Un Albergue para Niños, Niñas y Adolescentes Llamado Tin Otoch: Sonora, Mexico

La oficina de la Coalición Internacional contra la Detención en México ha trabajado durante los últimos años con diversas autoridades locales en México que han hecho esfuerzos por implementar alternativas a la detención para niñez y adolescencia en situación de movilidad, la Procuraduría del Estado de Sonora es una de esas autoridades. Con la apertura de un albergue para niños, niñas y adolescentes llamado “Tin Otoch”, se abrió la oportunidad de que el estado  implemente alternativas antes de que la prohibición de la detención de niñez y adolescencia fuera aprobada. Ahora con la prohibición de detención el papel de Tin Otoch cobra más impulso, no sólo brinda un espacio de alojamiento sino facilita la gestión de casos. A continuación el Procurador de Protección de NNA del estado de Sonora, Lic. Wenceslao Cota Amador, nos comparte la experiencia que ha tenido su estado en los esfuerzos por eliminar la detención migratoria de infancia y adolescencia.

 

Escrito por Lic. Wenceslao Cota Amador

Procurador Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora

El Estado de Sonora, México, se encuentra ubicado al noroeste del país contando con más de 580 kilómetros de frontera con Estados Unidos, ubicándonos como zona de tránsito y estancia de personas en movilidad, entre las que se encuentran niñas, niños y adolescentes, nacionales y extranjeros, acompañados, no acompañados, buscando la oportunidad de trasladarse al país vecino por diversos motivos y circunstancias, pero que requieren protección a sus derechos humanos.

El Gobierno del Estado de Sonora ha generado acciones para diseñar e implementar políticas públicas sólidas encaminadas a garantizar la protección de derechos humanos de la infancia en contexto de migración. En 2004, con la instauración del programa “Camino a Casa” del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, se han protegido a niñas, niños y adolescentes nacionales deportados de Estados Unidos, brindándoles acogimiento residencial en un Centro de Asistencia Social donde atienden sus necesidades de alimentación, vestido, acompañamiento psicológico y legal con el fin de concretar su reunificación familiar en colaboración con otros sistemas DIF de las entidades del país, predominando Guerrero, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, entre otros. Este programa se ha sostenido desde entonces con recursos públicos del Gobierno del Estado de Sonora y se han concretado alianzas para la profesionalización de los equipos de trabajo en materia de protección de derechos humanos a la altura de lo que establecen las leyes nacionales e internacionales que reconocen y promueven el respeto a los derechos humanos de la niñez migrante.

La experiencia de atender desde su creación a más de 70 mil NNA nacionales no acompañados, ha permitido que el programa “Camino a Casa” de DIF Sonora sea una política consolidada ante el contexto de los riesgos a los que se enfrentan niños, jóvenes y familias de nuestro país.

El Gobierno de la licenciada Claudia Pavlovich Arellano, ha impulsado con convicción, la reorientación de los recursos públicos, recurso humano e infraestructura para fortalecer las políticas públicas en materia de protección a los derechos de la niñez en situación de movilidad, extranjeros, acompañados y no acompañados, acorde al cambio de paradigma que se ha instrumentado en nuestro país desde el 2014 al aprobarse la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconociéndolos como sujetos titulares de derechos humanos. Así, la Gobernadora del Estado tuvo la visión de generar alianzas estratégicas, (The Howard G. Buffet Foundation) para la construcción de un modelo de acogimiento residencial, de puertas abiertas; y el acompañamiento de organismos internacionales para establecer bases sustentadas en conceptos y principios como el interés superior de la niñez, la no detención, atención multidisciplinaria a la opinión de la infancia, la reunificación familiar, entre otros.

En Agosto del 2018 se abrió el Centro de DIF Sonora, “Tin Otoch” (Mi hogar, lengua Maya), un modelo que restituye los derechos de sano esparcimiento, y salud integral de niñas y niños a través proyectos ocupacionales: música, deporte, manualidades, cuidado al medio ambiente, arte-terapia y talleres de resiliencia. Así el modelo es referencia en distintas regionales nacionales e internacionales.

 

 

Desde su apertura se han atendido a más de 500 niñas, niños y adolescentes, acompañados y no acompañados, en su predominancia originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador, en base a manuales y protocolos generados con un enfoque de Derechos Humanos, garantizando atenciones especializadas multidisciplinarias y determinando el interés superior de la niñez con reunificaciones familiares y en su caso la solicitud del refugio; esto a través del trabajo de los equipos de la Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes del Estado.   

Hacer efectivo el cumplimiento al principio de no detención en estaciones migratorias durante los procesos administrativos, es nuestra visión y enfoque, lo que permite que hayamos transitado de una etapa en la que las entrevistas se practicaban en las oficinas migratorias y hoy en día se desarrollan en el centro “Tin Otoch” por equipos multidisciplinarios garantizando la escucha a la opinión de niños y jóvenes, quienes libremente en un marco de protección manifiestan sus emociones, temores y expectativas. Con esto identificamos que 53% de ellos cuentan con escolaridad primaria; 29% secundaria; 9% bachillerato; 1% carrera trunca; y el 10% no tienen escolaridad. 

 

 

Destacamos que a los principales Estados de Norteamérica donde pretenden trasladarse son: California, Texas, Nueva York y Florida; y los motivos por los que pretenden emigrar son: reunificación familiar y en menor proporción por maltrato o violencia doméstica.

La atención integral a sus derechos humanos ha sido motivo de constante profesionalización de los equipos de Procuraduría de Protección y del Centro, aunado a la alianza estratégica con IDC (International Detention Coalition) México para robustecer los mecanismos de trabajo y acompañamiento de la niñez atendida.

El Sistema DIF Sonora, bajo la conducción de la Maestra Karina Zárate Félix ha generado mecanismos de colaboración sistémica instrumentando modelos de cuidados alternativos (acogimiento residencial, familias de acogida, reunificaciones familiares) para la niñez y adolescencia que se encuentra en contexto de migración, contando con experiencias de éxito donde se garantiza el derecho a la vida en familia de la niñez migrante acompañada y no acompañada.

Estamos frente a grandes retos, pero con la convicción de trabajar coordinados Gobierno, organismos nacionales e internacionales, familias y comunidad para respetar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, con la visión de que su tránsito en Sonora sea en ambientes de protección sin distingo de nacionalidad u origen, el objetivo es que se sientan protegidos como en casa. 

 

  

 


Los Defensores en EE. UU. Cambian el Sistema en 2021

Escrito por Gisele Bonnici, IDC Coordinadora Regional para las Américas

IDC reconoce el cambio político crítico que nuestros miembros y socios en EE. UU. están navegando a medida que aceleramos en 2021. Nos solidarizamos con ustedes conforme emprenden acciones y oportunidades para garantizar la dignidad humana de las comunidades de personas refugiadas y migrantes. 

