La Coalición Internacional contra la Detención (IDC) expresa su profunda preocupación por las expulsiones masivas y la desaparición forzada de migrantes de los Estados Unidos, que son detenidos en condiciones muy alarmantes en terceros países cercanos, en particular El Salvador, Panamá y Costa Rica. Estas medidas, impulsadas por la actual administración estadounidense, que ha ampliado la aplicación de la legislación en materia de inmigración más allá de sus fronteras, han puesto de manifiesto la gravedad del riesgo para la vida, la libertad y la integridad física y mental de las personas en movimiento que entrañan esas políticas.
Desde enero de 2025, las prácticas de detención y deportación de personas migrantes en Estados Unidos se han intensificado y han ido acompañadas de una retórica de criminalización, el flagrante desprecio de las garantías procesales y la consiguiente desaparición forzada de personas migrantes documentadas e indocumentadas en el país. Al 6 de abril de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informaba que tenía 47 928 personas detenidas por motivos migratorios, una cifra que se acerca a su capacidad máxima de 54 500. Casi la mitad de las personas detenidas no tienen antecedentes penales, mientras que muchas otras solo han cometido infracciones leves, como infracciones de tráfico.
Estos acontecimientos se ven respaldados por un presupuesto récord para la aplicación de la ley, que incluye 9 500 millones de dólares adicionales para infraestructuras de detención aprobados por el Congreso de los Estados Unidos, junto con una partida extraordinaria de 500 millones de dólares. Esta inversión sin precedentes no es un compromiso con la justicia, sino un refuerzo de un sistema cada vez más punitivo de vigilancia, detención y deportación.
En los últimos tres meses, las deportaciones masivas a Costa Rica, Panamá y El Salvador, incluidas las de niños y personas con necesidades de protección internacional, han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos y han sido objeto de escrutinio legal en los tribunales estadounidenses, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
Es especialmente preocupante la expulsión y desaparición de unas 250 personas migrantes venezolanas a El Salvador, muchos de los cuales fueron trasladados al Centro de Confinamiento por Terrorismo (CECOT), una megaprisión condenada internacionalmente por sus condiciones inhumanas. El Salvador se encuentra en estado de emergencia desde marzo de 2022, lo que ha dado lugar a la suspensión de determinados derechos constitucionales, asociado a encarcelamientos masivos y denuncias de abusos contra los derechos humanos. Los informes indican que estas deportaciones se llevaron a cabo en violación de una orden judicial estadounidense y que la mayoría de los expulsados no tenían vínculos con el grupo criminal citado por las autoridades estadounidenses. Estas acciones parecen ser un gesto político deliberado destinado a intimidar a las personas que se desplazan por América.
Un caso emblemático es el de Kilmar Ábrego García, ciudadano salvadoreño que residía legalmente en Maryland (EE. UU.), que fue deportado por la fuerza y recluido en el CECOT antes de ser trasladado a otra prisión en Santa Ana. EE. UU.
El IDC condena enérgicamente la externalización de la aplicación de la Ley de inmigración por parte de los Estados Unidos, que incluye acuerdos con terceros países, como El Salvador, para encarcelar a las personas deportadas en prisiones, hoteles contratados por el Gobierno u otros centros de detención. Estos acuerdos son opacos, carecen de garantías procesales y han erosionado gravemente los marcos de protección internacional. Como resultado, hacen imposible la protección contra las desapariciones forzadas de personas detenidas y deportadas. También refuerzan la peligrosa narrativa de que la inmigración es una amenaza para la seguridad que debe neutralizarse, en lugar de un fenómeno humano complejo que debe gestionarse con dignidad y cuidado.
La detención de personas migrantes es una política fallida y perjudicial. Ignora los derechos humanos, socava el estado de derecho y causa un daño irreparable a las personas y las comunidades. IDC pide la suspensión inmediata de la externalización de la detención de personas migrantes en las fronteras, la liberación de todas las personas detenidas por motivos migratorios y un cambio decisivo hacia medidas alternativas basadas en la comunidad que respeten los derechos y libertades individuales.
Instamos a los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador, así como a los de otros países de la región, a que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y garanticen que ninguna persona sea detenida o deportada sin las debidas garantías procesales y protecciones legales.