El año 2026 se perfila como un año decisivo para la migración y los derechos humanos. A medida que avanza el nuevo año, analizamos las tendencias clave que podrían marcar el panorama en los próximos meses.

Vivimos tiempos difíciles. Las presiones climáticas se intensifican, las tecnologías digitales están en pleno auge, los conflictos se ciernen sobre nosotros y la retórica antimigratoria sigue prevaleciendo sobre los datos y los resultados.

Al mismo tiempo, no debemos perder de vista lo que es posible. En diferentes partes del mundo, los gobiernos ya están tomando medidas para poner fin a la detención migratoria de menores, invertir en enfoques comunitarios y colaborar más estrechamente a través de las fronteras. Los movimientos sociales también se están movilizando en defensa de los derechos humanos.

Aún hay mucha incertidumbre, pero una cosa es segura: la gente seguirá desplazándose en 2026. La verdadera pregunta es qué tipo de respuesta se dará y si estará marcada por la justicia y los derechos o por la violencia y la exclusión.

1. El cambio climático obliga a más personas a emigrar

Las guerras y los conflictos están provocando el desplazamiento de un número récord de personas. Desde Irán hasta Palestina, desde Ucrania hasta Sudán, la violencia ha desarraigado a millones de personas y seguirá empujando a más gente a emigrar durante el próximo año. Pero hay otro fantasma que se cierne sobre el mundo y que está obligando a la gente a abandonar sus hogares: el cambio climático.

Los desastres relacionados con el clima, las sequías prolongadas y la inseguridad alimentaria ya están provocando el desplazamiento de personas de sus hogares y comunidades. El problema es que los marcos jurídicos existentes no reconocen adecuadamente a las personas desplazadas por el cambio climático.

Las personas que huyen de la sequía, la hambruna, las inundaciones y los desastres naturales no están clasificadas como refugiados en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, lo que significa que no pueden acceder a muchos derechos y protecciones. Y es esta falta de reconocimiento la que deja a las personas desplazadas por el cambio climático más expuestas a abusos de los derechos humanos, a la explotación y a la detención migratoria.

El desplazamiento inducido por el clima está transformando los sistemas migratorios. Si tratamos el número récord de personas que huyen de las crisis medioambientales como una cuestión aislada, en lugar de como una consecuencia de decisiones climáticas más amplias, corremos el riesgo de penalizar a las personas sin abordar las causas de fondo.

Que el año 2026 marque el inicio de una mejor protección para las personas desplazadas por el cambio climático dependerá de si los gobiernos deciden adaptar las políticas migratorias para reflejar esta realidad. En última instancia, esto requerirá que los países colaboren más allá de las fronteras para garantizar la coherencia de las políticas y la coordinación de los esfuerzos, ya que un problema global necesita una respuesta global.

2. Las fronteras siguen extendiéndose más allá de los límites nacionales

Otra tendencia determinante será la expansión de la «externalización», es decir, la práctica de trasladar el control de la migración más allá de las fronteras de un país.

En lugar de gestionar las solicitudes de asilo y las responsabilidades en materia de protección dentro de sus propios sistemas, los Estados intentan cada vez más impedir que las personas lleguen a sus fronteras, tramitar las solicitudes en otros países o devolver a las personas a terceros países donde se tramitan sus casos.

En Europa, esto ha incluido la financiación de autoridades de otros países para interceptar a las personas en el mar, a pesar de los abusos contra los derechos humanos bien documentados. Y en el Reino Unido se presentaron propuestas —posteriormente abandonadas— para trasladar a las personas solicitantes de asilo a Ruanda para su tramitación, trasladando así la responsabilidad de la protección fuera del país por completo.

En todas las regiones, los gobiernos intentan cada vez más impedir que las personas lleguen a su territorio, o trasladarlas a otros países mediante acuerdos con terceros países, tramitación en el extranjero y financiación de medidas de control en el extranjero.

La externalización resulta políticamente atractiva porque mantiene la migración en otro lugar. Pero también crea zonas grises legales y transfiere la responsabilidad a países con menos recursos, una supervisión más débil y una infraestructura de protección limitada. Y a medida que las fronteras se desplazan hacia el exterior, también lo hacen los sistemas de detención.