Este enero, vimos un promedio diario de 14,195 personas en detención migratoria en los Estados Unidos, la menor cantidad en más de 20 años, debido al cierre de fronteras, la prohibición de asilo y la expansión de deportaciones aceleradas. La caída significativa ha puesto en relieve el uso arbitrario e innecesario de la detención migratoria que los defensores han documentado durante décadas. 

Las acciones ejecutivas iniciales del presidente Biden en enero, seguidas de los pasos iniciales para restaurar el procesamiento de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México y la introducción formal de la Ley de Ciudadanía de los Estados Unidos de 2021 en el Congreso, son un paso alentador para prevenir la expansión de la detención migratoria. Sin embargo, la acción más reciente para abrir dos nuevos centros de detención para niños, niñas y adolescentes migrantes es motivo de gran preocupación. IDC está totalmente de acuerdo con nuestros miembros y socios de EE. UU. en que se necesita mucho más con urgencia para desmantelar el sistema, incluido el cierre inmediato de los peores centros de detención migratoria identificados, especialmente aquellos que encierran a familias y niños, terminando inmediatamente con los contratos de detención privados y la colaboración nociva entre las  autoridades de inmigración y las fuerzas del orden locales. Guiada por numerosas recomendaciones hechas a la nueva administración de los EE. UU. por organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, Freedom for Immigrants, la Comisión de Mujeres Refugiadas y Detention Watch Network, entre otras, la reforma política positiva del sistema de aplicación de la ley de inmigración puede continuar reduciendo rápidamente el número de personas perjudicadas por la detención migratoria. 

El trabajo dedicado y vocal de los promotores en los Estados Unidos en este momento nos brinda colectivamente, como coalición y movimiento global, una enorme oportunidad para abogar por el fin de la detención migratoria y por un cambio auténtico hacia una gestión de la migración que prioriza el compromiso y bienestar e invierte en alternativas comunitarias.

 

 

Nuevas evidencias convincentes sobre el alto riesgo para las vidas de las personas migrantes en el sistema de detención de EE. UU. y la amenaza colectiva para la salud pública que representa la detención migratoria hacen que la necesidad de una reforma positiva sea más urgente que nunca. Tanto Focos de infección: la manera en que la detención de ICE contribuyó a la propagación del COVID-19 en los Estados Unidos de Detention Watch Network como una investigación realizada recientemente por un equipo de varias instituciones acerca de Prevenir la propagación del COVID-19 en los centros de detención migratoria requiere la liberación de las personas detenidas hacen un llamado inequívoco para la liberación segura de las personas en detención migratoria en los Estados Unidos hacia sus comunidades. El impacto del COVID-19 ha aumentado el daño severo de un sistema de gobernanza de la migración centrado en encerrar a las personas en lugar de permitir el compromiso y la integración de las personas migrantes y refugiadas a través de la programación comunitaria. 

 

“Los abusos a los derechos humanos y la negligencia médica podrían evitarse si quienes navegan por casos de inmigración pudieran hacerlo en casa con sus familias y en sus comunidades, no tras las rejas.” 

Detention Watch Network

 

IDC se unió a una amplia campaña de más de 200 organizaciones encabezadas por Freedom for Immigrants y Detention Watch Network, pidiendo a la nueva administración de EE. UU. que libere de inmediato a las personas bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en medio de la pandemia de COVID-19 y el cese todas las acciones de aplicación, deportaciones y transferencias entre los centros de detención migratoria y de las cárceles y prisiones locales, estatales y federales a centros de detención migratoria. Te invitamos a leer la carta aquí y unirte al movimiento #FreeThemAll.

A principios de febrero, activistas estadounidenses, incluidos UndoduBlack Network, Black Immigrant Collective, African Communities Together y otros, conmemoraron el Mes de la Historia Afroamericana con el lanzamiento de una Semana de Acción para la Defensa de los Inmigrantes Negros #Act4BlackImms para resaltar el impacto cruel y desproporcionado que la aplicación de la ley de inmigración de ICE tiene sobre los inmigrantes negros y pidiendo a la administración de Biden que aborde deliberadamente el racismo sistémico anti-negro dentro de los sistemas de asilo y migración. En particular, piden detener el aumento de las deportaciones a Haití y la designación del Estatus de Protección Temporal o Salida Forzada Diferida con permiso de trabajo para las personas de Camerún y Mauritania para evitar poner vidas en gran riesgo y como medidas de protección contra su detención y deportación. 

 

 

Los defensores a nivel nacional y local, incluidos los gestores de casos y asesores legales, están de acuerdo en que los existentes programas de alternativas a la detención respaldados por el gobierno no son efectivos en aspectos críticos, como su proceso de concepción y enfoque. Se necesita con urgencia alejarse de las prioridades de aplicación dentro del diseño de los programas alternativos para que el uso de la detención migratoria se reduzca realmente en vez de ampliarse con un nombre distinto. 

Los estudios continúan mostrando el impacto positivo de las alternativas, incluidos los beneficios en términos de costos operativos, resolución de casos y, en particular, la protección de los derechos, el bienestar y la integración comunitaria temprana. Estos beneficios se harán aún más evidentes a medida que avancemos hacia un nuevo énfasis en los programas centrados en el empoderamiento a través del acceso al apoyo individual, los derechos y los procesos de inmigración basados en el compromiso. Más lecturas recomendadas sobre los programas alternativos a la detención de EE. UU. disponible en ingles: 

Los defensores identifican oportunidades clave para hacer avanzar la promoción en este sentido. En primer lugar, las organizaciones comunitarias ya están proporcionando alternativas humanas y efectivas. A los defensores de Estados Unidos les gustaría que los líderes del Congreso dirigieran más inversiones a la programación comunitaria, como los servicios de gestión de casos basados en la comunidad y la red expansiva de organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios médicos, legales y otros servicios sociales a las comunidades de personas migrantes. En segundo lugar, el impacto positivo abrumador y comprobado del acceso a la asesoría legal en los resultados del caso respalda la necesidad de representación legal financiada por el gobierno. Finalmente, a medida que nos alejamos de la prevalencia de programas de alternativas a la detención basados en la aplicación de la ley, debemos mirar más allá de los indicadores de efectividad que se enfocan únicamente en el cumplimiento, hacia el desarrollo de programas que incorporen métricas para evaluar el bienestar.

