN asistieron al seminario web y compartieron su valioso conocimiento y perspectiva. También recibimos respuestas por escrito de miembros y socios que no pudieron asistir al seminario web.

En este seminario web, tuvimos la oportunidad de:

  • discutir temas clave que están emergiendo en el contexto de la detención migratoria en los respectivos países de los participantes;
  • compartir y reflexionar sobre las acciones emprendidas por las organizaciones, las redes y los socios desde que los gobiernos comenzaron a implementar respuestas al Covid-19;
  • identificar las prácticas positivas en varios países; y,
  • identificar brechas, necesidades prioritarias y los siguientes pasos.

El documento síntesis de este webinar está disponible en inglés

 

Siguientes pasos de IDC

Desde el webinar, IDC ha desarrollado la Posición de IDC en el marco del Covid-19 fundamentada en las voces de nuestros miembros que se expresaron en webinars regionales. También hemos creado un espacio dedicado en nuestro sitio web donde documentamos los acontecimientos principales que impactan la detención migratoria y las alternativas en el contexto de Covid-19 en todo el mundo. Pronto actualizaremos las prácticas prometedoras de alternativas a la detención en el contexto de Covid-19.

 

 

Traducido por: Sandra Gancz

Recurso de Covid-19 de miembro en Asia Pacífico

La oficina en Tailandia de HOST International, uno de los miembros activos de IDC en Asia Pacífico, ha producido un vídeo "¿Qué es Covid-19? ¿Cómo prevenirlo?" en cinco idiomas dirigido a las poblaciones urbanas desplazadas. Iniciaron con estos idiomas que sus clientes principales hablan en Tailandia:

Thai: โควิด-19 คืออะไร? ป้องกันอย่างไร? | What is Covid-19 and How to Prevent? 

Jarai/Ede: Nơng do nu Covid-19? Si ngă ciăng răng mgang kman tưp ruă anan? | What is Covid-19? How to Prevent?

Hmong: Covid 19 yog daabtsi? Yuav tiv thaiv tau le caas? | What is Covid-19? How to Prevent?

Somali: Waa maxay Covid-19? Sidee looga hortagaa? | What is Covid-19? How to Prevent?  

Urdu: Covid-19 kia hai? Isko kaise roka ya bacha ja sakta hai? | What is Covid-19? How to Prevent?

 

Para más información, favor de comunicarse directamente con:

Ms. Katchada Prommachan (Gerente del país en funciones) a [email protected]

 

Traducido por: Sandra Gancz

IDC se une a sus miembros en México y los Estados Unidos para pedir la liberación de las personas en detención migratoria y una moratoria sobre futuras detenciones

Estados Unidos y México han sido los principales países que practican la detención en la región de las Américas, tienen los centros de detención más grandes y los sistemas de control migratorio y deportación más sofisticados. Se estima que Estados Unidos actualmente tiene cerca de 40,000 personas en detención migratoria y México cerca de 2,000. En el contexto del creciente uso de la detención, y particularmente preocupante, la detención continua de niños, niñas y adolescentes, la amenaza de Covid-19 y un movimiento global de distanciamiento social, resalta la extrema vulnerabilidad de las personas en detención migratoria a la propagación de enfermedades infecciosas, así como la falta de acceso a una atención médica adecuada, aunado a las violaciones de derechos implícitas en un sistema de detención migratoria obligatoria.

Los defensores en México se han reunido en torno a estos temas, con un poderoso colectivo de organizaciones miembros y asociadas de IDC Américas que inició una estrategia de defensa en varios niveles para exigir que el gobierno mexicano libere a las personas migrantes de los centros de detención debido al riesgo de contagio de Covid-19 a consecuencia de la condiciones en que las personas son privadas de libertad.

