Coordinación local con miras a implementar una ruta nacional de protección como una forma de evitar la detención de la niñez y adolescencia migrante.

El gobierno de México cerró el 2019 con la inmensa deuda de haber privado de su libertad a 51,999 niños, niñas y adolescentes migrantes, un incremento de 77.7% comparado al año previo. Atendiendo a la prohibición contenida en el Reglamento de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que ningún menor de 18 años debe ser detenido por motivos migratorios, la Comisión de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes (Comisión de Protección) arrancó el 2020 con un plan para implementar la recién elaborada Ruta de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Movilidad apoyado por las organizaciones civiles integrantes de esa comisión.

Si bien la emergencia sanitaria llegó a interrumpir avances en coordinación y prioridades, como en muchos países, el uso de tecnologías ha permitido continuar el trabajo coordinado de atención e incidencia de las organizaciones civiles junto con las autoridades a favor del derecho a la libertad personal de los niños, niñas y adolescentes migrantes. La Comisión de Protección ha tenido que ajustar y reorganizar sus labores considerando la emergencia sanitaria, pero al mismo tiempo la urgencia de implementar en los 32 estados de la República Mexicana la Ruta de Protección que tiene como ejes centrales la no detención migratoria y la canalización a distintos modelos de cuidados alternativos con un enfoque de gestión de casos.

El Covid 19 sorprendió a México con las estaciones migratorias llenas, inclusive con presencia de niños, niñas y adolescentes migrantes. Desafortunadamente, su liberación por parte de las autoridades migratorias no respondió a un programa emergente de alternativas a la detención sino que muchos fueron trasladados a sus países de origen, siempre que las restricciones en las fronteras lo permitieron. Ante este preocupante panorama, la Comisión de Protección inició un programa de conversatorios virtuales que tienen como objetivo escuchar las necesidades de autoridades estatales y organizaciones de la sociedad civil locales para generar una respuesta nacional ante la pandemia. Asimismo, la intención final es asegurarse de que cada estado establezca una comisión similar que tenga como actividad principal la implementación de la Ruta de Protección y la promoción de modelos de cuidados alternativos para niñez y adolescencia migrante.

El primer conversatorio tuvo un alcance nacional con más de 140 participantes, en su mayoría autoridades de protección de infancia, migratorias y de asilo,  donde se habló de las recomendaciones emitidas por organismos internacionales en materia migratoria para la protección efectiva de la niñez y adolescencia migrante ante el context del Covid. IDC compartió las Recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre alternativas a la detención de migrantes de la Red de Migración de Naciones Unidas, que buscan garantizar la salud de las personas en situación de movilidad humana que se encuentran detenidas o en riesgo de detención. Dichas recomendaciones incluyen: poner fin a la detención migratoria, adoptar moratorias al uso de la detención migratoria e incrementar las alternativas a la detención migratoria no privativas de la libertad.

A este conversatorio le han seguido otros con autoridades locales de los estados de Chiapas, Baja California y Coahuila, que han enfatizado en la necesidad de una mejor coordinación entre autoridades de protección de infancia y autoridades migratorias y de asilo para garantizar que las niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad no estén privados de la libertad en estaciones migratorias. Se han presentado algunos modelos de cuidados alternativos y se han compartido obstáculos por parte de la sociedad civil para adoptar la Ruta de Protección con un énfasis en la gestión de casos. Seguirán conversatorios con los estados de Tlaxcala, Sonora entre otros.

México sigue enfrentando retos importantes en la protección de niñez y adolescencia en situación de movilidad, como la dificultad de coordinación entre autoridades (existen más de mil autoridades de protección en el país con facultades para atender a niñez y adolescencia migrante), la falta de recursos, sin olvidar la facultad que tiene por ley la autoridad migratoria a ingresar a los niños, niñas y adolescentes a las estaciones migratorias previa a su canalización a las procuradurías de protección.

Los esfuerzos que realiza la Comisión de Protección, apoyada por IDC y sus organizaciones miembros y aliados, abren la posibilidad de desarrollar modelos efectivos, establecer mecanismos de coordinación y generar datos y evidencias sobre una mejor atención de niñez y adolescentes. Al centro, garantizar la libertad de esta población y su canalización a modelos de cuidados alternativos que les permita vivir en comunidad y con el acompañamiento de diversas instancias que permitan la restitución de todos sus derechos.