El pasado jueves 29 de septiembre,  389 miembros del Congreso de México declararon de forma unánime que la detención por razones migratorias no debe ser utilizada para niñas, niños y adolescentes. Este momento histórico   se materializó luego de más de una década de incidencia en varios niveles y la colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, socios internacionales, autoridades  y comunidades.   

México ha luchado durante mucho tiempo con la contradicción moral de detener a decenas de miles de niños migrantes y refugiados, en su mayoría de Centroamérica, al mismo tiempo que asume un papel de liderazgo en las negociaciones regionales e internacionales para poner fin a la detención migratoria de niños y exigir alternativas  basadas en la comunidad. En 2018, el gobierno mexicano lideró la redacción y promoción de estos compromisos de avances significativos en el marco del Pacto Mundial sobre Migración y enseguida estableció el Grupo de trabajo sobre las alternativas a la detención para niñas, niños y adolescentes coordinado por la Unidad de Política Migratoria de su Secretaría de Gobernación.  

Diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: “La armonización de la Ley de Migración y de la Ley de Refugiados en materia de infancia migrante con lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, es fundamental para garantizar que ningún menor sea detenido de manera arbitraria en alguna de las estaciones migratorias con las que cuenta nuestro país….Con esto, se atienden las recomendaciones internacionales relativas a la no privación de la libertad de menores por motivos migratorios, asumiendo que las determinaciones sobre la prevalencia del interés superior de la niñez deben recaer en una autoridad diferente a la migratoria.”

El primer cambio importante se produjo en 2014, inmediatamente después de una colaboración pionera en la promoción conjunta realizada por grupos de derechos de las personas migrantes y la niñez en México. Este trabajo colaborativo involucró alianzas clave con UNICEF y ACNUR, la Campaña Global ¡Alto a la Detención de Niñ@s Migrantes! de IDC, audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como recomendaciones claras a México de la CIDH y el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. La nueva legislación de 2014 estableció un sistema nacional de protección para todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de su situación migratoria, junto con reglamentos que prohíben específicamente su confinamiento en centros de detención migratoria.

La legislación de 2014 abrió oportunidades para la colaboración con autoridades migratorias en el primer exitoso programa piloto de alternativas a la detención y programas de seguimiento que demostraron la manera en que los niños y las familias pueden recibir apoyo para vivir en la comunidad mientras participan en su proceso de migración o asilo en curso.

A medida que la reforma a la Ley de Migración retrasó su actualización con estos importantes cambios de política, persistieron obstáculos críticos para garantizar el derecho a la libertad de niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados en México. En 2018, IDC y sus miembros presentaron oportunidades para que la nueva administración de México fortalezca las alternativas que limitarían el uso de la detención migratoria.  

Esto incluyó la inversión en programas conjuntos entre las autoridades y la sociedad civil que defenderían los derechos de los migrantes y al mismo tiempo cumplirían con los requisitos estatales. Mientras tanto, los casos de detención de niñas, niños y adolescentes por motivos migratorios se dispararon exponencialmente en los últimos tres años, incluso en condiciones de pandemia de 2020, más del 90% continúan siendo deportados a sus países de origen sin la revisión apropiada ni la evaluación adecuada de su interés superior.

A lo largo de este tiempo, IDC y sus miembros Asylum Access Mexico, Instituto de las Mujeres en la Migración y muchos otros participaron activamente en el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria para promover y capacitar a los legisladores sobre la naturaleza urgente e importante de las propuesta de reforma a la ley ante la Cámara de Diputados del Congreso mexicano. La decisión unánime de la semana pasada es un testimonio de la fuerza de quienes creen que México ciertamente puede cerrar la brecha entre el discurso y la realidad y salvaguardar la vida de miles de niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados que huyen de Centroamérica en busca de paz y seguridad.

Gisele Bonnici, Coordinadora Regional para las Américas, IDC: “ IDC continuará promoviendo y apoyando la implementación práctica de alternativas efectivas y apropiadas para los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados en conjunto con nuestros socios en México. Nuestro objetivo es que ningún niño, ya sea que viaje acompañado o no acompañado, sea detenido durante cualquier periodo de tiempo por motivos migratorios.”

El nuevo compromiso legislativo de México para poner fin a la detención migratoria de niñas, niños y adolescentes exigirá una implementación efectiva, dotada de recursos y justa en todo el país. Significará que las autoridades nacionales migratorias ya no tienen la responsabilidad de tomar decisiones sobre los niños migrantes; esto ahora dependerá exclusivamente de las autoridades nacionales de protección a la infancia que son las más indicadas para garantizar su bienestar de acuerdo con su interés superior.  

En este sentido, IDC elogia los avances positivos plasmados en la adopción de la Ruta de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y los esfuerzos importantes para fortalecer su coordinación e implementación a nivel estatal y local. Estas acciones constituyen bases sólidas de política pública sobre las cuales construir un sistema nacional de canalización para la niñez migrante y refugiada en México que incluye la detección, evaluación y colocación en modelos de cuidados alternativos con procesos adecuados de gestión de casos. Actualmente, IDC ocupa un lugar en la Comisión Nacional para la Protección de la Niñez Migrante y brinda orientación técnica para la implementación del Protocolo a nivel estatal a los estados de Baja California, Coahuila, Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Tlaxcala, Chiapas, y otros. Con pocos recursos, IDC y sus socios han podido apoyar el desarrollo de estructuras a nivel base para proteger a los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados, tales como modelos de cuidados alternativos, y crear procesos para que las autoridades compartan metodologías, estrategias y aprendizajes.

IDC es una organización mundial con una cosmovisión localizada y deseamos continuar nuestro trabajo con socios locales, incluyendo a las autoridades mexicanas, UNICEF, ACNUR, OIM y otras agencias para garantizar que el presupuesto y las estructuras estén establecidos para cumplir con este nuevo y crítico mandato legislativo.

 

Texto traducido por Sandra Gancz