IDC se une a nuestros miembros y socios que trabajan hacia el objetivo de ver el establecimiento de un nuevo marco migratorio integral que no dependa de la detención migratoria ni de otros procedimientos basados en la aplicación de la ley que equivalen a formas alternativas de detención. IDC se compromete con esta visión al apoyar el desarrollo de alternativas generalizadas e inclusivas en los programas de detención que se basan en los derechos, el compromiso, la comunidad y también incorporan mecanismos de gestión de casos efectivos e independientes para apoyar la resolución de casos y un futuro duradero para las comunidades de personas migrantes y refugiadas en los Estados Unidos. 

 

Traducido por Sandra Gancz


Reunión Anual de la Coalición para los Derechos de las Personas Refugiadas y Apátridascon en Tailandia

Escrito por Chawaratt Chawarangkul, IDC Gerente de Programa para el Sudeste de Asia

El 1 de diciembre de 2020, la Coalición para los Derechos de las Personas Refugiadas y Apátridas (CRSP) y la Embajada Canadiense de Tailandia organizaron conjuntamente la Reunión Anual de CRSP con partes interesadas en el hotel InterContinental de Bangkok. Más de 80 personas de un grupo diverso de partes interesadas en Tailandia, incluso agencias gubernamentales, ONG internacionales, agencias de la ONU y misiones diplomáticas, se reunieron para trazar y articular de manera más cohesiva y confiable sus prioridades estratégicas en el Memorando de Entendimiento para Alternativas a la detención migratoria de niños, niñas y adolescentes (ATD MOU), así como el Mecanismo de Detección Nacional (NSM) para refugiados en Tailandia.    

IDC observó que todas las partes interesadas están dispuestas a promover los derechos y la protección de los refugiados en Tailandia, trabajar en colaboración para poner fin a la detención migratoria de niños, niñas y adolescentes y compartir las mejores prácticas con la comunidad internacional. IDC capturó las declaraciones clave de los oradores clave en la reunión, lo que puede usarse en apoyo al trabajo de los miembros de IDC a nivel mundial sobre las alternativas a la detención.

 

H.E. Dr. Sarah Taylor, Embajadora de Canadá en Tailandia

“Los refugiados contribuyen a la economía y el panorama político, creando diversidad en su nuevo país. Tanto Tailandia como Canadá dieron la bienvenida a solicitantes de asilo y refugiados. Canadá también implementa las alternativas a la detención cuando la detención se considera como un último recurso, mientras que Tailandia ahora implementa las alternativas a la detención de niños, niñas y adolescentes. Esto, aunado al nuevo mecanismo de detección, muestra signos de progreso en Tailandia. Es importante trabajar de manera colaborativa entre todos los sectores para proteger a las personas refugiadas y también aumentar los recursos humanos que pueden contribuir significativamente a los países de acogida."

 

Prof. Emérito Vitit Muntarbhorn, Facultad de Derecho de la Universidad de Chulalongkorn University; ex Relator Especial de la ONU, Experto Independiente de la ONU y Miembro de la Comisión de Investigación de la ONU sobre Derechos Humanos

“El ATD MOU debe ampliarse a toda la familia mientras la protección temporal debe ofrecerse a los rohinyás. El NSM debe cubrir a todos los refugiados individuales. Hay tres cuestiones que deben ser consideradas más a fondo por las partes interesadas, incluyendo la prevención, protección y remediación, junto con soluciones sostenibles. Tailandia debe considerar la posibilidad de ratificar la Convención relacionada con el estatus de los refugiados de 1951 y su protocolo de 1967 con la voluntad política y social de trabajar en la gestión de los refugiados."

 

Sra. Kornkanok Wathanabhoom, Secretaría de CRSP y Coordinadora de Políticas y Comunicación de AAT

“Nuestro objetivo máximo es que todos los refugiados y apátridas reciban protección y ejerzan sus derechos humanos bajo el sistema de gestión de refugiados de Tailandia que es justo, transparente, efectivo y en cumplimiento con las normas internacionales. A través de esto, estamos trabajando en estrecha colaboración con todas las partes interesadas en apoyo a Tailandia para prohibir la detención migratoria de todos los niños, niñas, adolescentes y sus cuidadores, tanto en la práctica como en la legislación, con las alternativas comunitarias a la detención disponibles para ellos."

 

Sra. Thientong Prasanpanich, Directora de la División de Desarrollo del Sistema de Protección del Departamento de Niños y Jóvenes

“En la actualidad, el éxito del ATD MOU se encuentra a nivel individual cuando debería ser más sistemático. Creemos que trabajar en red es fundamental y también es importante debatir sobre la protección de los derechos humanos en el marco de la seguridad nacional. El objetivo del ATD MOU nunca es colocar a ningún niño, niña o adolescente en detención y esperamos un enfoque sistemático claro donde todos los Ministerios involucrados en el MOU trabajaran juntos en un futuro cercano."

 

 Desde 2013, IDC continúa apoyando a nuestros miembros en Tailandia para poner fin a la detención migratoria de niños, niñas y adolescentes y promover los derechos y la dignidad de todas las personas migrantes. En 2020, ayudamos a nuestros miembros en Tailandia en el desarrollo de su estrategia nacional para poner fin a la detención migratoria de niños, niñas y adolescentes y para establecer un mecanismo de detección nacional en Tailandia. Este trabajo fue el impulso y sentó las bases para la Reunión anual de CRSP con las partes interesadas. Estamos orgullosos de ver a CRSP, nuestro socio estratégico en Tailandia, tomar posesión de esta estrategia nacional y presentarla ante un grupo tan diverso con el fin de facilitar y fomentar la colaboración entre las partes interesadas clave. 

 

Traducido por Sandra Gancz


Mesa Redonda Sobre la Integración de la Protección Infantil en Tailandia

Escrito por Min Jee Yamada Park, IDC Oficial de Programa para el Pacifico de Asia

IDC, junto con el Asia Dialogue on Forced Migration (ADFM), convocaron conjuntamente una mesa redonda regional virtual sobre la integración de la protección infantil en el contexto de la migración internacional. La mesa redonda fue parte de una serie continua de iniciativas de aprendizaje entre pares en el marco de la Plataforma regional y el Programa de aprendizaje sobre la acción para disposiciones de cuidados alternativos para niños, lanzado en noviembre de 2019 en una reunión de 2 días en Bangkok

 

 

A la mesa redonda virtual asistieron 35 participantes de ministerios gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales de Australia, Indonesia, Malasia, Tailandia y Nueva Zelanda. Los participantes compartieron actualizaciones regionales y nacionales, incluyendo respuestas a la pandemia por COVID-19. Los participantes discutieron la importancia de incorporar la protección infantil para garantizar respuestas más efectivas y holísticas a los niños en el contexto de la migración internacional, señalando que los niños enfrentan mayores desafíos de protección durante y como resultado de la pandemia. Luego, las discusiones se centraron en otras áreas para el aprendizaje entre pares, incluidas las prácticas de gestión de casos; el acceso a la educación para niños refugiados y migrantes; y las formas en que los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil se han asociado para proporcionar disposiciones de cuidados alternativos para los niños y sus familias.   

