Escrito por Denise Pitcher del Caribbean Centre for Human Rights (CCHR) y Gisele Bonnici, Coordinadora Regional para las Américas de IDC

Las políticas y prácticas de la detención migratoria continúan siendo un problema grave de derechos humanos en Trinidad y Tobago (TT). Trinidad ha experimentado una afluencia de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas debido a la actual crisis humanitaria en la vecina Venezuela. Además de la población de personas migrantes y solicitantes de asilo de origen venezolano, más de 40 otras nacionalidades buscan protección internacional en TT.

Trinidad y Tobago es parte de la Convención de Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, sin embargo, las protecciones no se han incluido en la ley nacional y el país continúa tratando los arribos de personas migrantes y solicitantes de asilo en virtud de la Ley de Inmigración de 1976. Esta ley carece de disposiciones para tratar las vulnerabilidades y necesidades particulares de quienes necesitan protección internacional y para garantizar los derechos de las personas migrantes. En consecuencia, las personas que se encuentran ingresando de manera irregular son acusadas de entrada ilegal sin una evaluación individualizada de sus casos, criminalizando así el proceso de asilo. 

Es en este contexto ocurren casos graves de violaciones de derechos humanos con respecto a la detención migratoria en TT. La aplicación estricta de la Ley de Inmigración resulta en depender de la detención para regular la migración en TT, lo que conduce a casos de detención arbitraria e indefinida. Esta dependencia de la detención migratoria coloca a las personas legítimas que necesitan protección en mayor riesgo y exacerba la vulnerabilidad de su situación. La Ley de Inmigración necesita una actualización urgente para adaptarse al contexto actual de la migración en TT y, de manera más crítica, para garantizar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.  

Las personas detenidas son colocadas en uno de los dos centros de detención migratoria. El centro de detención migratoria original en Aripo ha sido descrito por los detenidos como severamente insalubre e inhumano. Los detenidos a menudo se ven obligados a vivir en estas condiciones durante meses e incluso años. Un detenido, originario de un país africano, cuya nacionalidad exacta se desconoce, lleva más de ocho años en este centro y padece graves problemas de salud. Es difícil determinar la calidad de la atención que está recibiendo o el apoyo legal al que tiene acceso dada la falta de acceso de la sociedad civil a los centros de detención migratoria y la falta de monitoreo independiente.  

La falta de monitoreo independiente en todos los lugares de detención es otro tema crítico, ya que los informes surgen regularmente, citando agresiones, falta de atención adecuada y otros abusos, y es imposible verificar de forma independiente la situación de los derechos humanos de los detenidos en centros de detención migratoria y responsabilizar a los funcionarios. El Centro Caribeño de Derechos Humanos (CCHR) recibió recientemente un informe de una refugiada reconocida a la que un funcionario del centro de detención le confiscó su tarjeta de registro del gobierno (esta tarjeta permite que los venezolanos que han sido registrados con el gobierno vivan y trabajen en TT) antes de ser retornada a Venezuela. Fue detenida por la policía junto con su hermana bajo sospecha de estar involucrada en la trata de personas. No se le permitió impugnar su deportación, ya que fue deportada tres días después de ser detenida. Desafortunadamente, este no es un evento único, sino indicativo de la práctica y el trato estándar por parte del estado hacia las personas migrantes y refugiadas. Otra práctica inquietante que se ha informado es que antes de que las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas sean deportadas, se les obliga a firmar formularios en inglés sin el apoyo de intérpretes. Algunos detenidos pueden hablar inglés y entender lo que están firmando, sin embargo, la gran mayoría de las personas migrantes que son deportadas son de nacionalidad venezolana, por lo que el inglés no es su lengua materna y necesitan apoyo de interpretación.

Particularmente preocupante es la detención continua de niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados que a menudo son detenidos durante varios meses. Aunque las normas y prácticas internacionales de derechos humanos enfatizan que los niños no deben ser detenidos por su estatus migratorio, esta es una práctica continua del gobierno de TT. En particular, TT ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y ha promulgado leyes para asegurar la promoción y protección de los derechos del niño en la Ley del Niño. Actualmente, hay alrededor de diez niños en detención migratoria y un niño detenido de tan solo dos años. También es motivo de preocupación que las mujeres y los niños no sean separados de los hombres sin parentesco en el centro de detención migratoria en Chaguaramas.

Las políticas y prácticas de detención migratoria en TT, en particular la ausencia de un marco legal para guiar el tratamiento de las personas migrantes y solicitantes de asilo, requieren un mayor escrutinio por parte de la comunidad internacional. Sin mecanismos de rendición de cuentas, persistirán las violaciones de los derechos humanos. El CCHR hace las siguientes recomendaciones clave con respecto a la detención migratoria y el uso de las ATD:

  • La necesidad de una política o legislación para refugiados o la implementación de la Convención para los Refugiados, lo cual reducirá las instancias de detención migratoria porque una política/ley establecerá mecanismos para las evaluaciones individualizadas para identificar a las personas en necesidad de protección.
  • El gobierno debe dejar de detener a los niños y niñas y adoptar alternativas a la detención sin custodia y basadas en la comunidad, confiando en la sociedad civil y los miembros de la comunidad migrante para apoyar en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes migrantes.
  • Cumplir con las disposiciones de la Ley de Inmigración, particularmente para garantizar que se lleven a cabo investigaciones especiales después de cada arresto para determinar si la persona debe ser sometida a la detención.
  • Aumentar el uso de Órdenes de Supervisión para mitigar la dependencia de la detención migratoria, permitiendo así que las personas sean liberadas bajo una orden de supervisión en virtud de la cual se les exigiría que se reportaran a la división de inmigración de manera regular.
  • Incrementar el involucramiento de las partes interesadas locales e internacionales para desarrollar un enfoque coordinado y holístico de la detención migratoria que dé prioridad a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.
  • Capacitar a los funcionarios estatales de primera línea, la policía, el magistrado y la guardia costera sobre las obligaciones de derechos humanos con respecto a las personas migrantes y refugiadas.

IDC respalda a nuestro socio CCHR en sus recomendaciones, así como en su incidencia continua para proteger los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en Trinidad y Tobago.