IDC expresa su preocupación por el regreso forzoso de 40 personas uigures a China.
Esta acción viola los derechos humanos fundamentales, socava el progreso de Tailandia en materia de política migratoria y suscita serias preocupaciones sobre la estabilidad regional y la cooperación internacional.
En los últimos años, Tailandia ha demostrado un claro compromiso con la mejora de sus normas de derechos humanos y la gestión de la migración. El país ha realizado esfuerzos constantes para armonizar sus leyes y políticas con las normas internacionales.
Tailandia fue elegida para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ha hecho progresos en la promoción de los derechos de las personas migrantes, sirviendo de modelo para muchos países de la región. Otros ejemplos notables incluyen la promulgación de la Ley de Prevención y Supresión de la Tortura y las Desapariciones Forzadas, y la eliminación de la reserva a la Convención de los Derechos del Niño.
Tailandia ha sido una fuerza líder en el impulso del cambio, en particular en la aplicación del Pacto Mundial para la Migración (GCM). Esto incluye la revisión de los procedimientos de selección, la revisión y mejora de las medidas y directrices para alternativas a la detención de niñas y niños en centros de detención migratoria (MOU-ATD). El gabinete también ha concedido permisos de trabajo temporales especiales a personas ciudadanas indocumentadas de Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam, y ha aprobado principios y criterios para agilizar las soluciones de nacionalidad y estatus legal para migrantes de larga duración y sus hijas e hijos nacidos en Tailandia, entre otras iniciativas.
No obstante, los éxitos pasados de Tailandia se han visto socavados por la acción del 27 de febrero de 2025, cuando el gobierno tailandés deportó a 40 personas uigures a China en plena noche en camiones precintados, a pesar de las preocupaciones de la comunidad internacional.
Esta acción daña la imagen y la credibilidad de Tailandia como nación que respeta los derechos humanos y desempeña un papel de liderazgo en la gestión de la migración. La decisión no solo niega los esfuerzos pasados, sino que también suscita preocupaciones sobre la estabilidad regional y afecta a la cooperación internacional en el mantenimiento de la paz.
La Coalición Internacional contra la Detención (IDC) comparte nuestra grave preocupación con la comunidad internacional y hace hincapié en la importancia de defender los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo y el principio de no devolución, que no es negociable.
Instamos al gobierno tailandés a que ponga fin a la detención migratoria de las personas que necesitan protección internacional, a que garantice que no se produzcan más deportaciones forzosas y a que proporcione plena protección a los que permanecen en Tailandia, de conformidad con las obligaciones internacionales.