Escrito por Jerome Phelps

Consultor de estrategia e incidencia y ex director de International Detention Coalition y Detention Action

Era un mundo muy distinto en el verano de 2013. El presidente Obama estaba en camino a un segundo mandato. El «Brexit» era un neologismo que probablemente se olvidaría. El alcalde de Londres, Boris Johnson, estaba dirigiendo su atención a los autobuses articulados y al Garden Bridge. El Mediterráneo era un destino de vacaciones de verano, en vez de una fosa común para los migrantes y las pandemias eran sólo una ansiedad lejana más.

También fue el momento en que el uso de la detención migratoria en el Reino Unido alcanzó su punto máximo, con más de 4,000 migrantes acostados cada noche en los 12 centros de detención e innumerables cárceles de todo el país. El Ministerio del Interior había abierto cinco nuevos centros de detención desde 2001 y estaba elaborando más planes para ampliar a 5,000 la capacidad de estos centros.

Los últimos siete años han sido una época de reveses catastróficos para la política progresista y los derechos humanos. Sin embargo, en el mismo período, bajo una serie de gobiernos conservadores consumidos por reducir la migración y propagar de la retórica anti-migrante, el Reino Unido se ha alejado decisivamente de su obsesión por la detención migratoria.

Un problema político

Incluso antes de la pandemia, la cantidad de gente en detención había disminuido cerca del 60%, a 1,637 a finales de diciembre de 2019. Los solicitantes de asilo ya no son detenidos de forma rutinaria durante todo el proceso en el notorio Detained Fast Track, suspendido desde junio de 2015 y ya no es viable. Aunque el Reino Unido no ha seguido el ejemplo de España en cuanto a vaciar sus centros de detención durante la pandemia, la cantidad ha disminuido más, a 313 en mayo de 2020. El Gobierno ha anunciado que el centro de detención Morton Hall en Lincolnshire dejará de operar el próximo año y volverá a ser una prisión, el quinto centro de detención que cierra desde 2015. Desde agosto de 2020, el notorio Yarl’s Wood ya no es utilizado como un centro de detención; dada su baja tasa de ocupación durante los últimos dos años, es dudoso que vuelva a su uso anterior.

La detención se considera ahora en general un problema político. Los ministros han enfatizado que la reducción de los centros de detención «es un aspecto clave de una serie de reformas que el gobierno está realizando en todo el sistema de detención» y destacaron que el Gobierno está «comprometido a avanzar más lejos y rápido en la reforma de la detención migratoria». En lugar de jactarse del rigor para encerrar a los «criminales extranjeros», los ministros hablan de poner a prueba alternativas a la detención comunitarias con la sociedad civil. Los diputados conservadores senior, incluidos Andrew Mitchell y David Davis, están liderando las convocatorias de un límite de tiempo de 28 días.

La batalla no está ganada. 300 son todavía demasiadas personas que el Ministerio del Interior busque detener durante la pandemia, mientras que los retornos a la mayoría de los países de origen son imposibles. En julio de 2020, el Comité de Asuntos Internos consideró «preocupante» que el 40% de las personas que continúan en detención tiene indicadores de vulnerabilidad y riesgo significativos a causa del Covid-19.  A pesar de la presión sostenida de todos los partidos políticos, el Gobierno aún se niega a introducir un límite de tiempo: el Reino Unido permanece aislado en Europa en la práctica de la detención indefinida.

No obstante, se ha producido un revés importante en la dirección de la política de detención del Reino Unido, que es la antítesis de las tendencias regionales en la UE, como en el enfoque general de migración del Ministerio del Interior. Es importante comprender cómo se invirtió la marea de expansión de la detención, particularmente en un momento en que la pandemia presenta oportunidades sin precedentes para un sistema de detención radicalmente reducido.

Movilización de la sociedad civil

No es casualidad que el periodo de este cambio coincidiera con la movilización y colaboración de la sociedad civil para deslegitimar el uso de la detención. Mi análisis del movimiento de reforma de la detención durante los últimos diez años, con base en entrevistas con partes interesadas clave y publicado aquí, encuentra razones para creer que el colapso de la confianza en la detención del gobierno es en gran medida el resultado de que los activistas de la sociedad civil, incluidos los propios migrantes, simplemente ganaron el argumento.