Un resumen de la mesa redonda virtual, junto con la agenda y la lista de participantes, se encuentra aquí (disponible en ingles).

 

Traducido por Sandra Gancz


STATEMENT: Malaysia Defies Court Order, Putting Lives in Imminent Danger

International Detention Coalition, the Asia Pacific Refugee Rights Network, Forum Asia and ASEAN Parliamentarians for Human Rights released a joint statement condemning the deportation of 1086 people to Myanmar, and urged the government of Malaysia to guarantee those still in detention access to UNHCR, to release people in need of protection, and to comply with order of the High Court and open an independent investigation. 

 

URGENT STATEMENT 

Joint Statement: Malaysia Defies Court Order, Putting Lives in Imminent Danger 

BANGKOK, 26 February 2021 

The Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN), Asian Forum for Human Rights and  Development (FORUM-ASIA), ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) and the  International Detention Coalition (IDC) strongly urge the Government of Malaysia to grant UNHCR  immediate and unfettered access to immigration detention facilities. We further urge the  government to investigate the deportation on 23 February 2021 of 1,086 individuals to Myanmar,  in defiance of the Kuala Lumpur High Court’s interim stay order granted earlier that day.  

On 22 February, Amnesty International Malaysia and Asylum Access Malaysia jointly filed an  action in the Kuala Lumpur High Court to prevent the deportation of 1,200 persons to Myanmar.  Several hours after the interim halt to deportation order was granted, the Malaysian government  handed 1,086 individuals to Myanmar naval ships in flagrant violation of the court order. The next  day, the High Court issued an extended stay order against the deportation of the remaining 114  individuals. 

The Malaysian government has yet to provide information on the 114 persons or their  whereabouts. Immigration officials asserted that the 1,086 deported did not include Rohingya  refugees or asylum seekers. However, there is a substantial risk that the group includes refugees  and asylum seekers, including unaccompanied children. According to Asylum Access and  Amnesty International Malaysia, there were at least three UNHCR card holders and 17 children  among those scheduled for deportation. APRRN also received troubling confirmation that at least  two of those children was separated from their family and deported back to Myanmar alone.  

The risk is also particularly acute given that UNHCR has been denied access to verify and assess  individuals fleeing persecution since August 2019. Malaysia also lacks a domestic policy and legal  framework for the identification and recognition of refugees in the country. In November 2020, the  Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM) estimated that there were approximately  1,000 refugees and people seeking asylum still in detention. The Ministry of Home Affairs  confirmed that as of 26 October 2020, more than 756 minors are in immigration detention, with  over 326 unaccompanied or separated children from Myanmar. 

Returning individuals in need of international protection to Myanmar, especially children rendered  unaccompanied through forcible separation from their parents or guardians, would amount to  serious violation of Malaysia's Child Act and Malaysia's international obligations, notably the  Convention on the Rights of the Child and the principle of non-refoulement

Since the forceful seizure of power by the Myanmar military on 1 February 2021, Myanmar has  seen the largest protest and uprising, calling for the restoration of democracy. Grave human rights  abuses and tension have also risen steadily with hundreds of arbitrary arrests and detentions,  deliberate internet disruption and disconnection from the outside world. With the escalating  concerns over the rapid deterioration amidst a health crisis, “the use of deadly violence” by the  military on innocent civilians, including the recent killing of a 14-year old was heavily condemned  by the United Nations Secretary General in the 46th UN Human Rights Council session. World  leaders, including G7 countries and neighbouring members of the Association of Southeast Asia  Nations (ASEAN) continue expressing deep concern about the ongoing repression, horrifying loss  of lives and the developments that would lead to serious regional instability. Malaysia was  amongst the ASEAN countries which echoed that the political turmoil in Myanmar may affect  security and stability in the region and is “one step backward in the process of democracy in that  country”. 

Ethnic minorities, many exiled in Malaysia, including amongst the 1,086 deported, have suffered  atrocities for decades under the rule of the military. There is great fear that life for these ethnic  minorities deported back to a military regime will likely worsen. Given the increasing instability  and drastic shift in the political landscape in Myanmar, individuals who were previously not  exposed to protection risks might now face severe security and safety threats. 

We therefore call upon the Malaysian government to: 

  • Urgently grant UNHCR immediate and unrestricted access to the 114 individuals and all immigration detention facilities to verify the status of all detainees;
  • Release individuals in need of international protection as identified by UNHCR who are still in detention, especially amongst the 114 who remained;
  • Comply with the extended stay order issued by the Kuala Lumpur High Court on 24  February against the deportation of the remaining 114 who were part of the original 1,200  to be deported; and 
  • Open an independent and thorough investigation into the breach by the immigration department of the court order on 23 February, ensuring that those acting in violation of the court order are held fully accountable. 

- END –

The Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) is a network of 451 civil society organisations  and individuals from 28 countries committed to advancing the rights of refugees in the Asia Pacific  region. APRRN aims to advance the rights of refugees and other people in need of protection through  joint advocacy, capacity strengthening, resource sharing and outreach. While APRRN statements are  prepared in consultation with members, they do not necessarily reflect the views of all APRRN  members. www.aprrn.org 

The ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) is a regional network of current and former  parliamentarians who use their unique positions to advance human rights and democracy in Southeast  Asia. www.aseanmp.org 

The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) is a Bangkok-based  regional network of 81 member organisations across 21 Asian countries, with consultative status with  the United Nations Economic and Social Council, and consultative relationship with the ASEAN  Intergovernmental Commission on Human Rights. Founded in 1991, FORUM-ASIA works to  strengthen movements for human rights and sustainable development through research, advocacy,  capacity-development and solidarity actions in Asia and beyond. It has sub-regional offices in Geneva,  Jakarta, and Kathmandu. www.forum-asia.org 

The International Detention Coalition (IDC) is a powerful global network of 400+ organisations,  groups, individuals, as well as representatives of communities impacted by immigration detention,  based in over 100 countries. IDC members have a wide range of specialisations related to immigration  detention and alternatives to detention, including academia, law, research, policy, direct service,  advocacy, and community organising. IDC advocates to secure the human rights of people impacted  by and at-risk of immigration detention. In partnership with civil society, UN agencies, and multiple  levels of government, we strategically build movements, and influence law, policy and practices to  reduce immigration detention and implement rights-based alternatives to detention.  www.idcoalition.org 

 

Media Contacts 

Asia Pacific Refugee Right Network 

Themba Lewis, Secretary General 

Email: [email protected] 

ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) 

Email: [email protected] 

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) 

East-Asia and ASEAN Advocacy Programme 

Email: [email protected] 

International Detention Coalition 

Carolina Gottardo, Executive Director 

Email: [email protected]


La Manera en que el Reino Unido se Alejó de la Detención Migratoria

Escrito por Jerome Phelps

Consultor de estrategia e incidencia y ex director de International Detention Coalition y Detention Action

Era un mundo muy distinto en el verano de 2013. El presidente Obama estaba en camino a un segundo mandato. El "Brexit" era un neologismo que probablemente se olvidaría. El alcalde de Londres, Boris Johnson, estaba dirigiendo su atención a los autobuses articulados y al Garden Bridge. El Mediterráneo era un destino de vacaciones de verano, en vez de una fosa común para los migrantes y las pandemias eran sólo una ansiedad lejana más.

