Estados Unidos y México han sido los principales países que practican la detención en la región de las Américas, tienen los centros de detención más grandes y los sistemas de control migratorio y deportación más sofisticados. Se estima que Estados Unidos actualmente tiene cerca de 40,000 personas en detención migratoria y México cerca de 2,000. En el contexto del creciente uso de la detención, y particularmente preocupante, la detención continua de niños, niñas y adolescentes, la amenaza de Covid-19 y un movimiento global de distanciamiento social, resalta la extrema vulnerabilidad de las personas en detención migratoria a la propagación de enfermedades infecciosas, así como la falta de acceso a una atención médica adecuada, aunado a las violaciones de derechos implícitas en un sistema de detención migratoria obligatoria.
Los defensores en México se han reunido en torno a estos temas, con un poderoso colectivo de organizaciones miembros y asociadas de IDC Américas que inició una estrategia de defensa en varios niveles para exigir que el gobierno mexicano libere a las personas migrantes de los centros de detención debido al riesgo de contagio de Covid-19 a consecuencia de la condiciones en que las personas son privadas de libertad.
Junto con el Instituto para las Mujeres en la Migración, Sin Fronteras, Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, Asylum Access, Otros Dreams en Acción, y otros socios, lanzamos una campaña pidiendo que el gobierno mexicano libere a todos los migrantes y solicitantes de asilo de los centros de detención y les proporcione documentos migratorios a manera de una visa humanitaria temporal, suspenda temporalmente las redadas contra migrantes y las medidas de aplicación a lo largo del país para evitar detenciones nuevas y proporcione información con respecto a las medidas nacionales adoptadas para evitar la propagación del Covid-19, además de información de contacto de las clínicas de salud locales y organizaciones internacionales y nacionales.
Litigio colectivo y trabajo de incidencia
A lo largo de estas últimas semanas, también hemos subrayado la labor colectiva de litigio e incidencia realizada por más de 40 organizaciones preocupadas por la libertad y la salud de personas migrantes en el contexto de la pandemia: estas acciones se reflejan en varios seminarios web, comunicados a las autoridades federales y estatales, demandas judiciales, una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reportes y llamados a la acción.
Los defensores tal vez están esperanzados en el éxito sin precedentes que recientemente se mostró en los tribunales. Algunas de estas organizaciones presentaron una acción legal constitucional y el tribunal emitió una histórica resolución favorable, una orden judicial que ordena a las autoridades migratorias de México a liberar inmediatamente a las personas migrantes que pertenecen a los grupos vulnerables y están actualmente detenidos y a garantizar que ningún niño, niña o adolescente se encuentre detenido en un centro de detención. Éstas son dos de las 11 medidas ordenadas para salvaguardar la vida y salud de las más de 2,000 personas migrantes y solicitantes de asilo que las autoridades de migración han reportado en detención. Las acciones legales continúan en varios estados del país, a fin de mantener la presión legal sobre las autoridades migratorias para que cumplan con la orden, sobre la cual no ha habido notificaciones hasta la fecha.
Al momento de redactar este documento, parece que esta defensa colectiva ha tenido algún efecto y IDC Américas ha sido informada que las aprehensiones se han ralentizado y muchas personas migrantes detenidas han sido liberadas en México durante las últimas semanas, aunque sin un procedimiento formal. No hay claridad sobre las acciones que las autoridades de migración emprenderán en las próximas semanas. El desafío para la defensa sigue siendo establecer procedimientos de liberación con chequeos y salvaguardas, así como las referencias a las estructuras de apoyo posteriores a la liberación. IDC Américas se une a nuestros socios mexicanos para trabajar en una gama de propuestas con el objetivo de desarrollar e implementar alternativas a la detención para las personas liberadas o en riesgo de futuras detenciones. Es adicionalmente preocupante que las deportaciones continúen, ya que las autoridades de migración mexicanas han estado concentrando a los migrantes detenidos en los tres centros de detención más grandes de la Ciudad de México, Acayucan y Tapachula, deportando a algunos a través de acuerdos negociados con gobiernos de Centroamérica.
Además, Amnistía Internacional México ha pedido a la máxima autoridad del Covid-19 del país, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, que respalde estas peticiones por la liberación de las personas migrantes y solicitantes de asilo en detención para proteger su salud y hacer una petición pública a las autoridades migratorias al respecto, así como proporcionar a la población migrante y refugiada en México el acceso a los servicios de vivienda y salud.