Junto con el Instituto para las Mujeres en la Migración, Sin Fronteras, Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, Asylum Access, Otros Dreams en Acción, y otros socios, lanzamos una campaña pidiendo que el gobierno mexicano libere a todos los migrantes y solicitantes de asilo de los centros de detención y les proporcione documentos migratorios a manera de una visa humanitaria temporal, suspenda temporalmente las redadas contra migrantes y las medidas de aplicación a lo largo del país para evitar detenciones nuevas y proporcione información con respecto a las medidas nacionales adoptadas para evitar la propagación del Covid-19, además de información de contacto de las clínicas de salud locales y organizaciones internacionales y nacionales.

 

Litigio colectivo y trabajo de incidencia

A lo largo de estas últimas semanas, también hemos subrayado la labor colectiva de litigio e incidencia realizada por más de 40 organizaciones preocupadas por la libertad y la salud de personas migrantes en el contexto de la pandemia: estas acciones se reflejan en varios seminarios web, comunicados a las autoridades federales y estatales, demandas judiciales, una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reportes y llamados a la acción.

Los defensores tal vez están esperanzados en el éxito sin precedentes que recientemente se mostró en los tribunales. Algunas de estas organizaciones presentaron una acción legal constitucional y el tribunal emitió una histórica resolución favorable, una orden judicial que ordena a las autoridades migratorias de México a liberar inmediatamente a las personas migrantes que pertenecen a los grupos vulnerables y están actualmente detenidos y a garantizar que ningún niño, niña o adolescente se encuentre detenido en un centro de detención. Éstas son dos de las 11 medidas ordenadas para salvaguardar la vida y salud de las más de 2,000 personas migrantes y solicitantes de asilo que las autoridades de migración han reportado en detención. Las acciones legales continúan en varios estados del país, a fin de mantener la presión legal sobre las autoridades migratorias para que cumplan con la orden, sobre la cual no ha habido notificaciones hasta la fecha.

Al momento de redactar este documento, parece que esta defensa colectiva ha tenido algún efecto y IDC Américas ha sido informada que las aprehensiones se han ralentizado y muchas personas migrantes detenidas han sido liberadas en México durante las últimas semanas, aunque sin un procedimiento formal. No hay claridad sobre las acciones que las autoridades de migración emprenderán en las próximas semanas. El desafío para la defensa sigue siendo establecer procedimientos de liberación con chequeos y salvaguardas, así como las referencias a las estructuras de apoyo posteriores a la liberación. IDC Américas se une a nuestros socios mexicanos para trabajar en una gama de propuestas con el objetivo de desarrollar e implementar alternativas a la detención para las personas liberadas o en riesgo de futuras detenciones. Es adicionalmente preocupante que las deportaciones continúen, ya que las autoridades de migración mexicanas han estado concentrando a los migrantes detenidos en los tres centros de detención más grandes de la Ciudad de México, Acayucan y Tapachula, deportando a algunos a través de acuerdos negociados con gobiernos de Centroamérica.

Además, Amnistía Internacional México ha pedido a la máxima autoridad del Covid-19 del país, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, que respalde estas peticiones por la liberación de las personas migrantes y solicitantes de asilo en detención para proteger su salud y hacer una petición pública a las autoridades migratorias al respecto, así como proporcionar a la población migrante y refugiada en México el acceso a los servicios de vivienda y salud.

Los siguientes días serán cruciales para las autoridades mexicanas de migración y salud cuyo deber es poner el derecho a la salud de las personas migrantes por encima del control migratorio a fin de reducir los riesgos de infección por Covid-19 entre esta población.

Más al norte de la región, los defensores en los Estados Unidos han sido algunos de los más activos, progresistas y vocales al pedir la liberación de las decenas de miles que se encuentran actualmente en centros de detención migratoria y prisiones en todo el país. Dos nuevos informes, el primero de Detention Watch Network y el segundo de Amnistía Internacional, demuestran claramente el alto riesgo para la vida de los migrantes en detención y la amenaza colectiva para la salud pública que representa la detención migratoria innecesaria.

