Declaración de la IDC: Ciudad de México, 4 de abril de 2023

La tragedia de la semana pasada en México evidencia una vez más la culminación de décadas de leyes, políticas y prácticas que priorizan el control migratorio sobre los derechos y las vidas de los seres humanos. Lo anterior, demuestra claramente el impacto potencialmente mortal de implementar sistemas de gobernanza migratoria que se basan en el control y la aplicación de normas que priorizan la seguridad nacional por encima de los derechos humanos: personas despojadas de su humanidad, incluso frente a la muerte. 

La Coalición Internacional contra la Detención (IDC, por sus siglas en inglés) se solidariza con las víctimas y sobrevivientes de esta violencia, junto con sus familias, comunidades, personas defensoras de los derechos humanos y aquellas que reconocen la necesidad urgente de proteger y honrar la vida humana y abolir la detención migratoria en todo el mundo. 

En la noche del 27 de marzo, se produjo un incendio en una celda cerrada con candado del centro de detención migratoria de la ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM) de México. Este incendio cobró la vida de al menos 38 personas que migraban de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Venezuela, e hirió a otras 29 que actualmente están siendo tratadas en el hospital. La evidencia disponible hasta la fecha indica que esta trágica pérdida de vidas humanas podría haberse evitado de inmediato si se hubieran establecido e implementado protocolos de emergencia (incluido el acceso a una salida de emergencia) y la puerta de la celda no hubiera estado cerrada con candado. Cuando IDC visitó el centro de detención de Juárez en septiembre de 2022, observamos de primera mano el evidente hacinamiento en un espacio pequeño, sin ventilación ni luz natural, así como el impacto negativo en la salud mental de las personas causado por el maltrato sistemático y la deshumanización, así como la falta de acceso a la información sobre sus casos. 

Lamentablemente, esta tragedia no es un incidente aislado. Todas y cada una de las pérdidas de vidas de las personas que migran a México podrían haberse evitado si se hubieran tenido en cuenta e integrado adecuadamente en las políticas migratorias de México las reiteradas recomendaciones formuladas por los órganos internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos, así como la orientación normativa de expertos y organizaciones de la sociedad civil. En cambio, durante los últimos veinte años, México securitizó su política migratoria, aumentando la dependencia en la detención y, más recientemente, desplegó su Guardia Nacional para hacer cumplir las leyes migratorias restrictivas. El Boletín Estadístico del INM para 2022 muestra 444,439 eventos de detenciones en sus 57 centros oficiales de detención migratoria en todo el país. Además, la incapacidad del gobierno de los Estados Unidos para adoptar políticas fronterizas humanas y establecer vías accesibles, seguras y legales para la migración sólo aumenta los riesgos y las presiones que enfrentan las personas que migran a través de México en busca de protección. 

Durante más de dos décadas, la violación sistemática de los derechos de las personas en contexto de movilidad privadas de su libertad en las estaciones migratorias y estancias provisionales del INM, ha sido documentada por defensores de los derechos de las personas en contextos de movilidad, incluidos IDC y su membresía, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité para la Protección de los Trabajadores Migratorios y el Comité de los Derechos del Niño además de otros organismos. Los informes clave disponibles a continuación han identificado condiciones consistentemente deplorables, una cruda falta de regulación, supervisión y protocolos estándar de salud y seguridad, así como la impunidad recurrente de las acciones dentro de la detención sin acceso de la sociedad civil para monitorear las condiciones o proporcionar representación legal. Los testimonios de personas que estuvieron detenidas anteriormente en los centros de detención migratoria de México demuestran hasta qué punto la privación de libertad lleva al límite la estabilidad emocional, exacerbada por la falta de información sobre sus procedimientos, la duración de la detención, la separación familiar y el trato inhumano, entre otras razones.

Los mecanismos y órganos internacionales de derechos humanos piden cada vez más a los Estados la abolición gradual del uso de la detención migratoria en su totalidad, incluso mediante la obligación de considerar y utilizar alternativas a la detención en primera instancia, y mediante el desarrollo y la ampliación de alternativas a la detención en la práctica. Del mismo modo, los gobiernos (incluido México) se han comprometido a priorizar el uso de alternativas y trabajar para poner fin a la detención migratoria en acuerdos globales multilaterales, como el Pacto Mundial para la Migración y el Pacto Mundial sobre Refugiados, donde la orientación política y el intercambio de aprendizaje entre pares está disponible. 