También fue el momento en que el uso de la detención migratoria en el Reino Unido alcanzó su punto máximo, con más de 4,000 migrantes acostados cada noche en los 12 centros de detención e innumerables cárceles de todo el país. El Ministerio del Interior había abierto cinco nuevos centros de detención desde 2001 y estaba elaborando más planes para ampliar a 5,000 la capacidad de estos centros.

Los últimos siete años han sido una época de reveses catastróficos para la política progresista y los derechos humanos. Sin embargo, en el mismo período, bajo una serie de gobiernos conservadores consumidos por reducir la migración y propagar de la retórica anti-migrante, el Reino Unido se ha alejado decisivamente de su obsesión por la detención migratoria.

Un problema político

Incluso antes de la pandemia, la cantidad de gente en detención había disminuido cerca del 60%, a 1,637 a finales de diciembre de 2019. Los solicitantes de asilo ya no son detenidos de forma rutinaria durante todo el proceso en el notorio Detained Fast Tracksuspendido desde junio de 2015 y ya no es viable. Aunque el Reino Unido no ha seguido el ejemplo de España en cuanto a vaciar sus centros de detención durante la pandemia, la cantidad ha disminuido más, a 313 en mayo de 2020. El Gobierno ha anunciado que el centro de detención Morton Hall en Lincolnshire dejará de operar el próximo año y volverá a ser una prisión, el quinto centro de detención que cierra desde 2015. Desde agosto de 2020, el notorio Yarl’s Wood ya no es utilizado como un centro de detención; dada su baja tasa de ocupación durante los últimos dos años, es dudoso que vuelva a su uso anterior.

La detención se considera ahora en general un problema político. Los ministros han enfatizado que la reducción de los centros de detención "es un aspecto clave de una serie de reformas que el gobierno está realizando en todo el sistema de detención" y destacaron que el Gobierno está "comprometido a avanzar más lejos y rápido en la reforma de la detención migratoria". En lugar de jactarse del rigor para encerrar a los "criminales extranjeros", los ministros hablan de poner a prueba alternativas a la detención comunitarias con la sociedad civil. Los diputados conservadores senior, incluidos Andrew Mitchell y David Davis, están liderando las convocatorias de un límite de tiempo de 28 días.

La batalla no está ganada. 300 son todavía demasiadas personas que el Ministerio del Interior busque detener durante la pandemia, mientras que los retornos a la mayoría de los países de origen son imposibles. En julio de 2020, el Comité de Asuntos Internos consideró "preocupante" que el 40% de las personas que continúan en detención tiene indicadores de vulnerabilidad y riesgo significativos a causa del Covid-19.  A pesar de la presión sostenida de todos los partidos políticos, el Gobierno aún se niega a introducir un límite de tiempo: el Reino Unido permanece aislado en Europa en la práctica de la detención indefinida.

No obstante, se ha producido un revés importante en la dirección de la política de detención del Reino Unido, que es la antítesis de las tendencias regionales en la UE, como en el enfoque general de migración del Ministerio del Interior. Es importante comprender cómo se invirtió la marea de expansión de la detención, particularmente en un momento en que la pandemia presenta oportunidades sin precedentes para un sistema de detención radicalmente reducido.

Movilización de la sociedad civil

No es casualidad que el periodo de este cambio coincidiera con la movilización y colaboración de la sociedad civil para deslegitimar el uso de la detención. Mi análisis del movimiento de reforma de la detención durante los últimos diez años, con base en entrevistas con partes interesadas clave y publicado aquí, encuentra razones para creer que el colapso de la confianza en la detención del gobierno es en gran medida el resultado de que los activistas de la sociedad civil, incluidos los propios migrantes, simplemente ganaron el argumento.

Los factores externos ayudaron a este cambio, pero no son suficientes para explicarlo. Los recortes presupuestarios del Ministerio del Interior fueron sin duda un factor: la detención es inmensamente cara. Pero los gobiernos siempre pueden encontrar dinero para las prioridades políticas, como lo demuestra nuevamente la respuesta al Covid-19. Las revelaciones de Panorama de abusos por parte de los guardias de centros de detención, junto con el impacto del escándalo de Windrush, tuvieron un efecto tóxico en la legitimidad de la detención, pero sólo porque esa legitimidad ya estaba bajo un intenso escrutinio. Los escándalos anteriores que sucedieron en la década de 2000 habían tenido poco impacto político.

Lo que cambió fue la presión sostenida y efectiva de la sociedad civil. Activistas, organizaciones benéficas, grupos religiosos, abogados, individuos, instituciones y (fundamentalmente) migrantes con experiencia en detención colaboraron estratégicamente durante muchos años para transformar el debate político. Tuvieron éxito tanto en convertir la detención en un problema político y en establecer la narrativa para que otros actores la siguieran.

Tácticas efectivas

Los activistas contaron una historia consistente y convincente sobre la injusticia de la detención indefinida y la necesidad de un límite de tiempo. Era una historia que podía llegar a un público nuevo e influyente más allá del movimiento por los derechos de los migrantes, sin alienar a los partidarios principales diluyendo los mensajes en pos de un punto medio político. La historia fue contada de diferentes maneras por los migrantes que protestaban en Yarl's Wood, por los líderes religiosos que hacían declaraciones públicas y por HM Inspectorate of Prisons en su supervisión de los centros de detención, pero la narrativa central y las demandas eran las mismas. Esta narrativa de la libertad individual del poder estatal arbitrario tiene tracción en todo el espectro político, incluso donde hay hostilidad hacia la migración y los derechos humanos. Sin embargo, aún podría movilizar a los apasionados defensores de los derechos de los migrantes, incluidos los propios migrantes, sin los cuales la cuestión habría seguido siendo marginal.