Las estrategias de defensa van desde litigios por la liberación de migrantes en detención hasta importantes organizaciones comunitarias a través de amplias campañas nacionales que también amplifican las acciones estatales y locales, como el llamado de Detention Watch Network a #FreeThemAll. Además, casi 200 organizaciones estatales, locales y nacionales trabajaron con el Congreso en apoyo al Federal Immigrant Release for Safety and Security Together Act (First Act) para trabajar por la liberación de las personas en detención. La Ley provee restricciones urgentes y cruciales sobre la detención migratoria y la aplicación de la ley durante esta emergencia nacional de salud pública sin precedentes para proteger a las comunidades de migrantes y la salud colectiva. Puedes leer su carta de apoyo aquí.

Varias organizaciones miembros y socias de IDC han compartido una variedad de investigaciones colectivas y herramientas y recursos de defensa útiles en respuesta a Covid-19.

Detention Watch Network elaboró y compartió en su sitio web la guía de mensajes sobre Covid-19 y la detención migratoria y un útil Kit de herramientas para apoyar demandas locales para la liberacion masiva de personas bajo custodia de ICE.

Vera Institute of Justice compartió su Guía sobre medidas preventivas y de respuesta al coronavirus en detención migratoria

Freedom for Immigrants lanzó una sección de su National Immigration Detention Hotline específicamente en respuesta al Covid-19. Con las visitas sociales suspendidas por tiempo indefinido, esta línea directa es uno de los pocos recursos gratuitos y confidenciales disponibles para mantener la comunicación con las personas en detención. También están proporcionando vivienda posterior a la liberación para personas a lo largo de los Estados Unidos a través de una red de voluntarios y una casa que administran en Louisiana.

Freedom for Immigrants también publicó un mapa interactivo en tiempo real que rastrea el número de casos en detención migratoria en los Estados Unidos y el fracaso en la repuesta del gobierno porque no ha respondido adecuadamente a esta pandemia. Hasta el momento, han documentado más de 100 casos confirmados de Covid-19 desde que la primera persona fue diagnosticada a finales de marzo. Esta herramienta rastrea los reportes de medidas de aislamiento y cuarentena en respuesta a Covid-19, registrando su implementación de manera adecuada y peligrosa. También se ha documentado que el personal de detención no ha observado los protocolos de salud adecuados y las respuestas médicas han sido extremadamente inadecuadas durante la cuarentena, resultando en un riesgo significativo, tanto para la población en detención como fuera de ella.   

Una iniciativa que observar en las próximas semanas es la recientemente publicada Child Detention Crisis Initiative de Justice in Motion que trabajará a través de su Red de Defensa para reunir a defensores en los Estados Unidos, Centroamérica y México para liberar a los niños, niñas y adolescentes de la detención migratoria en los Estados Unidos y reunirlos con sus familias.

Finalmente, el 26 de abril, a través de un boletín, las autoridades de migración reportaron haber desalojado a casi toda la población de los centros de detención. Hay muchas críticas sobre la falta de un programa de alternativas que habría permitido canalizar a las personas migrantes a hostales u hoteles, en vez de las deportaciones masivas que se realizaron, incluso de niños, niñas y adolescentes, a lugares que pueden ser riesgosos para ellos, no sólo por el potencial de contraer Covid-19. Todavía existe la necesidad de coordinar a los actores para garantizar el derecho a la salud de las personas que continúan en México a través de un programa de alternativas gestionado por las autoridades y la sociedad civil. 

 

Traducido por:  Sandra Gancz

México: Los defensores se mantienen firmes para defender los derechos de las personas migrantes detenidas

IDC se unió a más de 200 organizaciones pidiendo la revocación de la decisión del gobierno mexicano de negar el acceso de las organizaciones de la sociedad civil a los centros de detención migratoria en todo el país. La nueva decisión política, compartida por notificación pública del gobierno a finales de enero, se produjo inmediatamente después de que se publicara que defensores de personas migrantes habían reportado dificultades reiteradas para entrar a los centros de detención más poblados en la frontera sur del país y en la Ciudad de México y de una carta abierta de Amnistía Internacional instando a que el Instituto Nacional de Migración (INM) garantizase el acceso de las organizaciones de la sociedad civil a las personas migrantes y refugiadas en detención.