Las muertes de personas que migran y otras violaciones a sus derechos humanos son casi inevitables en el contexto de la detención migratoria, la mayoría de las veces, es una privación arbitraria de la libertad como parte de una tendencia más amplia de criminalizar a las personas en movimiento. La evidencia de las mejores y más prometedoras prácticas en todo el mundo, incluyendo a México, muestra que tales daños podrían evitarse asegurando que la detención migratoria sea la excepción, no la regla, y priorizando las alternativas. 

En particular, es notable que en varios países sudamericanos, como Ecuador y Colombia, con un número igualmente grande de personas en movilidad, el derecho a la libertad ha sido priorizado sobre el control migratorio por medio de prohibiciones legales sobre la detención migratoria, salvo que sea por orden judicial excepcional y programas de regularización expansivos. IDC también ha identificado una gama de prácticas bien desarrolladas, incluidas las opciones comunitarias no privativas de libertad que utilizan la gestión de casos y otras formas de apoyo holístico en la comunidad que se adaptan a las necesidades y fortalezas específicas de cada persona o familia. 

En un estudio pionero en 2013, IDC identificó los mecanismos existentes en la ley, la política y la práctica que, a su vez, compartió con el gobierno mexicano una serie de alternativas propuestas que podrían desarrollarse e implementarse para reducir la detención. Muchas de ellas conservan su relevancia en la actualidad. 

Posteriormente, se han visto resultados positivos en el programa piloto comunitario para niñas, niños y adolescentes no acompañados promovido por IDC y el programa de liberación ad hoc del gobierno apoyado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que benefició a más de 18,000 solicitantes de asilo para vivir en libertad en la comunidad mientras esperan su resolución. Además, en 2020 el Congreso mexicano reconoció que la detención migratoria no debe ser usada para niñas, niños y adolescentes y prohibió su aplicación. En una decisión histórica reciente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México declaró inconstitucionales los períodos de tiempo actuales legislados  en la Ley de Migración para la detención migratoria. 

Sin embargo, el horror del incendio y la pérdida de vidas de la semana pasada nos muestran que hay más por hacer. IDC cree que la indignación y el daño recurrente sufrido por las personas en detención migratoria en México exigen un compromiso inquebrantable para construir un sistema de gobernanza migratoria que valore la vida y no realce los sistemas de deshumanización y desprecio. 

IDC se une al llamado al gobierno mexicano para que preste atención a la gran cantidad de recomendaciones de organismos de derechos humanos y orientación de expertos de la sociedad civil para reformar sus dañinas políticas migratorias y evitar mayores pérdidas de vidas humanas. IDC destaca las siguientes cinco recomendaciones clave:

1. Establecer una presunción a favor de la libertad en la legislación nacional y legislar la prohibición de la detención migratoria.

2. Ordenar la obligación de considerar en primera instancia las alternativas a la detención no privativas de la libertad basadas en los derechos, en la ley y en la política. En particular, la aplicación de la medida menos intrusiva o restrictiva desde la evaluación individual inicial, priorizando las medidas que se centran en el compromiso de las personas y que permiten la gestión y resolución de casos. 

3. Cumplir con el fallo de la  Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucionales los períodos de tiempo legislados actualmente para la detención migratoria. 

4. Erradicar el uso de terminología eufemística (como «garantía», «protección», «presentación», «alojamiento», «albergue», «oficina de canalización» y «rescate») en leyes, políticas y comunicaciones públicas para referirse a la detención y privación de libertad donde las personas están bajo custodia estatal. 

5. Facilitar el monitoreo y supervisión de los lugares de detención, permitiendo el acceso por parte de las organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales, y garantizando que se implementen al interior de estos espacios los protocolos de salud y seguridad adecuados.  

IDC y su membresía son testigos todos los días del costo humano devastador y a largo plazo de la detención migratoria, incluso en la salud física y mental, que impacta al bienestar de las personas, familias y comunidades en México, así como en los países vecinos. IDC se solidariza con todas aquellas personas que buscan justicia por estas muertes terribles en Chihuahua. Nunca dejaremos de incidir en la construcción de un mundo donde la detención migratoria ya no exista y donde las personas que migran vivan con derechos y dignidad.

 

Datos de Contacto: 

Diana Martínez. 

Oficial de Programa para las Américas.

+52 56 2773 3603

 

Información Adicional

Informes clave con recomendaciones a México sobre la detención migratoria:

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