El Gobierno de España ha aprobado una nueva medida que permitirá a más de 500 000 migrantes indocumentados solicitar la residencia legal.
En virtud de un Real Decreto aprobado en enero, las personas sin antecedentes penales graves que hayan residido en España durante más de cinco meses consecutivos antes del 31 de diciembre de 2025 podrán solicitar un permiso de residencia temporal. Las personas a las que se les conceda recibirán un permiso de residencia de un año, con la posibilidad de renovarlo según la normativa de migración vigente en España.
La regularización significa que los migrantes que cumplan los requisitos en España también obtendrán el derecho a trabajar legalmente, acceder a la sanidad pública y darse de alta en la Seguridad Social. Se suspenderán todos los procedimientos de expulsión en curso mientras se tramitan las solicitudes.
Esta decisión es el resultado de años de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil y de una iniciativa ciudadana firmada por más de 700 000 personas. A pesar de la resistencia de la extrema derecha, fue aprobada por una mayoría abrumadora en el Parlamento español.
Este es el primer programa de regularización masiva en España en casi dos décadas. Medidas similares en el pasado han demostrado que otorgar un estatus legal a las personas ayuda a reducir la explotación, refuerza los sistemas de protección social y permite a las personas que ya forman parte de la sociedad vivir con mayor seguridad, derechos humanos y dignidad.
La decisión de España destaca en un momento en el que muchos gobiernos están respondiendo a la migración con controles más estrictos y medidas de exclusión. IDC aboga por iniciativas de regularización como esta, reconociendo la realidad de que las personas que cumplen los requisitos ya viven y trabajan en el país. Otorgar un estatus legal simplemente ayuda a salvaguardar los derechos de las personas, al tiempo que fomenta la cohesión comunitaria y el crecimiento económico.