Lo que este momento significa para los derechos humanos y para el futuro
En los últimos meses, se ha vuelto imposible ignorar la represión de la migración en Estados Unidos.
Cada día aparecen nuevas noticias sobre agentes armados, detenciones masivas y violencia extrema. Se están llevando a cabo redadas de migración en lugares de trabajo, hogares, hospitales y colegios. Y la detención migratoria se ha convertido en algo muy visible, muy simbólico y en un punto de fricción político.
Para muchas personas —tanto dentro como fuera de EE. UU.—, la magnitud y la intensidad de lo que está ocurriendo resultan alarmantes. Para otras, parece la culminación de una deshumanización prolongada y sostenida de las personas migrantes y refugiadas. Sea como sea, lo que suceda a continuación en Estados Unidos tiene repercusiones mucho más allá de sus fronteras.
Estados Unidos ya cuenta con el mayor sistema de detención migratoria conocido en el mundo. Cada día hay decenas de miles de personas detenidas, simplemente por su situación migratoria.
La detención se utiliza mientras las personas esperan decisiones sobre solicitudes de asilo, de visado o sobre procedimientos de expulsión. Las personas pueden ser detenidas en prisiones o en lugares que se asemejan a prisiones durante períodos de tiempo indeterminados y sin acceso a un abogado.
Estudios de todo el mundo demuestran el daño que puede causar la detención migratoria. Un estudio estadounidense reveló que un asombroso 86 % de las personas detenidas mostraba signos de depresión y que el 50 % presentaba síntomas de trastorno de estrés postraumático (TEPT), que empeoraban cuanto más tiempo permanecían recluidas.
La propia investigación de IDC muestra que la detención migratoria es especialmente perjudicial para los niños. Separa a las familias, obliga a los niños a vivir en condiciones duras, les priva de la estabilidad que necesitan para crecer y los coloca en situaciones que nunca redundan en su interés superior.
Es más, la detención migratoria es enormemente costosa; de hecho, es una industria que mueve miles de millones de dólares. El coste medio diario de detener a un adulto no ciudadano en EE. UU. es de 164,65 dólares, y en 2024 el Congreso destinó una financiación de aproximadamente 3.400 millones de dólares para sostener este sistema inhumano e ineficaz.
Estados Unidos tiene una larga historia de detención migratoria. Pero lo que ha cambiado en los últimos meses es la magnitud, la visibilidad y la violencia descarnada de la gestión migratoria en el país.
Se están construyendo o ampliando nuevas instalaciones. Las operaciones de detención migratoria cuentan con el acompañamiento de equipos de las fuerzas del orden fuertemente armados. Incluso ha habido repetidos informes de muertes en centros de detención migratoria y bajo custodia de migración, cada una de las cuales plantea serias dudas sobre la seguridad, la supervisión y la necesidad de estas medidas.
Además, el lenguaje utilizado por los funcionarios presenta cada vez más a los migrantes como una amenaza para la seguridad nacional, en lugar de como seres humanos con derechos y dignidad inherentes.
Este cambio no es casual. En EE. UU., la aplicación de la ley de migración se ha convertido en un espectáculo público y político. Pretende transmitir un mensaje de dureza, control y disuasión, pero las pruebas son claras: la detención migratoria no crea sistemas migratorios más seguros, justos ni eficaces. Por el contrario, perjudica a las personas, a las familias y a la sociedad en su conjunto.
Cuando la gestión migratoria se asemeja a una guerra
Una de las características más llamativas del momento actual es la militarización de la gestión migratoria.
Las imágenes de las operaciones de control reflejan operaciones militares. Los agentes visten equipo táctico. Se despliegan vehículos, helicópteros y equipos de vigilancia de una forma que se asocia más comúnmente con un conflicto armado que con la administración civil. Se habla de la migración utilizando un lenguaje de invasión, amenaza y control.
Este enfoque tiene consecuencias. Cuando la migración se trata como una emergencia de seguridad, resulta más fácil justificar medidas excepcionales. Se debilitan las garantías. Se reduce la supervisión. Las personas atrapadas en estos sistemas ya no se consideran individuos con derechos, sino riesgos que hay que gestionar.
En el centro de este sistema se encuentra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuyos poderes y presencia en EE. UU. han crecido de forma constante con el tiempo. Lo que comenzó como un organismo de control relativamente limitado se ha convertido en un vasto aparato responsable de la vigilancia, la detención, el encarcelamiento y la expulsión.