Este tema se ha vuelto más apremiante en las últimas semanas en el contexto del uso de la fuerza militarizada por parte de la Guardia Nacional Mexicana en los puntos de entrada en la frontera sur y la creciente preocupación por la expansión en el uso de la detención migratoria en un país con crecientes políticas de contención y control migratorio ante las personas centroamericanas que anhelan entrar y transitar por el territorio mexicano en caravanas. Para las personas viajando en la caravana este enero, todos los caminos llevaron a ser privados de su libertad; ya fuera por expresar su intención de solicitar asilo o una visa humanitaria o por aceptar la opción que el gobierno les ofrecía para quedarse y trabajar en los estados del sur de México, todos fueron colocados en detención.

Ser liberados de detención entre las políticas y los procedimientos de deportación acelerados depende casi siempre y principalmente del acceso a la asesoría legal, conocer sus derechos y tener a alguien abogando desde el exterior. Actualmente no existe información pública disponible acerca de cuántos de los detenidos han sido liberados o son capaces de continuar en libertad sus procedimientos migratorios para el asilo o las visas humanitarias o de visitante.

El 30 de enero, los defensores ofrecieron una rueda de prensa instando al gobierno mexicano a reiniciar las visitas programadas y eliminar los nuevos obstáculos que enfrentan las ONG que han solicitado permiso para entrar a los centros de detención. El mensaje que enviaron es que no es aceptable violar los derechos de acceso a la información, el acceso a la justicia y el debido proceso de personas migrantes y refugiadas sujetas a protección internacional ni un solo día. También instaron al gobierno a aceptar la solicitud presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para visitar los centros de detención migratoria que actualmente contienen a miles de personas en la frontera sur de México.

 

Defensores ofrecieron una rueda de prensa instando al gobierno mexicano a reiniciar las visitas programadas y eliminar los nuevos obstáculos que enfrentan las ONG que han solicitado permiso para entrar a los centros de detención.

Las declaraciones en los medios de comunicación hechas por miembros de IDC, Alejandra Macías Delgadillo, directora de Asylum Access México y Elba Coria Márquez, directora de la Clínica de Derecho de los Refugiados de la Universidad Iberoamericana, subrayan los riesgos asociados con prohibir que las personas detenidas tengan acceso a la defensa legal, ya sea en solicitudes de asilo o para monitorear el debido proceso en los procedimientos de deportación. Estos riesgos son aún mayores en ausencia de un registro adecuado, la detección y las entrevistas individualizadas y los procedimientos efectivos para identificar las necesidades de protección en los mecanismos actuales de detención y deportación.

 

Entrevista a Elba Coria Márquez, directora de la Clínica de Derecho de los Refugiados de la Universidad Iberoamericana

Finalmente, se alcanzaron varios acuerdos en una reunión sin precedentes celebrada con el comisionado del INM y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), incluyendo la revocación de la política formulada sólo días antes que suspende la supervisión de la sociedad civil en la detención migratoria.

La detención migratoria en México tiene varias similitudes con el modelo penitenciario y representa un gasto significativo de fondos públicos, como se describe en el análisis del sistema de detención migratoria de 2019 realizado por AsiLegal, Fundar y Sin Fronteras. La violación sistémica de los derechos de las personas detenidas ha sido documentado por la sociedad civil mexicana en más de 15 años de informes sobre el monitoreo de centros de detención migratoria. Al respecto, IDC apoya los esfuerzos para garantizar que la sociedad civil monitoree sistemáticamente las condiciones de detención y el ejercicio del derecho a la información y la defensa legal de las personas migrantes y refugiadas detenidas.

En este sentido, IDC ha hecho disponible un Manual para Monitorear, producido conjuntamente con el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT). Es una guía paso a paso para cualquier persona o institución que realice visitas a los centros de  detención migratoria. También se puede utilizar como una lista de verificación para las autoridades, el personal del centro de detención y los periodistas sobre las normas que deben aplicarse cuando se detiene a personas solicitantes de asilo y migrantes.


