Descubriendo los riesgos a los que se enfrentan las mujeres y las personas de género diverso en la detención migratoria
Coacción sexual, negligencia médica y violencia de género: las mujeres y las personas de género diverso detenidas por motivos de detención migratoria se enfrentan a vulnerabilidades únicas. Sin embargo, hasta ahora, la realidad de género de la detención migratoria ha sido ampliamente ignorada.
Muchos gobiernos tratan la detención como una medida neutral que se aplica por igual a todos. Pero un nuevo e innovador informe del IDC y ONU Mujeres deja claro que, si bien la detención migratoria es profundamente perjudicial para todas las personas, tiene consecuencias particulares para las mujeres, las niñas y las personas de género diverso.
En su lugar, pedimos a los gobiernos que utilicen alternativas basadas en la comunidad que eviten por completo la detención de las personas. Estos enfoques ya están funcionando en algunos países, ayudando a las personas a vivir en la comunidad con acceso a vivienda, atención sanitaria, educación y asesoramiento jurídico mientras se resuelve su caso de migración.
Estas alternativas a la detención son más seguras, más justas y más eficaces, tanto para las personas que pasan por el sistema como para los gobiernos y los contribuyentes. Las alternativas comunitarias a la detención también tienen en cuenta las cuestiones de género, ya que tienen en cuenta las necesidades específicas y las situaciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan las mujeres, las niñas y las personas de género diverso.
La vida de las mujeres en la detención migratoria
Poner fin a la detención migratoria es una cuestión de derechos de la mujer. Las celdas superpobladas, la comida insuficiente y la falta de saneamiento definen la vida cotidiana de la mayoría de las personas detenidas, pero para las mujeres estas condiciones suponen riesgos adicionales.
Las mujeres tienen necesidades higiénicas específicas y, sin un acceso adecuado a productos menstruales, agua limpia o saneamiento, incluso el cuidado básico se vuelve imposible. La falta de acceso a productos de higiene menstrual puede provocar infecciones, mientras que la falta de agua limpia puede ser desastrosa para las mujeres embarazadas y las madres primerizas.
Las necesidades específicas de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva también se pasan por alto. A menudo hay poco o ningún acceso a métodos anticonceptivos, servicios de aborto o pruebas y tratamiento de infecciones de transmisión sexual.
Muchas mujeres detenidas nunca ven a un médico especialista, incluso cuando están embarazadas o padecen enfermedades crónicas. A menudo, el acceso a la atención ginecológica es prácticamente inexistente, lo que deja a las mujeres sin anticonceptivos, pruebas de detección de ITS o tratamiento para las lesiones relacionadas con la violencia sexual.
Algunas mujeres dan a luz en prisión sin asistencia médica, otras sufren abortos espontáneos en condiciones que violan las normas internacionales de derechos humanos. A las personas transgénero detenidas se les suele negar la terapia hormonal y la atención sanitaria para la reafirmación de género, lo que empeora su salud física y mental.
Para muchas mujeres detenidas, la violencia sexual es una amenaza constante. El informe documenta casos generalizados de violación, coacción y acoso por parte tanto de los guardias como de otras detenidas, propiciados por un entorno en el que la rendición de cuentas es prácticamente inexistente. Los funcionarios varones tienen un poder sin control, y algunos utilizan la coacción sexual a cambio de productos básicos como artículos de higiene. Otros se aprovechan de su acceso a los espacios privados de las mujeres para observarlas mientras se desnudan, se duchan o duermen.
Las personas de género diverso, especialmente las mujeres transgénero y las personas que no se ajustan a las normas de género, suelen correr un mayor riesgo de sufrir abusos y violencia sexual en la detención migratoria. Pueden ser recluidas por la fuerza junto con detenidos varones y, a menudo, sufren acoso por parte de los guardias debido a su divergencia con las normas de género.
Al no existir mecanismos de denuncia significativos, muchas mujeres y personas de género diverso permanecen en silencio, sabiendo que hablar podría acarrearles represalias en lugar de justicia.