Los factores externos ayudaron a este cambio, pero no son suficientes para explicarlo. Los recortes presupuestarios del Ministerio del Interior fueron sin duda un factor: la detención es inmensamente cara. Pero los gobiernos siempre pueden encontrar dinero para las prioridades políticas, como lo demuestra nuevamente la respuesta al Covid-19. Las revelaciones de Panorama de abusos por parte de los guardias de centros de detención, junto con el impacto del escándalo de Windrush, tuvieron un efecto tóxico en la legitimidad de la detención, pero sólo porque esa legitimidad ya estaba bajo un intenso escrutinio. Los escándalos anteriores que sucedieron en la década de 2000 habían tenido poco impacto político.

Lo que cambió fue la presión sostenida y efectiva de la sociedad civil. Activistas, organizaciones benéficas, grupos religiosos, abogados, individuos, instituciones y (fundamentalmente) migrantes con experiencia en detención colaboraron estratégicamente durante muchos años para transformar el debate político. Tuvieron éxito tanto en convertir la detención en un problema político y en establecer la narrativa para que otros actores la siguieran.

Tácticas efectivas

Los activistas contaron una historia consistente y convincente sobre la injusticia de la detención indefinida y la necesidad de un límite de tiempo. Era una historia que podía llegar a un público nuevo e influyente más allá del movimiento por los derechos de los migrantes, sin alienar a los partidarios principales diluyendo los mensajes en pos de un punto medio político. La historia fue contada de diferentes maneras por los migrantes que protestaban en Yarl’s Wood, por los líderes religiosos que hacían declaraciones públicas y por HM Inspectorate of Prisons en su supervisión de los centros de detención, pero la narrativa central y las demandas eran las mismas. Esta narrativa de la libertad individual del poder estatal arbitrario tiene tracción en todo el espectro político, incluso donde hay hostilidad hacia la migración y los derechos humanos. Sin embargo, aún podría movilizar a los apasionados defensores de los derechos de los migrantes, incluidos los propios migrantes, sin los cuales la cuestión habría seguido siendo marginal.

Al centro de este proceso se encontraba Detention Forum, una red diversa creada en 2009 para cuestionar la legitimidad de la detención. El Foro no fue de ninguna manera responsable de todas las intervenciones cruciales y, prudentemente, nunca buscó ser un actor público de alto perfil por derecho propio. Pero su amplia membresía en todo el país en gran medida llegó a basar sus tácticas en la estrategia compartida y la teoría del cambio del Forum, y sin duda pocos actores que trabajaban en la reforma de la detención no estaban en estrecho contacto con al menos un miembro del Forum.

No hubo una campaña única para la reforma de la detención, y nadie consideró la detención indefinida como un problema. Las ONG llevaron a cabo diferentes campañas en torno a grupos particulares detenidos; las protestas destacaron problemas particulares; los mensajes no estaban controlados de forma centralizada y variaban considerablemente. Pero se compartieron hashtags, se desarrollaron materiales de código abierto y muchos miembros del Forum pasaron un tiempo considerable en el teléfono o en los trenes para interesar y apoyar a grupos de todo el país para que se involucraran. Los nuevos grupos eran libres de abordar el tema y hacer campaña a su manera; algunos se unieron al Forum, otros no. En la práctica, la mayoría de las personas contaban la mayor parte del tiempo versiones de la misma historia convincente.

Todo esto fue, en cierta medida, previsto por el Forum. Un ejercicio de estrategia prolongado, doloroso y claramente aleccionador a lo largo de 2012 identificó que los miembros del Forum no tenían los contactos necesarios para convencer a los ministros o al Ministerio del Interior de que cambiaran. Las ONG sobre detención y los activistas enfáticamente carecían de la atención del gobierno, ni tampoco sus amigos. Entonces se desarrolló una estrategia para construir una amplia coalición de la sociedad civil, involucrando aliados con más autoridad: políticos, líderes religiosos, instituciones.

