México puede evitar la detención ante el desplazamiento forzado masivo
Ante el desplazamiento forzado de miles de personas centroamericanas que ingresaron a México en octubre 2018 y otras que siguen a la espera de ingresar en la frontera sur, el gobierno mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la libertad personal como todos los derechos humanos de las personas que se encuentren en su territorio. Además, cuenta con las herramientas para hacerlo ya, de acuerdo con el marco normativo actual.
IDC, junto con sus miembros y aliados proponemos al gobierno mexicano 3 acciones concretas que puede implementar ya para asegurar que la detención migratoria no sea utilizada para este grupo en situación de vulnerabilidad:
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Instalar un grupo de trabajo para coordinar la respuesta y acciones a corto, mediano y largo plazo, sin que las personas sean detenidas en estaciones migratorias u otros lugares donde vean coartados sus derechos a la libertad personal y libre movimiento.
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Asegurar el acceso a un documento de estancia regular que proteja a las personas contra la detención y deportación
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Desarrollar, actualizar y fortalecer los mecanismos para una efectiva identificación de vulnerabilidad de cada persona
Reconocemos que este desplazamiento forzado masivo presenta retos significativos para la implementación eficaz de procesos de identificación, evaluación y toma de decisiones individuales en México. Sin embargo, existen experiencias recientes a nivel nacional y regional donde, pese a los retos, el gobierno ha adoptado soluciones ante movimientos masivos de personas forzadas de salir de sus países, sin recurrir a la detención.
En México, en 2016 y 2017 ante el ingreso de miles de personas haitianas, el Instituto Nacional de Migración (INM) implementó una respuesta que evitó la detención en estaciones migratorias. Fueron expedidos oficios para regularizar la situación migratoria de las personas haitianas en un plazo de 30 días o de no hacerlo tendrían que abandonar el país. Muchas de las personas haitianas viajaron al norte del país, pero no lograban ingresar a Estados Unidos. Además, algunas comenzaron a encontrar oportunidades de estancia en México que les hicieron modificar sus intenciones migratorias originales. Dentro de las prácticas positivas, el gobierno emitió tarjetas de visitante por razones humanitarias a personas haitianas. La estancia de visitante por razones humanitarias es una figura legal dentro de la Ley de Migración (Art. 52) que establece el derecho de personas en situación de vulnerabilidad a regularizar su situación migratoria. Tal regularización les protege contra la detención, garantiza su libertad de movimiento y les autoriza para el trabajo independiente en tanto se resuelven en definitiva los procesos legales pendientes (judiciales o administrativos), o se adoptan decisiones finales acordes con el interés superior de la niñez.
A nivel regional, experiencias importantes incluye el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) para personas venezolanas en Perú. En 2017, el gobierno peruano creó el PTP ante el ingreso masivo de personas venezolanas para que pudieran regularizar su situación migratoria por un año, protegidas contra la detención y deportación. El documento migratorio también autoriza el trabajo en el país y garantiza el acceso a los servicios de salud, educación y justicia, entre otros. Al cierre del año 2017, se estimó en más de 25 mil personas venezolanas obtuvieron un PTP. El PTP se ha extendido hasta el 2019.
Pese a los retos que presentaron estas experiencias, demuestran que los Estados sí pueden adoptar una solución que no es detener y deportar a las personas, sino gestionar su estancia regular por un periodo temporal, que garantice su acceso a derechos y seguridad, de forma consistente con las obligaciones regionales e internacionales de derechos humanos.
Además, la nueva administración en México cuenta con oportunidades concretas para reimaginar la gestión migratoria en el país. Desde IDC, hemos desarrollado una Propuesta de prioridades y acciones para limitar el uso de la detención migratoria y fortalecer las alternativas, especialmente tratándose de grupos en situación de vulnerabilidad.