La oficina de IDC regional de las Américas se encuentra elaborando una investigación sobre la situación de la niñez y adolescencia migrante en la frontera sur de México, uno de  los objetivos de dicha investigación es confirmar si después de la reforma de 2020 que prohibió la detención de menores de 18 años en las estaciones migratorias, ya las niñas, niños y adolescentes no son privados de su libertad por su condición migratoria.

Hace unos días fueron presentados en la Ciudad de México los primeros avances del monitoreo, cuyas dos premisas de investigación son:

Saber si las autoridades locales conocen la Ruta de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes migrantes que fue creada en 2019 por una comisión federal.

Verificar si se está aplicando la Reforma a la Ley de Migración, que establece la prohibición de ingresar a las estaciones migratorias a niñas, niños y adolescentes, acompañados y no acompañados.

La metodología de la investigación planteó como primer paso realizar solicitudes de información pública y así tener respuestas oficiales con datos e insumos de las autoridades que participan de la ruta y la atención a esta población. 

Como segundo paso se realizaron visitas in situ a tres estados del sur de México para llevar a cabo entrevistas con autoridades y conocer en la práctica la manera y procedimientos de trabajo, así como sus fortalezas y debilidades, pero sobre todo cotejar los datos oficiales con la realidad.

Hallazgos

En las visitas se ha corroborado el poco conocimiento de la Ruta entre las autoridades estatales y municipales, aunque vale la pena señalar que todos tienen un procedimiento de atención, pero alejado de lo que la Ruta federal pretende, sobre todo en el tema de comunicación y coordinación interinstitucional, por ello se advierte la importancia de implementar rutas estatales.

Se advierte la urgente necesidad de fortalecer a las Procuradurías Estatales y Municipales de Protección, quienes cuentan con muy pocos recursos humanos y materiales para atender las obligaciones que la ley les mandata, prueba de ello es que agencias internacionales como UNICEF y ACNUR se encuentran pagando salarios de quienes integran equipos multidisciplinarios para realizar atenciones y diagnósticos para determinar el interés superior de la niñez.

No existe capacidad suficiente en los Centros de Asistencia Social (albergues) para recibir a la niñez y adolescencia que canaliza el Instituto Nacional de Migración, esto no permite que se cumpla cabalmente con la reforma y aunque a finales del año pasado y principios de este se abrieron posibilidades de financiamiento, no ha sido suficiente y lo que se ha habilitado es bajo la perspectiva de recibir a la niñez y de forma muy inmediata retornarlos a su país de origen, sin perspectiva de protección de derechos.  

Uno de los principales y sorprendentes hallazgos es que al no tener capacidad para recibir a los niños, niñas y adolescentes la pregunta es ¿dónde permanecen estos? Y la respuesta es en las llamadas “oficinas de canalización” que el INM creo para este efecto, lugar en donde las niñas, niños y adolescentes pueden permanecer durante todo el tiempo que tarde en resolverse su procedimiento administrativo migratorio, o bien hasta que sean canalizados a las autoridades de protección y en gran parte de los casos sin que se realice un diagnóstico de su situación y por ende se determine su interés superior. Esto incumple flagrantemente con la reforma a la ley de migración pues en los estados de la investigación estos espacios están junto a las estaciones migratorias y dependen del mismo Instituto Nacional de Migración. Esto teniendo en cuenta que la reforma prohíbe habilitar espacios para que se detenga a la niñez y adolescencia, justificando entonces bajo un argumento gramatical que la niñez y adolescencia no permanece en las estaciones.

Por último, vale la pena señalar que de las entrevistas con los Consulados de Guatemala y Honduras en la región, reconocen la importancia de la reforma pero tienen preocupación que en la aplicación no se tenga la capacidad institucional para atender el total de niñez y adolescencia asegurada.

En terreno todas las autoridades son conscientes de las prácticas y de las grandes carencias para la atención, esperando apoyo y acompañamiento. En este tema se advierte que en las autoridades que se han acompañado de organizaciones como IDC, el trabajo y avance es muy considerable comparado con el resto de autoridades que tiene mayores resistencias y no han abierto esta colaboración. 

Estos hallazgos servirán para realizar una segunda etapa de incidencia en los tres Estados y aspirar a lograr mejores prácticas.

 

Escrito por Pablo Loredo IDC Americas Monitoring & Evaluation Officer