Los refugiados de Myanmar que se encuentran en los campamentos fronterizos de Tailandia podrán ahora trabajar de forma segura y legal por primera vez

 

En una obra en el este de Tailandia, dos jóvenes de Myanmar están empezando una vida que antes les estaba vedada.

Sakaliya tiene 21 años y Ah Rapat acaba de cumplir 18. Se conocieron de niños en Mae La, uno de los campamentos de refugiados más antiguos situados cerca de la frontera de Tailandia con Myanmar. Años más tarde, vuelven a estar juntos, no como compañeros de campamento, sino como compañeros de trabajo.

En declaraciones al ACNUR, Sakaliya afirmó: «Quiero tener una vida mejor, y también para mis hermanas… Quiero que tengan acceso a la educación y, más adelante, a buenos trabajos».

Ambas se encuentran entre las primeras personas a las que se les ha concedido un permiso de trabajo en virtud de la nueva política de Tailandia, que permite a los refugiados que viven en nueve de los campamentos fronterizos del país trabajar legalmente y obtener ingresos.

Los campamentos situados a lo largo de la frontera entre Tailandia y Myanmar llevan décadas en funcionamiento. Generaciones enteras han vivido y crecido en ellos, pero los refugiados en Tailandia nunca habían tenido derecho a trabajar, hasta ahora.

El reciente cambio de política de Tailandia ha abierto una puerta que llevaba décadas cerrada. Durante años, los refugiados no podían ganar dinero legalmente, moverse con libertad ni labrarse una vida independiente fuera de los campamentos. Las familias dependían en gran medida de la ayuda humanitaria y de los fondos de los contribuyentes.

En 2025, la presión sobre las comunidades de refugiados en los campamentos se intensificó. Los recortes en la financiación internacional redujeron el apoyo destinado a la alimentación, la asistencia sanitaria y otras necesidades básicas. Las vías de reasentamiento también se volvieron más limitadas, lo que dejó menos opciones a largo plazo para las personas que ya llevaban años esperando.

Al mismo tiempo, Tailandia se enfrentaba a una escasez de mano de obra relacionada con el conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya. En conjunto, estas presiones reforzaron los argumentos a favor de un enfoque más práctico: permitir que los refugiados que ya vivían en Tailandia trabajaran legalmente, viajaran con mayor libertad, mantuvieran a sus seres queridos, desarrollaran una carrera profesional y se mantuvieran por sí mismos de forma plena y digna.

Por qué es importante el trabajo

 

Para muchas personas, el trabajo es algo cotidiano. Sirve para pagar la comida, el material escolar, el transporte, los medicamentos, el saldo del móvil y los gastos diarios de la vida familiar. Pero para los refugiados que han pasado años —o incluso toda su vida— excluidos del mercado laboral, el trabajo puede significar algo más básico: la autonomía personal.

Sin un trabajo legal y con un apoyo humanitario cada vez más escaso, los refugiados pueden verse obligados a recurrir a mecanismos de supervivencia peligrosos, como empleos informales e inseguros, en los que a menudo se les paga mal, se les explota y no pueden pedir ayuda.

El derecho al trabajo cambia esa ecuación. No lo resuelve todo —el trabajo no puede borrar el trauma del desplazamiento ni la inseguridad de una situación temporal—. Y es importante que este trabajo sea digno y no explotador, y que los refugiados reciban una remuneración justa por el trabajo que realizan. Pero el trabajo decente puede proporcionar a las personas una forma legal y unos medios dignos para mantenerse y contribuir a la sociedad.

Además, cuestiona una narrativa errónea y perjudicial sobre los refugiados: que son pasivos, dependientes o una carga.

La realidad es mucho más sencilla. La gente quiere trabajar. Quiere ganarse la vida por sus propios medios siempre que pueda. Quiere utilizar sus habilidades, aprender otras nuevas, encontrar un trabajo significativo y mantener a las personas que dependen de ellos. Cuando se les impide hacerlo, el problema no es la falta de voluntad. Es el sistema que les rodea.

Y impedir que los refugiados trabajen no solo perjudica a las personas, sino que también es perjudicial para los países de acogida y sus economías. Muchos países de acogida tienen necesidades laborales reales. Muchos de ellos también cuentan con poblaciones que envejecen y una mano de obra en declive. En lugares donde la ayuda humanitaria ya está al límite de su capacidad, impedir que las personas trabajen también puede agravar la dependencia a largo plazo de la ayuda, incluso cuando las personas están preparadas y son capaces de mantenerse por sí mismas.

Permitir que las personas trabajen legalmente ofrece una respuesta práctica a ambas realidades: los refugiados necesitan ingresos y los empleadores necesitan trabajadores.

Además, proporciona a los gobiernos y a los empleadores una mayor visibilidad sobre el trabajo que, de otro modo, podría realizarse de manera informal, lo que facilita el cumplimiento de las protecciones laborales, la prevención de abusos y la garantía de que las personas puedan contribuir mediante los impuestos y el gasto local.

Cuando las personas pueden trabajar en condiciones justas, se sienten menos aisladas. Conocen a vecinos y compañeros de trabajo. Aprenden el idioma a través de la interacción diaria. Adquieren confianza a la hora de desenvolverse en sistemas cotidianos como la banca, el transporte, la sanidad y el empleo. Para algunos, también puede abrir vías hacia la formación, el emprendimiento y una vivienda más estable. Sus hijos ven a los adultos construyendo un futuro en lugar de esperar indefinidamente a que este llegue.

