Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el Decreto 70/2017, marzo 2017. Foto: Daniel Cima/CIDH
Por más de 10 años, la Ley de Migraciones de Argentina (N° 25.87), ha sido un referente en la región, y en el mundo, respecto a la manera de abordar las migraciones desde una perspectiva de derechos humanos, incluyendo la garantía del derecho a la libertad personal. Esta ley, aprobada en el 2003, regula el uso de la detención migratoria, permitiéndolo solamente como último recurso, en casos excepcionales de remoción del país y siempre con revisión judicial. Clave a su éxito, la ley fue elaborada con amplia participación de la sociedad civil y fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso de la Nación Argentina.
Pero, el pasado 30 de enero de 2017, el presidente Mauricio Macri anunció el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017 que modifica la actual ley, endureciendo significativamente la política migratoria y representando un enorme retroceso en términos de compromisos regionales e internacionales de derechos humanos.
El DNU fue anunciado como una medida para hacer frente a un supuesto incremento en conductas criminales asociadas a personas migrantes. Sin embargo, diversas organizaciones de la sociedad civil, así como especialistas en la materia, han señalado que estas afirmaciones se basan en información imprecisa y tergiversada, y que la actual Ley de Migraciones ya contempla elementos razonables de seguridad nacional.
Este cambio se enmarca en un clima de endurecimiento de la práctica y la política migratoria, que ya se había manifestado a través de un incremento en operativos de búsqueda de personas en situación irregular y la construcción el año pasado -2016- de un nuevo centro de detención para personas migrantes, el primero en Argentina.
Incremento en el uso de la detención
El decreto 70/2017 entre otros cambios, aumenta el plazo de detención máxima de 30 a 60 días y sanciona con la retención indefinida a aquellos migrantes que anteponen recursos para evitar su expulsión. El DNU permite que la persona sea detenida al iniciarse un procedimiento migratorio, incluso antes que se dicte una expulsión administrativa, y deja que la reunificación familiar sea un criterio para limitar la detención innecesaria. El resultado es que la detención migratoria en Argentina ya no es una medida excepcional, como se establece el derecho internacional de derechos humanos.
Foto: Daniel Cima/CIDH
“En este DNU la regla es la privación de la libertad” – Diego Morales, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Las nuevas disposiciones también limite seriamente el acceso a la justicia y al debido proceso, ya que dan un plazo de apenas tres días para interponer un recurso contra un orden de expulsión y tres días para impugnar un eventual rechazo de este recurso. Es más, estas medidas son disponibles únicamente a las personas migrantes que cuenten con acceso a la representación legal.
Para las personas migrantes en situación irregular, el temor a ser detenidas puede convertirse en un importante disuasivo a denunciar abusos o delitos ante las autoridades, así como a acceder a servicios públicos como salud y educación, el cual perjudicaa toda la comunidad.
Sociedad civil activa
Representantes de la sociedad civil en la audiencia ante la CIDH. Foto: Daniel Cima/CIDH
Ante esta situación, la sociedad civil argentina no se ha quedado con los brazos cruzados. Un grupo de organizaciones de migrantes, organizaciones de derechos humanos, universidades, sindicatos y expertos han expresado su profundo rechazo ante esta restricción en la política migratoria, a través de comunicados, reuniones con parlamentarios y hasta movilizaciones. Por su parte, la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo por la Diversidad (COPADI), presentaron un amparo colectivo contra el nuevo decreto. De tener éxito, este recurso judicial podría suspender los efectos de este nuevo decreto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó el día lunes 20 de marzo del corriente año a una audiencia de oficio sobre los cambios normativos en materia migratoria en la Argentina, lo cual obligó a las autoridades a explicar ante este organismo internacional las motivaciones y los efectos de este decreto. Por su parte, un grupo de organizaciones de la sociedad civil argumentó ante la CIDH el rechazo a dicho cambio en la política migratoria. En el futuro podría llevar a una recomendación de la CIDH al país, aunque a prior ya ha considerado a este decreto como una regresión.
Es el turno del poder legislativo
En días próximos, el Congreso argentino deberá discutir el decreto 70/2017 y decidir si esta medida se consolidará como una ley permanente. Si el Congreso no anulará el decreto, no solamente tendría lugar una seria regresión a la protección de los derechos de las personas migrantes en Argentina, sino que sentaría un peligroso precedente para la región en el ámbito del uso innecesario la detención migratoria, contrario a los estándares internacionales.
La detención nunca es la respuesta; es costosa, inhumana e ineficaz. Es más, existen numerosas alternativas a la detención, empezando por la libertad condicional, disponibles al Estado Argentino y que han demostrado ser más efectivas, humanas y económicas.
Agradecemos para este artículo la colaboración de Agostina Hernández Bologna, Abogada e investigadora del Equipo Migración y Asilo del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa)