Estos enfoques siguen siendo muy controvertidos y, en muchos países, se enfrentan a una creciente resistencia jurídica, política y pública. A medida que entran en vigor nuevas políticas migratorias —especialmente en Europa, Estados Unidos y otros países del Norte Global—, es probable que la externalización siga ocupando un lugar central en el debate político. La atención se desplaza cada vez más de la cuestión de si tales acuerdos son legales en principio a cómo funcionan en la práctica y quién asume las consecuencias.

3. La gestión de la migración se vuelve cada vez más agresiva

En muchos países, la migración se aborda como un problema de seguridad y se ha politizado cada vez más. Las personas migrantes y refugiadas se tratan como riesgos o amenazas, en lugar de como personas que buscan seguridad y oportunidades.

Mostrarse «duro» con la migración se ha convertido en una forma de que los gobiernos demuestren su fuerza, incluso cuando esos enfoques no funcionan realmente en la práctica. Cuando la migración y el desplazamiento se tratan como un peligro y se utiliza a las personas migrantes y refugiadas como chivos expiatorios para obtener beneficios políticos, las respuestas más duras y un enfoque cada vez más militarizado empiezan a parecer normales. La detención se vuelve más fácil de justificar, incluso cuando causa graves daños y contribuye poco a resolver los casos de las personas.

En muchos casos, se está otorgando más poder, presupuesto y visibilidad a las agencias fronterizas y de control, mientras que los sistemas diseñados para evaluar las solicitudes de forma justa o apoyar a las personas en la comunidad reciben menos atención. La detención ya no se utiliza como último recurso en algunas partes del mundo, sino como símbolo de control.

Mientras muchos gobiernos están redoblando su apuesta por la detención, otros están avanzando en una dirección mucho mejor. IDC ha colaborado con gobiernos y grupos comunitarios en muchos países para demostrar que no es necesario encerrar a las personas para que los sistemas migratorios funcionen, ya que los enfoques sin detención y las alternativas a la detención dan resultado. Hemos observado un impulso a favor de estos enfoques en algunos países y regiones.

Una de las cuestiones clave para 2026 es si los gobiernos seguirán impulsando agresivamente la detención o si adoptarán políticas basadas en datos empíricos que realmente funcionen.

4. La tecnología y la vigilancia se adentran cada vez más en la vida de los migrantes

La tecnología se está convirtiendo en una de las herramientas más poderosas y menos reguladas de la gestión migratoria.

Los sistemas biométricos, los acuerdos de intercambio de datos, el uso de algoritmos y la vigilancia digital se están extendiendo en muchas regiones. Las herramientas automatizadas y los procesos de toma de decisiones basados en la inteligencia artificial se plantean cada vez más como soluciones a los atrasos y la ineficiencia.

Estas herramientas suelen presentarse como neutras, innovadoras o eficientes. Pero sin salvaguardias, las herramientas digitales basadas en la vigilancia pueden afianzar los prejuicios, reducir la transparencia y hacer que sea más difícil impugnar las decisiones. Pueden extender el control más allá de las fronteras físicas y llegar a la vida cotidiana, especialmente cuando la vigilancia se utiliza como condición para la puesta en libertad o la estancia legal.

IDC ha venido expresando su preocupación por cómo se están utilizando las herramientas digitales para rastrear y controlar las vidas de los migrantes. Recientemente hemos publicado una nueva investigación sobre la «detención digital» —en la que se utiliza la tecnología para controlar, vigilar y restringir a las personas migrantes y refugiadas— y pedimos una mayor supervisión y rendición de cuentas.

En 2026, plantearemos más preguntas sobre quién controla los datos de las personas migrantes, cómo se utiliza la tecnología en la gobernanza migratoria, cuál es el papel del sector empresarial y qué derechos se protegen.

5. Las narrativas públicas influyen en las decisiones políticas

En 2026, las políticas seguirán la narrativa pública, y cambiar esa narrativa no será tarea fácil.

En pocas palabras, el contenido emotivo se difunde más rápido que los datos contrastados, sobre todo en las redes sociales, diseñadas para premiar la indignación y el sensacionalismo. Un simple eslogan —desde «detengamos los barcos» hasta «construyamos el muro»— puede llegar a millones de personas en cuestión de minutos, mientras que explicar cómo funcionan los sistemas de asilo o por qué la detención es ineficaz y perjudicial resulta mucho más complejo.