Las comunidades de acogida también se benefician. Las personas que ganan dinero lo gastan en la zona. Pagan por bienes y servicios, contribuyen a la economía local y ayudan a sus familiares. Las empresas cuentan con trabajadores que desean unos ingresos estables y tienen una situación legal reconocida. De ahí la importancia de un trabajo digno y libre de explotación. Las comunidades son más fuertes cuando las personas no se ven obligadas a vivir en la clandestinidad.

Por eso el acceso al trabajo no debe considerarse únicamente una cuestión de refugiados. También es una cuestión económica, de bienestar y una cuestión comunitaria y social. Cuando los refugiados tienen un trabajo justo y digno, todos salen ganando.

Lo que el ejemplo de Tailandia puede enseñar al mundo

 

En junio de 2026, el ACNUR informó de que más de 5 500 refugiados se habían incorporado a la población activa desde que se promulgó la política sobre el derecho al trabajo en agosto de 2025. Actualmente se están expidiendo por fases documentos de identidad oficiales para personas no tailandesas, lo que ayuda a los refugiados de Myanmar a viajar con seguridad, abrir una cuenta bancaria, acceder a servicios y acreditar su identidad.

La puesta en práctica seguirá determinando hasta dónde llega la promesa de esta política.

Las personas necesitan información clara en idiomas que comprendan. Los empleadores necesitan procesos justos basados en el trabajo decente. Los trabajadores necesitan protección frente a los intermediarios, las deudas, los salarios insuficientes y las condiciones inseguras, así como empleos en el mercado formal y apoyo para desarrollar sus carreras profesionales.

Las familias también necesitan atención, ya que muchos trabajadores dejarán atrás a sus padres, cónyuges, hijos o hermanos en los campamentos. Muchos refugiados que se incorporan al mercado laboral por primera vez necesitan apoyo y formación. También hay personas que siguen excluidas, como los refugiados no registrados y los refugiados urbanos. En resumen, todos los derechos laborales deben aplicarse de forma más inclusiva.

Al mismo tiempo, no todos los refugiados podrán trabajar. Entre ellos se encuentran los niños, las familias monoparentales con responsabilidades de cuidado, las personas mayores, las personas con discapacidad y aquellas con enfermedades crónicas u otras afecciones de salud. Para estos grupos, la ayuda humanitaria y la protección social seguirán siendo esenciales. Si bien ampliar el acceso a medios de subsistencia es un paso fundamental hacia la autosuficiencia, debe seguir existiendo un apoyo específico para garantizar que los más vulnerables no se queden atrás.

Aun así, este cambio es importante porque muestra una forma diferente de abordar la migración.

Con demasiada frecuencia, los gobiernos responden a las personas que buscan seguridad restringiendo su libertad de movimiento, privándolas de acceso al trabajo o internándolas en centros de detención o de acogida temporal durante mucho tiempo mientras se toman decisiones sobre su futuro. Estas políticas perjudican a las personas. Separan a las familias y las comunidades, perjudican la salud y dejan a las personas sin medios para mantenerse.

Los modelos basados en la comunidad adoptan un enfoque diferente. Permiten a las personas vivir con dignidad mientras se resuelve su caso, con acceso a apoyo básico, información clara, educación, asistencia sanitaria y trabajo. Los datos del IDC muestran que, cuando las personas pueden satisfacer sus necesidades y comprenden el proceso de migración, están en mejores condiciones de mantenerse involucradas en dicho proceso.

En pocas palabras: las personas son más propensas a participar en un sistema cuando se las trata como personas, no como problemas.

El éxito del programa tailandés sobre el derecho al trabajo podría trazar un camino a seguir para otras naciones de la región que actualmente están explorando los derechos laborales de los refugiados, como Malasia e Indonesia.

Pero es importante reconocer que el cambio en Tailandia no se produjo de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de trabajo incansable por parte de organismos gubernamentales, la sociedad civil, el ACNUR, organizaciones internacionales, parlamentarios, el mundo académico, donantes y comunidades de refugiados, que no dejaron de defender que el desempleo de larga duración estaba perjudicando a las personas y desperdiciando su potencial.

El IDC fue una parte importante de ese esfuerzo colectivo, colaborando con otros para fomentar el diálogo con el Gobierno, compartir datos y ofrecer soluciones prácticas que funcionen para los responsables políticos, la ciudadanía y los refugiados.

Mirando hacia un futuro más prometedor

 

Para Sakaliya, Ah Rapat y otros refugiados, la nueva política no es un modelo abstracto. Es un nuevo capítulo, con nuevas oportunidades para la independencia. Y para Tailandia, es la prueba de que el progreso es posible, incluso en problemas de larga duración que antes parecían insolubles.

El derecho al trabajo no pondrá fin al desplazamiento. No eliminará la necesidad de protección, seguridad o soluciones a largo plazo. Pero contribuirá a promover los derechos humanos y la dignidad de quienes viven en las circunstancias más difíciles.

Cuando a los refugiados se les permite trabajar, no solo ganan un salario. Están reconstruyendo aquellos aspectos cotidianos de la vida que el desplazamiento les arrebata: la rutina, un propósito, la dignidad, la independencia, el sentido de pertenencia y la oportunidad de contribuir.

Para miles de refugiados de Myanmar, el cambio ya se está notando de forma tangible. Una primera nómina. Una remesa enviada a casa. Una hermana pequeña que puede seguir yendo al colegio. Y tras años de espera, estas no son cosas sin importancia. Son la base misma de nuevas esperanzas y posibilidades