El Estado de Chiapas se encuentra en el sureste de México y comparte frontera con Guatemala. La Ciudad de Tapachula es uno de los 118 municipios del estado, y cobija una dinámica migratoria principalmente de tránsito, pero también de destino temporal o permanente para quienes buscan mejores oportunidades y salvaguardar su vida. 

Esta ciudad fue la sede que el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, el Grupo de Acción para la No Detención de Personas Refugiadas y el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria eligieron para visibilizar ante personas congresistas de México, el estado que guardan los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, a partir de cuatro ejes: 

  1. la militarización de las fronteras y de los controles migratorios,
  2. el acceso irrestricto de derechos humanos,
  3. la situación de niñas, niños y adolescentes, y 
  4. la privación de libertad por razones migratorias.

Tres días de reuniones con actores gubernamentales, agencias de Naciones Unidas, academia y sociedad civil, así como visitas a centros de detención (Estaciones migratorias o estancias provisionales), albergues, estaciones migratorias y entidades de gobierno, bastaron para confirmar la necesidad de que el gobierno de México, a través de reformas legislativas aprobadas por el Poder Legislativo a nivel federal y estatal, realice reformas a los marcos normativos para tener una política migratoria y de asilo, de inclusión y de respeto a los derechos humanos. 

Entre las principales preocupaciones de la visita destacan:

  1. La situación de vulnerabilidad de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, sobre todo niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas de la comunidad LGBTTTIQA+
  2. El impacto de la militarización y la presencia de la Guardia Nacional en acciones de control migratorio
  3. La ausencia de instituciones responsables de la garantía de derechos en los espacios de control y verificación migratoria como la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
  4. La poca disponibilidad de información y los obstáculos para acceder a procesos de regularización migratoria y de reconocimiento de la condición de refugiadas

La situación de los centros de detención sigue siendo de gran preocupación ya que las condiciones de vida de las personas migrantes y sujetas de protección internacional se mira deteriorada por la falta de condiciones dignas, la falta de información, pero sobre todo por el aislamiento y la falta de respuesta expedita sobre sus procedimientos. Asimismo, fueron evidentes las dificultades a las que se enfrentan las organizaciones de la sociedad civil para realizar su labor de acompañamiento y monitoreo en centros de detención. 

Los temas a los que se dará seguimiento con las personas congresistas en el próximo periodo de sesiones serán:

  • Armonización legislativa bajo los más altos estándares de protección a los derechos humanos. 
  • Eliminación de las facultades de la Guardia Nacional en materia de control y vigilancia migratoria.
  • Garantizar que personas solicitantes de protección internacional no tengan que estar privadas de libertad esperando la resolución de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. 
  • Fortalecer presupuestalmente al sistema de protección de niñas, niños y adolescentes para garantizar la evaluación y la determinación del interés superior de la niñez y la elaboración de planes de restitución de derechos individualizados y bajo los más altos estándares de protección.
  • Robustecer la capacidad de respuesta de entidades como salud, trabajo, educación, justicia, registro civil, entre otras, para incluir a la población migrante y sujeta de protección internacional en las acciones de gobierno estatal y municipal.
  • Establecer mecanismos eficientes de colaboración y canalización interinstitucional y trasnacional entre autoridades, agencias de naciones unidas y sociedad civil a nivel regional.
  • Promoción y/o fortalecimiento de controles parlamentarios que permitan a las personas congresistas conocer el nivel de cumplimiento de los marcos normativos aprobados en el Congreso, particularmente lo relacionado a niñez y adolescencia migrante

En el mes de septiembre 2022 se llevará una visita similar en el Estado de Chihuahua, concretamente en Ciudad Juárez con cuatro ejes de reflexión y observación: 

Política binacional México-Estados Unidos.

Seguridad Nacional y Pública versus Seguridad Humana.

Infancia y adolescencia migrante y sujeta de protección internacional.

Espacios de alojamiento. 

En el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria estamos convencidas que el Congreso mexicano a nivel federal y estatal, tienen una responsabilidad, para que a partir de modificaciones a marcos normativos se garanticen medidas de no repetición de violaciones a derechos humanos, como las acontecidas recientemente en el Estado de Chiapas y Texas, en donde personas migrantes al buscar alternativas para evadir los controles migratorios, encontraron la muerte y la desolación.

Escrito por Melissa Vertiz, Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria y Socia de IDC