La Ley de Migraciones de Argentina ha sido destacada como modelo por Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otras agencias internacionales por el reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes, entre los que se encuentra el derecho a migrar y, como regla general, la no detención por razones administrativas (como es la irregularidad migratoria). Asimismo, la Coalición Internacional contra la Detención ( IDC por sus siglas en inglés) subrayaba como buenas prácticas los elementos de la ley que obligan que la detención (llamada “retención migratoria”) tiene que ser ordenada por el poder judicial, y solo es posible luego de que el mismo poder judicial haya intervenido en el proceso de revisión de la expulsión (Artículo 70 de la ley 25.871). Tales medidas contribuyen a asegurar que la detención migratoria sea utilizada solo cómo último recurso, en casos excepcionales, de acuerdo con los estándares internacionales y regionales.
“Argentina, así como varios de los países de Sudamérica, tienen legislaciones y políticas migratorias de vanguardia comparadas con el abordaje de las políticas migratorias que el resto del mundo aplica, entre ellas la garantía del principio de no detención por razones migratorias”, señaló Agostina Hernández Bologna, Integrante del Programa de Migración y Asilo del Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús
Debido al carácter excepcional de la detención por infracciones migratorias, rechazamos y cuestionamos la necesidad de la creación de un centro de detención por considerarla infundada y desproporcional. Agregamos que cualquier caso de detención de personas migrantes por infracciones administrativas sin una orden judicial será una detención ilegítima.
Ha sido comprobado que la detención por razones migratorias no disminuye la migración irregular ni garantiza la supuesta “seguridad nacional”. Es altamente preocupante que Argentina se haya sumado al discurso del control migratorio como eje central de la política pública cuando en realidad la Ley de Migraciones obliga al Estado a promover la regularización y garantizar el acceso a todas las herramientas posibles para que las personas puedan regularizar su situación migratoria. Argentina ha sido líder en América del Sur y cuenta con una influencia importante a lo largo de la región. Así, el impacto potencial de este cambio político afectaría no solamente los derechos de las personas migrantes en Argentina, sino también en otros países sudamericanos.
“Una vez que un país crea un centro de detención, quiere decir que en el futuro habrán más detenciones para justificar estos centros”, alerta Michael Flynn, Director del Global Detention Project.
Argentina, que es uno de los pocos países del mundo que reconoce el derecho a migrar como política de Estado, aún puede ser país líder en la no detención y la garantizar los derechos de las personas migrantes. Los miembros y aliados de IDC urgimos al gobierno argentino a reconsiderar la puesta en funcionamiento de un centro de detención migratoria.
Otros comunicados y boletines de prensa:
Defensoría del Pueblo: Preocupación de la Defensoría por prácticas de la Dirección Nacional de Migraciones
Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús
Amnistía Internacional observa con preocupación la creación de un centro de detención para personas migrantes
CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales: La irregularidad migratoria no es motivo de detención
CAREF expresa su rechazo a la creación de un centro de retención de inmigrantes en Argentina