Los siguientes días serán cruciales para las autoridades mexicanas de migración y salud cuyo deber es poner el derecho a la salud de las personas migrantes por encima del control migratorio a fin de reducir los riesgos de infección por Covid-19 entre esta población.
Más al norte de la región, los defensores en los Estados Unidos han sido algunos de los más activos, progresistas y vocales al pedir la liberación de las decenas de miles que se encuentran actualmente en centros de detención migratoria y prisiones en todo el país. Dos nuevos informes, el primero de Detention Watch Network y el segundo de Amnistía Internacional, demuestran claramente el alto riesgo para la vida de los migrantes en detención y la amenaza colectiva para la salud pública que representa la detención migratoria innecesaria.
Las estrategias de defensa van desde litigios por la liberación de migrantes en detención hasta importantes organizaciones comunitarias a través de amplias campañas nacionales que también amplifican las acciones estatales y locales, como el llamado de Detention Watch Network a #FreeThemAll. Además, casi 200 organizaciones estatales, locales y nacionales trabajaron con el Congreso en apoyo al Federal Immigrant Release for Safety and Security Together Act (First Act) para trabajar por la liberación de las personas en detención. La Ley provee restricciones urgentes y cruciales sobre la detención migratoria y la aplicación de la ley durante esta emergencia nacional de salud pública sin precedentes para proteger a las comunidades de migrantes y la salud colectiva. Puedes leer su carta de apoyo aquí.
Varias organizaciones miembros y socias de IDC han compartido una variedad de investigaciones colectivas y herramientas y recursos de defensa útiles en respuesta a Covid-19.
Detention Watch Network elaboró y compartió en su sitio web la guía de mensajes sobre Covid-19 y la detención migratoria y un útil Kit de herramientas para apoyar demandas locales para la liberacion masiva de personas bajo custodia de ICE.
Vera Institute of Justice compartió su Guía sobre medidas preventivas y de respuesta al coronavirus en detención migratoria
Freedom for Immigrants lanzó una sección de su National Immigration Detention Hotline específicamente en respuesta al Covid-19. Con las visitas sociales suspendidas por tiempo indefinido, esta línea directa es uno de los pocos recursos gratuitos y confidenciales disponibles para mantener la comunicación con las personas en detención. También están proporcionando vivienda posterior a la liberación para personas a lo largo de los Estados Unidos a través de una red de voluntarios y una casa que administran en Louisiana.
Freedom for Immigrants también publicó un mapa interactivo en tiempo real que rastrea el número de casos en detención migratoria en los Estados Unidos y el fracaso en la repuesta del gobierno porque no ha respondido adecuadamente a esta pandemia. Hasta el momento, han documentado más de 100 casos confirmados de Covid-19 desde que la primera persona fue diagnosticada a finales de marzo. Esta herramienta rastrea los reportes de medidas de aislamiento y cuarentena en respuesta a Covid-19, registrando su implementación de manera adecuada y peligrosa. También se ha documentado que el personal de detención no ha observado los protocolos de salud adecuados y las respuestas médicas han sido extremadamente inadecuadas durante la cuarentena, resultando en un riesgo significativo, tanto para la población en detención como fuera de ella.
Una iniciativa que observar en las próximas semanas es la recientemente publicada Child Detention Crisis Initiative de Justice in Motion que trabajará a través de su Red de Defensa para reunir a defensores en los Estados Unidos, Centroamérica y México para liberar a los niños, niñas y adolescentes de la detención migratoria en los Estados Unidos y reunirlos con sus familias.
Finalmente, el 26 de abril, a través de un boletín, las autoridades de migración reportaron haber desalojado a casi toda la población de los centros de detención. Hay muchas críticas sobre la falta de un programa de alternativas que habría permitido canalizar a las personas migrantes a hostales u hoteles, en vez de las deportaciones masivas que se realizaron, incluso de niños, niñas y adolescentes, a lugares que pueden ser riesgosos para ellos, no sólo por el potencial de contraer Covid-19. Todavía existe la necesidad de coordinar a los actores para garantizar el derecho a la salud de las personas que continúan en México a través de un programa de alternativas gestionado por las autoridades y la sociedad civil.