Argentina: Proponen crear un centro de detención migratoria

Argentina

El anuncio oficial fue visto con preocupación por las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema. Señalan que se trata de un grave retroceso en materia de Derechos Humanos

El 19 de agosto de este año, la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina emitió un comunicado en su página oficial anunciando la instalación del primer centro de detención para personas migrantes en el país. La información sorprendió a las organizaciones de derechos humanos y a las comunidades migrantes, pues no ha habido ninguna consulta previa o de participación ciudadana para tomar una decisión tan relevante. Desde varios sectores señalaron que significa un “punto de quiebre en la política migratoria argentina.” Así, en respuesta al comunicado se elaboró una petición rechazando la instauración de centros de detención para personas migrantes en Argentina, la cual ha llegado a contar con más de 2,500 firmas.

El comunicado oficial, modificado en dos oportunidades y eliminado de la página web de la Dirección Nacional de Migraciones días más tarde, anunciaba el acuerdo entre el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Dirección Nacional de Migraciones para la entrega de un inmueble destinado a la detención de personas por “infracciones migratorias”. Las autoridades no han brindado información concreta sobre esta medida. Lo que sí es seguro, es que representa un gran retroceso en la protección y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes, fundadas en la actual Ley de Migraciones 25.871, sancionada en el 2003.

La Ley de Migraciones de Argentina ha sido destacada como modelo por Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otras agencias internacionales por el reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes, entre los que se encuentra el derecho a migrar y, como regla general, la no detención por razones administrativas (como es la irregularidad migratoria). Asimismo, la Coalición Internacional contra la Detención ( IDC por sus siglas en inglés)  subrayaba como buenas prácticas los elementos de la ley que obligan que la detención (llamada “retención migratoria”) tiene que ser ordenada por el poder judicial, y solo es posible luego de que el mismo poder judicial haya intervenido en el proceso de revisión de la expulsión (Artículo 70 de la ley 25.871). Tales medidas contribuyen a asegurar que la detención migratoria sea utilizada solo cómo último recurso, en casos excepcionales, de acuerdo con los estándares internacionales y regionales.

“Argentina, así como varios de los países de Sudamérica, tienen legislaciones y políticas migratorias de vanguardia comparadas con el abordaje de las políticas migratorias que el resto del mundo aplica, entre ellas la garantía del principio de no detención por razones migratorias”, señaló Agostina Hernández Bologna, Integrante del Programa de Migración y Asilo del Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús

Debido al carácter excepcional de la detención por infracciones migratorias, rechazamos y cuestionamos la necesidad de la creación de un centro de detención por considerarla infundada y desproporcional. Agregamos que cualquier caso de detención de personas migrantes por infracciones administrativas sin una orden judicial será una detención ilegítima.

Ha sido comprobado que la detención por razones migratorias no disminuye la migración irregular ni garantiza la supuesta “seguridad nacional”. Es altamente preocupante que Argentina se haya sumado al discurso del control migratorio como eje central de la política pública cuando en realidad la Ley de Migraciones obliga al Estado a promover la regularización y garantizar el acceso a todas las herramientas posibles para que las personas puedan regularizar su situación migratoria. Argentina ha sido líder en América del Sur y cuenta con una influencia importante a lo largo de la región. Así, el impacto potencial de este cambio político afectaría no solamente los derechos de las personas migrantes en Argentina, sino también en otros países sudamericanos.

“Una vez que un país crea un centro de detención, quiere decir que en el futuro habrán más detenciones para justificar estos centros”, alerta Michael Flynn, Director del Global Detention Project.

Argentina, que es uno de los pocos países del mundo que reconoce el derecho a migrar como política de Estado, aún puede ser país líder en la no detención y la garantizar los derechos de las personas migrantes. Los miembros y aliados de IDC urgimos al gobierno argentino a reconsiderar la puesta en funcionamiento de un centro de detención migratoria.

 

Otros comunicados y boletines de prensa:

Defensoría del Pueblo: Preocupación de la Defensoría por prácticas de la Dirección Nacional de Migraciones

Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús

Amnistía Internacional observa con preocupación la creación de un centro de detención para personas migrantes

CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales: La irregularidad migratoria no es motivo de detención

CAREF expresa su rechazo a la creación de un centro de retención de inmigrantes en Argentina