En mayo de 2020, Malasia se enfrentó a críticas nacionales e internacionales por llevar a cabo redadas migratorias en zonas en cuarentena donde habían surgido clústers de Covid-19. Durante esas redadas, más de 2,000 personas migrantes indocumentadas, incluidos algunos refugiados y solicitantes de asilo, fueron arrestados, entre ellos aproximadamente 100 niños, niñas y adolescentes.
A las pocas semanas de esas redadas, Malasia ha visto un aumento de los casos de Covid-19 (776 casos al 19 de junio de 2020) en sus hacinados centros de detención migratoria y ahora se han reportado infecciones en 5 distintos centros de detención. El 11 de junio, Malasia vio su primer fallecimiento por Covid-19 en detención migratoria, un hombre de 67 años de India, presuntamente un turista varado que falleció en el centro de detención migratoria de Bukit Jalil. Este centro de detención ha representado más del 80% de todos los casos de Covid-19 en centros de detención en Malasia. Además, el 17 de junio se reportó que un niño de 4 años de Myanmar y su madre, que también habían sido colocados en detención en Bukit Jalil, habían dado positivo por Covid-19.
El gobierno de Malasia ha anunciado que las personas detenidas que den resultado negativo para Covid-19 serán deportadas, mientras que las que den resultado positivo serán enviadas a centros de cuarentena y tratados antes de la deportación. Sin embargo, dado el período de incubación del virus, sigue existiendo el riesgo de que las pruebas no detecten un diagnóstico positivo; consecuentemente, los nuevos brotes de Covid-19 en los centros de detención son una posibilidad clara, al igual que el riesgo de que las personas deportadas exporten el virus a otro país. Los grupos de derechos también han advertido sobre el riesgo de devolución, dado que las personas solicitantes de asilo se encuentran entre las arrestadas; a ACNUR se le ha negado el acceso a los centros de detención de Malasia desde agosto de 2019.
A pesar de estos brotes en los centros de detención, el gobierno se ha negado a imponer una moratoria sobre las actividades de aplicación de la ley migratoria.
Estos acontecimientos suceden en un momento de aumento significativo de la xenofobia contra personas refugiadas y migrantes en Malasia, junto con políticas gubernamentales cada vez más duras contra estos grupos.