IDC se unió a más de 200 organizaciones pidiendo la revocación de la decisión del gobierno mexicano de negar el acceso de las organizaciones de la sociedad civil a los centros de detención migratoria en todo el país. La nueva decisión política, compartida por notificación pública del gobierno a finales de enero, se produjo inmediatamente después de que se publicara que defensores de personas migrantes habían reportado dificultades reiteradas para entrar a los centros de detención más poblados en la frontera sur del país y en la Ciudad de México y de una carta abierta de Amnistía Internacional instando a que el Instituto Nacional de Migración (INM) garantizase el acceso de las organizaciones de la sociedad civil a las personas migrantes y refugiadas en detención.

Este tema se ha vuelto más apremiante en las últimas semanas en el contexto del uso de la fuerza militarizada por parte de la Guardia Nacional Mexicana en los puntos de entrada en la frontera sur y la creciente preocupación por la expansión en el uso de la detención migratoria en un país con crecientes políticas de contención y control migratorio ante las personas centroamericanas que anhelan entrar y transitar por el territorio mexicano en caravanas. Para las personas viajando en la caravana este enero, todos los caminos llevaron a ser privados de su libertad; ya fuera por expresar su intención de solicitar asilo o una visa humanitaria o por aceptar la opción que el gobierno les ofrecía para quedarse y trabajar en los estados del sur de México, todos fueron colocados en detención.

Ser liberados de detención entre las políticas y los procedimientos de deportación acelerados depende casi siempre y principalmente del acceso a la asesoría legal, conocer sus derechos y tener a alguien abogando desde el exterior. Actualmente no existe información pública disponible acerca de cuántos de los detenidos han sido liberados o son capaces de continuar en libertad sus procedimientos migratorios para el asilo o las visas humanitarias o de visitante.

El 30 de enero, los defensores ofrecieron una rueda de prensa instando al gobierno mexicano a reiniciar las visitas programadas y eliminar los nuevos obstáculos que enfrentan las ONG que han solicitado permiso para entrar a los centros de detención. El mensaje que enviaron es que no es aceptable violar los derechos de acceso a la información, el acceso a la justicia y el debido proceso de personas migrantes y refugiadas sujetas a protección internacional ni un solo día. También instaron al gobierno a aceptar la solicitud presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para visitar los centros de detención migratoria que actualmente contienen a miles de personas en la frontera sur de México.

 

Defensores ofrecieron una rueda de prensa instando al gobierno mexicano a reiniciar las visitas programadas y eliminar los nuevos obstáculos que enfrentan las ONG que han solicitado permiso para entrar a los centros de detención.

Las declaraciones en los medios de comunicación hechas por miembros de IDC, Alejandra Macías Delgadillo, directora de Asylum Access México y Elba Coria Márquez, directora de la Clínica de Derecho de los Refugiados de la Universidad Iberoamericana, subrayan los riesgos asociados con prohibir que las personas detenidas tengan acceso a la defensa legal, ya sea en solicitudes de asilo o para monitorear el debido proceso en los procedimientos de deportación. Estos riesgos son aún mayores en ausencia de un registro adecuado, la detección y las entrevistas individualizadas y los procedimientos efectivos para identificar las necesidades de protección en los mecanismos actuales de detención y deportación.

 

Entrevista a Elba Coria Márquez, directora de la Clínica de Derecho de los Refugiados de la Universidad Iberoamericana

Finalmente, se alcanzaron varios acuerdos en una reunión sin precedentes celebrada con el comisionado del INM y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), incluyendo la revocación de la política formulada sólo días antes que suspende la supervisión de la sociedad civil en la detención migratoria.

La detención migratoria en México tiene varias similitudes con el modelo penitenciario y representa un gasto significativo de fondos públicos, como se describe en el análisis del sistema de detención migratoria de 2019 realizado por AsiLegal, Fundar y Sin Fronteras. La violación sistémica de los derechos de las personas detenidas ha sido documentado por la sociedad civil mexicana en más de 15 años de informes sobre el monitoreo de centros de detención migratoria. Al respecto, IDC apoya los esfuerzos para garantizar que la sociedad civil monitoree sistemáticamente las condiciones de detención y el ejercicio del derecho a la información y la defensa legal de las personas migrantes y refugiadas detenidas.

En este sentido, IDC ha hecho disponible un Manual para Monitorear, producido conjuntamente con el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT). Es una guía paso a paso para cualquier persona o institución que realice visitas a los centros de  detención migratoria. También se puede utilizar como una lista de verificación para las autoridades, el personal del centro de detención y los periodistas sobre las normas que deben aplicarse cuando se detiene a personas solicitantes de asilo y migrantes.