Al centro de este proceso se encontraba Detention Forum, una red diversa creada en 2009 para cuestionar la legitimidad de la detención. El Foro no fue de ninguna manera responsable de todas las intervenciones cruciales y, prudentemente, nunca buscó ser un actor público de alto perfil por derecho propio. Pero su amplia membresía en todo el país en gran medida llegó a basar sus tácticas en la estrategia compartida y la teoría del cambio del Forum, y sin duda pocos actores que trabajaban en la reforma de la detención no estaban en estrecho contacto con al menos un miembro del Forum.

No hubo una campaña única para la reforma de la detención, y nadie consideró la detención indefinida como un problema. Las ONG llevaron a cabo diferentes campañas en torno a grupos particulares detenidos; las protestas destacaron problemas particulares; los mensajes no estaban controlados de forma centralizada y variaban considerablemente. Pero se compartieron hashtags, se desarrollaron materiales de código abierto y muchos miembros del Forum pasaron un tiempo considerable en el teléfono o en los trenes para interesar y apoyar a grupos de todo el país para que se involucraran. Los nuevos grupos eran libres de abordar el tema y hacer campaña a su manera; algunos se unieron al Forum, otros no. En la práctica, la mayoría de las personas contaban la mayor parte del tiempo versiones de la misma historia convincente.

Todo esto fue, en cierta medida, previsto por el Forum. Un ejercicio de estrategia prolongado, doloroso y claramente aleccionador a lo largo de 2012 identificó que los miembros del Forum no tenían los contactos necesarios para convencer a los ministros o al Ministerio del Interior de que cambiaran. Las ONG sobre detención y los activistas enfáticamente carecían de la atención del gobierno, ni tampoco sus amigos. Entonces se desarrolló una estrategia para construir una amplia coalición de la sociedad civil, involucrando aliados con más autoridad: políticos, líderes religiosos, instituciones.

Tener una amplia gama de aliados significaba que se podía utilizar una amplia gama de tácticas en diferentes espacios y tiempos. Detained Fast Track se resistía tanto a las campañas como a la defensa del gobierno (se consideró que "funcionaba" para retirar a los solicitantes de asilo, por lo que no había interés en saber si lo estaba haciendo de manera justa), pero resultó vulnerable a una impugnación legal de amplio espectro por Detention Action. City of Sanctuary podría plantear el problema a las comunidades de todo el país que se interesaban por el asilo, mientras que These Walls Must Fall movilizó a grupos de base para el activismo radical a nivel local. Grupos de visitantes y organizaciones legales y médicas recopilaron y analizaron la evidencia del daño de la detención que fue la base de todo lo demás.

Fundamentalmente, el movimiento fue iniciado y dirigido cada vez más por personas con experiencia en la detención. La detención indefinida se ha normalizado porque se aplica a los que no son personas: el "criminal extranjero", el "falso solicitante de asilo". Se volvió problemático porque las personas salieron de detrás de estas etiquetas deshumanizadoras y contaron sus historias, no como víctimas, sino como expertos por experiencia capaces de ofrecer soluciones en las políticas. El impulso inicial para una campaña contra la detención indefinida provino de los migrantes detenidos. Los primeros informes y campañas destacaron su poderoso testimonio sobre sus experiencias. En el momento de la investigación parlamentaria en 2015, que generó una presión política sin precedentes en todos los partidos y el interés de los medios de comunicación en el tema, los expertos por experiencia eran las voces dominantes, tanto en las sesiones de evidencia de la investigación como en la cobertura mediática posterior.

A medida que aumentaba la presión por el cambio, se hizo posible hablar de manera constructiva con el Ministerio del Interior sobre cómo podrían dejar de depender demasiado en la detención. La organización que yo dirigía en ese momento, Detention Action, estaba conduciendo un programa piloto de alternativas a la detención comunitarias para hombres jóvenes con condenas previas, demostrando que podían recibir apoyo efectivo en la comunidad. El ACNUR facilitó conversaciones de alto nivel con los gobiernos de Suecia y Canadá sobre sus propios enfoques comunitarios. El Ministerio del Interior comenzó a colaborar de manera informal con nuestro programa piloto y gradualmente avanzó hacia comprometerse con el desarrollo de las alternativas.

Conforme creció la presión política sobre la detención indefinida, el Ministerio del Interior se rehusó repetidamente a introducir un límite de tiempo o incluso a reconocer que practicaba la detención indefinida. Pero en 2015 comenzó a cerrar centros de detención y ha seguido cerrándolos. En 2018, el Ministro del Interior prometió en el Parlamento que trabajaría con la sociedad civil para desarrollar alternativas, el inicio de un pequeño pero creciente programa de pilotos. 

Transformación de largo plazo

Esto apunta al desafío clave que enfrenta la reforma de la detención. Hasta ahora, el progreso se ha basado en ganar el argumento sobre la detención como un subtema relativamente especializado, mientras que la política tóxica del control xenófobo de la migración continuó en otros lugares. Pero un cambio sostenible a largo plazo lejos de la detención debe ser parte de un cambio más amplio en la gobernanza de la migración desde la aplicación de la ley hacia el compromiso con los migrantes y las comunidades. Si la detención es simplemente reemplazada por un ambiente hostil que excluye y abusa de los migrantes en la comunidad, será una victoria pírrica.

Sin embargo, el entorno hostil no ha sido un éxito, desde el propio punto de vista del Ministerio del Interior: el número de retornos, incluidos los retornos voluntarios, ha estado disminuyendo durante varios años. Las alternativas a la detención señalan el camino hacia una posible transformación a largo plazo de la gobernanza de la migración, hacia un sistema basado en el consentimiento de las comunidades y tratando a los migrantes con justicia y dignidad. Tal sistema tendría que verse muy distinto al actual. El Gobierno no se adherirá a ese cambio de inmediato. Pero la pandemia ha dejado claro que la sociedad es tan vulnerable como sus miembros más excluidos. La sociedad civil deberá liderar si queremos reconstruir mejor; el movimiento de reforma de la detención proporciona algunas pistas sobre cómo hacerlo.

El documento de Jerome "Immigration Detention Reform in the UK 2009-19" está disponible aquí en inglés.

Este artículo se publicó originalmente en el website de The Detention Forum el 2 de septiembre de 2020.

Traducido por Sandra Gancz


Nuevo Informe de Evaluación: Crear una Cultura de Cooperación en Europa Mediante las ATD

Escrito por Barbara Pilz y Mia-lia Boua Kiernan

Finalizado en junio, este informe marca el final de un período de evaluación de dos años de proyectos piloto de alternativas a la detención (ATD) con base en el compromiso en Bulgaria, Chipre y Polonia. ¿Qué nos pueden decir los nuevos datos sobre el impacto de los programas piloto de ATD en las personas y sus procesos de migración?

¿Por qué evaluar?