Las personas emigran porque huyen de la violencia, la persecución, la pobreza o la inestabilidad. La detención no aborda estas causas. Lo que sí hace es causar sufrimiento, a menudo a personas que no suponen ningún riesgo y que simplemente buscan seguridad o estabilidad.
En este contexto, la detención se convierte en un espectáculo político. Su función no es gestionar la migración de forma eficaz, sino demostrar fuerza. El espectáculo importa más que el resultado.
La erosión generalizada de los derechos
Aquí existe un riesgo más profundo. La historia demuestra que, cuando los gobiernos normalizan medidas excepcionales para un grupo, esas medidas rara vez se limitan a ese grupo. La erosión de los derechos de los migrantes suele preceder a una erosión más amplia de los derechos humanos.
La aplicación de la ley basada en el miedo socava la confianza en las instituciones públicas. Las comunidades se retraen. Se restringe el acceso a la sanidad, la educación y la justicia, y el Estado de derecho se debilita no solo para los migrantes, sino para todos.
Esa es una de las razones por las que lo que está ocurriendo ahora mismo en EE. UU. tiene tanta repercusión. La gente reconoce el patrón y entiende que los sistemas basados en la deshumanización rara vez se detienen en sus objetivos originales.
Y lo que es más, lo que ocurre en Estados Unidos rara vez se queda allí.
La política migratoria de EE. UU. lleva mucho tiempo marcando los enfoques regionales y globales. Las políticas, las tácticas y los modelos de aplicación desarrollados en EE. UU. suelen tener un efecto dominó en otros lugares, especialmente en toda la región.
Uno de los ejemplos más perjudiciales de esta tendencia es la «externalización», un enfoque en el que la responsabilidad del control migratorio se traslada más allá de las fronteras de un país. En el contexto estadounidense, esto ha supuesto una presión cada vez mayor sobre los países vecinos y los de otras regiones para que intercepten, detengan o devuelvan a las personas antes de que lleguen al territorio estadounidense.
Países de toda Centroamérica, así como de África, están sufriendo ahora las consecuencias. Los sistemas de detención se han ampliado y han aumentado las devoluciones y los traslados a terceros países. En algunos casos, las personas quedan abandonadas en condiciones inseguras, expuestas a la violencia, la explotación y la desaparición forzada.
Existen Alternativas
Esta historia resulta terriblemente familiar, pero el desenlace no es, en absoluto, inevitable. En todo Estados Unidos, en la región y más allá, la gente se resiste y sigue poniendo el foco en las Alternativas.
Las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades de migrantes, los defensores de los derechos, los periodistas y la ciudadanía en general están denunciando los abusos, documentando los daños y plantando cara de diferentes maneras. Los jueces han intervenido, las comunidades se han organizado y las familias han alzado la voz.
Durante décadas, IDC y nuestros miembros hemos abogado por alternativas a la detención que sean humanas, eficaces y mucho menos costosas. Entre ellas se incluyen el alojamiento en la comunidad, la gestión de casos, el acceso al asesoramiento jurídico, la asistencia sanitaria, la educación y el apoyo social.
Estos enfoques funcionan porque tratan a las personas como participantes en un proceso, no como problemas que hay que contener. Mantienen unidas a las familias y las comunidades, y favorecen el cumplimiento de los procedimientos de migración.
IDC colabora con una red global de organizaciones y personas que promueven estas soluciones en contextos reales. Y esta perspectiva es importante: permite que las lecciones se transmitan en una dirección diferente, partiendo de la evidencia y la práctica en lugar del miedo y la fuerza.
Estados Unidos se encuentra en una encrucijada. Las decisiones que se tomen ahora determinarán no solo su propio sistema migratorio, sino también la dirección de la gobernanza migratoria en todo el mundo.
¿Seguirá expandiéndose la detención como herramienta de espectáculo y control, o invertirán los gobiernos en enfoques basados en la evidencia? La respuesta es importante para millones de personas, y lo es también para el tipo de sociedades que construyamos para el futuro.
Lo que suceda a continuación vendrá determinado por el escrutinio público, la solidaridad y la voluntad de elegir un futuro mejor: uno en el que la gestión migratoria tenga como eje central los derechos humanos, la dignidad y la justicia.
