El incidente pone de relieve la difícil situación de las personas refugiadas rohingya recluidas en centros de detención migratoria de Malasia.
PERAK, Malasia
La noche del 1 de febrero de 2024, 131 personas detenidas, en su mayoría refugiadas rohingya, huyeron del Depósito Temporal de Inmigración de Bidor, en Perak (Malasia), en medio de lo que las autoridades calificaron de motín.
El incidente se hace eco de una fuga similar ocurrida en 2022 en un centro de detención de Penang, que trágicamente se saldó con siete víctimas mortales. En la última fuga ya se han producido al menos dos muertes y numerosas nuevas detenciones, lo que pone de relieve las peligrosas circunstancias en las que se encuentran los detenidos, tanto dentro como fuera de los muros de detención.
La respuesta del Departamento de Inmigración de Malasia, que incluye planes para redistribuir a los detenidos y posiblemente armar al personal, ha suscitado más preocupación entre las organizaciones de derechos humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). A este último se le ha negado el acceso a los centros de detención migratoria de Malasia desde agosto de 2019, una situación que obstaculiza críticamente los esfuerzos para proporcionar protección internacional y abogar por la liberación de los necesitados.
Los informes de grupos de la sociedad civil y organizaciones internacionales describen un sombrío panorama de la vida en los depósitos de migrantes de Malasia. Se citan el hacinamiento, la atención sanitaria inadecuada, las malas condiciones de salubridad y los casos de malos tratos, y los detenidos, incluidos los niños, suelen pasar todo el día en sus celdas. La falta de un límite legal a la duración de la detención y la persecución agresiva de los migrantes indocumentados han agravado la situación, provocando una crisis humanitaria continua.
Los rohingya -descritos por Naciones Unidas como «la minoría más perseguida del mundo»- son apátridas y huyen del genocidio en Myanmar. La reciente escalada de redadas y detenciones, junto con la negativa de Malasia a conceder el estatuto de refugiado, ha sumido a miles de personas en el miedo y la incertidumbre. La investigación de IDC documenta las formas en que las familias y comunidades rohingya se han visto afectadas por las duras e indefinidas políticas de detención migratoria de Malasia.
Los repetidos incidentes de evasión son un claro indicador de la urgente necesidad de una reforma. IDC se une a las organizaciones de la sociedad civil y a los organismos internacionales que piden a Malasia que reforme sus políticas de detención migratoria. Esto incluye permitir el acceso del ACNUR a los centros, aplicar alternativas a la detención y respetar los derechos y la dignidad de todos los detenidos, independientemente de su situación legal.