Las evaluaciones exhaustivas de los programas piloto de gestión de casos pueden medir los factores de éxito tanto a nivel personal como estratégico. Cuando se trata de personas que están pasando por un proceso de migración, las evaluaciones miden el impacto del programa piloto en la capacidad y la agencia de una persona para trabajar y mantenerse involucrada en la resolución de su propio caso. Con respecto a la estrategia, las evaluaciones generan aprendizajes y evidencia que contribuyen a las discusiones nacionales y regionales sobre la reducción y finalización de la detención migratoria mediante el uso de las ATD comunitarias basadas en el compromiso, que también es uno de los objetivos centrales de la EATD Network.

Esta evaluación particular mide el impacto de la gestión de casos en el comportamiento, el enfoque y la perspectiva de las personas a lo largo del tiempo. La evaluación también identifica las barreras para la resolución de casos y hace recomendaciones sobre cómo los procesos y procedimientos de gestión de casos pueden superar estos desafíos. Además, la evaluación analiza si los programas piloto han logrado todos los beneficios de las ATD en términos de costo, cumplimiento y bienestar.

“Un proceso de reforma sostenido y colaborativo, basado en el aprendizaje de los programas piloto y que involucre una colaboración estructurada entre gobiernos, migrantes, sociedad civil y otros actores, podría generar mejoras sistémicas que beneficiarían a todas las partes interesadas.” (pág. 3)

Como parte de esta evaluación en curso, también se publicó un informe de evaluación intermedia en 2018.

Un ejercicio único

El marco desarrollado para esta evaluación es el resultado de una evaluación y un aprendizaje vigorosos, y se ha formado a través de conversaciones, pruebas y ajustes continuos. Este novedoso marco es parte de una nueva área de política social que tiene como objetivo orientar a las ATD para resolver casos de manera justa, oportuna y humana con base en la participación activa de las personas en sus propios casos.

Esta segunda evaluación se basa en datos recopilados en 2019, dos años después del lanzamiento de los proyectos piloto de las ATD. En comparación con el informe intermedio, esta evaluación aporta análisis cualitativos más sólidos debido a una muestra más amplia de datos cualitativos.

“La evaluación, en general, busca encontrar aspectos comunes del impacto de la gestión de casos entre los pilotos en lugar de diferencias entre los pilotos. […] La evaluación tiene como objetivo ir más allá de las preguntas cuantitativas básicas que se hacen con frecuencia en los programas de ATD, para comprender a nivel cualitativo por qué las ATD son o no son efectivas para ayudar a las personas.” (pág. 6)

Con esta intención en mente, la evaluación destaca que el propósito de los programas piloto no es producir resultados cuantitativos perfectos, como evitar por completo la evasión a cualquier costo. En cambio, los pilotos son más fuertes cuando su programación incorpora una comprensión profunda de la complejidad de las intervenciones de gestión de casos, sus diversos contextos, necesidades y resultados deseados. Incluso cuando la gestión de casos no alcanza el resultado esperado, comprender por qué las cosas no salen según el plan es tan importante como reconocer cuándo suceden.

Evidencia para incidencia

En general, el uso de la gestión de casos para implementar y evaluar las ATD comunitarias es una práctica nueva. Las evaluaciones brindan una oportunidad para que los implementadores aprendan uno del otro y reflexionen regularmente sobre la complejidad de su trabajo en el terreno.

La evidencia cualitativa de las evaluaciones de los programas piloto puede alimentar directamente la promoción estratégica. Los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas necesitan pruebas cualitativas para descubrir los verdaderos beneficios de la gestión de casos y fomentar la práctica continua y nueva de las ATD. Esta incidencia conduce a un cambio muy necesario en los sistemas de gestión de la migración que prioriza y valora el compromiso sobre la aplicación.

Los tres programas piloto son parte de European Alternatives to Detention Network junto con proyectos similares en Bélgica, Grecia, Italia y el Reino Unido. Esta evaluación fue comisionada por el Programa Europeo para la Integración y la Migración (EPIM) y ejecutada por Eiri Ohtani. Para conocer más sobre los programas piloto, la metodología y los hallazgos clave, leer aquí el informe completo en inglés.

Traducido por Sandra Gancz


Las Redes Tailandesas y Malasias Afinan sus Estrategias para Poner Fin a la Detención Migratoria de Niños, Niñas y Adolescentes

IDC ha apoyado a coaliciones nacionales en Tailandia (Coalition for the Rights of Refugees and Stateless Persons, CRSP) y Malasia (End Child Detention Network, ECDN) para que se reúnan a revisar sus respectivas Teorías de Cambio (TOC) y estrategias nacionales para poner fin a la detención migratoria de niños, niñas y adolescentes desarrolladas en 2018.

Estas visiones compartidas y estrategias cohesivas han guiado a la sociedad civil en Tailandia y Malasia para trabajar en la promoción de cambios en las políticas migratorias en los últimos dos años; por ejemplo, el memorando de entendimiento sobre la determinación de medidas y enfoques alternativos a la detención de niños, niñas y adolescentes en centros de detención migratoria y el mecanismo de detección nacional para personas refugiadas de Tailandia.

Para apoyar a los miembros en la revisión y actualización de sus ToC y estrategias nacionales para reflejar los cambios significativos que han sucedido a nivel nacional, regional y mundial, IDC convocó a un taller de estrategias nacionales para la red CRSP el 24 y 25 de septiembre, y para ECDN el 1 de octubre.

Participantes Tailandeses de Jesuit Refugee Services, Refugee Rights Litigation Project, Asia-Pacific Refugee Rights Network, Caritas Bangkok, Step Ahead, Fortify Rights, Asylum Access Thailand, Center for Asylum Protection, Host International y la Coalición Internacional contra la Detención

A través de estas reuniones de estrategia nacional, los participantes se reunieron para hacer un balance de sus logros de los últimos dos años. En Tailandia, CRSP actualizó su ToC 2018 y su estrategia nacional, y desarrolló su plan de trabajo anual junto con un mecanismo de monitoreo para garantizar la implementación efectiva de la estrategia. También acordaron cómo se coordinarán para juntos lograr sus objetivos. CRSP tiene como objetivo que para 2023 Tailandia prohibirá la detención migratoria de todos los niños, niñas, adolescentes y sus cuidadores tanto en la práctica como en la ley, al mismo tiempo que garantizará que las alternativas a la detención basadas en la comunidad estén disponibles para ellos. A través de esta visión común, la red tailandesa trabajará con todas las partes interesadas nacionales e internacionales para ayudar al gobierno a lograr los cambios necesarios en las percepciones, prácticas y legislación hacia las ATD basadas en los derechos humanos y los derechos del niño. También fortalecerán un sistema holístico de gestión de casos y conducirán un programa piloto del sistema de las ATD comunitarias en el que el gobierno asigna recursos al sistema.