El Mecanismo de Detección Nacional allana el camino hacia una mayor protección de las personas refugiadas

El 24 de diciembre de 2019, el tan esperado Mecanismo de Detección Nacional (NSM, por sus siglas en inglés) para refugiados fue finalizado y aprobado por el Gabinete tailandés. El NSM siguió a la firma del memorando de entendimiento intergubernamental sobre la determinación de medidas y enfoques alternativos a la detención de niños, niñas y adolescentes en centros de detención migratoria en enero de 2019, lo que representó un primer paso hacia poner fin a la detención migratoria de la niñez en Tailandia.

 

El NSM construye sobre el continuo compromiso de Tailandia para mejorar la protección de refugiados en Tailandia en sintonía con la promesa hecha por el Primer Ministro Prayut Chan-o-cha en la Reunión de alto nivel sobre refugiados y migrantes de la ONU en septiembre de 2016. Junto con el memorando de entendimiento, brinda la oportunidad de fortalecer la protección de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Tailandia, particularmente evitando el arresto y la detención arbitrarios.

 

Tailandia ha brindado refugio para personas que huyen de la guerra y los conflictos en países vecinos, en particular a personas provenientes de Myanmar, desde 1984. Según el ACNUR, el país actualmente alberga a 93,333 refugiados en nueve campos de refugiados a lo largo de las fronteras entre Tailandia y Myanmar[1]. También hay aproximadamente 5,000 personas refugiadas y solicitantes de asilo de 40 países distintos residiendo en Tailandia[2].

 

A pesar de tener un gran número de solicitantes de asilo y refugiados en su territorio, Tailandia no ha ratificado la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967. La Ley de Inmigración de Tailandia, la única ley que supervisa la entrada de no ciudadanos en su territorio, no hace distinción entre las personas solicitantes de asilo y las personas migrantes indocumentadas, sino que define a todos los extranjeros sin documentación válida como extranjeros ilegales, lo que deja a los solicitantes de asilo y refugiados vulnerables al arresto y la detención indefinida.

 

Varios mecanismos de derechos humanos de la ONU han demostrado su preocupación por el enfoque ad hoc de Tailandia a la política de personas refugiadas y han alentado al país a desarrollar e implementar un marco legal e institucional nacional para la protección de la población en cuestión. Por ejemplo, las observaciones finales sobre el segundo informe periódico de Tailandia al Comité de Derechos Humanos sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señalaron la necesidad de “establecer rápidamente un mecanismo de detección para los solicitantes de asilo”[3] que solicitan protección internacional. Por lo tanto, la aprobación del NSM es un paso adelante y debe ser aplaudido.

 

Sin embargo, también existen preocupaciones sobre el contenido de este documento. Aunque establece un mapa del plan para establecer un comité de detección y procedimientos de detección para otorgar un Estatus de Persona Protegida a un “extranjero” elegible, no brinda criterios claros sobre las condiciones de la solicitud y aprobación de dicho Estatus, ni un procedimiento preciso de selección para los miembros expertos independientes del Comité de Detección. También prevalecen las preguntas sobre la ambigüedad de las “agencias relevantes” que brindarían la asistencia y el apoyo necesarios a las personas que tienen un Estatus de Persona Protegida.

 

Por ahora, se otorgaron 180 días para desarrollar un Procedimiento Operativo Estándar (POE) bajo el NSM antes de su implementación al día siguiente de su publicación oficial en la Gaceta del Gobierno el 25 de diciembre de 2019. Miembros y socios de IDC en Tailandia trabajan de manera colaborativa con las agencias gubernamentales relevantes para garantizar que el SOP atienda las preocupaciones identificadas y garantice las protecciones necesarias para las personas refugiadas.

