Se declara inconstitucional decreto de migrantes en Argentina

En marzo de 2018, el poder judicial declaró inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2017 que endurece los controles migratorios en Argentina. El decreto fue emitido en enero de 2017, aumentando el plazo de detención migratoria y exponía a más personas a ser privadas de su libertad por motivos migratorios.

 

El gobierno encabezado por Mauricio Macri usó el decreto para modificar la Ley de Migraciones en un sentido regresivo en términos de compromisos regionales e internacionales de derechos humanos, aludiendo la necesidad de hacer frente a un supuesto incremento en conductas criminales asociadas a personas migrantes.

 

      Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el Decreto 70/2017, marzo 2017.          Foto: Daniel Cima/CIDH

 

Sin embargo, diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC), así como expertos en la materia, señalaron que estas afirmaciones se basaban en información imprecisa y tergiversada, y que la Ley de Migraciones ya contemplaba elementos razonables de seguridad nacional antes de la modificación.

 

Esta decisión judicial reafirma que las propuestas de modificación del marco regulatorio deben ser tratadas en el Congreso, así como que las políticas migratorias deben estar orientadas hacia la protección de los derechos humanos de las personas migrantes.

 

Según los jueces, “el decreto no expone razones válidas -dadas las deficiencias que presenta en el análisis de las estadísticas- para sostener la necesidad inmediata de modificar la ley eludiendo la participación del Congreso mediante el procedimiento legislativo ordinario.”

En la sentencia que se ha dado a conocer, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal subrayó los efectos dañinos de la detención y destacó la obligación del Estado de Argentina de usar la detención migratoria sólo como último recurso, en casos excepcionales:

“Las múltiples afectaciones que genera la privación de la libertad sobre los derechos de las personas demuestran porque éstas son medidas a las que los Estados sólo pueden recurrir como una ultima ratio. Sin embargo, tal como ya lo señalará la Relatoría de la CIDH sobre Derechos de los Migrantes, la principal medida con la que países de tránsito y destino, buscan desalentar la migración irregulares a través de la detención migratoria, que representa una forma de criminalización de la migración.”

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