El cambio climático está provocando el desplazamiento de millones de personas. Las políticas disuasorias y hostiles no son la solución
La crisis climática está transformando el mundo que nos rodea. El aumento de las temperaturas, los fenómenos meteorológicos extremos y el deterioro medioambiental están provocando el desplazamiento de personas a una escala sin precedentes.
¿Qué ocurre cuando una inundación destruye un hogar, cuando una granja ya no puede mantener a una familia, cuando el agua potable escasea o cuando el calor se vuelve peligroso para trabajar? Cuando quedarse donde se está ya no es seguro, la gente se marcha.
Aquí es donde la justicia climática y la justicia migratoria se cruzan. Y, a medida que el cambio climático obliga a un número cada vez mayor de personas a abandonar sus hogares y comunidades, ese debate cobra más importancia que nunca.
El cambio climático ya está condicionando los movimientos de la población
El cambio climático no es un problema del futuro. Ya está afectando a cómo y por qué se desplazan las personas.
Algunas personas se ven desplazadas por fenómenos repentinos como inundaciones, tormentas, incendios forestales o ciclones. Otras se marchan más lentamente, después de que años de sequía, malas cosechas, subida del nivel del mar o calor extremo hayan mermado sus medios de vida. A veces las personas se desplazan dentro de su propio país y otras veces cruzan fronteras; a menudo, los motivos son diversos. Y la presión climática suele ir de la mano de la pobreza, los conflictos, la discriminación o la inestabilidad política.
El debate público suele buscar una única razón por la que alguien se ha desplazado, pero la vida real no es así. Una familia puede marcharse porque las sequías repetidas han destruido sus ingresos, porque los alimentos se han vuelto inasequibles, porque el conflicto local se ha agravado o porque todas esas cosas están ocurriendo a la vez.
El cambio climático hace que sea más difícil sobrevivir a las presiones existentes. Forma parte de un patrón más amplio en el que los impactos medioambientales agravan la desigualdad y se entrecruzan con presiones políticas, sociales y económicas, lo que empuja a las personas a desplazarse en busca de seguridad y dignidad.
La mayor parte de los desplazamientos tiene lugar lejos del foco de atención política
En Occidente, los discursos políticos y mediáticos suelen centrarse en las personas que emigran hacia países más ricos. Sin embargo, la mayoría de las personas desplazadas por conflictos, desastres u otras crisis permanecen dentro de su propio país o en países vecinos.
Las comunidades más expuestas a los daños climáticos suelen encontrarse en lugares con menos recursos para adaptarse o recuperarse. Esto significa que los países de renta baja y media acogen a la mayoría de las personas desplazadas por el cambio climático.
También significa que la idea de una «crisis migratoria» que amenaza al Norte global simplemente no refleja la realidad. Sin embargo, este enfoque se utiliza a menudo para justificar políticas de línea dura —como la ampliación de la detención migratoria y el rechazo de alternativas, o como el envío de personas a otros países o su interceptación en el mar—. Ya estamos viendo cómo este tipo de enfoque se afianza cada vez más a medida que crece el número de personas desplazadas por inundaciones, hambrunas, sequías y desastres.
Las políticas no han seguido el ritmo de la realidad
Las leyes internacionales y las políticas nacionales actuales no conforman un sistema claro ni coherente para gestionar la migración en el mundo moderno. Están sometidas a presión, están plagadas de lagunas y, con demasiada frecuencia, se centran en mantener a las personas fuera en lugar de protegerlas.
Las personas que se desplazan en el contexto del cambio climático suelen haber sufrido traumas graves. Es posible que hayan perdido su hogar, su medio de vida, sus tierras y su comunidad. Sin embargo, muchas siguen quedando al margen de los actuales sistemas de protección.
El derecho internacional reconoce como «refugiados» a muchas personas que huyen de la persecución, la guerra y los conflictos, lo que les otorga ciertos derechos. Esto también puede facilitarles el traslado legal a otro país.
Sin embargo, los marcos jurídicos actuales siguen presentando graves lagunas, especialmente para las personas desplazadas a través de las fronteras en el contexto del cambio climático. Y si no están clasificadas oficialmente como «refugiados», los migrantes pueden estar más expuestos a la detención, la deportación y una incertidumbre prolongada.
En la práctica, esto significa que las personas pueden tener una necesidad muy real de seguridad, pero carecen de una vía segura y legal para migrar o conseguir un estatuto, porque el sistema simplemente no está diseñado teniendo en cuenta los efectos del cambio climático.
Cuando falla la protección, se intensifica la represión
Cuando los sistemas no logran responder al movimiento de personas de una manera práctica y basada en los derechos humanos, a menudo recurren al castigo.
Esto puede traducirse en controles fronterizos más severos o en acuerdos que transfieren la responsabilidad a otros países. Puede significar la deportación, la tramitación fuera del territorio nacional, la vigilancia y —por supuesto— la detención migratoria.