Esto es importante porque la opinión pública determina lo que los responsables políticos consideran aceptable. Cuando la opinión negativa alcanza un cierto nivel, las políticas que antes habrían suscitado preocupación se defienden más fácilmente. Las narrativas no solo reflejan la política, sino que dan forma a lo que se convierte en políticamente posible.

Por eso IDC trabaja para empoderar al público a fin de que se implique en esta cuestión y haga oír su voz. También colaboramos con personas que han sufrido la detención migratoria para amplificar su perspectiva, cuestionar los mensajes basados en el miedo y recordar al público que las políticas de migración afectan a vidas reales. La red global de IDC ha ayudado a conectar estas voces, creando el mayor movimiento del mundo para poner fin a la detención migratoria.

En 2026, el cambio de narrativa será más importante que nunca en los esfuerzos por poner fin a la detención migratoria y salvaguardar los derechos humanos. Las historias que ganen terreno ayudarán a determinar si las comunidades aceptan alternativas a la detención migratoria, si los responsables políticos se sienten capaces de invertir en políticas basadas en datos empíricos y cómo se abordan los derechos humanos en el debate público.

Señales de progreso: donde las alternativas están ganando terreno

 

Todavía hay motivos para tener esperanza. Junto a los enfoques retrógrados, también estamos viendo señales significativas de que existen otras opciones posibles y de que estas ya están tomando forma.

1. Un análisis sobre la detención migratoria de menores

En 2026, es probable que aumente la presión sobre los gobiernos para que pongan fin a la detención migratoria de menores.

En Estados Unidos, las imágenes y los informes sobre niños retenidos por las autoridades fronterizas han desatado la indignación pública. Al mismo tiempo, los cambios políticos y los compromisos adoptados en lugares como Bélgica y algunas zonas del sur de África ponen de manifiesto un creciente reconocimiento de que las iniciativas para acabar con la detención migratoria de menores pueden funcionar en la práctica y de que el encarcelamiento de niños causa daños graves y duraderos.

Este avance refleja años de trabajo de IDC y otras comunidades, defensores y organizaciones que impulsan el cambio y demuestran que se puede proteger a los niños sin detenerlos. A través de nuestra labor global y regional para poner fin a la detención migratoria, IDC ha colaborado con gobiernos, agencias de la ONU, personas con experiencia vivida y la sociedad civil para ayudar a convertir principios compartidos en debates políticos reales.

Y estos compromisos no existen de forma aislada. Están empezando a influir en las expectativas, elevando el listón de lo que se espera que hagan los gobiernos. Aunque los avances siguen siendo desiguales y también se observan algunos retrocesos en este ámbito, el debate en sí mismo ha ido cambiando. En 2026, prevemos que más personas empezarán a preguntarse no si debe ponerse fin a la detención de menores, sino cómo y cuándo.

2. Nuevos ensayos de alternativas comunitarias

Es probable que en 2026 aumente el interés por las alternativas a la detención migratoria.

La detención migratoria es costosa, inhumana e ineficaz: no surte efecto disuasorio y no contribuye en absoluto a acelerar la resolución de los casos. A medida que estos hechos resultan cada vez más difíciles de ignorar, los gobiernos se ven presionados a buscar mejores soluciones.

En los últimos años, algunos países han puesto a prueba enfoques que permiten a las personas vivir en la comunidad mientras se resuelven sus casos. Estos modelos se centran en proporcionar información clara y apoyo, así como acceso al trabajo, la educación y los servicios de la comunidad, en lugar de en el castigo.

Esperamos ver más iniciativas como esta en el próximo año. IDC ha colaborado con gobiernos y organizaciones locales para demostrar cómo pueden funcionar en la práctica las alternativas a la detención. Y el uso de enfoques sin detención en países como Colombia, que decidieron regularizar en lugar de detener, así como iniciativas específicas en países como Bélgica, México, Zimbabue y Tailandia, han ayudado a demostrar el valor real de las alternativas a la detención.

En 2026, es probable que más personas se hagan una pregunta sencilla: si las alternativas funcionan, ¿por qué la detención sigue siendo la opción por defecto?

3. La cooperación regional desempeña un papel más importante

En 2026, esperamos ver a más países colaborando para aprender unos de otros y desarrollar políticas conjuntas.