 

 

[1]La población de personas refugiadas total verificada al 31 de diciembre de 2019. https://www.unhcr.or.th/sites/default/files/u11/Refugee%20Population%20Overview_December%202019_0.pdf. (Consultado el 3 de febrero de 2020)
[2] https://www.unhcr.or.th/en/about/thailand. (Consultado el 3 de febrero de 2020)
[3] Comité de Derechos Humanos (2017) Párrafo 28 de las observaciones finales. CCPR/C/THA/CO/2. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/THA/CO/2&Lang=En (Consultado el 3 de febrero de 2020)

Pasos prácticos que fomentan resultados efectivos: la orientación del Consejo de Europa sobre alternativas a la detención migratoria

El Consejo de Europa ha publicado un nuevo manual que define los principios y procesos clave para implementar las alternativas a la detención (ATD) en el contexto de la migración. ¿Qué aporta para la sociedad civil que trabaja en reducir la detención migratoria mediante las alternativas?

 

De la teoría a la práctica

La Guía Práctica sobre Alternativas a la Detención Migratoria: Fomentar Resultados Efectivos (disponible en inglés) está basada en el Análisis de los aspectos legales y prácticos sobre las alternativas efectivas a la detención en el contexto migratorio (disponible en inglés) a profundidad del Consejo de Europa adoptado en 2018. Sin embargo, se enfoca principalmente en la implementación práctica. El manual tiene como objetivo ayudar a llenar el vacío de implementación en relación con alternativas a la detención, proporcionando a los gobiernos una orientación “concisa y visual” fácil de usar sobre cómo desarrollar alternativas que permitan a los estados gestionar la migración sin depender en exceso de la detención.

 

Un enfoque en el proceso

Dentro de este enfoque práctico, una innovación clave de la nueva orientación es que analiza los procesos para desarrollar alternativas a la detención. Reconociendo la necesidad de acciones específicas al contexto y enfoques personalizados, establece preguntas y pasos clave que están al centro de las ATD exitosas en desarrollo. Esto incluye preguntas para determinar el contexto nacional y los pasos prácticos para que los gobiernos planifiquen y pongan a prueba programas nuevos; pasos manejables que los gobiernos podrían tomar para comenzar a alejarse de la detención. Éste es un cambio bienvenido del enfoque común en “ejemplos” de ATD, dado que no hay una talla única para todos los modelos transferibles en este ámbito.

   Imagen del manual del Consejo de Europa en 2019

 

Reforzando la necesidad de confianza y apoyo

La Guía Práctica refuerza la necesidad de confianza y apoyo en las alternativas a la detención que garantizan la dignidad y los derechos, a la vez que logra mejor los objetivos de gestión de la migración de los gobiernos. Utiliza los seis elementos esenciales de la efectividad identificados por el Análisis y subraya que un “elemento transversal central para la implementación efectiva de alternativas a la detención es generar confianza [...] a través de un espíritu de equidad y cooperación mutua”. Como paso práctico, el manual sugiere una consulta significativa con diversos interesados, en particular con las comunidades de personas migrantes que pueden ayudar a las personas a participar en los procesos de inmigración.

 

Impulso creciente

Como tal, contribuye al creciente énfasis regional en las alternativas basadas en la participación. Esto se hizo evidente, por ejemplo, en la conferencia sobre Alternativas a la Detención Migratoria Efectivas (disponible en inglés) celebrada en Estrasburgo en abril de 2019. Más de 200 participantes asistieron a la conferencia, principalmente representantes de gobiernos nacionales, con una participación de alto nivel de los organizadores de la Comisión Europea y el Consejo de Europa.

Este evento marcó un hito en términos de las ATD, los “mensajes clave” de la conferencia incluyen que “para ser eficaces, las alternativas a la detención deben adoptar un enfoque holístico y centrado en las personas con base en la responsabilidad y confianza” y que “hay espacio para adoptar métodos basados en la participación en mayor medida, incluyendo una gestión de casos dedicada que puede mejorar la eficacia.”

 

Contribuciones y el camino a seguir

La Guía Práctica fue adoptada por los gobiernos para los gobiernos, a través del principal órgano de derechos humanos del Consejo de Europa; el Comité Directivo de Derechos Humanos. Con su enfoque en abordajes y procesos basados en la confianza para la implementación práctica, podría resultar ser una herramienta útil para las ONG que abogan por alternativas basadas en la participación como parte de una estrategia para cambios a la detención.

 

Lee más artículos sobre Europa

Abogando por las alternativas a la detención en Europa