Este tipo de trato no solo daña el cuerpo de las mujeres, sino que destruye su bienestar mental. Las mujeres que ya han sufrido la guerra, la trata o la violencia doméstica se ven retraumatizadas en un sistema que las aísla, las deshumaniza y las silencia.
El uso del aislamiento es reconocido por la ONU como una forma de tortura, pero sigue siendo una práctica habitual en muchos centros y, a menudo, se utiliza con las personas trans detenidas con el pretexto de «protegerlas».
Las altas tasas de trastorno por estrés postraumático, ansiedad y depresión están bien documentadas y se ven agravadas por la incertidumbre de la detención indefinida y el limbo perpetuo. Para las madres, la separación familiar añade otra capa de sufrimiento, ya que se ven obligadas a lidiar con la detención sabiendo que sus hijos están fuera de su alcance.
Muchas mujeres pasan meses, incluso años, en estas condiciones, esperando en un limbo legal sin certeza sobre su futuro.
Pero, lo que es más importante, no tiene por qué ser así.
Hacia los derechos y la dignidad de las mujeres personas migrantes y refugiadas
Trabajamos junto con gobiernos, la sociedad civil, personas con experiencia vivida y agencias de la ONU para introducir alternativas comunitarias y no privativas de libertad que apoyen a las personas a lo largo de los procesos de migración sin recurrir a la detención, no solo para las mujeres y las personas de género diverso, sino para todas las personas.
En la práctica, las alternativas que respetan los derechos humanos implican apoyar a las personas para que vivan libremente en la comunidad, donde pueden acceder a asesoramiento jurídico, ayuda para la vivienda, atención sanitaria, educación y otros servicios. Este enfoque proporciona a las personas las herramientas que necesitan para participar en los procesos de migración y seguir adelante con sus vidas con seguridad y dignidad.
Algunos países ya prohíben totalmente la detención migratoria. Ecuador y Uruguay no detienen a los migrantes, mientras que Colombia se ha centrado en regularizar la situación migratoria de las personas, permitiéndoles acceder a derechos y servicios, en lugar de detenerlas. En estos contextos, las mujeres no son sometidas a confinamiento. Pueden permanecer con sus familias, acceder a la atención sanitaria y vivir con mayor seguridad durante una época de incertidumbre. Otros países, como el Reino Unido y Australia, conceden estatus y visados a las sobrevivientes de violencia sexual y de género.
Mientras tanto, otros gobiernos están avanzando en esta dirección al prohibir la detención de determinados grupos de mujeres, lo que supone un importante paso político. Varios países de Asia, como Taiwán, Hong Kong, Kazajistán e Indonesia, cuentan con políticas que prohíben específicamente la detención migratoria de mujeres embarazadas. Esto reconoce que la detención es un entorno inaceptable para las mujeres embarazadas y que es necesario dar prioridad a su atención y acceso a los servicios de salud reproductiva.
Es fundamental que las alternativas a la detención funcionen. Las investigaciones demuestran que los modelos basados en la gestión de casos, en los que los migrantes reciben orientación jurídica y apoyo social, permiten resolver los casos de migración de forma más rápida y eficaz. Además, son menos costosos, alivian la presión sobre los servicios públicos y evitan los devastadores daños físicos y mentales asociados al confinamiento.
Los gobiernos justifican la detención migratoria como una herramienta necesaria para hacer cumplir la ley, pero las pruebas demuestran lo contrario. El informe del IDC y ONU Mujeres deja claro que la detención de mujeres es perjudicial e innecesaria.
La detención migratoria priva a las mujeres de su seguridad, las despoja de sus derechos y les inflige un daño duradero que se extiende mucho más allá de los muros de los centros de detención migratoria. Los gobiernos no están obligados a detener a las mujeres personas migrantes y refugiadas; lo hacen por elección propia. Y podrían elegir otra cosa.
Este cambio es posible. Nuestro informe histórico muestra que ya se está produciendo en diferentes partes del mundo. Lo que se necesita ahora es un compromiso para actuar y poner en primer plano la seguridad, los derechos y la dignidad de las mujeres personas migrantes y refugiadas.
