La crisis oculta de salud mental que se desarrolla tras los muros de los centros de detención


JP tenía cuatro años cuando ella y su madre fueron detenidas en una redada al amanecer.

La familia se había trasladado de África al Reino Unido -huyendo de los malos tratos domésticos y del riesgo de mutilación genital femenina para JP- y la niña había prosperado en su nuevo hogar. Hacía muchos amigos y era una alumna de alto rendimiento, descrita como «capaz y académicamente superdotada».

Pero una mañana temprano, las autoridades llevaron a JP y a su madre a Yarl’s Wood, un centro de detención migratoria conocido por detener a mujeres, niñas y niños. Allí, JP vio cosas que ningún niño debería ver jamás: violencia contra su madre, trato vejatorio a los manifestantes y familias separadas a la fuerza.

En el centro de detención, las promesas académicas y la exuberancia infantil de JP dieron paso a orinarse en la cama, comer menos y, en última instancia, a una desesperación tan profunda que intentó acabar con su propia vida. Con el tiempo, desarrolló un presunto trastorno de estrés postraumático, así como alteraciones del estado de ánimo y disociación. El daño estaba profundamente arraigado; mucho después de que fuera liberada de los confines físicos del centro, la detención migratoria siguió proyectando una larga sombra sobre la vida de JP y su experiencia como joven en el mundo.

Detención migratoria en la práctica

La historia de JP no es única. La detención migratoria afecta a personas de distintos países del mundo. Esta práctica, que implica el confinamiento de personas mientras esperan decisiones sobre su situación migratoria o mientras aguardan su expulsión, ha sido criticada por su devastador impacto en la salud mental y el bienestar de las personas detenidas, así como de sus seres queridos y familiares.

Aunque las leyes internacionales sugieren utilizar la detención sólo como última y excepcional opción y no detener nunca a menores por cuestiones migratorias, muchos países siguen reteniendo a personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo como práctica habitual.

Las personas recluidas suelen vivir en condiciones similares a las de la cárcel y a menudo con menos salvaguardias que en el sistema penal. En detención, tienen poco acceso a atención médica, asesoramiento jurídico o contacto con el exterior; y la detención afecta no sólo a las personas que están dentro, sino también a sus familias y comunidades, que pierden a sus madres, padres, parejas, amistades y sostén de la familia.

Países como el Reino Unido, Estados Unidos y Australia no fijan ningún límite temporal a la detención, lo que crea una sensación de limbo perpetuo para las personas detenidas. Pero este problema no se limita a un solo país o región, sino que es mundial y afecta a personas de muchas partes del mundo.

Una crisis mundial de salud mental

Los estudios realizados en todo el mundo ofrecen una visión sombría. Un estudio estadounidense descubrió que un asombroso 86% de las personas detenidas mostraban signos de depresión y un 50% presentaban síntomas de TEPT, que empeoraban cuanto más tiempo permanecían confinadas.

Una investigación llevada a cabo en Australia puso de relieve las dificultades mentales y sociales persistentes entre las personas que habían estado detenidas, descubriendo que las personas que habían estado detenidas por motivos de inmigración tenían más de 7 veces más probabilidades de desarrollar un trastorno de estrés postraumático que la media.

En el Reino Unido, los investigadores descubrieron que alrededor de tres cuartas partes de las personas detenidas por motivos migratorios se sentían deprimidas y más de la mitad sufrían ansiedad o TEPT. Para las personas refugiadas y migrantes detenidas, las probabilidades de padecer alguno de estos problemas de salud mental eran aproximadamente el doble en comparación con los que no estaban detenidos.

Una investigación de la Organización Mundial de la Salud e IDC analizó datos de diversos estudios realizados en Europa, demostrando tasas alarmantemente altas de problemas de salud mental relacionados con la detención de inmigrantes. Uno de estos estudios reveló que el 95% de las personas migrantes detenidas declararon tener necesidades insatisfechas que afectaban a su salud mental, como la falta de relaciones íntimas o de actividades dentro del centro de detención y un apoyo limitado para el malestar psicológico o las necesidades de salud física.

No sólo los adultos se llevan la peor parte de estas políticas. Los niños en edad de formación, como JP, son especialmente vulnerables a los perjuicios de la detención.

Las investigaciones del IDC ponen de relieve los efectos negativos de la detención en las niñas y niños: es perjudicial para su salud mental y emocional, y obstaculiza su capacidad de crecer y prosperar. La detención perturba la vida familiar, obliga a las niñas y los niños a vivir en condiciones duras y les quita la estabilidad que necesitan para crecer. Este trauma no sólo les afecta ahora, sino que repercute en su capacidad para desarrollarse, aprender y adaptarse a la sociedad después de salir del centro de detención.

Pero no tiene por qué ser así. Existen alternativas prácticas a la detención que protegen la salud mental y tratan a las personas con dignidad. Muchos países han empezado a utilizar estas alternativas, demostrando que es totalmente posible gestionar la inmigración sin recurrir a la detención y de un modo que sea a la vez compasivo y eficaz.

Alternativas

Alternativas a la detención (ATD) es un término que hace referencia a cualquier ley, política o práctica que reduzca o elimine la detención migratoria y permita a las personas vivir dentro de la comunidad.

En lugar de encarcelar a las personas, se satisfacen sus necesidades básicas -como atención sanitaria, alimentación y vivienda- en la comunidad. Pueden tener acceso a servicios de apoyo, como asistencia jurídica o un asistente social especializado, y se les concede el derecho a trabajar y a acceder a la educación mientras esperan el resultado de su caso.

Vivir en la comunidad cuesta mucho menos que la detención, y las investigaciones demuestran que aumenta el cumplimiento cuando se satisfacen las necesidades básicas de las personas. También están más dispuestas a aceptar la decisión sobre su caso, aunque no sea a su favor. Esto hace que haya menos personas que recurran o intenten entrar de nuevo en el país, lo que contribuye a reducir la presión sobre los sistemas migratorios.

Los estudios constatan sistemáticamente que las personas que participan en programas comunitarios experimentan una mejor salud mental y un mayor bienestar general. Una revisión de programas piloto en Bulgaria, Chipre y Polonia reveló que el apoyo comunitario y la gestión de casos afectaban positivamente al bienestar y la resiliencia de los participantes.

A la vista de estas conclusiones, la petición de alternativas a la detención se convierte no sólo en una sugerencia política, sino en un imperativo moral. Las pruebas demuestran claramente que necesitamos enfoques centrados en la salud mental y el bienestar, que ofrezcan apoyo y compromiso en lugar de confinamiento y aislamiento.

Capítulo siguiente

Mientras el discurso sobre la detención migratoria sigue evolucionando, es crucial centrarse en las historias humanas que lo protagonizan. Detrás de cada política y cada estadística hay gente como JP. Desde los pasillos de Yarl’s Wood hasta las mesas redondas en las que se toman las decisiones políticas, el eco de sus historias sirve de conmovedor recordatorio del coste humano de la detención y del potencial de un enfoque más compasivo.

Adoptar las ATD no es sólo una reforma política; es una declaración de nuestros valores como sociedad. Representa un compromiso con los derechos inalienables, la justicia y la creencia en la dignidad inherente a la vida humana.

*La historia de JP es una adaptación de un estudio de caso recogido en la publicación State Sponsored Cruelty, de Jon Burnet et al.