Tener una amplia gama de aliados significaba que se podía utilizar una amplia gama de tácticas en diferentes espacios y tiempos. Detained Fast Track se resistía tanto a las campañas como a la defensa del gobierno (se consideró que «funcionaba» para retirar a los solicitantes de asilo, por lo que no había interés en saber si lo estaba haciendo de manera justa), pero resultó vulnerable a una impugnación legal de amplio espectro por Detention Action. City of Sanctuary podría plantear el problema a las comunidades de todo el país que se interesaban por el asilo, mientras que These Walls Must Fall movilizó a grupos de base para el activismo radical a nivel local. Grupos de visitantes y organizaciones legales y médicas recopilaron y analizaron la evidencia del daño de la detención que fue la base de todo lo demás.

Fundamentalmente, el movimiento fue iniciado y dirigido cada vez más por personas con experiencia en la detención. La detención indefinida se ha normalizado porque se aplica a los que no son personas: el «criminal extranjero», el «falso solicitante de asilo». Se volvió problemático porque las personas salieron de detrás de estas etiquetas deshumanizadoras y contaron sus historias, no como víctimas, sino como expertos por experiencia capaces de ofrecer soluciones en las políticas. El impulso inicial para una campaña contra la detención indefinida provino de los migrantes detenidos. Los primeros informes y campañas destacaron su poderoso testimonio sobre sus experiencias. En el momento de la investigación parlamentaria en 2015, que generó una presión política sin precedentes en todos los partidos y el interés de los medios de comunicación en el tema, los expertos por experiencia eran las voces dominantes, tanto en las sesiones de evidencia de la investigación como en la cobertura mediática posterior.

A medida que aumentaba la presión por el cambio, se hizo posible hablar de manera constructiva con el Ministerio del Interior sobre cómo podrían dejar de depender demasiado en la detención. La organización que yo dirigía en ese momento, Detention Action, estaba conduciendo un programa piloto de alternativas a la detención comunitarias para hombres jóvenes con condenas previas, demostrando que podían recibir apoyo efectivo en la comunidad. El ACNUR facilitó conversaciones de alto nivel con los gobiernos de Suecia y Canadá sobre sus propios enfoques comunitarios. El Ministerio del Interior comenzó a colaborar de manera informal con nuestro programa piloto y gradualmente avanzó hacia comprometerse con el desarrollo de las alternativas.

Conforme creció la presión política sobre la detención indefinida, el Ministerio del Interior se rehusó repetidamente a introducir un límite de tiempo o incluso a reconocer que practicaba la detención indefinida. Pero en 2015 comenzó a cerrar centros de detención y ha seguido cerrándolos. En 2018, el Ministro del Interior prometió en el Parlamento que trabajaría con la sociedad civil para desarrollar alternativas, el inicio de un pequeño pero creciente programa de pilotos. 

Transformación de largo plazo

Esto apunta al desafío clave que enfrenta la reforma de la detención. Hasta ahora, el progreso se ha basado en ganar el argumento sobre la detención como un subtema relativamente especializado, mientras que la política tóxica del control xenófobo de la migración continuó en otros lugares. Pero un cambio sostenible a largo plazo lejos de la detención debe ser parte de un cambio más amplio en la gobernanza de la migración desde la aplicación de la ley hacia el compromiso con los migrantes y las comunidades. Si la detención es simplemente reemplazada por un ambiente hostil que excluye y abusa de los migrantes en la comunidad, será una victoria pírrica.

Sin embargo, el entorno hostil no ha sido un éxito, desde el propio punto de vista del Ministerio del Interior: el número de retornos, incluidos los retornos voluntarios, ha estado disminuyendo durante varios años. Las alternativas a la detención señalan el camino hacia una posible transformación a largo plazo de la gobernanza de la migración, hacia un sistema basado en el consentimiento de las comunidades y tratando a los migrantes con justicia y dignidad. Tal sistema tendría que verse muy distinto al actual. El Gobierno no se adherirá a ese cambio de inmediato. Pero la pandemia ha dejado claro que la sociedad es tan vulnerable como sus miembros más excluidos. La sociedad civil deberá liderar si queremos reconstruir mejor; el movimiento de reforma de la detención proporciona algunas pistas sobre cómo hacerlo.

El documento de Jerome «Immigration Detention Reform in the UK 2009-19» está disponible aquí en inglés.

Este artículo se publicó originalmente en el website de The Detention Forum el 2 de septiembre de 2020.

Traducido por Sandra Gancz