La migración no se detiene en las fronteras, y los países vecinos suelen enfrentarse a retos similares al mismo tiempo. En varias regiones, los gobiernos han comenzado a compartir experiencias y a aprender unos de otros, además de colaborar de forma constructiva con los Actores de la sociedad civil. El IDC ha apoyado estos diálogos, reuniendo a los países para hablar abiertamente sobre lo que ha funcionado, lo que no y lo que se podría hacer de otra manera.

Nuestra actual plataforma regional de aprendizaje entre pares ha impulsado un progreso sin precedentes en la reducción de la detención de menores en Asia-Pacífico. Y en 2026, ampliaremos este enfoque a Europa.

En los próximos meses, esperamos que este tipo de cooperación regional e interregional se generalice, contribuyendo a que las alternativas parezcan menos arriesgadas y más realistas, incluyendo más iniciativas de aprendizaje entre pares de sur a sur.

4. Mayor atención a la inclusión y la autonomía de los migrantes

Otro cambio que probablemente continúe en 2026 es una mayor atención a la inclusión y al derecho al trabajo de los migrantes.

En muchos países, las personas esperan meses o años para recibir una resolución y, durante ese tiempo, a menudo carecen del derecho a trabajar o a mantenerse por sí mismas. Esto las deja aisladas y dependientes de la ayuda del gobierno.

A través de la participación regional y el diálogo sobre políticas, IDC ha destacado constantemente que la inclusión no es solo una cuestión de derechos, sino también una cuestión práctica. Y algunos gobiernos están empezando a reconocer que privar a las personas del derecho al trabajo no beneficia a nadie.

En 2025, Tailandia introdujo un cambio normativo que permite a los refugiados de Myanmar en los campamentos fronterizos trabajar y mantenerse por sí mismos, tras años de incidencia por parte de IDC, socios regionales y la sociedad civil.

En 2026, esperamos que más países reconozcan el derecho de los migrantes a trabajar. A medida que los gobiernos se enfrentan a largos retrasos y sistemas sobrecargados, permitir que las personas trabajen y vivan con dignidad puede considerarse cada vez más como parte de la solución.

​5. El papel cada vez más importante del liderazgo basado en la experiencia vivida

Otro cambio que probablemente marcará los debates sobre migración en 2026 es el papel cada vez más importante que desempeñan en la política y la incidencia las personas que han vivido en primera persona la detención migratoria.

Durante muchos años, los debates sobre la detención y la migración estuvieron liderados en gran medida por gobiernos, abogados y expertos en políticas. Eso está empezando a cambiar. Las personas que han sufrido la detención migratoria están hablando públicamente, organizándose en sus comunidades y contribuyendo a los debates sobre políticas.

Los líderes con experiencia vivida están combatiendo la desinformación, compartiendo sus perspectivas y ayudando a poner de manifiesto el coste humano de la detención migratoria. Sus perspectivas también están contribuyendo a dar forma a mejores soluciones, garantizando que las alternativas a la detención reflejen las realidades a las que se enfrentan las personas en la práctica.

Al mismo tiempo, muchas personas siguen excluidas de los espacios donde se toman las decisiones. La representación es desigual, y las personas directamente afectadas por la detención a menudo tienen dificultades para ser incluidas en los procesos políticos.

En 2026, ampliar el papel del liderazgo basado en la experiencia vivida seguirá siendo una parte importante de la construcción de sistemas más justos. Eso significa garantizar que las personas afectadas por la detención sean incluidas de manera significativa en las decisiones que dan forma a las políticas que rigen sus vidas y comunidades.

Las decisiones que nos esperan

El año 2026 no vendrá definido únicamente por las cifras de migración, sino por las decisiones que se tomen.

La detención es perjudicial, costosa e ineficaz y, lo que es más, innecesaria. Ya existen enfoques basados en los derechos y centrados en la comunidad, y funcionan.
La cuestión para el año que viene es si los gobiernos optarán por los datos y la dignidad, o por la política de la división y el miedo.

IDC seguirá trabajando con los gobiernos, la sociedad civil, las agencias de la ONU y las comunidades para promover alternativas a la detención migratoria que sean justas, eficaces y basadas en los derechos humanos, y para empoderar a las personas migrantes y refugiadas para que puedan llevar una vida normal y resolver sus casos con dignidad.

La detención migratoria no es inevitable. Es una elección política. Y en 2026, podemos elegir hacerlo mejor.