En Malasia, los participantes tuvieron la oportunidad de dar la bienvenida a nuevos miembros de la red y discutir nuevas metas para la red. Después de la reunión, un comité de trabajo de miembros de ECDN ha seguido reuniéndose para elaborar un plan de trabajo junto con un mecanismo de monitoreo.

Desde hace varios años, IDC ha visto a nuestros miembros y socios en Malasia y Tailandia participar en la defensa y la provisión de servicios para los niños, niñas y adolescentes afectados por la detención migratoria. Con el apoyo de IDC, los miembros de la red en ambos países han ganado cada vez más confianza en la defensa de las ATD. Estas estrategias nuevas y actualizadas los ayudarán a priorizar y coordinar los esfuerzos hacia el objetivo máximo de poner fin a la detención migratoria de niños, niñas, adolescentes y sus familias en ambos países.

Traducido por Sandra Gancz


Los Impactos Global de COVID-19 en la Detención Migratoria

Durante los últimos meses, las prácticas de detención migratoria en todo el mundo han estado cambiando rápidamente a medida que los actores estatales y de la sociedad civil responden para manejar los múltiples impactos de COVID-19. En algunos casos, estos cambios han sido positivos y han dado lugar a una mayor protección de los derechos de los no ciudadanos. En otros, han conducido a una mayor marginalización y discriminación de los no ciudadanos. 

Al colaborar con HADRI para producir esta colección editada en conjunto, IDC buscó proporcionar una plataforma para que nuestros miembros y socios dialoguen sobre sus experiencias, acciones y perspectivas a medida que la pandemia se desarrolló alrededor del mundo. Las contribuciones son ricas y diversas, mostrando el impacto que COVID-19 ha tenido en las comunidades de refugiados, migrantes indocumentados y apátridas en todo el mundo. La colección editada cubre la respuesta de los grupos de la sociedad civil a la detención migratoria, destacando una mayor preocupación por la detención de no ciudadanos expresada en mítines, peticiones y otras formas de protesta. También revisa las intervenciones legales que han conducido a la liberación de personas detenidas, algunas, desafortunadamente, hacia condiciones de indigencia y falta de vivienda.   

COVID-19 no discrimina, pero las leyes, políticas y prácticas relacionadas con la gobernanza de la migración, la detención migratoria y los servicios de salud pública forman la vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas ante su propagación y efectos. Las contribuciones de esta colección editada en conjunto destacan desarrollos tanto positivos como negativos a lo largo del año que requieren una atención cuidadosa (y en algunos casos, una corrección urgente) para la salud y el bienestar de todos. Informe disponible en inglés.

DESCARGAR EL INFORME


Reforma Legislativa Abre la Puerta para una Adecuada Implementación de la Ruta de Protección Integral de Niñez y Adolescencia Migrante

  • De enero a agosto de 2020 se registraron 7,442 eventos de detención de niñez y adolescencia migrante por parte del INM.
  • El 29 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Migración y a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político para armonizarlas con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y garantizar la no detención de niñez y adolescencia migrante.

Ciudad de México a 12 de octubre de 2020.- La Coalición Internacional contra la Detención (IDC) y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) reconocemos el avance legislativo para garantizar los derechos de las niñez y la adolescencia migrante al armonizar la Ley de Migración (LM) y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político (Ley de Refugiados) con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En este contexto, lanzamos una campaña informativa para visibilizar los avances y las buenas prácticas que se han desarrollado a nivel federal y estatal relacionadas con las alternativas a la detención y los modelos de cuidados alternativos para garantizar el interés superior de la niñez migrante.

Las reformas legislativas del pasado 29 de septiembre prohíben la detención de niñas, niños y adolescentes por razones migratorias y otorgan la responsabilidad de garantizar el bienestar de esta población al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, quitándole esa competencia al Instituto Nacional de Migración (INM), y reconociendo los derechos de niñas, niños y adolescentes por encima de su condición migratoria.

Durante 2019 fueron detenidas más de 50 mil niñas y niños migrantes, principalmente provenientes de Honduras y Guatemala. Esta cifra no tiene precedentes en los 17 años que la Secretaría de Gobernación publica sus estadísticas sobre detenciones migratorias. En comparación con 2018, las detenciones incrementaron un 82 por ciento. Entre enero y agosto de 2020 se registraron 7,442 eventos de detención de niñez y adolescencia migrante, 37 por ciento niñas y 63 por ciento niños, pese a la emergencia sanitaria y las medidas de sana distancia e higiene implementadas por el gobierno mexicano para combatir la pandemia, y la orden de un juez federal para eliminar la detención de niñas, niños y adolescentes migrantes en estaciones migratorias. 

La protección de la niñez y la adolescencia migrante es una obligación de los Estados. La detención de la niñez migrante tiene repercusiones en su desarrollo psicoemocional a corto, mediano y largo plazo. Las alternativas a la detención migratoria basadas en la comunidad permiten que niñas, niños y adolescentes migrantes cuenten con opciones diferentes que garanticen su interés superior de acuerdo a sus necesidades específicas. 

En este sentido, hoy existen políticas públicas para proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes desde antes de su llegada al país y durante su estancia en México. En el marco del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes se creó la Comisión de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes de la Condición de Refugiado, órgano que dicta la política nacional de protección para la niñez y adolescencia migrante y solicitante de asilo en el país, y a su vez la Ruta de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración la cual implementa protocolos, procedimientos e instrumentos para atender las necesidades específicas de cada niña, niño y adolescente migrante.

Hoy, se requiere el compromiso de autoridades federales, locales y municipales para implementar en todo el país la Ruta de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración que garantice el interés superior de la niñez y adolescencia migrante; la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, de las reformas a la LM y Ley de Refugiados, así como la asignación de un presupuesto, federal y estatales, suficiente para el fortalecimiento de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y los Centros de Asistencia Social, públicos y privados. 

La migración, sin importar las formas de desplazamiento o las razones, tiene de fondo la necesidad de un cambio estructural y no acciones de disuasión. Sin importar los riesgos o las políticas migratorias restrictivas de los países, las personas seguirán huyendo de las pandillas, los cárteles, la violencia de género, la pobreza, y las amenazas contra su vida y las de sus familias. En el contexto actual de la pandemia, seguir con una política de criminalización de la migración incrementa los riesgos de la niñez y adolescencia de seguir siendo detenida en estaciones migratorias y a su vez en riesgo de contraer coronavirus pues las reformas recientes aún no entran en vigor.

Más información:

Diana Martínez Medrano

Coalición Internacional contra la Detención 

Tel. 55 7111.4786 

Miriam González Sánchez 

Instituto para las Mujeres en la Migración, AC 

Cel. 55 3733.5819