La detención migratoria consiste en encarcelar, retener o restringir de cualquier otra forma la libertad de una persona mientras espera una decisión sobre su derecho a permanecer y vivir en un país. Las personas pueden ser detenidas en prisiones o en lugares que se asemejan a prisiones durante períodos de tiempo indeterminados, con asistencia jurídica limitada y aisladas de su familia, su trabajo, sus estudios y su vida cotidiana.
La detención es uno de los ejemplos más claros de cómo se trata la migración como algo que hay que disuadir, en lugar de como algo que hay que gestionar de forma justa. Y no solo es cruel e injusta, sino que también es totalmente ineficaz.
La detención como medida disuasoria simplemente no funciona, porque no aborda en absoluto las razones por las que las personas se desplazan en primer lugar. La detención no hace crecer los cultivos; no proporciona agua limpia ni evita las inundaciones. No impide que las personas se desplacen, sino que simplemente las empuja a tomar rutas más peligrosas para evitar ser detectadas, lo que agrava los riesgos a los que se enfrentan durante el viaje.
IDC lleva mucho tiempo defendiendo que las políticas deben basarse en datos empíricos. Y los datos demuestran que la detención es cara, perjudicial e ineficaz, pero que existen alternativas más justas, seguras, económicas y eficaces.
Hay una forma mejor
La respuesta al desplazamiento climático no es construir más centros de internamiento, fronteras más estrictas o más sistemas de internamiento en alta mar. Es crear sistemas migratorios que sean justos, humanos, asequibles y eficaces.
Aquí es donde entran en juego las alternativas al internamiento.
Las alternativas al internamiento son leyes, políticas y prácticas que garantizan que las personas no sean internadas por su situación migratoria. Esto podría incluir leyes que prohíban la detención de menores, políticas que ofrezcan alojamiento en la comunidad a las personas solicitantes de asilo, o sistemas que ayuden a las personas migrantes y refugiadas a acceder a la educación, el empleo y la asistencia sanitaria.
Estos sistemas ya existen en muchos lugares del mundo. Y los resultados muestran claramente que funcionan mejor para las personas migrantes y refugiadas, para los gobiernos y para los contribuyentes. No solo son más respetuosos y más humanos, sino que también son mucho más prácticos y asequibles que los centros de detención.
Pero las alternativas a la detención son solo parte de la solución. A medida que más personas cruzan las fronteras en el contexto del cambio climático, también necesitamos vías seguras y regulares para que las personas no se vean obligadas a emprender viajes peligrosos ni se queden sin otra opción que el desplazamiento irregular —como las travesías en barco o las largas caminatas por el desierto—.
Necesitamos sistemas de protección que reflejen la realidad de por qué se desplazan las personas, junto con una cooperación regional basada en la responsabilidad compartida, no en la disuasión. Necesitamos una evaluación temprana de la vulnerabilidad para identificar y proteger a los niños, las familias, los supervivientes de la violencia, las personas con discapacidad y otras personas en mayor situación de riesgo. Y necesitamos un apoyo basado en la comunidad que permita a las personas vivir con dignidad mientras se resuelve su caso.
Así es como se presenta una respuesta basada en los derechos: tratar a las personas como seres humanos, no como amenazas, y construir sistemas que sean justos, viables y basados en la evidencia, en lugar de en el miedo.
La justicia climática no puede detenerse en la frontera
La crisis climática ya está provocando desplazamientos de personas. Esa realidad no se resolverá fingiendo que los movimientos de población pueden detenerse, externalizarse o ocultarse de la vista.
Si los gobiernos siguen respondiendo a la migración relacionada con el clima con la detención, la deportación y la externalización, no harán más que agravar el daño causado por la crisis climática.
La justicia climática no puede limitarse a reducir las emisiones. También debe incluir la protección, la dignidad y el derecho de las personas a desplazarse con seguridad cuando ya no sea posible quedarse.
Eso significa colmar la brecha de protección y rechazar la detención y la disuasión como respuesta por defecto. Significa tratar a las personas migrantes y refugiadas como seres humanos, no como amenazas que hay que gestionar. Y significa garantizar sistemas que reflejen la realidad de por qué se desplazan las personas y cómo el cambio climático afecta a sus vidas.
IDC es el movimiento líder a nivel mundial para poner fin a la detención migratoria.
Y nos centramos en las soluciones. Existen formas más justas, más económicas y más eficaces de abordar la gestión de la migración; por eso trabajamos para ofrecer alternativas prácticas.
A través del cambio de políticas, IDC ha ayudado a prevenir abusos contra los derechos humanos y ha garantizado un futuro mejor para las personas migrantes y refugiadas en todo el mundo.
Únete a nosotros y ayuda a que la detención migratoria pase a la historia.
